Aunque no aparece en los #PanamaPapers, el presidente Enrique Peña Nieto está ligado a numerosas personas cuyos nombres sí figuran en los documentos del despacho Mossack Fonseca. Se trata de colaboradores, contratistas o familias mexiquenses cercanas a la del mandatario. Están ahí Emilio Lozoya Austin, los Alcántara, Carlos Hank Rhon y, en primer lugar, Juan Armando Hinojosa Cantú, el artífice de la Casa Blanca.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Enrique Peña Nieto resultó tocado por los #PanamaPapers. Sin estar directamente mencionado, los nombres de allegados suyos que surgieron de entre los archivos del despacho Mossack Fonseca lo colocaron en la lista de dirigentes políticos referidos en la revelación más grande hasta ahora de quienes esconden su dinero en paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación periodística internacional en la que participó la revista Proceso, realizó un interactivo sobre los líderes mundiales que directa o indirectamente están relacionados con la creación de empresas offshore por parte de la firma panameña.
Después de 12 presidentes, primeros ministros en funciones o retirados, y reyes de los países árabes que compraron empresas offshore a Mossack Fonseca, el presidente de México aparece en una lista de 18 mandatarios cuyos familiares o cercanos pidieron el apoyo de ese despacho para crear complejos esquemas financieros con el propósito de esconder su identidad y la ruta del dinero.
El presidente mexicano está en esa lista con el ruso, Vladimir Putin; la exmandataria argentina Cristina Fernández; y el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. En esos casos identificados en la investigación global se trata de personas cercanas a los mandatarios o exmandatarios que no forman parte de su familia y que compraron empresas offshore.
Peña Nieto fue enlistado gracias al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el hombre que se ha convertido en símbolo sexenal del enriquecimiento a partir de la obra pública y su relación política. Las estimaciones que refiere el ICIJ a partir de investigaciones periodísticas son de 750 millones de dólares obtenidos en contratos con el gobierno.
Las operaciones de Hinojosa Cantú fueron conocidas el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios participantes en la investigación dieron a conocer de forma simultánea los primeros resultados luego de casi un año de trabajo. Proceso lo difundió en su portal al igual que Aristegui Noticias, el otro medio mexicano que tuvo acceso a los archivos de Mossack Fonseca.
El constructor de la llamada Casa Blanca para Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec –inmueble cuyo valor se estima en 7 millones de dólares de acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias– buscó movilizar en julio del año pasado 100 millones de dólares, producto de sus “ahorros” y apenas una parte de su riqueza, según las referencias de los despachos que gestionaron la creación de sociedades, empresas y fundaciones para esconder el dinero.
Con ese manejo de dinero, Mossack Fonseca incluyó a Hinojosa Cantú en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares.
Esa misma información, producto de la filtración de documentos de la firma panameña al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, deja en claro las relaciones con Peña Nieto y sus gobiernos en el Estado de México y la Presidencia de la República.
Un documento presentado por sus asesores financieros para la creación de las empresas offshore señala como fuente de ingresos de Hinojosa Cantú los contratos que ha tenido con las administraciones de Peña Nieto…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2058 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436845/panamapapers-via-sus-cercanos-pena-nieto-queda-tocado
CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llegó al nivel más bajo de aprobación registrado en los cuatro últimos sexenios.
Sólo 30% de la población aprueba su gestión y el 75% percibe que el país va por mal camino, según la reciente encuesta del diario Reforma.
La encuesta divide la opinión entre ciudadanos y líderes, y en ambos casos la aprobación va en descenso. Mientras el 66% de los ciudadanos desaprueban el trabajo que hace Peña Nieto como presidente de la república, el 78% de líderes está en esa condición.
De acuerdo con Reforma, a la mitad de su sexenio, Peña Nieto registra un índice más bajo de aprobación que Ernesto Zedillo tras la crisis económica de 1995, cuando la aceptación del priista se ubicó en 31%.
La calificación más baja de Peña Nieto antes de la registrada en la reciente encuesta, la obtuvo tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015, cuando llegó a 31% de aprobación.
Y es la actual situación económica la que tiene contra la pared también a Peña Nieto pues el 68% califica como desfavorable la actuación del gobierno en ese rubro, 12 puntos porcentuales más respecto la medición anterior de diciembre pasado.
La encuesta, destaca el diario, refleja un fuerte desgaste de la percepción ciudadana respecto de la situación económica del país, pues 66% reprueba la actuación del gobierno en materia de empleo y el 68% en combate a la pobreza.
El 56% de los ciudadanos considera que en los últimos 12 meses la situación económica del país ha empeorado y el 69% de líderes tiene esa misma percepción.
Peor aún, 73% de los ciudadanos desaprueban la gestión de Peña Nieto en materia de combate a la corrupción. En el caso de los líderes ese porcentaje se incrementa al 92%.
La ciudadanía tampoco ve con buenos ojos el desempeño del gobierno en materia de seguridad. El 61% de los ciudadanos y el 77% de líderes encuestados desaprueban el trabajo en esa materia.
Lo mismo sucede con el combate al narcotráfico: El 65% de los ciudadanos y el 76% de líderes ve desfavorable el desempeño en ese rubro.
Los rubros mejor evaluados son el de salud y educación, aunque la aprobación no es del todo favorable. En ambos casos 45 % de la ciudadanía considera que el gobierno no ha tenido un buen desempeño.
La encuesta se aplicó a mil 200 adultos del 7 al 10 de abril.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436876/pena-peor-calderon-fox-zedillo-66-los-ciudadanos-desaprueba-gestion
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impedirá la Ley 3 por 3 porque según “viola las garantías individuales”, la iniciativa ciudadana ha sido impulsada por las organizaciones sociales, la cual busca que legisladores y funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, así como el pago de impuestos e información sobre posibles conflictos de intereses.
Pablo Escudero, integrante del PVEM y presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, declaró que la ley pide a los senadores que “violen la Constitución” al proponer que establezca intervención a llamadas telefónicas para perseguir a los funcionarios corruptos, lo cual es inconstitucional.
La iniciativa ciudadana firmada por más 600 mil ciudadanos,tiene escrito en el artículo 54 que “la autoridad encargada de la investigación podrá usar medios de grabación o medios ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos en materia de discusión; para la intervención de comunicaciones privadas se requiere autorización del tribunal de justicia administrativa que resulte competente’’, lo cual viola el artículo 16 de la Constitución, que establece que no se pude hacer intervención telefónica sin autorización judicial, argumentó Escudero.
A lo que contestó José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), que deben hacerse modificaciones a la Carta Magna, y no rechazar la iniciativa, ya que sólo es posible detectar redes de corrupción a través de la intervención telefónica.
Pablo Escudero denunció que los miles y miles de ciudadanos que firmaron la ley 3 por 3 buscaban “engañar” a los senadores, por lo que el perredista Armando Ríos Piter expresó su inconformidad ante dicha calificación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/por-violar-garantias-individuales-pri-verde-impedira-ley-3-de-3-fustiga-a-ciudadanos-que-la-impulsan/
Southern Copper Corporation puede proporcionar información sobre las causas del desastre, lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables, y si los involucrados sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños.
Los Comités de Cuenca Río Sonora solicitaron la ayuda de un tribunal federal de Estados Unidos, con el objetivo de conseguir información que les permita fortalecer sus acciones legales en México, respecto al derrame tóxico en los ríos Bacánuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Esta nueva acción legal se puede realizar, ya que la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre es Southern Copper Corporation, que tiene sede en Phoenix, Arizona, y es propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado multinacional Grupo México.
“Como empresa matriz Southern Copper debe tener información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico”, indicó la organización no gubernamental Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER).
La organización destacó que Southern Copper puede proporcionar información sobre las causas del desastre, lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables, y si las personas involucradas sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños.
“Las empresas mineras como Southern Copper mantienen una estrecha vigilancia sobre las operaciones de sus subsidiarias, incluyendo información sobre los lapsos en los protocolos y los permisos ambientales y de seguridad”, señaló Marco Simons, representante legal de EarthRights International (ERI).
Tras pedir la ayuda de un tribunal estadounidense, los afectados confían que la información de Southern Copper les ayudará a obtener la remediación que han buscado durante los últimos dos años. “Creemos que la información obtenida a partir de la acción FLA será fundamental para apoyar los casos de nuestros clientes en México”, dice Christopher Benoit, abogado de los afectados.
Los Comités presentaron la acción legal con base en la ley de Asistencia Legal a una Corte en el Extranjero (FLA, por sus siglas en inglés), la cual otorga a los tribunales federales estadounidenses la autoridad de recabar documentos y testimonios para ayudar en procesos judiciales en el extranjero.
Durante 2015 y lo que va de este año, los afectados han presentado acciones legales en México para intentar que la minera y el gobierno mexicano limpien el derrame y repararen integralmente a las comunidades que durante dos años han continuado sufriendo los impactos.
El 6 de agosto de 2014, una falla en un represo, utilizado en la operación de la mina Buenavista del Cobre, generó “el mayor desastre ecológico en la historia nacional”, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Como resultado del derrame tóxico, más de 25 mil habitantes de siete municipios resultaron afectados con el suministro de agua y con el sustento de la economía familiar debido a que su actividad económica es la agricultura.
En total fueron alrededor de 40 millones de litros de lixiviados tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— los que se derramaron.
Entre las causas del derrame están: la falta de una válvula de seguridad para prevenir la fuga, trabajar sin estanques de desbordamiento ni geomembranas impermeables, y no tener permisos ambientales, entre otras. Todas ellas se le pueden atribuir a la falta de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Buenavista del Cobre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/afectados-por-derrame-toxico-en-el-rio-sonora-llevan-su-caso-a-un-tribunal-de-eu/
MORELIA, Mich: Por segundo día consecutivo, las bandas del crimen organizado provocaron la violencia en varios puntos de la entidad con la quema de automotores en Parácuaro y Uruapan, así como el incendio de negocios en Zamora.
Según reportes de las autoridades, por esos hechos cinco personas fueron detenidas, aunque el clima de inseguridad propició el cierre de negocios en Apatzingán.
En esta última ciudad cerraron los negocios tras la quema de varios vehículos en la autopista Apatzingán-Cuatro Caminos, en Úspero, a la entrada a Parácuaro.
La región registró así su segunda jornada violenta, donde fueron incendiados un tráiler, una camioneta de una empacadora de aguacate y una camioneta de la CFE, en acciones en que no hubo víctimas pero tampoco detenidos.
Poco después de las diez de la mañana, un grupo de habitantes de la comunidad indígena de Capácuaro, perteneciente a este municipio, realizaron un bloqueo en el entronque de la desviación de Los Reyes, donde para poder circular los conductores debían cooperar obligatoriamente. Dos horas después se retiraron los inconformes.
Al mediodía se reportó un bloqueo sobre la carretera libre a Lombardía, a la altura de La Loma, donde desconocidos atravesaron un camión del servicio urbano de la línea Colectivos Uruapan; minutos después fue liberada la circulación.
Más tarde, en el kilómetro 5 de la autopista Siglo XXI, de Uruapan al entronque de Taretan, un grupo de personas armadas despojó al chofer de un tráiler con caja blanca, razón social DXM y número 1206, unidad que atravesaron en la vía para luego prenderle fuego.
Simultáneamente, un kilómetro adelante, los presuntos sicarios incendiaron una camioneta blanca Mitsubishi, doble cabina, con razón social Westpak, unidad de la que despojaron al conductor.
Media hora después, también sujetos no identificados despojaron de una camioneta blanca a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre el camino a Tejerías, automotor al que también prendieron fuego.
Asimismo, dos tiendas de autoservicio de Bodega Aurrera, ubicadas en la cabecera municipal de Zamora, fueron atacadas por sujetos encapuchados, quienes lanzaron varias bombas molotov al interior de los establecimientos, lo que generó un incendio. La misma situación se reportó en un Waldo’s y un Oxxo localizados sobre la avenida Madero.
De inmediato los empleados evacuaron a los clientes para salvaguardar su integridad, mientras que elementos de bomberos acudían al lugar para sofocar las llamas.
Estos ataques por parte de la delincuencia organizada serían en reacción a los operativos de seguridad implementados por los tres niveles de gobierno.
También en la región de Zamora se realizó quema de vehículos en distintos puntos carreteros y en el propio centro de este municipio, por lo que las corporaciones de auxilio se movilizaron en apoyo a los habitantes de la zona.
Testigos señalaron que cerca de las 17:40 grupos de civiles armados se apoderaron de vehículos que iban transitando por el rumbo y posteriormente les prendieron, dándose a la fuga con rumbo desconocido.
Incluso, sujetos a bordo de una camioneta gris intentaron prender fuego a una gasolinera ubicada sobre la entrada a Sahuayo. La misma acción se repitió en Jiquilpan, donde los presuntos criminales rociaron con gasolina las bombas despachadoras de combustible.
De última hora se informó sobre el cierre de centros comerciales en Uruapan, tanto en la entrada a la ciudad como como en los establecimientos de Coppel y Aurrerá localizados en la calzada la Fuente. También se reportó el cierre de negocios de la Plaza Ágora, en la salida a Morelia, por la inseguridad prevaleciente en la zona.
Estas acciones violentas tienen como antecedente un operativo desplegado para la detección y aseguramiento de patrullas clonadas en Tierra Caliente y, en respuesta, civiles armados, presuntamente a las órdenes del grupo denominado Los Viagra, realizaron un despliegue en distintos puntos de la entidad.
Entre las acciones que realizaron los presuntos delincuentes la semana pasada destacan la quema de automotores en distintos puntos de Tierra Caliente, Zamora y Uruapan, entre otros puntos, resaltando el caso de un vehículo al que le arrojaron una bomba molotov.
Mientras, la Procuraduría estatal informó que este martes fueron detenidos cinco individuos, quienes presuntamente participaron en los últimos días en la quema de vehículos y tiendas localizados en Zamora y Chilchota.
Las autoridades resaltaron que a estos cinco sujetos les fueron aseguradas armas de fuego, recipientes con gasolina y drogas, y además ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.
No obstante, los operativos para dar con los responsables de los disturbios continúan por parte de elementos de las policías Estatal y Federal, así como por parte del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436864/segunda-jornada-violencia-deja-vehiculos-negocios-incendiados-en-michoacan
CHILPANCINGO, Gro: Durante el primer semestre de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo se han registrado mil 46 ejecuciones en distintos puntos de la entidad, principalmente en el puerto de Acapulco, indica un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
Tan sólo en marzo se registraron 188 homicidios dolosos en la entidad, es decir, un promedio de seis ejecuciones diarias, hecho que representa un incremento de 12.5% en comparación con octubre pasado, cuando se registraron 167 ejecuciones.
Las ejecuciones registradas el mes pasado (marzo) es la cifra más alta en lo que va del año, ya que en enero se reportaron 166 homicidios dolosos y en febrero 160, indica el informe que proporcionó a Apro el titular de la dependencia, el general Pedro Almazán Cervantes.
El documento oficial denominado “Comportamiento delictivo en el estado durante el nuevo gobierno”, incluye sólo cifras de octubre de 2015 a marzo de este año sobre homicidios dolosos, privación ilegal de la libertad, secuestros y extorsión.
A pesar de que Astudillo rindió protesta como gobernador el 27 de octubre, la dependencia estatal incorpora la incidencia delictiva total de ese mes.
En el caso de homicidios dolosos, en octubre pasado se reportaron 167; en noviembre 173, y diciembre cerró con un incremento significativo de 192. Este año comenzó con 166 ejecuciones en enero; en febrero fueron 160, y en marzo la cifra se elevó a 188, indica el informe de la SSP.
El delito de privación ilegal de personas también refleja un incremento en marzo de 6.6% en comparación con octubre pasado, haciendo un total de 114 casos denunciados, y destaca febrero como el mes con mayor incidencia con 22 reportes.
En tanto que los secuestros suman 40 casos denunciados en este periodo de seis meses, cifra que representa una disminución de 33.3% de octubre a marzo de este año.
Mientras que la extorsión marca un incremento de 8.3%, de octubre a marzo, con una cifra de 73 denuncias en este semestre.
A pesar de estas cifras, el secretario de Seguridad en la entidad, Pedro Almazán, aseguró que a partir de 2015 y lo que va de 2016 se ha registrado una disminución en la mayoría de los delitos, y Guerrero pasó del lugar 12 al 15 en la estadística nacional de incidencia delictiva.
Lo anterior durante un acto oficial realizado en el Congreso estatal donde se presentó el resultado de la “Encuesta interestatal” y la “Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015”, donde el coordinador del Inegi en Guerrero, Eladio Hernández Montúfar, mostró los datos recabados en 2014.
Al respecto, el titular de la SSP señaló que hace dos años la violencia e inseguridad alcanzaron su máximo nivel en Guerrero, y atribuyó el hecho a una “evidente debilidad institucional que se viene arrastrando desde décadas”.
Con ello replicó el discurso del gobierno federal, al señalar que en materia de seguridad pública no se hizo el trabajo correspondiente y por ello la delincuencia rebasó a las autoridades estatales.
Luego, consideró que actualmente el problema de inseguridad y violencia que se vive en la entidad es de “percepción”, pues mientras en unos foros se clasifica al estado como el más violento e inseguro, en los eventos culturales y turísticos se considera a Guerrero como un lugar seguro “para el turismo, para los visitantes y un lugar de oportunidades para todos”, remató el funcionario estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436810/suman-mil-46-ejecutados-en-6-meses-astudillo-inseguridad-percepcion-autoridad
CIUDAD DE MÉXICO: El Senado aprobó por 84 votos a favor modificaciones a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para eliminar al salario mínimo como referencia y ser sustituido por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La senadora María Elena Barrera Tapia, del PRI, advirtió que los créditos con Infonavit pactados en veces de salario mínimo y no en UMA no perderán sus condiciones, y argumentó que “esta reforma necesaria, mandatada desde la Constitución, es una aportación a los más de 50 millones de trabajadores que cotizan en la seguridad social”.
A su vez, el senador del Partido Verde, Jorge Aréchiga Avila, afirmó que la reforma responde a la necesidad de eliminar las referencias del salario mínimo para evitar impactos financieros en el Infonavit, asegurando que los rendimientos mínimos de la subcuenta de vivienda sean un reflejo de rendimiento de los activos de los trabajadores y sean sanos activos de rentabilidad.
Derecho a la alimentación nutritiva
Durante la misma sesión se aprobó con 82 votos a favor y cero en contra, modificaciones a la reforma a la Ley General de Desarrollo Social para incorporar el concepto de derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, así como instrumento para superar la pobreza.
Este indicador será incorporado a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y será utilizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la definición, identificación y medición de la pobreza.
La senadora Lizbeth Hernández Lecona, del PRI, argumentó a favor del dictamen al sostener que estos cambios obligarán a concretar programas gubernamentales que, de forma transversal, es decir, desde la producción de alimentos hasta su proporción en escuelas, hospitales y distribución a sectores vulnerables, permiten elevar el desarrollo social de la población en cuanto a su alimentación.
En el debate, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, afirmó que no es posible confiar en un gobierno que aplica recortes al presupuesto destinado a la producción de alimentos, cuando la Cepal informó que México es el único país de la región que no ha reducido la pobreza y 30 millones de personas padecen pobreza alimentaria.
“¿De qué ha servido la famosa Cruzada contra el Hambre? Hemos sostenido que no es con asistencialismo como se harán cumplir estos derechos. Se debe impulsar la producción de alimentos”, sentenció el legislador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436838/senado-elimina-salario-minimo-referencia-infonavit
El secretario de Gobernación dijo que lo ocurrido lastima a los mexicanos, pero que hasta el momento nada apunta a que el gobierno federal o el presidente hayan tenido alguna responsabilidad; descartó que haya prisa por cerrar la investigación o una ruptura con el GIEI.
Ni el gobierno federal o el presidente Enrique Peña Nieto tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, y los señalamientos en ese sentido apuntan a “otros intereses”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un año y medio después de los hechos en Iguala, Guerrero.
“No es un tema que atañe al gobierno de la República respecto a que haya tenido algo qué ver. Aquí hay el señalamiento directo a autoridades municipales, a cuerpos de seguridad de los propios tres o cuatro municipios. Nada qué ver con el gobierno de la República. Nosotros somos los primeros interesados en saber lo que ahí sucedió”, dijo el pasado martes 12 de abril en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
“No es un tema que pudiera lastimar, por decirlo así, directamente, que sí nos lastima como mexicanos lo que ahí sucedió, pero que en el que no tiene nada absolutamente qué ver, ni hasta hoy nada se ha señalado respecto al gobierno de la República.
Se ha querido llevar hacia acá, se ha querido llevar hacia el señalamiento hacia el propio presidente de la República, y lo que te quiero decir es que son más otros intereses”, expresó Osorio Chong.
El secretario dijo que el gobierno federal no tiene ninguna prisa por cerrar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) ya ha tenido tiempo suficiente para trabajar el tema, y su periodo de labor concluye el próximo 30 de abril.
“Lo que estamos pidiendo con ellos es que nos den sus conclusiones”, dijo el funcionario federal.
Si el GIEI considera que las conclusiones a las que llegó la PGR con Jesús Murillo Karam no fueron ciertas, agregó el secretario, entonces los especialistas deben dar su aportación para esclarecer lo ocurrido.
“No estamos en disputa, estamos del mismo lado, pero sí creemos que ya es justo y que es muy necesario saber sus conclusiones para que, sí existe otra línea que nos lleve a otra conclusión, con todo gusto nosotros estamos abiertos para poderlo, no solo entender, sino buscar e investigar hasta el más mínimo de los detalles, para que entonces todos estemos ciertos de lo que ahí sucedió en Iguala hace, insisto, casi dos años”, agregó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/el-caso-ayotzinapa-no-es-nuestra-culpa-ni-lastima-directamente-al-gobierno-federal-osorio/
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 3 de abril contra Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Alonso Cruz.
La Interpol México giró este miércoles las fichas rojas para localizar a Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz Alonso, implicados en la violación de la menor Daphne.
La fiscalía de Veracruz solicitó manera formal a la Procuraduría General de la República (PGR) su intervención para tramitar las fichas rojas, de acuerdo a funcionarios de la fiscalía.
La solicitud llegó ayer a las 17:00 horas a la PGR y fue la Subprocuraduría Jurídica quien inició los trámites para poder ordenar la elaboración de las fichas rojas.
Este martes, un juez federal libro órdenes de aprehensión en contra de tres de los cuatro jóvenes implicados en la violación.
Dos de ellos salieron del país el mes pasado. Cruz Alonso dejó México el 28 de marzo para viajar a Bilbao, España para cumplir con compromisos académicos, informó su padre. Mientras que Enrique Capitaine se encuentra en Texas, Estados Unidos, junto a su padre. Jorge Cotaita estaría también en Estados Unidos.
La violación de Daphne, menor de edad, ocurrió en enero de 2015, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pero fue hasta mayo de ese año que se interpuso una denuncia ante las autoridades.
Su padre, Javier Fernández Gómez, relató en una carta que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad. “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Sobre el tiempo que ha tomado la investigación, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo el pasado 8 de abril que se debe cumplir un marco legal y que a pesar de que puede parecer mucho tiempo las autoridades han trabajado en el caso.
Un día antes, el jueves 7 de abril, el fiscal dijo a la cadena Radio Fórmula que “en horas” se tendrán resultados para que haya justicia en el caso. Sin embargo, un día antes hizo la misma declaración a los medios, de que solo era cuestión de horas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/juez-federal-gira-ordenes-de-aprehension-contra-3-implicados-en-el-caso-daphne/
CIUDAD DE MÉXICO: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó iniciar un paro de labores a partir del 15 de mayo en protesta por la falta de respuestas a sus peticiones.
“Ante la cerrazón del gobierno estatal y federal, ante la represión administrativa, judicial, salarial, y política que hemos venido viviendo en los últimos días, la Sección 22 ha decidido el estallamiento del paro de actividades”, sentenció el líder de la Sección 22, Rubén Núñez.
El dirigente añadió que el paro incluiría los 23 estados del país donde hay presencia de maestros disidentes y que la jornada de lucha, previa a este paro, comenzará el próximo viernes con los bloqueos carreteros que realizarán maestros de la CNTE en todo el país.
Asimismo, previó que el 1 de mayo el magisterio disidente y las organizaciones afines realizarán actividad unitaria para celebrar el día del trabajo.
“Hemos insistido permanentemente que las mesas de negociación a nivel nacional y estatal se tengan que aperturar, sin embargo, sobre todo en Oaxaca, como sección, como movimiento democrático no hemos tenido respuesta de ninguno de los niveles de Gobierno”, dijo Núñez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436839/anuncia-la-cnte-paro-labores-a-partir-del-15-mayo
CIUDAD DE MÉXICO: Este martes el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertó sobre el preocupante aumento del número de fosas clandestinas halladas durante la gestión de Enrique Peña Nieto, así como la opacidad para conocer cuántos cuerpos se han encontrado, y la ausencia de tecnología para identificar a las víctimas.
Francisco Rivas, director del ONC, dijo que “hemos visto un aumento en el hallazgo de estas fosas y ha tenido una particular relevancia en el aspecto del crimen organizado”.
También precisó que es en Guerrero donde se ha hallado el mayor número de fosas, “y sabemos que lo que más llama la atención en este caso son los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.
De acuerdo con el Observatorio, sólo de 2006 a 2014 se han encontrado “587 cuerpos o restos humanos en 164 fosas clandestinas, principalmente en Guerrero y Tamaulipas”.
Además, deploró que pese al llamado a fiscalías y procuradurías para atender ese fenómeno, persiste la opacidad en entidades como el Estado de México, Colima, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde no se transparenten los hallazgos, lo que se traduce en un profundo dolor para las familias en búsqueda de sus seres queridos.
“Desafortunadamente no todas las procuradurías se suman en esto, tengo que hacer un llamado de atención muy doloroso al Estado de México, que una vez más nos ha dado atole con el dedo”, denunció Rivas.
Enseguida precisó que aunque por dos años se ha intentado trabajar con la PGJEM, “no han hecho absolutamente nada, y es una pena porque esa entidad está sumida en una crisis de inseguridad y violencia, aunque quieran aparentar en cifras otra cosa”.
El director del Observatorio también reveló que en el tema de las fosas clandestinas en México se desconoce cuántas de ellas existen, así como cuántos cuerpos han sido inhumados de forma clandestina, pues “existe una alta cifra negra alrededor de la materia”.
En su intervención, el visitador de la CNDH, Francisco Guadarrama, llamó a las autoridades a impulsar el apoyo presupuestal para contar con mayor equipo y capacitación para el personal forense.
Por último Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llamó a acelerar la transparencia en cuanto a estadísticas de cuerpos o restos hallados en fosas clandestinas, con el fin de crear registros confiables y abatir la impunidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436856/pena-fosas-clandestinas-se-sabe-cuantas-ni-numero-cuerpos-onc
CIUDAD DE MÉXICO: Luego del hallazgo de prendas ensangrentadas y cartuchos en Amatlán de los Reyes, Veracruz, donde la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se encuentra tratando de localizar a posibles víctimas, esta mañana desconocidos amenazaron a los integrantes y periodistas que se encuentran en el área.
Previo a las amenazas, ayer mismo se informó sobre el hallazgo de kilos de ropa ensangrentada, así como de cartuchos y, posterior a ello, el grupo de activistas recibió llamadas telefónicas para desistir de su búsqueda y ya no seguir en Amatlán de los Reyes.
Un desconocido, al otro lado de la línea, advirtió a los brigadistas que desistieran de sus tareas pues se encontraban en “una zona caliente”.
Sin embargo Mario Vergara, quien se sumó a la brigada después de que en Guerrero ayudó a encontrar 145 cuerpos y cientos de huesos, advirtió que “si el gobierno no busca a nuestros familiares, nosotros lo haremos, no importa que excavemos todo Veracruz”.
La historia de Mario, destacó el portal informativo e-consulta.com, está ligada a una desgracia propia: El 5 de julio de 2012 su hermano Tomás fue secuestrado en el municipio de Huitzuco, a una hora de Iguala, donde dos años después serían desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
No obstante, la búsqueda de Mario no inició sino hasta después de que los padres de los normalistas hallaran cinco fosas con 30 cuerpos, los cuales no correspondían a los normalistas.
El brigadista que ahora participa en las revisiones en suelo veracruzano señala que “a partir de ese entonces nos planteamos de que nuestros familiares estaban enterrados y que al menos podíamos saber que ya estaban en otra vida. Pero antes todo fueron amenazas y temor a que también te pasara lo mismo”.
Luego explica el objetivo de la búsqueda de desaparecidos: “Este es apenas un camino para la justicia que todos anhelamos, pero ellos (el gobierno) no quieren aceptar que vivimos una crisis severa de derechos humanos”, cuenta con el ánimo de que más veracruzanos se solidaricen en la campaña.
El objetivo de la Brigada Nacional de Búsqueda es repetir el ejercicio en todos los estados del país, “para que llegue el momento en que todos nos busquemos entre todos”.
En tanto, la veintena de familiares procedentes de siete entidades del país continuará con su labor durante diez días más y no descansará hasta encontrar, por lo menos, una pista sobre las vítimas.
Ayer, en la primera jornada de reconocimiento de campo, los brigadistas encontraron pantalones rotos, blusas deshilachadas y hasta una chamarra del Cruz Azul desgarrada, posiblemente con sangre, además de sábanas, una bala y un juguete sexual.
Los indicios, según reportó el portal informativo sinembargo.mx, fueron hallados a unos cien metros del famoso árbol de Pochota, a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.
Uno de los brigadistas explicó que “son indicios de que pudiera tratarse de algo más serio, eso no lo sabemos, se tendrán que hacer cruces de investigación, triangulaciones con fechas de sucesos, pero eso ya le corresponderá a la autoridad”.
Además, acotó que los hallazgos se suman a testimonios de vecinos que advierten que ahí han observado movimientos sospechosos de camionetas y han escuchado gritos de tortura.
La brigada, conformada por unas 50 personas, fue acompañada de observadores de la CNDH, y darán parte a la Policía Federal (PF) cuando se integren las carpetas completas de los hallazgos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 12 DE ABRIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436837/amenazan-a-brigada-busqueda-desaparecidos-en-veracruz
Hacinamiento, falta de custodios, sin protocolos en caso de motín, penales donde los presos asumen las funciones de la autoridad... La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico sobre la situación de violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas.
Las violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas continúan siendo una constante año tras año.
Esta es una de las principales conclusiones que expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos, la persistente falta de atención médica y las malas condiciones de higiene, o que en algunas cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas.
“En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, concluyó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, durante la presentación del Diagnóstico de la CNDH.
En Animal Político te exponemos una radiografía de la situación de las cárceles, a partir del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Sin avances en el 2015
Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.
Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones.
13 estados tienen cárceles en situación grave de violaciones a derechos humanos
Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua.
No obstante, el informe hace hincapié en que hasta 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
La prisión que enfrenta peores condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit, con una calificación de 3.9 puntos sobre 10.
El Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, es la segunda peor cárcel, con 4.38 puntos.
Faltan custodios, malas condiciones de higiene, sin protocolos en caso de motín..
Del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, la CNDH refiere que en 104 detectaron que personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes.
Asimismo, en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
En 84 centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor.
Además, hasta en 75 centros es una constante la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad.
Sobrepoblación, privilegios y falta de oportunidades laborales
La CNDH subraya que otro problema reiterado en 65 prisiones estatales es la sobrepoblación de reos y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas.
Además, en 71 centros existe hacinamiento. En este sentido, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, explicó que detectaron centros donde 30 reos comparten una celda diseñada para cuatro personas.
Otro problema: en 73 centros se detectaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Prisiones autogobernadas por los reos
En su diagnóstico, la CNDH documenta otra deficiencia grave: en al menos 71 cárceles los presos asumen las labores propias de la autoridad. Es decir, son los mismos presos quienes brindan ‘seguridad’ a otros reos y ‘gobiernan’ la prisión.
En este apartado destacan los casos de la Ciudad de México y el Estado de México, con cinco y seis centros penitenciaros, respectivamente, autogobernados por los prisioneros.
En la Ciudad de México, la CNDH documentó que esta situación de autogobierno se da en los Reclusorios Prevenivos Varonil Oriente, Norte y Sur; en Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Martha Acatitla.
En el Edomex, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlalnepantla, y Cuatitlán.
Las riñas, el acontecimiento violento más recurrente
Otra situación grave que expone la CNDH hace referencia a las riñas en los penales.
De los 2 mil 110 incidentes registrados en 2015 (mil 142 en cárceles estatales y 968 en cárceles federales), el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas con un total de mil 382 (808 en cárceles estatales y 574 en centros federales).
Le siguen los desórdenes con 280 (205 en prisiones estatales); los homicidios con 54 (52 en centros estatales); los abusos con 55 (48 en cárceles estatales); los suicidios con 23 (todos en prisiones estatales), y los motines con 6 (también todos en cárceles estatales).
Sonora, donde más riñas se producen en sus penales y con más eventos violentos
Por estados, Sonora destaca como el estado donde se producen más riñas al interior de sus penales, con un total de 220 casos. Le siguen el Edomex (87), Chihuahua (75), Nuevo León (74) y Michoacán (51).
Asimismo, Sonora también es el estado con mayor número de incidentes violentos en sus cárceles, con 359 casos. Una cifra muy superior a la del segundo clasificado, el Edomex, con 99 casos.
Prisiones de la CDMX, donde más homicidios dolosos
La Ciudad de México ocupa el primer lugar de prisiones con mayor número de homicidios dolosos registrados: 14. Le sigue Tamaulipas con 6.
Las deficiencias en cárceles federales
En cuanto a las cárceles federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en 16 casos hay insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales, en 11 se mezclan procesados y sentenciados; y en 8 hay hacinamiento.
En Ciudad Juárez y Sonora, las peores cárceles federales
La cárcel federal peor clasificada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de los presos es el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de ciudad Juárez, en Chihuahua.
La segunda es el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora.
El informe completo:
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 by http://www.animalpolitico.com:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/
En México la mayoría de las universidades públicas y privadas no cuentan con protocolos para atender las denuncias de las alumnas que sufren acoso y violencia.
“Perra”, escuchó Martha mientras caminaba por los pasillos de su universidad. Se lo dijo un hombre al que no pudo identificar porque traía puesto el gorro de la sudadera y un cubrebocas. Él traspasó una pequeña caseta de vigilancia y la insultó cuando la tuvo a unos pasos de distancia. No fue un grito, sino casi un murmullo que la dejó helada.
Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando. “Me sentí mal y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió en marzo pasado pero Martha lleva un año y medio alerta, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la había violado, y sólo encontró hostilidad en su contra.
Sin sanciones
El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban con una fiesta su participación exitosa en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Al departamento llegó Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha, quien le ofreció alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.
Después de tomar un trago Martha sólo recuerda haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo: “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos. Temblaba.
Fue cinco meses después, en octubre, que Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras el shock, Martha decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –por el que se abrió el expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.
Después de más de 15 meses de litigios y un proceso largo –y según Martha, revictimizante– que aún no termina del todo, ella y su abogada lograron que el 21 de marzo de 2016 se le dictara auto de formal prisión a Flores Soto. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.
Cuestionamientos
La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir los fallos y en donde participan seis personas: profesores, investigadores, el Abogado General de la UNAM y dos alumnos. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.
En la audiencia ante ese tribunal, ella escuchó: “¿Para el día de los hechos eras virgen?¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto?¿Sueles dormir fuera de tu casa?¿Tal día te acostaste con tal persona?”. Las preguntas las hizo la defensa del acusado con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de Martha. Todo lo demás, dice, tuvo que responderlo.
En la audiencia un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella asegura que jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó “derrumbada” a su terapia.
El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene cinco días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores dice que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad: “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”.
Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor de la UNAM, instancia ante la que apeló su expulsión.
El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor decidió no sancionar a Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando encarcelado en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá continuar estudiando en esa universidad.
Martha jamás fue notificada oficialmente por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. “Soy un cero a la izquierda para ellos”, señala.
Las autoridades universitarias tienen una opinión distinta. La presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, dice que existen “más que condiciones favorables” para que las víctimas denuncien.
Cano Soriano destaca que “hasta en los materiales de bienvenida” se invita a la comunidad universitaria a que acuda a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) dentro de la UNAM para presentar una queja, y adelantó que la casa de estudios está “por concluir” un documento de política institucional de género. Ni la Oficina de la Abogada General ni el área de Comunicación Social de esa institución dieron su punto de vista sobre las fallas o beneficios del procedimiento que está vigente para denunciar violencia sexual, pese a que fueron consultadas vía telefónica y correo electrónico.
Las cifras
El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación, anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda” el país ha hecho avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.
En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que publicó en marzo de este año.
El documento calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias -que alcanza 94.1%-. De las víctimas, ocho de cada diez son mujeres.
De ese estudio sobresalen dos datos: de ese total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas. Y de ellas solo en 6,000 -1 por ciento de los casos- se consigna al agresor ante un juez.
Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente: 25.6 por ciento de los casos.
Por ejemplo, en la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas -34,642 personas- dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).
De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”; 22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y 71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
La UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo- tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.
De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.
Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.
De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.
La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.
En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.
La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus documentos.
En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.
La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.
En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.
Las redes
Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen. Martha, la estudiante de la UNAM, ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual. Afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.
Al respecto la académica Natalia Flores afirma: “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.
Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.
Por ejemplo, afirma, ella y otras compañeras fueron agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.
Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle en la materia, al menos a nivel estatal, pues los agresores pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.
Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.
Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”.
En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos. Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental. El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (Está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.
A través de pintas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen alumnas de la Universidad Iberoamericana, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y señalan que seguirán exigiendo justicia a las autoridades tanto escolares como gubernamentales.
*Esta es una versión de un reportaje realizado originalmente por Distintas Latitudes para el portal Desigualdad, de Univision, que coordina la fundación española porCausa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, DISTINTAS LATITUDES.
AUTOR: ARTURO ILIZALITURRI.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/universidades-reprobadas-solo-4-tienen-protocolos-contra-el-acoso-sexual/
