La cifra ofrecida de 120 mil pesos para las familias de Oaxaca y Chiapas que perdieron totalmente sus viviendas y todo su patrimonio (menaje de casa: muebles, utensilios de cocina, aparatos eléctricos, e incluso ropa y zapatos) es simplemente ridícula. No porque se trate de los dos estados más pobres del país signifique que el gobierno se burle de las víctimas de los dos terribles terremotos –que cobraron más de 450 vidas y dejaron en la orfandad a decenas de menores de edad– les ofrezca dinero público que no alcanza para construir una vivienda austera pero digna, con materiales resistentes, de buena calidad y estructuralmente sólida para que no vuelva a caerse con el próximo temblor. Y ya ni hablar del costo de los artículos más básicos como muebles y ropa, porque para eso ni siquiera se contempló un monto.
A quién se le ocurrió o de dónde sacaron la cifra de 120 mil pesos para construir una vivienda. En dónde están los reportes de lo que perdió la gente y los análisis y estudios de especialistas con lo cual sustenten que con ese dinero podrán resarcir lo perdido. Seguramente fue una ocurrencia de algún burócrata que recibe un elevado salario y múltiples prestaciones con dinero del erario y que, sobre todo, nada sabe de construcción de viviendas ni de las necesidades de la población que ha sido muy afectada por esos fenómenos naturales.