La bancada de Morena en la LXV Legislatura del Senado no sólo carga con acusaciones por presunta corrupción en el manejo de las finanzas, según lo ha denunciado el propio Senador Adán Augusto López, también carga con la opacidad en sus gastos, refiere una solicitud alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente a la partida 39903 "Asignaciones a grupos parlamentarios".

Las leyes secundarias que se promulguen tras la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán clave para conocer cómo se administrará la Plataforma Nacional de Transparencia, señaló esta mañana la comisionada Julieta del Río Venegas. 

Los gobiernos, cualquiera que sea su ideología o color de origen, invariablemente tienden a controlar todo aquello que signifique recurso público, desde quién lo administra, quién lo asigna, a quién se lo ceden, por cuál concepto, en qué tiempo y bajo qué condiciones. De manera sistemática, esto ha quedado evidenciado, generalmente, a partir de investigaciones periodísticas, ciudadanas, de organizaciones u opositores.

Entre las cuestiones no previstas por el Congreso en el proceso de extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI) está el futuro de los 14 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  a los que cualquiera tuvo acceso de manera sencilla y rápida en los últimos 10 años, pero que ahora existe el riesgo que los ciudadanos pierdan ese derecho. 

Por ello, la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de los derechos humanos, está proponiendo ser el encargado del resguardo y respaldo de la información contenida en la PNT, toda vez que se trata de información pública y ya publicada.

El futuro de 14 mil 958 millones de archivos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia es incierto si el Congreso aprueba la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

La ciudadanía le ha dado una “utilidad social” al acceso a la información, contrario a la idea de algunos políticos que “piensan que la plataforma es para molestar”, pues a través de ella pueden acceder a sus número de semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones públicas, señala la comisionada Julieta del Río Venegas.