El monopolio de la Bolsa Mexicana de Valores llega a su fin, pues un nuevo actor empezará a funcionar en breve: la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Dos de los personajes que encabezan el proyecto de esta nueva casa bursátil explican a Proceso los beneficios de que México, ubicado en el lugar número 15 de las economías del mundo, se diversifique en ese rubro, lo cual, afirman, fortalecerá el mercado interno. Consideran que esta medida es indispensable para enfrentar los tiempos aciagos que augura la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO: La competencia entre dos o más bolsas de valores en México es “prácticamente inminente”, pues está por autorizarse la Bolsa Institucional de Valores (Biva). En efecto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria revisa el borrador de un nuevo decreto que establece las reglas de operación y de intercambio de información, así como la creación de comités de vigilancia dentro de dos o más bolsas de valores para el país. El borrador de este proyecto –elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del cual Proceso tiene copia– prácticamente le pone punto final al monopolio que durante décadas tuvo la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y señala distintas disposiciones para “procurar la igualdad entre los participantes” del mercado bursátil, establece “normas relativas a revelación de información, controles en los sistemas informáticos y seguridad de la información que manejan las bolsas de valores”. Esta nueva regulación ordena la creación de un “comité de vigilancia de las bolsas” que deberá determinar “los hechos que generarán reportes de alertas” e incluye un amplio apartado sobre la “conducta de negocios” que obligará a las bolsas de valores a abstenerse de establecer cualquier arancel o reembolso que pudiera “generar conflictos de interés o prácticas contrarias a los sanos usos bursátiles entre sus participantes” y “comprometer la viabilidad financiera de su modelo de negocios o afectar la prestación de sus servicios”. Ordena también la elaboración de planes de acción y operación frente a “contingencias operativas” que obligarán a crear “sistemas o canales de comunicación con las casas de bolsa, con el público en general, con las contrapartes centrales de valores”, entre otros. Además prevé la creación de un “contralor normativo” en las bolsas de valores, que sea “independiente” de las áreas de operación, administrativas, de auditorías y de sistemas. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta nueva normatividad tendrá lugar en las próximas semanas y corre en paralelo con la autorización de la concesión que debe otorgar la SHCP a la nueva Biva, operada por Central de Corretajes (Cencor), dirigida por Santiago Urquiza (Proceso 2098). “Cencor lleva 25 años en el sector financiero, desarrollando plataformas de negociación. La nueva bolsa de valores no era ajena a nuestro proyecto. Es una cuestión de integración vertical. En estos 25 años hemos creado infraestructura para mercado de valores en más de ocho países”, afirma Fernando Pérez Saldívar, director del proyecto Biva. Entrevistado por Proceso, relata que la primera solicitud para tener la concesión de Biva se presentó el 29 de octubre de 2015 ante la SHCP. Por otro lado, niega cualquier vínculo o relación con los dos últimos titulares de la dependencia federal, Luis Videgaray y José Antonio Meade, y afirma que no hay riesgo para los capitales del Fondo Nacional de Pensiones de Pensionissste que participan en el Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) número 4, que aportó los 450 millones de pesos que faltaban para arrancar el proyecto de la nueva bolsa de valores. Pérez Saldívar desestima el riesgo de que una nueva bolsa “fragmente” el mercado bursátil mexicano, como advirtió el estudio Estado del mercado de capitales mexicanos, realizado por Equity Research Desk LLC, a petición de la BMV. En contraparte, el responsable de Biva menciona que ellos tienen en su página institucional más de 50 estudios de universidades extranjeras y mexicanas que hablan de la necesidad de más bolsas de valores. “Tan solo aporto un dato: México es la economía número 15 del mundo, y las 14 que nos anteceden tienen más de una bolsa de valores. Caso extremo es el de Estados Unidos, que tiene 13. Canadá tiene cinco. Brasil es la excepción. Hay un intento de proyecto que lleva mucho más tiempo que el nuestro, pero ahí se han encontrado con problemas de índole político”, puntualiza Pérez Saldívar. –Con la nueva regulación, ¿habrá fungibilidad de valores? ¿De qué se trata este concepto? –Es muy buen tema. Nosotros vamos a tener un registro secundario de todas las emisoras que cotizan en la bolsa de valores desde el primer día. Cualquier valor podrá ser negociado en Biva o en la BMV. A eso se le llama fungibilidad: que los valores puedan cotizar en una u otra bolsa. Aquí el beneficio primario es para el emisor, para la empresa, porque sus valores se cotizarían en ambas bolsas. –¿No hay riesgo de canibalizar el mercado? –No. Las empresas simplemente tendrán la opción de listar sus valores escogiendo entre dos o más bolsas. –¿La fungibilidad no existía en México? –Existe en donde hay dos o más bolsas de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes comprar acciones de Apple o Facebook en cualquiera de las 13 bolsas. Este es un mecanismo muy eficiente para el mercado de valores. Los CKD y Pensionissste –¿El dinero para crear Biva proviene de esta figura conocida como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD)? –No. Nosotros solicitamos la concesión con el propio capital de Cencor desde octubre de 2015. El proyecto creció en tamaño y en necesidades de financiamiento. Con una firma de inversión buscamos a otros socios. Queremos que el capital siempre sea mexicano. Cencor es cien por ciento mexicano. El fondo de capital privado que encontramos es mexicano. “La inversión no va a ser a nivel de Biva sino de la holding, que es Cencor. Esto hace que el riesgo del capital privado sea mucho menor. Uno más de los negocios será la nueva bolsa de valores.” –¿Es una derivación natural del modelo de negocios de Cencor? –Sí. Yo le llamo integración vertical, porque era la plataforma que nos faltaba para dar un servicio integral al sistema financiero mexicano. –¿Qué son los CKD? –Son títulos de valor que están perfectamente acreditados. Es el mecanismo a través del cual la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) les permite a las siefores (sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro) hacer inversiones. Para esto tienen límites preestablecidos. “El fondo que aportó los 450 millones de pesos de capital, ese CKD 4, tiene inversionistas nacionales e internacionales institucionales, ya tiene recursos por el orden de 3 mil millones de pesos. La inversión que está realizando en Cencor es de menos de 15% del valor total de ese fondo. “Esto te habla de una gran diversificación de los recursos y todos los fondos de capital privado de prestigio, que hay muchos, tienen un proceso muy minucioso de selección de sus inversiones. Es un escrutinio muy alto. Revisaron todos nuestros números. Están invirtiendo en un negocio en marcha.” –¿No es muy poco una inversión de 450 millones de pesos? –No es que el proyecto sólo requiera 450 millones de pesos; es que Cencor ya ha invertido una buena cantidad de recursos. Esos 450 millones son lo que nos hacía falta para terminar de financiar este proyecto. –¿El temor de que los fondos de Pensionissste participen en el CKD es legítimo? –No es nueva esta posibilidad. Todas las inversiones en CKD de todas las siefores que existen en México están ahí por muchos años. Si hablamos del dinero de las pensiones, si este dinero se invirtiera exclusivamente en bonos gubernamentales, sería mucho más insuficiente de lo que hasta hoy es. El porcentaje del total es muy pequeño. Sólo el CKD de LIV Capital invertirá 15% de sus fondos en Cencor para el proyecto de Biva. –¿Pero existe un riesgo de que se inviertan en una nueva bolsa de valores? –Toda inversión en renta variable implica un riesgo, pero en contra viene acompañado de un rendimiento mayor, con un riesgo mitigado por la gran fragmentación. Los manejadores de fondos de pensiones hacen un escrutinio muy minucioso de las compañías en las que deciden invertir. De igual forma, las siefores tienen un proceso muy institucionalizado. Diría que no es un riesgo, es una oportunidad, y bien diversificados los resultados, dan rendimientos muy positivos para los afiliados. El factor Trump En la entrevista con Proceso participa también el director general de Cencor, Santiago Urquiza, quien insiste en que “éste es un proyecto de largo alcance y representa un cambio estructural muy importante en el mercado de valores mexicanos. Toca intereses, como en todo, pero forma parte de la competencia que estableció la reforma financiera. “Todo esto nos ayuda a levantar las empresas e ir a etapas superiores con capital mexicano. Esto es importantísimo. Que nuestras empresas crezcan aquí y el capital se quede aquí. Queremos empresas mexicanas que se queden en México.” –¿Hay mercado para esta nueva bolsa? –Sí hay mercado, sí hay fondos. Este mercado institucional es importantísimo: afores que inviertan en nuevos proyectos, en renta variable, tanto en bolsa como en otros. Ha sido un círculo virtuoso: invierten en renta variable, generan empleo, generan beneficios para sus agremiados. Nosotros vamos a apoyar en una segunda bolsa para que crezca el mercado. Urquiza y Pérez Saldívar destacan que el temor inicial de la BMV se ha transformado en los últimos meses. Hay, dice, más coordinación e intercambio de estrategias. “Debemos sumarnos a la BMV para la promoción del mercado bursátil. Lo que queremos es que el mercado crezca”, afirma Urquiza. –¿El factor de Trump en Estados Unidos y los riesgos para el Tratado de Libre Comercio benefician o afectan este proyecto bursátil? Contesta Urquiza: “Creo que hay mejores condiciones. Hoy más que nunca, desde el presidente de la Republica hasta Carlos Slim, están hablando de que es el momento de fortalecer el mercado interno. Nosotros vamos a fortalecer ese mercado interno. “También es cierto que tenemos el compromiso de hacer emisiones de capital cada vez más pequeñas. En los últimos años ha habido sólo 15. Queremos un mercado más incluyente, donde le demos acceso a empresas de menor tamaño, no pequeñas, sino medianas-grandes. Y no olvidemos que nos convertiremos en una competencia muy seria en emisiones de deuda. Ahí es donde vemos colocaciones todavía más pequeñas, como las sofomes (sociedades financieras de objeto múltiple), que están viendo cada vez más a las bolsas de valores. “Los documentos de Cencor sobre el proyecto Biva revelan que México ocupa el lugar 23 en capitalización del mercado. Se necesita crecer más de dos veces para estar en línea con la posición número 15 que ocupamos por el tamaño del PIB.” Sólo hay 43 empresas listadas en el mercado bursátil y “deberíamos tener 850 emisoras para estar en línea con nuestra posición en el entorno mundial”. El valor de capitalización promedio de las empresas que cotizan actualmente en la BMV es de 2 mil 500 millones de dólares, una cifra muy elevada. En países como Canadá y Australia el promedio es menor a los 600 millones de dólares. Los objetivos de Biva para los próximos tres años son incrementar de 13 mil 500 a 20 mil millones de pesos el volumen de operación diario y aumentar 30% el número de empresas listadas, que pasarían de 150 a 200. Pérez Saldívar aclara que tienen un convenio con la plataforma Nasdaq para proveer de servicios de tecnología, lista de emisoras, información de mercado y servicios de gobierno corporativo. “No son nuestros socios, son proveedores”. También participarán otras compañías, como First Derivates, proveedor de sistemas de manejo de datos para bolsas de valores y otros grandes usuarios, y FTSE Russell, que proporciona índices, análisis y soluciones para inversionistas a escala mundial y cubre actualmente 98% del mercado en el que se puede invertir globalmente.
CIUDAD DE MÉXICO: Hay dos investigaciones que demuestran que lo que debe legislarse es el regreso de los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia y detonó la incidencia de criterios partidistas para decidir dónde y cómo enfrentar a esas mafias.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República encargó a cuatro investigadores la realización de un estudio, denominado Seguridad interior: elementos para el debate, ahí se sistematizan diversas aestadísticas y se identifican los objetivos explícitos de las tres iniciativas que actualmente están en el Senado para regular la seguridad interior. Resume en dos los objetivos de las propuestas: “i) regulación de las Fuerzas Armadas, y ii) relación con las autoridades locales”. En términos generales y, con algunas diferencias, las tres iniciativas (presentadas por los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD) tienden a garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública y a centralizar todavía más las decisiones en el Ejecutivo federal en detrimento de las atribuciones de los gobiernos locales. Sin embargo, las evidencias que aporta el estudio no dejan lugar a dudas: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha sido más perniciosa que benéfica. Un primer dato muy revelador es que en diciembre de 2006, cuando se ordena la Operación Conjunta Michoacán, el país se encontraba en “niveles mínimos históricos” en número y tasa de homicidios. Precisa: “Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006, pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a escala nacional. Se llegó a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su cantidad (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”. El estudio reconoce que la situación era distinta en Michoacán, pero no era extensiva al resto del país, ni siquiera a las siete entidades que posteriormente vivieron momentos muy críticos: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Una gráfica que presenta para ilustrar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ilustra que, salvo Michoacán, en las siete entidades ya señaladas y en el resto del país la tasa de homicidios creció en lugar de disminuir. En la gráfica puede identificarse (no vienen los números exactos, sino que el autor los infiere de la misma) que en 2006 la tasa de homicidios en Michoacán fue de 24 por cada 100 mil habitantes y para 2015 pasó a 19; en las otras siete entidades al inicio fue de 15, para 2010 alcanzó los 66, y en 2015 fue de 29. En el resto del país era de ocho en 2006 y pasó a 15 en 2015. Así, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada atizó la violencia, no la disminuyó. Pero también se multiplicaron las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos supuestamente perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De 182 en 2006 pasaron a mil 800 en 2009, y en 2015 se contaron poco más de 600. Las quejas por detenciones y retenciones arbitrarias siguieron la misma tendencia: de 369 en 2006 pasaron a 2 mil 456 en 2011 y poco menos de mil 200 en 2015. Guillermo Trejo y Sandra Ley, autores del otro estudio, analizan la evolución temporal y espacial de 30 mil asesinatos y ejecuciones perpetrados por grupos criminales y de narcotraficantes en 2 mil 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012: “La evidencia cuantitativa y cualitativa muestra que el conflicto partidista intergubernamental entre derecha e izquierda llevó a las autoridades federales del PAN a desarrollar intervenciones militares y policiales efectivas en regiones donde gobernaban copartidarios del presidente, pero intervenciones parcializadas y confrontativas donde gobernaban los enemigos políticos del presidente. “Mediante estudios de caso mostramos que el uso partidista del ejército y las fuerzas federales, y la politización del aparato de seguridad y de justicia, no sólo contribuyeron a la intensificación de la violencia criminal en las regiones de izquierda, sino que también volvieron más vulnerables a los alcaldes y a los municipios de oposición ante ataques criminales. Fue en esos espacios en los que el narcotráfico capturó gobiernos locales y a la sociedad mediante la violencia letal.” Los datos son contundentes: “Los municipios del PRI y del PRD en estados izquierdistas (gobierno federal del PAN-estatal del PRD-y municipal del PRI, y PAN-PRD-PRD) en promedio experimentaron, respectivamente, 179.6% y 125.9% más violencia que los municipios bajo gobernanza unificada del PAN. (…) “Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar que la intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidista –sin importar qué partido gobernaba a escala subnacional– deberíamos esperar que los casos en los que el poder estaba fragmentado verticalmente (PAN-PRI-PRD y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos de violencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI, con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia criminal que el caso PAN-PRI-PRD, con un gobernador del PRI.”
Así, al contrario de lo que pretenden las iniciativas presentadas en el Senado, lo que hay que hacer es legislar para regresar cuanto antes al Ejército a los cuarteles y, como señalan los dos investigadores, “imponer controles más estrictos a las autoridades federales mexicanas para evitar que un presidente vuelva a utilizar a la Policía Federal, al Ejército y a las procuradurías para castigar a sus rivales políticos y asistir a sus copartidarios…” . FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/475530/urge-regresar-ejercito-a-los-cuarteles
CIUDAD DE MÉXICO: Por 80 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Senado ratificó el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez como cuarto embajador de México en Estados Unidos durante la actual administración de Enrique Peña Nieto.
El debate en tribuna generó duros cuestionamientos a la falta de una estrategia de política exterior del gobierno federal frente a Estados Unidos y, en particular, destacaron el contraste entre los mensajes del jefe del Departamento de Seguridad Interior, John Kelly, y del secretario de Estado, Rex Tillerson, quienes dijeron que no habrá “deportaciones masivas”, al tiempo que el mandatario estadunidense Donald Trump equiparó su política antinmigrante con una “operación militar”. La senadora del PRD, Dolores Padierna, calificó de “halcones” a los funcionarios de Estados Unidos presentes en México, y subrayó que “aún no queda clara cuál es la posición del gobierno mexicano” ante los constantes mensajes hostiles de Trump. El canciller Luis Videgaray “no ha dicho cuáles son los intereses de México que se defenderán”, afirmó Padierna y agregó que se busca “un embajador que tenga una política de Estado”. Por su parte, la senadora priista Marcela Guerra también apoyó el nombramiento, pero señaló que no se puede creer al gobierno de Trump de que “respetará los derechos humanos de los migrantes”. El senador Manuel Bartlett, del PT, anunció el voto en contra de su fracción subrayando que durante cuatro años se han registrado cuatro embajadores y el Senado debe ser “escrupuloso” en la elección de los perfiles. Peña Nieto “ha conducido las relaciones con Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad”, acusó Bartlett. Dijo que ante esta situación se requiere “un embajador fuerte, no otro pasante”. Por su parte, la bancada del PAN también argumentó a favor de la ratificación de Gerónimo Gutiérrez. La presidenta de la comisión dictaminadora, Gabriela Cuevas, insistió en que el nuevo embajador haga valer el respeto a México. A su vez, Mariana Gómez del Campo afirmó que Gutiérrez cuenta con el perfil necesario. Nuevo embajador en China En paralelo, las comisiones de Relaciones Exteriores Asia Pacífico y de Relaciones Exteriores ratificaron el nombramiento de José Luis Bernal Rodríguez como nuevo embajador de México en China, destacando que nuestro segundo socio comercial debe ahora ser revalorado frente a la crisis del TLCAN con Estados Unidos.
San Juan de Sabinas, Coahuila: A 11 años de ocurrida la tragedia minera que enlutó a la Región Carbonífera la madrugada del domingo 19 de febrero del 2006, viudas, familiares y amigos de los 65 mineros muertos tras la explosión en la mina 8 unidad Pasta de Conchos, ubicada en el ejido Santa María en San Juan de Sabinas, los recordaron con una serie de actividades que se iniciaron también en la madrugada del domingo once años después. Cuando el reloj marco las 2 de la mañana del domingo 19 de febrero de 2017, igual que al domingo del día de la tragedia, las viudas elevaron una plegaria por el descanso de las almas de los mineros caídos, 63 de ellos aún atrapados en las entrañas de la tierra. Los familiares de los mineros caídos estuvieron acompañados por miembros de la comunidad, organizaciones sociales, movimientos civiles, sindicato minero y una representación de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A las 10 de la mañana las diferentes secciones del sindicato minero realizaron en Nueva Rosita, de donde partieron a la entrada de la mina, actos de homenaje y recuerdo a los 65 mineros de Pasta de Conchos que hace once años perdieron la vida a causa de las precarias condiciones de trabajo imperantes en la mina y que tuvieron como consecuencia una explosión generada por la acumulación de gas. Durante el recorrido lanzaron consignas en contra de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de German Larrea, dueño del Grupo México. La marcha llegó a la mina y finalizó con un discurso por parte del sindicato minero en el cual exigieron tres puntos: 1.- Que se recuperen los cuerpos de los 63 mineros que permanecen insepultos en los socavones de la Mina 8. Los familiares tienen el derecho pleno a sepultar dignamente a sus hijos, hermanos, tíos. 2.- Que el consorcio Grupo México otorgue sustanciales pensiones a los familiares de los caídos, que les permitan vivir decentemente durante los siguientes años y educar y darles la protección de la salud necesaria hasta la edad adulta para ellos y sus descendientes. Hasta el momento esa empresa sólo erogó recursos verdaderamente mezquinos e insultantes para la magnitud de la tragedia de las familias de los mineros fallecidos, que no tienen comparación con las brutales y altísimas ganancias que la empresa obtiene en sus operaciones año con año, las cuales siguen creciendo.
3.- Que se castigue ejemplarmente a los responsables del estallido de gas metano en la mina de Pasta de Conchos, con cárcel y con todo el peso de la ley. Este atentado a los trabajadores mineros no debe pasar inadvertido por la justicia ni por la sociedad, que necesitan dar una sanción ejemplar contra la negligencia criminal de la empresa Grupo México y su dirigente Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Además, este castigo debe ser la base para crear una legislación que penalice la negligencia criminal de esta y de todas las empresas en el país. Sindicatos mineros: Impunidad para los patrones, olvido para los trabajadores A once años del homicidio industrial, 63 familias continúan sin poder sepultar a sus familiares mineros y es que si no fuera suficiente con la brutal pérdida, la empresa no sólo se niega a otorgar pensiones a los familiares sino que ni siquiera piensa en sacar de la mina los cuerpos de los mineros fallecidos. German Larrea, director de Grupo México, responsables de la tragedia de Pasta de Conchos, es el segundo hombre más rico de México. Su fortuna está calculada en 14,900 millones de dólares y su empresa, Grupo México, es la minera más grande del país, la tercera productora más grande del mundo y la que ha ocasionado también el mayor desastre ecológico en el país: el derrame tóxico de 10 millones de galones de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
A once años de la muerte de 65 mineros, de los cuales permanecen sepultados 63 personas, no hay proceso ni culpables. Los gobiernos, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no han hecho nada para cumplir las demandas de los familiares y hacer justicia. El conjunto de los sindicatos que se reclaman democráticos, las organizaciones políticas y de derechos humanos exigen juicio y castigo a los culpables del homicidio industrial de Pasta de Conchos, así como la recuperación de los 63 cuerpos de los mineros fallecidos.
Para que nunca más vuelva a suceder una muerte obrera, los trabajadores mineros pelean por condiciones laborales y medidas de seguridad establecidas por ellos mismos y cualquier empresa que los incumpla, debe ser expropiada y puesta bajo control obrero. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/pasta-conchos-once-anos-impunidad/
Diez años han pasado desde que inició “la guerra no reconocida oficialmente” en México. “Desde hace diez años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, la violencia en México se ha generalizado en medio de la impunidad casi absoluta” señala el informe de Amnistía Internacional (AI) 2016-2017. En su apartado de México, la organización global -que trabaja en más de 150 países y territorios para poner fin a los abusos contra los derechos humanos- sostiene que la tortura y los tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son una práctica cotidiana en el país, donde varias de las leyes en esta materia siguen sin resolverse en el Congreso de la Unión. Tras cumplirse una década de esta “guerra contra el narco”, los registros oficiales indican que hay un aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país y los índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos también están en aumento. En 2016 se aceleró la crisis de derechos humanos en América Latina, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17. El documento señala un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como de las violentas estrategias de represión en la región. Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos. En México, señala el documento, se registraron 36,056 homicidios hasta finales de noviembre de 2016, la cifra más alta desde que inició el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Un año antes, en 2015, la cifra fue de 33,017 homicidios. El informe presenta los principales temas violatorios de los derechos humanos y repasa los más recientes como son Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Atenco y Ayotzinapa. Destaca que México es uno de los casos más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos sigue siendo casi absoluta”. La procuraduría de este país informó que se estaban revisando 4,715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones pendientes de tramitación. Presentado por Erika Guevara-Rosas y Tania Reneaum Panszi, directoras para las Américas y para México de Amnistía Internacional, respectivamente, el informe reprocha que por tercer año consecutivo las autoridades no hayan publicado las cifras de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29.917 personas desaparecidas (22.414 hombres y 7503 mujeres), registra además el asesinato de 11 periodistas. Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: “Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”. Dentro de la complejidad del caso mexicano, otra situación de violación constante a los derechos humanos es la enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente, debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400 mil personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Reseñan también las numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La Procuraduría General de la República (PGR) notificó que sólo a nivel federal “revisa” 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura. En este informe también se reporta la violencia endémica contra las mujeres y las niñas. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituyen un importante obstáculo para abordar el problema. El informe completo de AI documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2016, con cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios.
En esta crisis las personas en movimiento son un blanco de las retóricas de odio de líderes internacionales. México debe, ahora más que nunca, responder por los derechos de las personas en movimiento en ambas fronteras. Tiene la oportunidad de convertirse en un país de asilo y pelear la retórica venenosa que pone en riesgo la vida de los migrantes y las personas refugiadas; muchas de ellas connacionales pero también procedentes de Centroamérica que huyen de sus hogares por la violencia extrema comenta Amnistía Internacional. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/grave-crisis-derechos-humanos-mexico-diez-anos-la-guerra-narcotrafico-ai/
53 funcionarios están involucrados en violaciones graves a derechos humanos, solo hay uno sancionado; 70% de los puntos recomendatorios siguen pendientes.
Entre el 2011 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió y aceptó 19 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves cometidas por sus funcionarios. De todas ellas solamente una recomendación ha sido resuelta. Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México arrojó que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría continúan estando en trámite, con múltiples puntos recomendatorios que no se han atendido. Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas. Los reportes a los que tuvieron acceso los auditores revelan que, entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la PGR que dieron paso a 19 recomendaciones. Cuatro de las recomendaciones fueron emitidas en 2011, tres en 2012, cinco en 2013, cuatro en 2014, y tres en 2015. De todas ellas, solamente una recomendación de 2011 ha sido completamente atendida. Cada recomendación que emite al CNDH puede tener uno o varios “puntos recomendatorios” que son las acciones específicas que se pide cumplir a la dependencia involucrada para atender la recomendación y reparar el daño que se haya causado, así como prevenir que se cometan las mismas conductas. El análisis de los auditores arroja que las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a PGR entre 2011 y 2015 comprenden en total 98 puntos recomendatorios. De todos estos puntos la Procuraduría solo ha realizado 33, lo que significa que casi el 70 por ciento de ellos siguen sin ser resueltos por la dependencia. ¿Por qué solo una recomendación ha sido atendida por la PGR en su totalidad? El argumento dado por la dependencia a los auditores es que la mayoría de los casos están ligados con la apertura de averiguaciones previas y por lo tanto lleva su tiempo. Entre las recomendaciones que están pendientes de ser atendidas en su totalidad, hay casos de alto impacto como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que se dio a conocer desde abril de 2015.
En su momento la propia CNDH denunció públicamente que la Procuraduría no había cumplido a cabalidad ninguno de los 26 puntos recomendatorios relacionados con el caso Ayotzinapa y entre los que se encontraban realizar nuevos peritajes a las evidencias encontradas, solicitar ayuda internacional para la captura de personas involucradas, desahogar nuevas líneas de investigación entre otros. Ni las quejas se atienden a tiempo Una queja es una denuncia presentada por una persona ante la CNDH en donde alude que sus derechos fueron violados. Entre 2011 y 2015 se presentaron en total ocho mil 662 quejas en donde figuraban como posibles responsables funcionarios de la Procuraduría General de la República. Lo que los auditores descubrieron es que las quejas, si bien son atendidas por la Procuraduría al responder requerimientos de información u otros aspectos que la CNDH le solicita, esto ocurre con un retraso considerable. Por ejemplo en 2015 la PGR recibió solicitudes relacionadas con mil 538 expedientes de queja. La ley dela CNDH establece que cada queja debe ser respondida en un plazo no mayor a 15 días naturales después de que se recibe la notificación, pero la Procuraduría solo atendió 92 de ellas en ese lapso, es decir menos del seis por ciento. Hay quejas que tuvieron que esperar incluso más de 400 días para poder ser atendidas por la Procuraduría General dela República. “Con el análisis anterior, se constató que, en 2015, la PGR atendió a todas las solicitudes de información de la CNDH, pero el tiempo para atender las solicitudes de 1,485 expedientes fue 99 veces más de lo señalado por la ley de la CNDH” indica el análisis. Los auditores también reportaron deficiencias en la integración de los informes de las quejas y sistematización lo que impide darles un seguimiento adecuado sobretodo en cuanto a los tiempos de atención. Para solucionar esto la PGR prometió que pondría en marcha un mecanismo específico de seguimiento de las solicitudes con base un semáforo que indique en color amarillo y rojo las quejas que estén sobre el límite para ser atendidas. Los auditores también verificaron el cumplimiento de la Procuraduría en cuanto a las “medidas precautorias y cautelares” que se le solicitan, y que son acciones de aplicación inmediata cuyo objetivo es prevenir o impedir que los derechos humanos de una persona sean violados de forma reiterada. De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, en 2015 recibió ocho solicitudes de medidas precautorias que fueron atendidas en su totalidad, sin embargo, los datos de la CNDH revelan otra cosa. “Para la CNDH cuatro (de las solicitudes de medidas precautorias) están atendidas totalmente; tres se encuentran en investigación y/o averiguación previa y en una se reportó que no se aplicó medida alguna; de esas cuatro, el tiempo en el que la entidad las atendió fue de 13 días” revela el informe de los auditores. Impunidad Las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a la PGR entre 2011 y 2015 identifican a 53 funcionarios como probables responsables de haber perpetrado las distintas violaciones a derechos humanos. Para investigar las denuncias y delitos cometidos la Procuraduría inició un total de 34 averiguaciones previas. Pero hasta ahora, de todos ellos, solamente un funcionario ha sido sancionado siendo destituido de su puesto y consignado ante los juzgados correspondientes. La ASF consideró que esto refleja una eficacia de apenas un 1.9 por ciento. En respuesta a estos cuestionamientos hechos por la auditoría la Procuraduría responsabilizó de nueva cuenta al tiempo que lleva una investigación penal el que no haya resultados pronto. “Para el ejercicio fiscal de 2016 se realizó una reforma al sistema penal acusatorio en el que se impusieron plazos para la atención de las averiguaciones previas a los ministerios públicos con lo cual se dará mayor celeridad a la atención de las sanciones, toda vez que en la mayoría de los casos el motivo por el cual no se le da pronta atención a las sanciones es por la tardanza en la atención y desahogo de las averiguaciones previas” respondió PGR a la ASF. Capacitación dudosa La Procuraduría informó a la Auditoría que entre 2011 y 2015 capacitó a 34 mil 925 funcionarios en temas relacionados con Derechos Humanos, tanto de la propia dependencia como de otras procuradurías y fiscalías en los estados. En este lapso de cinco años la dependencia incrementó más de 30 por ciento el número de funcionarios capacitados. El problema, es que no existe un mecanismo que permita evaluarla eficacia de esta capacitación.
“La entidad fiscalizada no acreditó contar con la información sobre la evaluación de los trabajos de capacitación de la cultura de los derechos humanos en los servidores públicos de la institución que permita evaluar el efecto de la capacitación de los servidores públicos en la disminución del número de quejas, recomendaciones y sanciones interpuestas, en cumplimiento de lo que establece el Manual de Organización General de la PGR” concluyeron los auditores. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ÁNGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pgr-no-atiende-recomendaciones-cndh/
Los recursos eran para construir vialidades y museos, y pavimentar caminos en Veracruz, pero las obras o no iniciaron o fueron abandonadas.
La administración de Javier Duarte en Veracruz solicitó a crédito más de mil millones de pesos para pavimentar caminos, construir vialidades, museos, entre otros proyectos… pero ninguno de ellos se concretó: ni siquiera iniciaron las obras o fueron abandonadas por los contratistas, por falta de pago. Así lo comprobó la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del otorgamiento de créditos a estados y municipios por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), en la Cuenta Pública 2015. A través de estos créditos, Veracruz recibió 6 mil 385 millones de pesos entre 2011 y 2014, para construir y mejorar 99 proyectos de infraestructura. La Auditoría sólo revisó una muestra de mil millones de pesos y siete obras. El resultado: el gobierno de Duarte no cumplió con la entrega de ninguna de esas obras. La Auditoría hizo un análisis aleatorio a los gobiernos de Puebla, Chiapas, Coahuila y Veracruz, y sólo este último no pudo comprobar con documentos el gasto del presupuesto. Es decir, sí erogó los recursos, pero no se sabe en qué.
Aunque los estados también tienen mecanismos de fiscalización a través de la Contraloría local, en Veracruz no ocurrió. Nunca evidenció las irregularidades y, en cambio, encubrió a la administración de Duarte, según advierte la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con la Auditoría, “el Contralor General de Estado informó al delegado de BANOBRAS en Veracruz que los recursos del crédito fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el contrato de crédito y que las obras financiadas fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable”. Sería un museo, pero sólo es estacionamiento Entre los proyectos presentados por la administración de Duarte para conseguir crédito de BANOBRAS, está la primera etapa del Museo del Transporte. Aunque la Secretaría de Finanzas reportó que los recursos se habían ejercido, la Auditoría Superior acudió al lugar y comprobó que “la obra no existe y el predio se utiliza como estacionamiento”. El 1 de julio de 2013 se firmó el contrato de construcción por un monto de 10 millones 958 mil pesos. Aunque dicho pago no se realizó, la Secretaría de Finanzas reportó ante BANOBRAs que el recurso se había aplicado porque la obra estaba concluida. En ese periodo, el secretario de Finanzas fue Antonio Tarek Abdalá, actual diputado federal y quien enfrenta una acusación penal por los delitos de peculado y desvío de recursos; por ello, está en curso un proceso de desafuero Cámara de Diputados, para que pueda ser procesado. Periférico sin realizar Para la construcción, operación y mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa, el gobierno de Veracruz, representado por la secretaría de Finanzas estatal y una institución bancaria, constituyeron un fideicomiso el 28 de noviembre de 2012. BANOBRAS autorizó el crédito por 160 millones 146 mil pesos a través de “fichas de admisión y compromiso” firmadas el 26 de marzo y 17 de diciembre de 2013, informó la Auditoría. Sin embargo, en el cotejo de los estados de cuenta del fideicomiso, del 31 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2016, “se observó́ que los recursos no fueron depositados en dicha cuenta”. Además, en verificación física de la obra se confirmó que no se realizó. Cárcel inexistente Supuestamente entre 2012 y 2013 se construiría el Centro de Prevención y Readaptación Social de Poza Rica, por ello BANOBRAS prestó al gobierno de Veracruz 149 millones 979 mil pesos. Hubo contratos entre la secretaría de Gobierno estatal y dos empresas para realizar la obra.
La dirección general de Infraestructura Urbana del estado presentó un dictamen técnico de avance físico y financiero de la ejecución de la obra, y un acta circunstanciada el 13 y 14 de octubre de 2015, pero la Auditoría comprobó que nada es cierto. “En el terreno donde se construiría la obra, no existen avances del proyecto, conforme al programa de obra; tampoco había personal, maquinarias, ni recursos materiales”, advirtió la Auditoría en el documento de análisis. Otro proyecto era la construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz. La encargada de ejecutarlo era la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente estatal. Para ello hizo un contrato por 853 millones 899 mil pesos, de los cuales se otorgaron recursos por 312 millones 207 mil pesos para la realización de la obra. El contratista presentó 10 estimaciones y facturas, sólo por 120 millones de pesos, pero no del restante. En la verificación física se comprobó que la obra está suspendida. La ampliación del planetario es área verde El crédito autorizado para la ampliación del Planetario del Museo Interactivo de Xalapa fue por 10 millones 528 mil pesos. Dentro de ese presupuesto, para un rubro específico, la dirección general de Obras Públicas y una constructora firmaron un contrato por 499 mil pesos, con vigencia del 26 de junio al 24 de agosto de 2013, y se pactó un anticipo por 149 mil pesos, pero ni eso se pagó. En la verificación física se observó que la obra no se realizó en el espacio destinado para la ampliación del planetario, sino que es un área verde, y aún así el estado reportó que la obra se había realizado con la aplicación del total de recursos, informó la Auditoría. Caminos sin pavimentar Para asfaltar el camino Berlín-Rancho Herrera, en el municipio de Córdoba, el gobierno de Veracruz pidió 8 millones 479 mil pesos. Después de una licitación pública, se firmó sobre el contrato con una constructora por un monto de 11 millones 845 mil pesos, con vigencia del 25 de julio al 21 de noviembre de 2013.
La Secretaría de Comunicaciones del estado pagó un anticipo por tres millones 553 mil pesos, pero el contratista se negó a continuar los trabajos por el faltante de más de dos millones que se habían estipulado en el contrato. Para pavimentar el camino Seminario Santa Elena, en el municipio de Córdoba, supuestamente se aplicaron poco más de ocho millones de pesos, según consta en el contrato firmado entre la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz y una empresa constructora en mayo de 2013. Sin embargo, el estado reportó como ejercidos 9 millones de pesos, por lo que están pendientes de comprobar 986 mil pesos.
La Auditoría Superior de la Federación pidió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que “fortalezcan” sus procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los créditos otorgados a estados y municipios, para que compruebe que los recursos lleguen a los proyectos autorizados.
Varias dependencias de Gobierno malgastan el dinero dedicado a prevenir el embarazo de adolescentes en México, de acuerdo a un estudio del Instituto Simone de Beauvoir, Fundar, y la organización Controla tu Gobierno.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) gastó en 2016 casi la mitad de su presupuesto destinado a elaborar políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente en el mantenimiento y renta de vehículos, vales para gasolina, y en servicios de jardinería, limpieza y vigilancia, entre otros rubros. Lo anterior, a pesar de que México tiene la tasa de embarazos juveniles más alta de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y a pesar de que en enero de 2015 el presidente Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes como una acción “prioritaria”. Así lo documentó una investigación conjunta realizada entre el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Fundar, y la organización Controla tu Gobierno, en la que además de analizar el gasto del Instituto Nacional de Salud Pública, también reveló deficiencias en cómo INMUJERES y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) invirtieron recursos públicos para prevenir el embarazo juvenil. Más de 500 mil pesos para cuidar jardines y vigilancia En 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública tuvo un presupuesto asignado de 5 millones 154 mil pesos para llevar a cabo acciones dirigidas a reducir los embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años, y a erradicar los embarazos de las menores de 15. De esos 5 millones, el INSP gastó 2 millones 133 mil pesos, el 41% de los recursos, en otras cosas que nada tenían que ver con los objetivos de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Por ejemplo, el INSP gastó 422 mil 034 pesos en el mantenimiento de vehículos; 375 mil 654 pesos en “servicios de energía eléctrica”; y 337 mil 544 pesos en “Servicios de Jardinería y Fumigación”. Asimismo, gastó 266 mil pesos 026 en servicios de lavandería, limpieza e higiene; 249 mil 300 pesos en vigilancia; 69 mil 811 pesos en uniformes; y 19 mil 151 pesos en vales para gasolina. Además, hay partidos como “otros productos químicos”, por 338 mil 590 pesos, en los que el INSP no detalló en qué invirtió ni con qué finalidad. “Ese es el tipo de preguntas que las autoridades no nos respondieron. Es decir, gastar más de 300 mil pesos en productos químicos como hidrógeno no sabemos en qué contribuyó en la reducción de los embarazos adolescentes en México”, dijo en entrevista con Animal Político Brando Flores, director de la investigación por parte del Instituto Simone de Beauvoir. 374 mil pesos para pagar los teléfonos de funcionarios En 2015, el presupuesto del INSP para prevenir el embarazo juvenil fue un poco mayor: 8 millones de pesos. De ese total, casi la mitad del dinero, 3 millones 911 mil pesos, también se dedicaron a partidas que no tienen nada que ver con la prevención del embarazo. Por ejemplo, ese año los funcionarios gastaron 350 mil 560 pesos en “vehículos terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, destinados a servicios administrativos”; 347 mil 640 pesos en servicios de telefonía; 126 mil 446 pesos en servicios de agua; y 100 mil pesos en vales para gasolina. Y el resto del dinero presupuestado tampoco llegó de manera directa a las jóvenes adolescentes, ya que gastaron 3 millones 016 mil pesos, el 37.7%, en la contratación de empresas y personas físicas para que dieran diferentes “asesorías” al INSP. Mientras que un millón 073 mil pesos se invirtió en realizar “congreso y convenciones”. El investigador Brando Flores resaltó que aunque tal vez ocho millones de presupuesto no sean tanto dinero como lo que gastan otros programas sociales como la Cruzada contra el Hambre, esta investigación “es relevante en la medida de que tan poco dinero se haya ocupado tan mal y con tantas deficiencias administrativas”. INMUJERES no presentó documentos que justifiquen el gasto de 5 millones INMUJERES, otra de las dependencias de gobierno encargadas de elaborar políticas públicas en el marco de la Estrategia Nacional para prevenir embarazos adolescentes, gastó en 2016 un total de 5 millones 473 mil pesos. De acuerdo con la respuesta a las solicitudes de información pública realizadas por las organizaciones civiles autoras de la investigación, INMUJERES indicó que se gastó ese dinero entre asesorías, estudios, la realización de un foro nacional sobre la prevención de embarazos adolescentes, y la realización de un video relacionado con la problemática, que costó 900 mil pesos. Sin embargo, la dependencia no presentó ni documentos ni los probatorios que demuestren que el dinero se invirtió adecuadamente por parte de los funcionarios, y si se cumplieron los objetivos establecidos. Y CONAPO no aclara en cómo se gastó 7 millones El Consejo Nacional de Población (CONAPO) respondió también vía transparencia que en 2016 contó con un presupuesto de 7 millones 452 mil pesos para contratar en medios de comunicación campañas de “Prevención del embarazo no deseado”. Sin embargo, CONAPO gastó casi el total de ese dinero (6 millones 952 mil pesos) en contratar campañas con “medios complementarios” y en “diseño, producción, post-producción”, sin que en su respuesta especificara quién o qué son “medios complementarios”, ni en qué consiste el gasto en diseño y producción. También gastó 500 mil pesos en “post-estudios”, sin tampoco aclararar en qué consistió esa partida.
Asimismo, la campaña en medios de CONAPO para la “Prevención del embarazo no deseado” estaba dirigida a hombres y mujeres de 13 a 24 años de edad; rangos de edad que dejan fuera a los menores de 10, 11 y 12 años, los cuales son prioritarios para la Estrategia Nacional que lanzó Peña Nieto. Mientras que invirtió cero pesos en difundir la campaña a través de radios comunitarias, que son las que tienen más capacidad de llegar a zonas más marginadas y remotas del país, particularmente a adolescentes y jóvenes de poblaciones rurales o indígenas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTE. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/embarazo-adolescente-desvio-recursos/
Ciudad de México. Los resultados de un nuevo estudio confirman que el impuesto a los refrescos funciona. El consumo se redujo 7.5 por ciento en promedio a nivel nacional en los primeros dos años de aplicación del gravamen (2014-2015), afirmó Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Además los mayores descensos se registraron en las familias con menores ingresos económicos. Esto ocurre a pesar de que el impuesto es de sólo un peso por litro. En conferencia, el especialista comentó los hallazgos del trabajo realizado por el INSP en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte, los cuales se publicaron en la revista Health Affairs. Rivera advirtió que el aumento en el monto de la medida fiscal repercutiría en una mayor disminución en el consumo de bebidas azucaradas, el cual está directamente relacionado con la elevada prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes en el país.
También puntualizó que el impuesto a las bebidas con azúcares añadidos es una de varias acciones contenidas en la Estrategia Nacional contra el sobrepeso, obesidad y diabetes. Todas en conjunto, contribuirán a la disminución de estos problemas de salud, sostuvo. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANGELES CRUZ MARTÍNEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/23/impuesto-a-refrescos-redujo-7-5-su-consumo-estudio
Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo hoy que hay "diferencias públicas y notorias" entre México y Estados Unidos y que se vive un "momento complejo" en la relación bilateral. Con Estados Unidos habrá "un proceso largo y nada sencillo" para alcanzar acuerdos, señaló. Al final de una reunión con los secretarios de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson y de Seguridad Interior, John Kelly, el canciller habló a la prensa, igual que ambos funcionarios visitantes y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
WASHINGTON: El presidente de Estados Unidos Donald Trump, pondera anular la asistencia antinarcóticos y de otros programas económico-sociales a México, para utilizar esos fondos en el financiamiento de la construcción del muro fronterizo, revelo el periódico The New York Times.
“Para este viernes (24 de febrero) funcionarios estadunidenses están obligados finalizar el cálculo de todo el dinero y donaciones que Estados Unidos provee a México, una tarea que Trump demando en la orden ejecutiva que firmo el mes pasado dentro de las directrices de la construcción del muro”, indica el rotativo. En el preámbulo de la reunión en Los Pinos entre el presidente Enrique Pena Nieto con Rex Tillerson, secretario de Estado del gobierno de Trump, y el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, el New York Times asegura que el gobierno estadunidense quiere conseguir fondos de donde sea para el financiamiento del muro en la frontera con México. La orden de revisar y calcular la asistencia anual que ofrece Washington al gobierno mexicano se emitió por medio de un memorando interno del Departamento de Estado, que se entregó a los funcionarios encargados de la relación con México este mes. La anulación de ayuda económica y de donaciones al gobierno mexicano forma parte de la estrategia migratoria de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas a México, incluidos a ciudadanos de otros países, y la construcción de la muralla en la frontera común; que insiste la Casa Blanca su costo debe ser sufragados por los mexicanos. En su despacho noticioso sobre la reunión de los secretarios estadunidenses con Peña Nieto, The New York Times destacó que el monto del dinero que suspendería Trump como ayuda a México, es de unos mil millones de dólares que han sido aprobados para financiar la instrumentación de la lucha bilateral contra el tráfico de drogas y el crimen organizado dentro de la Iniciativa Mérida. “La mayoría de la asistencia que se entrega a México se da a través de la Iniciativa Mérida”, enfatiza The New York Times, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y el mundo. La cooperación bilateral para detener al flujo de drogas a Estados Unidos y desmantelar a los cárteles mexicanos de la droga en la Iniciativa Mérida, comenzó en el año 2007 entre los gobiernos de los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón. Desde su nacimiento el Congreso federal estadunidense aprobó unos 2 mil 8 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida. Hasta el momento, de esa partida le han entregado a México unos 1200 millones de dólares.
CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que la entidad no está en condiciones de dar el trato adecuado, ni las instalaciones, a los migrantes en caso de llevarse una deportación masiva por parte del gobierno de Estados Unidos.
Lo anterior, ante los planes del presidente Donald Trump de deportar a territorio nacional de manera inmediata a migrantes indocumentados, aunque no sean de nacionalidad mexicana. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, mencionó que se ha tenido comunicación con el comisionado de migración para hacerle saber la necesidad de tener una comunicación más constante, pero a la vez preparase para una deportación masiva que se pueda llevar a cabo. “No estamos en condiciones hoy en día de darles algún trato adecuado porque no tenemos las instalaciones ni la capacidad para recibir un número importante de connacionales que puedan ser deportados o peor aún que sean personas de algunos otros países que debería Estados Unidos en un momento dado trasladarlos a su país de origen”. Por eso, la administración de Cabeza de Vaca ha pedido al gobierno federal trabajar en un fondo de fronteridad que tenga como objetivo tener la capacidad de poder amortiguar un fenómeno de esa naturaleza porque va de la mano en problemas que se generan en ciudades fronterizas. El gobernador tamaulipeco adelantó que hasta el momento la deportación ha sido la que se había manejado en los últimos años, “el comportamiento que sí hemos visto es el número de nacionales cubanos que no se quedaban en el inter de cruzar a Estados Unidos y se han estado quedando en la frontera norte de nuestro país, especialmente aquí en Tamaulipas”. Asimismo, dijo que se ha detectado un número importante también de personas procedentes de Centro y Sudamérica cruzando por territorio tamaulipeco, “una preocupación por todos los gobernadores fronterizos”. Finalmente, sobre el operativo para dar con Julián Manuel Loisa Salinas, “El comandante toro”, el gobernador Cabeza de Vaca adelanto que con participación de las fuerzas federales se ha capturado a personas de su grupo criminal, pero sin dar con ese sujeto.
MONTERREY: Dos hombres y una mujer fueron ejecutados a balazos esta madrugada mientras convivían a fuera de una casa ubicada en lo alto del cerro de la colonia Independencia, al sur de la capital.
Alrededor de la una de la madrugada, las tres personas departían cerca de una de las escalinatas del barrio bravo, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que les dispararon a corta distancia. Los cadáveres de nombres no proporcionados, quedaron diseminados a unos 10 metros de distancia entre sí, en el cruce de las calles Río Escondido y Privada de Zarco, lo que hace suponer que durante el ataque, los hombres y la mujer intentaron huir pero fueron alcanzados por las balas. Por lo menos uno de los cuerpos quedó tirado en la escalinata que conduce a lo alto de esta colonia popular, a donde sólo pueden acceder sus residentes, por la inseguridad.
