Desaparición forzada, uno de los saldos perversos de la Operación Chihuahua

En octubre de 2008, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, Saúl Becerra Reyes y otras personas fueron detenidas en Ciudad Juárez. A todas se les recluyó en el centro de mando militar y después las mandaron a la Procuraduría General de la República, menos a Saúl. Meses más tarde su cadáver apareció, momificado, lejos del sitio donde lo detuvieron. Si bien hay efectivos castrenses acusados y procesados por este caso, el mismo no está cerrado. Y sobre la mencionada operación recae el negro antecedente de contar con más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

La última vez que Brenda Patricia Balderas Contreras vio con vida a su esposo, Saúl Becerra Reyes, fue la tarde del 21 de octubre de 2008, cuando ella se aproximaba a su casa, en el sector Delicias, uno de los más violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se encontró con que vehículos blindados del Ejército tenían todo cercado en tres cuadras a la redonda.

Vio que detrás de los militares había gente detenida. A lo lejos alcanzó a distinguir que un soldado tenía a Saúl en el suelo, con un pie sobre su cabeza. Quiso correr hacia él, pero un guardia le impidió el paso. Pudo ver que al lado de su marido había otros hombres tirados en la calle; poco después los taparon a todos con cobijas antes de subirlos a un camión militar de redilas y llevárselos.

El despliegue de aquella tarde formaba parte de la Operación Conjunta Chihuahua, que había arrancado en abril de 2008 en ésta y otras ciudades del estado.

Ese día el operativo tuvo lugar en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, donde Arturo Martínez Garza preparaba su mudanza. Cuando llegaron los soldados, vio desde la ventana de su casa cómo encañonaban a varios de sus vecinos, que estaban en la calle, platicando afuera de una pizzería. Dijo que escuchó cuando los militares gritaron que no se movieran, los hincaron a todos y les ordenaron que se taparan la cara con sus camisetas. Salió a ver qué pasaba y a él también lo detuvieron.

Después de que un grupo de soldados se llevó a 10 civiles detenidos, Brenda se acercó a preguntar a dónde los llevaban. Le respondieron que a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue con otros familiares a las oficinas de la dependencia, donde les dijeron que “era muy pronto”, que los militares tardaban por lo regular de dos a tres días en presentar a los detenidos ante la autoridad ministerial.

Pasaron los días y Brenda regresó varias veces a las oficinas de la PGR, donde no le dieron informes acerca del paradero de su esposo. Tiempo después algo supo de él por otro de los detenidos, Pablo Castillo López, cuyo testimonio rendido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua forma parte de la causa penal 93/2013 instruida contra 18 militares, seis de ellos oficiales, acusados de la desaparición forzada y homicidio de Saúl Becerra Reyes.

Castillo López relató que los militares se lo llevaron junto a Saúl Becerra. A los dos los tuvieron encerrados en el cuartel de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Dijo que ahí vio a Saúl “muy herido y golpeado”. Preguntaba a los militares qué estaba pasando, por qué los habían detenido. Lo único que le contestaban era que no hablara.

“Nos llevaron a la guarnición y ahí nos retuvieron. Nos maltrataron y nos tuvieron como cinco días vendados de los ojos, nos dieron toques eléctricos en las partes y ya después fue derechos humanos a buscarnos a la guarnición. Todos los días iban a buscarnos ahí.

“Los militares nos decían: ‘Ya llegó la visita’, y nos sacaban hacia el cerro en una hielera de carnes frías y ahí nos tenían toda la noche y el día, nos regresaban al cuartel y decían que iban a continuar con lo mismo. Y decían que quién era el bueno de esas armas, y yo les decía que yo no. Ya después los militares me preguntaban por Saúl, y yo les contestaba que no lo conocía. Y ya cuando llegamos a la PGR nos dimos cuenta que no iba Saúl ahí con nosotros”, declaró Castillo ante el juez Sexto de Distrito de Ciudad Juárez, en una audiencia efectuada en septiembre de 2013.

Cuando llegó a la PGR, Castillo recordó que eran 10 los detenidos a quienes acusaron de delitos contra la salud, portación de armas exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por haberlos encontrado en “flagrancia delictiva”. El único que no estaba en ese grupo era Saúl Becerra Reyes; sin embargo, el vehículo que era de su propiedad estaba asegurado.

Durante una audiencia en el Juzgado Sexto de Distrito, Brenda declaró que al paso de los días comenzó a buscarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo), en hospitales y en el cuartel. En diciembre de 2008 decidió presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición de su esposo, detenido por los militares pero “nunca puesto a disposición de la autoridad ministerial”.

Saúl Becerra era rotulista, vivía en unión libre y había procreado dos niñas con Brenda. Estaba fichado como miembro de la pandilla Los Aztecas, le decían El Cholo Fresa; lo detuvieron en 1998 y fue sentenciado a ocho años de cárcel por un homicidio en Ciudad Juárez. Cumplió su condena y estaba libre desde diciembre de 2006.

Los cinco meses que transcurrieron para que Brenda conociera el paradero de Saúl finalizaron la mañana del 5 de marzo de 2009, cuando abrió el periódico PM de Ciudad Juárez. Ahí leyó que un cuerpo momificado había sido encontrado en la carretera Casas Grandes-Ascensión, en una brecha conocida como El Zorrito, distrito de Galeana, a la altura del kilómetro 68, de donde fue llevado al Semefo.

Saúl tenía tatuado su nombre en el hombro y antebrazo derechos. Gracias a ese tatuaje identificaron el cuerpo.

El Quinto Batallón

En octubre de 2008 una denuncia anónima fue recibida en el campamento del Quinto Batallón de Policía Militar, establecido en un campo deportivo del sector Delicias de Ciudad Juárez; el agrupamiento había venido de su base en Santa Lucía, Estado de México, para sumarse a la Operación Conjunta Chihuahua.

El mensaje anónimo decía que había un lugar donde se reunía gente armada y vendían droga, en terrenos de la banda conocida como Los Aztecas, según recordó el mayor de infantería Ignacio Juárez Rojas durante una de las audiencias del juicio.

Juárez Rojas era el jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía del batallón, el cual estaba al mando del coronel Eloy Magaña Barrios, quien aquella tarde le ordenó que saliera a verificar la denuncia. Juárez se dirigió con un grupo de soldados encabezados por el capitán Eusebio Huerta Miranda a la calle Platino, donde llegaron a bordo de varios vehículos artillados y de transporte de tropas.

En el relato que se encuentra en el tomo 12 de la causa penal 93/2013 –del cual Proceso tiene copia–, que por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad se lleva en el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua contra el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas, el capitán Huerta Miranda, más tres oficiales y 12 elementos de tropa que pertenecieron al Quinto Batallón de Policía Militar, se recoge la versión castrense de cómo se dio aquella detención de los 10 civiles, entre quienes iba Saúl Becerra Reyes.

Juárez declaró que cuando llegaron al sitio vio que había cuatro hombres sentados “en actitud sospechosa” en las inmediaciones del domicilio que les habían indicado. Ordenó a su personal que los revisaran y les encontraron dinero en efectivo; detuvieron a otro que salió del vecindario donde momentos después irrumpieron. Eran unos cuartos abandonados donde presumían que se reunían esas personas. Ahí encontraron armas, cartuchos y droga que aparentemente pertenecían a esos individuos.

El jefe militar informó al coronel Magaña del hallazgo y le solicitó apoyo de un vehículo más grande para trasladar a los sospechosos al puesto de mando de la Operación Conjunta, ubicado en la guarnición militar de Ciudad Juárez. Pronto llegó el capitán Salvador Mejía Rangel, con tropa bajo su mando, en un camión al que subieron a los detenidos.

Más tarde llegó al vecindario el coronel Magaña, quien recibió los pormenores mientras entraba a inspeccionar el lugar donde, según los reportes, encontraron dos fusiles AK-47, una pistola escuadra calibre .40, cartuchos diversos y alrededor de 27 kilos de mariguana. Ordenó que trasladaran a los detenidos al cuartel de la Operación Conjunta, y antes de que se los llevaran les preguntó de quiénes eran tres vehículos estacionados afuera del inmueble. Respondieron que de ellos. Tras revisarlos, también se los llevaron a la guarnición.

Un testigo, Guillermo Andrés Moreno, declaró ante el juez que no vio que los soldados sacaran droga; más bien, dijo, salieron de esa vecindad con un televisor, un ventilador, despensa y ropa que echaron en el camión.

Tocó al capitán Eusebio Huerta Miranda entregar a los detenidos en el cuartel; los recibió el capitán Heriberto Godínez Sánchez, en su calidad de subjefe del Estado Mayor de la Operación Conjunta Chihuahua, la cual estaba al mando del general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández.

Los detenidos que ingresaron al cuartel –y de quienes quedó registro– fueron Juan Arturo Padilla Juárez, Juan Pablo Castillo López, Guillermo Andrés Moreno, Jorge Alberto Martínez, Mario Amaya y Saúl Becerra Reyes.

Todos “fueron trasladados aquí a la Operación Conjunta, entregados según me dio parte el capitán Huerta, que se los había entregado a un tal capitán Godínez y todo esto en razón de que así se había ordenado, pues todos los aseguramientos de personas, drogas o armamento eran concentrados al puesto de mando para su posterior puesta a disposición”, declaró Magaña.

El Quinto Batallón de Policía Militar operó en Ciudad Juárez durante octubre y noviembre de 2008 y regresó a su base en Santa Lucía los primeros días de diciembre. Fue una de las unidades que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, la cual involucró a más de dos mil 500 militares y acumuló más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

El general “intocable”

El general Felipe de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la Operación Conjunta Chihuahua, se resistió durante varios meses hasta que, en enero de 2016, se presentó con un amparo para no declarar ante el Juzgado Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, que vía exhorto lleva las diligencias contra los 18 militares del Quinto Batallón de Policía Militar procesados por el caso de Saúl Becerra Reyes ante el juez Sexto de Distrito en Chihuahua.

Tuvieron que pasar varios meses para que de nuevo fuera citado a declarar, y lo hizo el pasado 7 de julio, ahora ante un juzgado castrense en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, que mediante exhorto desahogó la diligencia donde estuvieron presentes los seis oficiales y 12 elementos de tropa implicados en la desaparición y homicidio de Becerra Reyes.

Espitia pasó a retiro en enero de 2016, aunque hasta septiembre último seguía apareciendo en el organigrama de la Secretaría de la Defensa como coordinador de asesores de la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue señalado por sus subordinados como quien ordenaba revisiones de vehículos sobre las vías de comunicación, acordonamiento de calles, cateos a domicilios y detención de personas sin los requisitos de ley, entre otras irregularidades.

Fue considerado también uno de los principales responsables, en la cadena de mando, de todo lo que ocurrió en el terreno durante los meses en que el Ejército aplicó el operativo que dejó una estela de denuncias por violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones de civiles (Proceso 1967).

Poco antes de las 11:00 horas del pasado 7 de julio, Espitia llegó vestido de civil al juzgado militar. Ahí lo esperaban sus antiguos subordinados encabezados por el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas y el capitán Huerta Miranda. En el interrogatorio sobre su papel en la Operación Conjunta negó muchas cosas. Primero dijo que era el coordinador y después aceptó que él era el comandante, pues tenía también a su cargo la Quinta Zona Militar, con sede en la capital del estado.

Según testigos militares que pidieron a este semanario la reserva de sus nombres, Espitia fue cuestionado sobre los reglamentos militares, le recordaron que él ordenó que a todo civil que fuera detenido lo trasladaran al puesto de mando y que ahí su gente se haría cargo de todo.

Sobre el destino de Saúl Becerra Reyes, dijo que no sabía nada pues supuestamente no le habían informado de ese caso. Hubo un momento durante su comparecencia, que terminó alrededor de las 16:00 horas, en que el general empezó a notarse nervioso, ya sin el aire de arrogancia que, señalan, lo caracteriza.

Tanto Magaña como Huerta le señalaron que mentía. Por sus atribuciones, Espitia era el primero en estar informado de todo lo que ocurría con los detenidos, especialmente con aquellos que llegaban al puesto de mando a su cargo.

Tanto Magaña como Juárez Rojas y Huerta Miranda han alegado que sólo cumplieron órdenes. Ninguno acepta haber participado en los interrogatorios a detenidos, que se realizaban dentro de la guarnición militar donde operó el equipo del general Espitia.

Uno de los integrantes de ese equipo era el capitán Heriberto Godínez Sánchez, a quien le entregaron con vida a Saúl Becerra y uno de los primeros que declaró en el juicio, donde, muy nervioso, negó los señalamientos que le hicieron sobre su papel en el puesto de mando. Evadió preguntas, siempre dijo que no se acordaba y que no sabía nada, recuerda uno de los militares procesados, quien respondió un cuestionario hecho llegar por el reportero mediante los abogados del militar.

Cada uno de los 18 acusados ha negado por diferentes vías en estos últimos años tener responsabilidad en la desaparición y homicidio de Saúl Becerra. Los alegatos se han centrado en las evasivas de Espitia para asumir la responsabilidad que tuvo como comandante de la Operación Conjunta, y que sigue sin aclarar en un juicio que no se ha cerrado.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Veledíaz

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La Tarahumara: historias de vejaciones e impunidad

Irineo dio la vida en busca de condiciones más dignas para el pueblo rarámuri. Pero este sacrificio evidencia la debilidad del Estado, la cual obliga a que surjan liderazgos semejantes; muestra las condiciones de pobreza existentes entre los indígenas, que sobreviven en la desesperación; patentiza el poder del narcotráfico, que decide vida y muerte de comunidades enteras, y confirma la desconexión que existe entre el gobierno y las necesidades reales de los habitantes de la Sierra Tarahumara.

CHIHUAHUA, Chih.- Sentada frente a la mirada profunda de indígenas rarámuris de Guadalupe y Calvo –el corazón del Triángulo Dorado, localizado al sur de la Sierra Tarahumara–, la monja Silvia Rodríguez recuerda con lágrimas a Irineo Meza Solís, un joven líder indígena asesinado hace un par de años.

Poco tiempo después del homicidio la propia religiosa fue amenazada. Pero ella se concentra en el muchacho. “La gente tiene que conocer su historia, su valentía y la lucha por su cultura, por su pueblo. Él sabía que lo iban a matar y decidió seguir luchando con su gente. Escribió una carta a su hija, en la que decía cómo le gustaría que la educaran”, dice Rodríguez.

Irineo, de 23 años, fue asesinado el 5 de diciembre de 2014 junto con otros dos líderes indígenas de Choreachi, pueblo que mantiene una larga lucha jurídica contra la tala clandestina y por el reconocimiento de su territorio. Familias de esa localidad consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares a su favor a raíz de una ola de homicidios perpetrados entre 2012 y 2013.

Meza era de la comunidad de Correcoyote. En reuniones entre pueblos conoció la problemática de sus vecinos y decidió sumarse a sus exigencias. Los acompañaba a presentar denuncias, principalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Entre los profundos peñascos de la zona serrana, cerca de Coloradas de los Chávez (del mismo municipio de Guadalupe y Calvo), él y sus compañeros fueron emboscados cuando se dirigían a Choreachi tras realizar algunas diligencias.

“Él trabajó con la gente de Choreachi; iban a la Semarnat, a la CEDH… Se iba, se desaparecía. Así son ellos, los indígenas. Se conocen, tienen sus reuniones y se solidarizan. Comenzó a apoyar, a hablar con la gente de Choreachi, que defendía su bosque. Como Semarnat no les hizo caso, encontraron la manera de ir más arriba, apoyados por la CEDH”, recuerda Rodríguez, quien a veces lo llevaba en su camioneta.

Aquel 5 de diciembre le llamó la gente de Choreachi. “Los venadearon en el camino a Barbechitos, a punto de agarrar el camino a Coloradas de los Chávez”, cuenta la monja.

En entrevista, ella recuerda que Irineo “dejó una carta a su esposa: ‘Nunca te vayas a casar con un chabochi (mestizo)’. Le pidió que viviera sus tradiciones rarámuris, sus costumbres. ‘Si te casas, nunca le digas a nuestro hijo que tu nuevo marido es su papá, su papá soy yo’. Cuando a él lo mataron, su esposa ya estaba embarazada. Eso es lo grandioso de Irineo, que sabía que eso que estaba haciendo le iba a costar la vida, y aun así lo hizo por su gente”.

La gente que el joven defendió sobrevive en un territorio dominado por el crimen organizado. Históricamente es una tierra donde se siembra amapola, pero desde hace unos cinco años los grupos delictivos no sólo se disputan la droga, sino los terrenos mismos y a los propios indígenas.

Escisiones del Cártel de Sinaloa dominan la zona. Una parte es controlada por Héctor El Pinto Román Angulo, quien presuntamente suplió a Juan José Esparragoza Moreno El Azul. Otra es dominada por Mario Eleno Félix Corral El Cepillo. Guadalupe y Calvo es territorio, en parte, de Noé El Flaco Salgueiro, aprehendido el sexenio pasado pero quien supuestamente sigue operando a través de sus hermanos y sobrinos.

Líder callado

Rodríguez conoció a Irineo en 2009, cuando ella llegó a Correcoyote, donde se encuentra la comunidad de Guasachique. “Íbamos a invitarlos a estudiar y visitábamos su casa. Él desconfiaba de la gente. Sus hermanos habían terminado la secundaria, pero se escondían. Los invitábamos a estudiar la prepa. Son cinco hombres y tres mujeres”.

Las religiosas buscan líderes en las comunidades para que organicen a sus compañeros de acuerdo con sus usos y costumbres.

“Por Irineo se abrió otro grupo. Irineo ya había estudiado dos años de prepa. Todo el día se ocupaba. De lunes a viernes estudiaba y caminaba unas ocho o nueve horas para llegar a Turuachi, donde asistía a la escuela. Su directora y maestra lo impulsaron mucho. Ellas tienen un modo de enseñarles a los indígenas cuánto valen, sus derechos, cómo conservar sus costumbres”, platica.

Esa formación lo llevó a tomar conciencia de los proyectos mineros que estaban en puerta alrededor de su comunidad.

“Marcaron con rojo los cerros y empezaron a hablar de minas. Como los chabochis no les hicieron caso empezó a moverse con otros compañeros, con el comisario, fueron platicando en reuniones. Irineo ya se había dado a conocer en el pueblo y lo eligieron de comisario por unanimidad. Al hermano mayor lo nombraron gobernador. Hizo equipo, se sentía respaldado y agarró mucha seguridad en las reuniones. A nosotros sólo nos pedía consejo”, reconstruye la religiosa. En Correcoyote viven alrededor de 500 personas y 90% son indígenas.

“Cuando llegaba la gente de la mina le pedían permiso por carta, pero él dijo que aunque le llegaran muchas cartas de fuera, ellos no entrarían. Y no entraron. Llegaban muchos hombres en camionetas amarillas, ingenieros. Pero los indígenas estaban organizados. Sacaron una revista que decía cómo eran las minas, los derrumbes, que los más afectados serían ellos, cambiarían su pueblo. Platicaban y platicaban en sus reuniones.”

Tras ser nombrado comisario, Irineo se casó con una joven de Guasachique.

“Vivió lo que tenía que vivir. Cuando fue comisario quiso rescatar la justicia propia de su pueblo. Irineo está haciendo lo que él se propuso.”

En la comunidad hubo cambios y llegaban mestizos de fuera a buscarlo, pero él no quería hablar con los chabochis porque decía que los rarámuris tenían que arreglarse sólo entre ellos, ser autónomos.

“Él les decía: ‘¿Por qué quieren que vivamos como ellos? Es nuestro modo de vivir. Si no quiero ponerle piso a mi casa, si no quiero una casa como ellos, no tienen por qué decirnos que por qué no arreglamos nuestra casa’. Lo seguían sus amigos y hermanos, puros jóvenes que se sintieron seguros y respaldados, él les hablaba claro”, abunda Rodríguez.

El joven luchó para que ni los niños ni los adolescentes se fueran a trabajar en la siembra de droga, porque era como convertirse en esclavos.

“Allá tienen tienda de raya, donde les fían, pero cuando van a cobrar casi quedan debiendo. Irineo se resistía a ir a trabajar allá. Él cortaba leña, era agricultor, lo que él podía.”

Y es que en aquella región, los niños (desde los 11 o 12 años) son reclutados para el cultivo de amapola y mariguana, o para el sicariato. “Desde chicos, sus manitas están ya callosas o cortaditas”.

El anhelo

A la exigencia de justicia que la monja clama por el homicidio de Irineo, se sumó el empeño en rescatar a un niño de 10 años de manos de los sicarios.

Carlitos –nombre ficticio– se quedó solo cuando su padre fue acusado de homicidio en una riña y su madre lo abandonó, porque volvió a casarse y fundó otra familia.

El niño andaba solo por la comunidad. Silvia Rodríguez decidió hacerse cargo de él y buscar a su papá en el penal donde se encuentra:

“Localicé a su padre por teléfono. Hablé con él. Y fui a buscar, como se pudiera, a la que lo parió. Encontramos a su mamá y el niño me agarró confianza.”

El papá del niño le pidió a la religiosa que se hiciera cargo de él y le dio las facultades legales para llevarlo a un albergue. Así lo hizo.

“Irineo hablaba con este niño, como con los otros, buscando cómo rescatarlos. Todo mundo lo seguía”, refiere Rodríguez.

Lo más triste, recuerda, era cuando los menores se iban a trabajar a los cultivos ilegales y la comunidad permanecía varios días sin saber de ellos ni de los adultos. Cuando regresaban, volvían sin nada y enfermos.

“Eran muchos niños, duraban allá días y simplemente no iban a la escuela. Viven en cuevas mientras siembran. Los papás los dejan ir, pero generalmente ni les piden permiso. Es miedo, porque los narcos presionan y amenazan.”

Cuando Irineo murió, el miedo paralizó a su pueblo. “Pero él dejó cosas sembradas: entre ellos siguen unidos. Les dejó la raíz, porque recorrió todos sus pueblos, los dejó cohesionados”.

Hoy, Carlitos vive en un albergue, acompañado de otros niños. La hermana Silvia ha estado pendiente de él y sólo espera que el papá sea liberado para que por fin se reúnan.

“Nunca estamos solos. Como Irineo hay muchos en la sierra, pero pocos con la actitud de ir hasta las últimas consecuencias. El obispo que antes estaba decía que no podíamos meternos en esos temas, pero es imposible.”

La amenaza

Justo después de que llevó a Carlitos al albergue, la hermana Rodríguez salió de misión al extranjero. Estaría fuera sólo dos meses… pero ya no pudo volver.

“Llegó un escrito a la casa de mi comunidad, en Guadalupe y Calvo. Escrito con letra de indígena pero con palabras de mestizos. Era un anónimo en julio de 2015 y que decía: ‘Si te sigues metiendo en lo que no te toca, te va a costar muy caro, te lo advertimos’”, relata.

Sólo cuando regresó a México le dieron a conocer el mensaje devastador. Su congregación dejó en sus manos la decisión. Su primera reacción fue avisar que regresaría a la Tarahumara, pero tras hablar con su mamá decidió no ponerse en riesgo, ni ella ni a los suyos.

La crisis de inseguridad en la Tarahumara ha obligado a por lo menos tres sacerdotes a huir de los municipios de Batopilas, Chínipas y Guadalupe y Calvo.

El vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez, confirma que la situación en la sierra es delicada, principalmente para los indígenas. Y cuenta que presbíteros que laboraban en comunidades de Batopilas y Chínipas intentaron apoyar dos casos de víctimas de violencia y se colocaron en situación de riesgo.

Admite que ni el Estado ni la Iglesia tienen una estructura para atender a las personas desplazadas: “La Iglesia tiene la esperanza de que la cultura indígena pueda resistir el embate del narcotráfico, de los megaproyectos turísticos, pero el costo de ello sí será devastación y transformación cultural. El narco pasó de la clandestinidad a una expresión de dominio y coacción”.

Martínez indica que el grado de vulnerabilidad de las etnias es muy grande, principalmente entre los jóvenes. “Se perdió la transición de padre a hijo. Ahora les ofrecen dinero, mota, poder. Rompieron el tejido familiar, que es muy difícil de recuperar. Los niños no han encontrado sentido en la comunidad. Por ejemplo, casi todos los niños (indígenas) huérfanos terminan en albergues, y son niños chiquitos”.

El sacerdote refiere que los proyectos comerciales que se realizan en la sierra (como el aeropuerto, el gasoducto que atraviesa la región y los desarrollos mineros) han atentado contra el territorio indígena porque han destruido plantas medicinales, aguajes, los bosques, veredas y sus viviendas en algunos casos.

El coordinador del Programa Institucional de Atención a Lenguas y Literatura Indígenas de la Secretaría de Cultura, Enrique Servín, expresa que los gobiernos están empeñados en emprender proyectos neoliberales sin incluir o recibir consejo de pueblos originarios.

“El neosistema debe dejar de invertir y de proteger al sector empresarial, y avanzar en la autonomía que hoy no existe en el país. Debe ejercer el control de los propios recursos naturales, porque una sociedad que no maneja sus recursos está sometida”, advierte el lingüista.

Fuente: Proceso

Autora: Patricia Mayorga

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Torturan y matan a tres adolescentes en Puebla

Con las orejas mutiladas y múltiples torturas fueron encontrados los cuerpos de tres adolescentes en una barranca que es usada como basurero en los límites de Tlachichuca y Ciudad Serdán.

De acuerdo a los reportes policíacos, uno de los muchachos fue identificado como Abel de Jesús López, de 15 años de edad, quien había sido testigo del secuestro de un abogado ocurrido el 1 de diciembre en Ciudad Serdán.

Por esa razón, se presume que la ejecución de los adolescentes se trata de una venganza por parte de una célula de supuestos Zetas, que operan en Veracruz.

Los familiares habían hecho circular la fotografía de Adán a través de las redes sociales para su localización, luego de que fue “levantado” el martes por sujetos que se transportaban en una camioneta.

Hasta ahora la identidad de los otros dos jóvenes no ha sido precisada, aunque se asegura que sólo acompañaban a Adán cuando se encontraban en la calle.

La víctima hasta ahora identificada habría proporcionado información a familiares de una persona que fue secuestrada.

De acuerdo con la prensa local, los datos que ofreció el joven fueron importantes para la ubicación y liberación de la persona plagiada.

Durante el operativo de liberación se dio un enfrentamiento armado que derivó en la detención de dos de los integrantes de la banda, así como la muerte del supuesto líder de los secuestradores.

Los cuerpos de los tres jóvenes fueron localizados poco antes del mediodía del miércoles.

Fuente: Proceso

Autor: Gabriela Hernández

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El dólar se mantiene estable pero caro; cotiza hasta en 21.75 pesos en bancos

El dólar inició operaciones estable con un ligero avance tras llegar a un nuevo máximo histórico alcanzado el miércoles pasado de 21.75 pesos.

La cotización máxima es la de BanRegio, donde la divisa estadunidense se vende en 21.75, el mismo precio de cierre del miércoles pasado; BBVA Bancomer, oferta cada dólar en 21.71; Banamex y Santander lo venden en 21.60 y HSBC en 21.55 pesos.

El precio más bajo es el de Banco Azteca, donde el dólar se vende en 21.31 pesos.

En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar se oferta en 20.75 pesos en promedio y en un máximo de 20.80 pesos. A la compra se adquiere en 20.10 en promedio y en un mínimo de 20 pesos.

El precio del dólar este jueves representa un respiro luego de tres caídas consecutivas frente al dólar en lo que va de este 2017. El miércoles alcanzó otro máximo histórico al cerrar en 21.75 pesos.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468752/dolar-se-mantiene-estable-caro-cotiza-en-21-75-pesos-en-bancos

Protestan traileros por gasolinazo en Nuevo León

Unos 50 tráileres fueron colocados esta mañana en un carril de la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Santiago, en protesta por el incremento en el precio de la gasolina.

La manifestación pacífica se extiende por más de un kilómetro en la rúa federal, a la altura del poblado La Rioja, donde las unidades están colocadas en el carril de emergencia y en la zona de acotamiento, sin que fuera afectada la vialidad.

“Rechazo total al aumento del combustible” se lee en una manta colocada en un costado colocado en uno de los vehículos de carga, que están orientados de sur a norte, hacia Monterrey.

En el lugar, ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentran patrullas de la Policía Federal, Fuerza Civil y Tránsito de Santiago, para vigilar los movimientos de las pesadas unidades.

Los conductores anunciaron que no se moverían del sitio, para no generar inconvenientes en el intenso flujo vehicular de la mañana.

Esta manifestación de los transportistas se suma a la que programaron organismos civiles, que a las 18:00 horas protestarán en la Macroplaza de Monterrey por incrementos a los impuestos impulsados por el gobierno de Nuevo León y avalados por el Congreso local, así como por alzas en las tarifas de luz y en los precios de la gasolina.

Se anunció que saldrán caravanas de automóviles del Estadio Universitario, el Estadio de Rayados, el Auditorio San Pedro y el Tec de Monterrey.

Fuente: Proceso

Autor: Luciano Campos Garza

http://www.proceso.com.mx/468751/protestan-traileros-gasolinazo-en-nuevo-leon

Quinto día de bloqueos en Acapulco por gasolinazo

Taxistas de Acapulco bloquean el lado poniente del principal destino turístico de la entidad y transportistas de la región de la Costa Grande suspendieron el servicio y mantienen cerradas al menos 10 gasolineras en protesta por el incremento al precio de los combustibles.

La protesta simultánea en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo y Tecpan comenzó desde las 08:00 de la mañana de este jueves y los manifestantes anunciaron que se prolongará durante 12 horas.

Reportes oficiales indican que, con sus unidades, los transportistas mantienen cerradas al menos 10 franquicias de Pemex ubicadas sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo en la franja costera del Pacífico mexicano.

Mientras que en el puerto de Acapulco, taxistas bloquean la calzada Pie de la Cuesta, ubicada al poniente del principal destino turístico de la entidad y liberan el paso cada 20 minutos.

De esta forma se desarrolla el quinto día de protestas contra el alza al precio de la gasolina en Guerrero, medida que repercute en el incremento de otros combustibles y productos de la canasta básica.

Ayer el gobernador Héctor Astudillo Flores avaló públicamente el gasolinazo impuesto por el gobierno federal y exigió a los inconformes no afectar la actividad turística en la entidad.

En respuesta, usuarios de redes sociales vapulearon al mandatario, quien junto con diputados locales, decidió exentar del pago de impuestos este año a médicos y arrendadores, además de que destinó 47 millones de pesos del presupuesto estatal a la fundación Teletón en diciembre pasado.

Los indignados ciudadanos reprocharon la “opulencia, el derroche y corrupción” de la clase política. Por ejemplo, en el caso del propio Astudillo, quien en su declaración patrimonial afirmó que no posee ningún bien, pero su esposa Mercedes Calvo es propietaria de 12 inmuebles, entre ellos un lujoso penthouse en el puerto de Acapulco, además de que sus hijos han sido acusados públicamente de realizar negocios al amparo del poder.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

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Investigan mil 500 cuentas de redes sociales que difundieron mensajes de pánico en la CDMX

La Policía Cibernética de esta ciudad investiga las cuentas de usuarios de redes sociales que indujeron información falsa el jueves pasado para generar pánico entre la población, afirmó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Dijo no tener duda de que se trata de una campaña de información falsa para inducir pánico en la ciudadanía y refirió que hasta el momento se han identificado cerca de mil 500 cuentas falsas en redes sociales y un centenar de llamadas a los números de emergencia, que también resultaron falsas.

“Hay una inducción que hemos detectado, a través de la Policía Cibernética, de más de mil 500 cuentas que se activaron para convocar a ataques a una tienda en específico, como fue Walmart”, dijo Mancera Espinosa en entrevista con Carmen Aristegui.

Y añadió que la Policía Cibernética trabaja para detectar esas cuentas y dar con los responsables, “hacia eso estamos trabajando”, dijo.

Mancera comentó que a través de los mensajes provenientes de esas cuentas se difundió, por ejemplo, que una mega marcha tomaría la calle Francisco I. Madero, en el Centro Histórico, lo que obligó a cerrar negocios.

También, dijo, se difundieron mensajes en los que se afirmaba que policías vestidos de civil tenían la encomienda de disparar a la población civil o, incluso, que ocurriría un supuesto golpe de Estado.

“Ayer, (miércoles) en el 066, a partir de que se identificó esto, de las dos o tres de la tarde, tuvimos un registro de unas 700 llamadas y de estas, 600 fueron llamadas que manifestaban su molestia por los bloqueos o que proporcionaron información para realizar detenciones. De esas, unas 95 proporcionaron información falsa”, apuntó.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468764/investigan-mil-500-cuentas-redes-sociales-difundieron-mensajes-panico-en-la-cdmx

Bots en Twitter y mensajes anónimos en WhatsApp intentan generar pánico

CIUDAD DE MÉXICO: Con el hashtag #SaqueaUnWalmart  o #PeñaSaqueaUnWalmart, un total de 485 cuentas falsas o bots en Twitter han promovido el pánico y actos vandálicos en el marco de las protestas ciudadanas contra el gasolinazo, según una lista elaborada en el sitio www.pastebin.com.

Por ejemplo, entre esas cuentas algunas tienen los siguientes nombres:

@crystian_tp.

@Yaeloow_yael.

@EduardoH_09.

@Killer1875.

@Javiers030.

@Gasheta3.

@EduardoH_09.

@Manccon3.

@NitzoltMartinez

@MrPetther.

@DarioJones95.

@BrandonGtrz.

El sitio informativo www.loquesigue.tv detectó también que desde la mañana de este 4 de enero fueron casi 500 cuentas de perfiles falsos que “difundían información falsa provocando el cierre de tiendas, pánico colectivo y reportes falsos de robos”.

Estas cuentas también llamaban a saquear las tiendas de autoservicio Walmart en la Ciudad de México.

“Afortunadamente, muchos informadores ciudadanos salieron a las calles a verificar lo que realmente pasaba y desmintiendo lo que estos perfiles tóxicos difundían”, apuntó la nota de este sitio especializado en el seguimiento en medios cibernéticos.

Por su parte, el sitio www.change.org de México convocó a cazar un bot con el argumento de que “bots generan caos y psicosis colectiva en Azcapotzalco y GAM (Gustavo A. Madero), aprende cómo reportarlos”.

La causa ciudadana destaca que también en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se ha promovido el pánico. Esta cuenta compartió también el número de bots.

En WhatsApp circularon durante toda el día mensajes anónimos grabados y escritos con el siguiente contenido:

“Buenas tardes, me acaban de dar aviso de buena fuente, un conocido que es militar, el gobierno quiere hacer algo similar a lo del 68 en Tlatlelolco, van a mandar militares vestidos de civiles armados con la orden de disparar a todo lo que se mueva. Por su seguridad, corran la voz a sus familiares. Salgan a comprar si pueden comida, agua, porque se viene muy fea la situación. Las clases se suspenden hasta nuevo aviso”.


El mensaje hace afirmaciones falsas, sin corroborar nada y aprovechándose también de la facilidad de difundir a través de WhatsApp este tipo de mensajes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/468696/bots-en-twitter-mensajes-anonimos-en-whatsapp-intentan-generar-panico

Jalisco: transportistas protestan en instalaciones de Pemex; alcaldes dicen no a aumento del pasaje

Decenas de trasportistas de carga, con todo y sus unidades se manifestaron a las afueras de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la población de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, como protesta por el gasolinazo. Personal militar se encargó de acudir en resguardo de ese inmueble de la paraestatal.

Algunos transportistas dijeron a Apro que el único objetivo es hacer presencia sin provocar algún tipo de enfrentamiento con la autoridad y menos impedir las actividades de esa empresa.

El hecho ocurrió durante la mañana y tarde del miércoles, como parte de las acciones de protesta que se vienen desarrollando desde la semana pasada en la entidad, a raíz del anuncio del incremento de más de 20% al precio de los combustibles en todo el país y casi al tiempo en que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, iniciaba un mensaje a la ciudadanía, en donde anunciaba cambios en gabinete y pedía comprensión a la población ante la medida anunciada por su gobierno.

Por su parte alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlajeno, Tlajomulco y Juanacatlán mostraron su repudio al aumento del hidrocarburo y exigieron congelar el aumento a la tarifa del transporte urbano al considerar que la población no está en condiciones de poder solventar un costo de 9 pesos al pasaje, tal como lo demandan los camioneros, quienes llevaron a cabo un paro parcial de labores el miércoles.

Aclararon que tomaron la determinación de no encabezar protestas callejeras, y que, en contraparte, solicitarán la apertura de un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para demandar la reducción del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, y buscar así bajar el precio de los hidrocarburos, según dijo Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara.

También argumentaron que mantendrán su postura de crítica contra el alza de la gasolina, en tanto esperan el anuncio de medidas impulsadas desde Jalisco para mitigar las repercusiones del gasolinazo.

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, dijo que el aumento al precio del combustible provocará un gasto extra de 25 millones de pesos en la compra de combustibles para el servicio de las unidades de ese municipio.

Fuente: Proceso

Autor: Alberto Osorio Méndez

http://www.proceso.com.mx/468635/jalisco-transportistas-protestan-en-instalaciones-pemex-alcaldes-dicen-a-aumento-del-pasaje

Justifica INE aguinaldos de 472 mil pesos y IPhone 7 Plus para consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) justificó los altos montos del aguinaldo y la entrega de teléfonos celulares IPhone 7 Plus otorgados a consejeros y otros funcionarios de la institución al señalar que están reguladas por su Manuel de Percepciones que es público desde febrero del año pasado.

Mediante un comunicado, el INE reaccionó a las notas publicadas por diversos medios sobre los altos montos de aguinaldos que recibieron funcionarios de alto nivel, entre ellos los de los consejeros del INE, equivalente a 472 mil 742 pesos.

También se informó, en el caso del INE, de la adquisición de 200 celulares IPhone Plus para los consejeros y otros funcionarios del INE.

Sin hacer referencia al monto de los aguinaldos recibidos y sin desmentir la información, el INE se limitó a señalar en su comunicado que todas las percepciones de sus funcionarios están reguladas y previstas en su Manual de Percepciones y fueron aprobados mediante un acuerdo de la Junta General Ejecutiva, acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2016.

Además, afirma que los salarios y prestaciones “se han mantenido sin modificación al menos en la última década, es decir, desde el Instituto Federal Electoral.

“El aguinaldo (un derecho de todos los trabajadores), como los servicios de telefonía celular, son prestaciones reguladas en dicho Manual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2016”, justificó el INE.

Precisa que el monto del aguinaldo se determinó desde el 16 de febrero del 2016, cuando la Junta General Ejecutiva aprobó el acuerdo para la publicación de la Estructura Ocupacional del INE., mismo que se publicó “debidamente” en el DOF y en el portal de Transparencia del INE.

En cuanto a los celulares, explica que consejeros y secretarios tenían un monto aprobado por tres mil pesos mensuales para el pago de telefonía celular pero debido a una reciente licitación podrán contar con el mismo servicio por un menor precio, “un ahorro de más del 65% por ciento”, subraya el INE.

Y en cuanto al tipo de aparatos adquiridos se limita a señalar:

“Como en la mayoría de los contratos de telefonía celular, públicos o privados, el servicio incluye la renovación periódica de los equipos por modelos más modernos”.

Además, afirma que los funcionarios del INE que reciben la prestación de la telefonía celular requieren, “por las características de sus actividades”, estar en continua comunicación con todos los puntos de la República Mexicana, además de contar con aplicaciones que ofrezcan medidas de seguridad y funcionalidad.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468579/justifica-ine-aguinaldos-472-mil-pesos-iphone-7-plus-consejeros

Paso libre en el Metro en protesta por gasolinazo

Las protestas por el alza de las gasolinas se trasladó al Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde ciudadanos permitieron el paso gratuito de usuarios.

Un video difundido por Aristegui Noticias muestra el momento en que jóvenes estudiantes permiten el libre acceso en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Video: https://youtu.be/no53x7vFOoY

Con pancartas en mano en los que se leen mensajes de rechazo a los gasolinazos, permitieron que decenas de usuarios ingresaran al metro sin pagar su pasaje.

Acompañaron su protesta con la canción “Gimme the Power” de Molotov que se escuchaba a través de una bocina.

Esta protesta es similar a la registrada el pasado 2 de enero jóvenes cuando jóvenes estudiantes se reunieron en la estación Zócalo de la Línea 1 y permitieron que decenas de personas pasaran libremente.

Esta modalidad de protesta también se ha registrado en estaciones como Bellas Artes, Hidalgo, Zócalo, Pantitlán, Indios Verdes y Cuatro Caminos.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/468604/paso-libre-en-metro-en-protesta-gasolinazo-video

La corrupción, el centro de la crisis priista

Ante el advenimiento del nuevo año, electoralmente importante, el partido en el poder presidencial se halla envuelto en una crisis derivada de la división interna y de los escándalos de corrupción –incluso ligas con el crimen organizado– protagonizados por algunos de sus más destacados militantes. Análisis externos e internos señalan que la estrategia de la actual dirigencia priista, la del combate a esos actos de corrupción, es contraproducente, pues se refuerzan las sospechas de la sociedad en torno a que la cúpula del poder estaba enterada de todo… y lo dejó pasar.

Con problemas internos en su dirigencia, escándalos de corrupción y acusaciones de vínculos con el crimen organizado de algunos de sus integrantes, así como una caída en las encuestas, el PRI enfrenta una crisis que pone en duda que pueda conservar la Presidencia en 2018.

Según un diagnóstico interno, al cual este semanario tuvo acceso, dentro del PRI hay enfrentamientos entre varias corrientes que buscan impulsar a su candidato a la Presidencia en 2018.

Según ese análisis, son dos los grupos más definidos. Uno lo encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, apoyado por Claudia Ruiz Massieu y Rosario Robles; a la cabeza del otro está Aurelio Nuño, a quien favorecen Luis Videgaray, Humberto Castillejos y el presidente Enrique Peña Nieto.

En medio quedan el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza –quien se siente presidenciable–, y políticos como Manlio Fabio Beltrones o el senador Emilio Gamboa, que ha colocado algunas de sus piezas dentro de la cúpula priista.

Ochoa Reza tomó como bandera de campaña la lucha contra la corrupción, con la idea de reposicionar al partido en las preferencias electorales y recuperar el primer sitio como fuerza política nacional, lugar del que fue desbancado por el PAN. Pero esa estrategia es considerada fallida por militantes y encuestadores, quienes saben que la percepción de la ciudadanía es que el priismo y el gobierno de Peña Nieto son cómplices de la corrupción.

César Augusto Santiago, quien fue dirigente efímero del PRI, advierte en entrevista que el combate a la corrupción debe surgir de una profunda convicción y jamás de una impostura, porque si no hay firmeza real de profundizar en la solución del problema, los efectos serán peores que los que se pretenden combatir.

Integrante del PRI desde hace tres décadas, tiempo durante el cual ha sido senador y diputado, y se ha desempeñado como secretario de organización electoral nacional, el chiapaneco precisa que no está mal que un partido político decida combatir la corrupción, pero insiste en que ese combate debe surgir de una profunda convicción y de una ética pública que honre los valores.

“Jamás debe ser una impostura o una estratagema mediática para salir del paso. No se trata de aparecer únicamente en comerciales. Si un partido decide tomar el tema del combate a la corrupción como una de sus propuestas estelares, primero que nada tiene que decir: quién decide a quiénes se persigue y a quiénes no; quién decide qué temas se estudian, se investigan y qué temas no; finalmente, quién decide cuándo o con qué elementos se inicia una investigación”, dice Santiago.

Francisco Abundis, director de la empresa de medición de audiencias Parametría, sostiene por su parte que el dirigente nacional del PRI comete un grave error al tratar de arrancarle la bandera de la lucha contra la corrupción al PAN y a Morena.

“Al hacerla tan visible como en los casos de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, lo único que está haciendo es recordarle a la gente que el PRI tiene la culpa, porque todo esto ocurrió mientras el partido está en la Presidencia”, afirma en entrevista.

Señala que en una lógica de presidencialismo autoritario, en la cual el público asume que el presidente está enterado de todo, “que le digan que un gobernador se llevó mucho dinero, tenía muchas casas y empresas fantasma, más allá de que acepten que se trata de un afán de perseguir a los gobernadores corruptos, el mensaje que percibe la gente es que el PRI es también responsable”.

En las más recientes encuestas de Parametría el PRI está empatado en segundo sitio con Morena, detrás del PAN, en la percepción de la sociedad.

Para la elección de 2018 Abundis expresa sus dudas de que el PRI permanezca en la Presidencia, pues tiene en su contra los errores cometidos por el gobierno peñista y porque la estrategia de Ochoa Reza es errónea, pues sólo reafirma la imagen de corrupción del partido en el gobierno.

“El elector está reconsiderando su voto en función de lo que está observando en los partidos, del comportamiento, el discurso, las propuestas y los representantes. Si juzgamos a partir de lo que pasó en las dos últimas elecciones, en las cuales se expresó una lógica de cambio bastante clara, el PRI tiene un panorama muy complicado para las elecciones de 2017 y la presidencial de 2018, porque es el partido en el poder”, estima Abundis.

La bandera anticorrupción

En días pasados Ochoa Reza lanzó los criterios del proceso de selección de los candidatos para los comicios de los dos años entrantes. Los principales requisitos son: que no tenga vínculos con el narcotráfico ni antecedentes de corrupción o de desvío de recursos públicos.

Pese a que en el PRI ya se registraban casos de algunos militantes involucrados con el crimen organizado –como los exgobernadores Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Mario Villanueva–, es apenas ahora cuando se impone como requisito para los aspirantes a una candidatura no tener un pasado sospechoso.

La sombra del crimen organizado y los escándalos de corrupción han mellado la fuerza electoral del PRI, que después de los comicios de 2016 –donde perdió en siete de 15 elecciones de gobernador– pasó a ser la segunda fuerza política nacional después del PAN, precisa Abundis, quien en las encuestas de opinión del año pasado ya incluía como categoría nueva el tema de la corrupción.

En un intento de recuperarse, en la 38 sesión extraordinaria de su Consejo Político Nacional, el PRI acordó que los militantes y simpatizantes que aspiren a participar en la selección y postulación de candidatos deberán suscribir una carta compromiso mediante la cual autoricen al partido a investigar su situación patrimonial, fiscal o entorno social, así como, en su caso, su actuación como servidor público y respecto de responsabilidades penales o administrativas.

También a que el PRI realice “las evaluaciones y pruebas necesarias para acreditar que no se han realizado actos antijurídicos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y que no tienen vínculos con la delincuencia organizada ni son adictos al consumo de sustancias prohibidas por la ley”.

Abundis advierte que es sorprendente que en el PRI no vean el error de esta estrategia, que es como “dispararse en el pie”, porque en las mediciones hechas por Parametría se observa que la respuesta del público no es favorable.

En una de sus más recientes mediciones, Parametría ubica que, a poco menos de dos años de la elección presidencial, el PAN está al frente de las preferencias electorales con 30%. En segundo lugar está el PRI, con 27%. En tercer sitio aparece Morena, con 21%, y detrás el PRD, con 10%, y el Verde, con 5%.

“Si analizamos las preferencias electorales en el tiempo, observamos que los cambios más importantes respecto a la última elección presidencial son: el crecimiento del PAN y de Morena y la caída y posterior estabilidad del PRI y del PRD”, advierte la encuesta.

En un ejercicio adicional que realizó Parametría en esta encuesta, en el que se mide el escenario con posibles alianzas, los datos indican que la formada por el PAN y el PRD sería la más competitiva, pues el porcentaje de preferencia efectiva aumenta a 36%. En tanto, si se forma una alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, obtendría 34%.

Frente a estos escenarios, en los cuales el PRI tiene desventajas, Abundis manifiesta que se puede entender que, por estrategia, los priistas no quieren dejarle la bandera de campaña de la lucha contra la corrupción sólo al PAN y a Morena.

“Pero en el PRI están logrando lo contrario”, precisa el encuestador con maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford y en asuntos internacionales por la de Columbia.

Recuerda que aun cuando en el PAN también hay casos de gobernadores acusados de corrupción –como el sonorense Guillermo Padrés– o en el PRD –el oaxaqueño Gabino Cué–, el público no deja de ver una responsabilidad del PRI y de Peña Nieto en los escándalos más sonados.

“La gente no exculpa al PRI por el hecho de que están persiguiendo a exgobernadores; al contrario, los hacen más responsables porque le están recordando a la gente la magnitud de la corrupción como a la que llegó Veracruz con Javier Duarte, que es el extremo del problema.”

Precisa: “El PRI no está comunicando lo que quiere, porque lo ve de una manera muy mecánica y en una lógica oportunista, porque al ver que el tema de debate era la corrupción, se subió a la discusión sin lograr comunicar a la gente su mensaje de cambio”.

Estrategia contraproducente

César Augusto Santiago es uno de los pocos priistas que ha accedido a realizar un análisis crítico de la estrategia de Ochoa Reza de tomar como bandera de reposicionamiento del PRI el combate a la corrupción.

De entrada sostiene que esa lucha debe surgir de una profunda convicción y de una ética pública que honre los valores para que sea eficaz y “jamás debe ser impostura o una estratagema mediática para salir del paso”, porque, de lo contrario, el impacto en el PRI será negativo.

Exsubsecretario de Gobernación y exdirector general adjunto de Pemex, desde marzo de 2013 Santiago es representante legal de la Comisión Federal de Electricidad.

Como abogado, el priista precisa que, si no hay certeza en los casos de corrupción, “el asunto está peor porque todo queda a la voluntad del presidente del partido”.

En ese sentido inquiere: “¿Cuándo se actúa? ¿En qué casos? ¿En contra de quién o quiénes? ¿En qué tiempos y en qué temas? El asunto está peor porque reflejaría un autoritarismo dictatorial que no corresponde a la esencia de un partido político o de un comportamiento ético. Además, dejar en la voluntad de una persona este tipo de decisiones resulta sumamente delicado”.

Señala en entrevista que la corrupción es un problema que corroe las entrañas del sistema político nacional y que los partidos son corresponsables directos de esta circunstancia, al igual que los políticos, porque todos se quedaron sin valores, sin espíritu, sin propuesta, sin proyecto.

Cuestiona una vez más: “Si de verdad se trata de combatir la corrupción, por qué el PRI no se pronuncia, por ejemplo, en el tema de esos bonos que se dieron los diputados para organizar posadas, reuniones de fin de año, etcétera, que están siendo cuestionados por la sociedad entera.

“Por qué el partido no se pronuncia, por ejemplo, en contra del despilfarro de los burócratas del INE, con sueldos exorbitantes, bonos, asesores, implementos, viajes, canonjías, para hacer lo mismo que se hacía antes sin todo este boato y todo este aparato.

“Por qué no se pronuncia el PRI, por ejemplo, en relación con el estado de la economía de Pemex, su aparente bancarrota, la compra de inservibles plantas de fertilizantes, o el tema de los astilleros en Galicia; por qué no dicen nada del dispendio en costear con dinero público un lienzo charro monumental en Chiapas para que el gobernador se disfrazara de charro y cabalgara.

“Por qué no hablar de esas maniobras infinitas de empresas fantasma, cobro de comisiones, prestanombres, etcétera. Finalmente, por qué no decir con claridad si es válido que los gobernadores dejen deudas estratosféricas en las entidades que gobernaron.”

Asimismo, Santiago advierte del peligro de caer en “una cacería de brujas” si no se tienen las pruebas o los indicios de una presunta responsabilidad contra algunos funcionarios o gobernantes.

“Hablar de corrupción debe ser una cosa muy seria. Es importante hablar de los temas, de los asuntos que están en la opinión pública y, sobre todo, dar certeza a los militantes de qué se puede hacer y qué no se vale."

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/468567/la-corrupcion-centro-la-crisis-priista

Grupo armado ataca tianguis de Acapulco y mata a seis comerciantes

Al menos seis comerciantes, tres mujeres y tres hombres, fueron ejecutados por un grupo armado que irrumpió y abrió fuego en un tianguis ubicado en la zona conurbada del puerto de Acapulco.

De acuerdo con reportes oficiales, la masacre que dejó dos heridos, ocurrió cerca de las 12:00 horas en el estacionamiento de la Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata, sobre el bulevar Vicente Guerrero donde se instala un mercado identificado como Acatianguis.

Los informes refieren que sujetos armados que se desplazaban en vehículos particulares, irrumpieron en el concurrido lugar y frente a decenas de testigos abrieron fuego contra ciudadanos y comerciantes.

Los sicarios se retiraron tras la masacre a pesar de que en la colonia Emiliano Zapata existe un operativo especial de seguridad para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia.

Entre las víctimas se encuentra un hombre discapacitado, así como tres mujeres, todos comerciantes del Acatianguis.

Desde hace seis años, los tianguistas han sido objetivo de ataques armados y atentados porque se niegan a pagar cuotas al narco.

En abril de 2011, los puestos del Acatianguis fueron incendiados por un grupo armado que durante su huida se enfrentó con soldados en las calles de las colonias Emiliano Zapata y Renacimiento, lo que dejó un saldo de tres muertos –dos gatilleros y un militar–, así como cuatro heridos.

Apenas el 16 de octubre, un presunto cobrador de cuotas fue asesinado en las instalaciones del Acatianguis y un mes después, hombres armados dispararon al aire y advirtieron a los comerciantes que se retiraran del lugar o de lo contrario serían asesinados.

Dos meses después de esta amenaza, los sicarios ejecutaron a seis comerciantes en una refriega que dejó también dos heridos.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/468638/grupo-armado-ataca-tianguis-acapulco-mata-a-seis-comerciantes

Defiende Peña gasolinazo; “no es por reformas, es por precios internacionales”, dice

El presidente Enrique Peña Nieto pidió hoy a los mexicanos comprender y razonar las causas que originaron el aumento de precios de las gasolinas desde el pasado día 1.

En su primera actividad pública de 2017, el mandatario designó a Luis Videgaray Caso como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu Salinas quien a partir de hoy quedó fuera del gabinete.

Al finalizar la toma de protesta, el presidente de México dijo compartir el malestar y el enojo, pues sostuvo que nadie hubiera querido tomar la medida. Pero expuso que de no hacerlo sería más doloroso para el país.

Durante su mensaje, Peña Nieto fue reiterativo en pedir comprensión, aseguró que la medida atiende a los precios internacionales y no a sus reformas.

Asimismo, comprometió acciones para beneficiar a los sectores más desprotegidos.

También Aseguró que evitarán cobros excesivos y tropelías en los precios de todos los productos al amparo de la medida.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/468597/defiende-pena-gasolinazo-reformas-precios-internacionales-dice