Se convoca a travéz de redes sociales para este Miércoles 8 de Octubre a una manifestación nacional a favor de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa
La acción comenzó al mediodía en el punto conocido como El Parador del Marqués, a donde unos 700 manifestantes arribaron a bordo de una veintena de autobuses.
Enseguida, bloquearon los cuatro carriles con mantas donde se muestran mensajes que exigen la presentación con vida de 43 normalistas que permanecen desaparecidos desde la semana pasada cuando policías municipales y sicarios atacaron a estudiantes y civiles dejando un saldo de seis muertos y 21 heridos.
La protesta ocurre a un día de que autoridades ministeriales dieron a conocer el hallazgo de una fosa clandestina en Iguala donde encontraron un número indeterminado de cadáveres.
Fuentes oficiales informaron proceso.com que hasta el momento han exhumado al menos 20 cuerpos en esta zona conocida como un cementerio clandestino utilizado por el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, afincado en esta importante plaza de la zona norte de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
En medio de los 100 mil muertos, de los 30 mil desaparecidos, de los cientos de secuestrados y de las constantes y graves denuncias de los organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos humanos, no sólo no sabemos todavía cuántos de esos crímenes corresponden al Estado, sino que los gobiernos, que administran a éste, continúan negándolos o endilgándoselos a la delincuencia con la que conviven casi de manera natural.
México vive así –se ha dicho muchas veces– un Estado fallido, un Estado penetrado, un Estado delincuencial o un narcoestado. Sea lo que fuere aquello que esas tipificaciones no logran todavía definir, en realidad se trata de una nueva forma del totalitarismo, o de esa “dictadura perfecta” a la que un día se refirió Mario Vargas Llosa.
En su libro Lo que queda de Auschwitz, Giorgio Agamben señala que la finalidad última de Auschwitz y de los campos de concentración nazis no era el asesinato masivo que en ellos se practicaba, sino la creación de un género de ser humano que el argot concentracionario llamó “musulmanes”; tal vez –dice Agamben entre las varias hipótesis que plantea para tratar de entender el epíteto– porque en el imaginario de la época el “musulmán” era un ser fatalista, un ser sometido a un destino ciego, a un determinismo.
Esos seres que, a fuerza de brutalización, habían perdido cualquier dignidad, se convertían en una especie de animales tan dóciles que podían usarse para cualquier cosa. Eran absolutamente explotables. Jamás se resistían a nada. Agamben vio en ellos una continuación de la figura de “el hombre sagrado” –hombres a los que, en el derecho arcaico romano, el Estado no protegía y cuya tortura, asesinato o explotación no constituía un crimen en el sentido de la ley–. Vio también en ellos una de las condiciones, a mayor o menor grado, de la existencia del Estado, que en sí mismo reúne la soberanía –el poder de destruir la vida, el uso legítimo de la fuerza– y el gobierno –el conjunto de dispositivos o de instituciones para gestionarla.
En México, tanto el delito, que el Estado dice perseguir pero que no castiga o lo hace de manera selectiva, como la violación de los derechos humanos, que el Estado niega, parecen ir en la misma dirección de la construcción del “musulmán” de Auschwitz. El delito, las cruentas y espantosas dimensiones que en México ha adquirido, y su sistemática impunidad, han ido acostumbrando a una gran porción de mexicanos a vivir en una dócil indefensión. Lejos de protestar, muchos comienzan a ser indiferentes ante el crimen que otros padecen, y, por lo mismo, a aceptar fatalmente que un día también se les asesine, secuestre, torture, desaparezca o extorsione impunemente. La abdicación del Estado a su deber de protegernos bajo instituciones y programas mientras duremos con vida, ha ido creando la percepción, en muchos de nosotros, de que vivir es estar sometido a la fatalidad, al “así son las cosas”, al “ni modo”, al “qué le vamos a hacer”.
Por otro lado, la violación de los derechos humanos parece dirigirse a quienes se niegan a aceptar la situación. Quien se revela a la indefensión que producen el delito, la impunidad o el abuso de poder, es, en muchos casos, criminalizado y sometido a dosis de confinamiento, de aislamiento y de tortura, a veces física, a veces psicológica. Los casos de José Manuel Mireles y de sus 383 autodefensas, en Michoacán; el de Nestora Salgado, en Guerrero, y el de Mario Luna, en Sonora, por nombrar sólo los más sonados mediáticamente, lo expresan bien. Todos ellos se rebelaron ante la indefensión. A todos ellos también se les fabricaron delitos para cubrir la violentación de sus derechos. Su confinamiento y su reducción a una condición criminal guarda un mensaje: o aceptan vivir en la indefensión y de manera dócil como todos, o los obligamos a ello.
Esta forma del totalitarismo o de la dictadura es nueva en su apariencia, pero no en su naturaleza. Es una forma inédita de la violencia de Estado que ha perdido la máscara ideológica de su razón de ser. La maquinaria estatal de México, que en sus órdenes institucionales pretende –es lo que nos dice todos los días– regular de manera racional y legal los conflictos, se revela cada día más compatible con una violencia extrema de nuevo cuño que día con día borra los logros del proceso civilizatorio y nos va convirtiendo en materia esclava o en animales de rastro. El Estado en su debacle va dejando de ser un aparato jurídico y político para convertirse en una máquina de sumisión y destrucción sometida a imperativos ya no políticos, como en el nazismo, el sovietismo o las juntas militares, sino absolutamente económicos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los zapatistas y atenquenses presos, hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA (ANÁLISIS)
Video Transmicion del Canal PersonajesMéxico del dia 4 de Octubre del 2014
En conferencia de prensa en la que participó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el fiscal general estatal, Iñaki Blanco, confirmó la existencia de fosas clandestinas en Iguala.
Iguala, Gro. El gobernador Ángel Aguirre Rivero confirmó el hallazgo de varias fosas en los parajes de Pueblo Viejo y en Loma del Coyote; pero aseguró que hasta el momento es imposible saber cuántos cuerpos son y la identidad de estas personas.
En una conferencia de prensa en Chilpancingo el mandatario estatal reconoció que el hallazgo de estas fosas es parte de la investigación que se realiza para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado sábado, pero dijo que sería muy irresponsable decir que se trata de ellos.
Hasta el momento aseguró que van 30 detenidos de los policías municipales de Iguala que asesinaron a tres normalistas, un deportista, un chofer y una mujer el pasado sábado en esta ciudad. Además, se desconoce el paradero del alcalde José Luis Abarca.
Las inmediaciones del los puntos en donde están los servicios periciales buscando los cuerpos está resguardado por elementos de la Marina, militares, y policías estatales. El gobernador, junto con el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, aseguraron que realizarán las pruebas de ADN, con el apoyo de la PGR, con los familiares de los muchachos que se encuentran desaparecidos, para saber si trata de ellos. Confirmó que en los hechos del pasado sábado aparte de los policías municipales participaron elementos de la célula criminal Guerreros Unidos.
Los elementos periciales del estado de Guerrero, sólo permitieron a los reporteros llegar hasta el punto conocido como las parotas en Pueblo Viejo. Al lugar ingresaron en la tarde tres carrozas de servicios fúnebres, además de seis visitadores de la CNDH. En la ciudad se ve más presencia policiaca estatal y militar y hay helicópteros de la PGR sobrevolando la ciudad de Iguala.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Gustavo Castillo/SERGIO OCAMPO
En una conferencia de prensa en Chilpancingo el mandatario estatal reconoció que el hallazgo de estas fosas es parte de la investigación que se realiza para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado sábado, pero dijo que sería muy irresponsable decir que se trata de ellos.
Hasta el momento aseguró que van 30 detenidos de los policías municipales de Iguala que asesinaron a tres normalistas, un deportista, un chofer y una mujer el pasado sábado en esta ciudad. Además, se desconoce el paradero del alcalde José Luis Abarca.
Las inmediaciones del los puntos en donde están los servicios periciales buscando los cuerpos está resguardado por elementos de la Marina, militares, y policías estatales. El gobernador, junto con el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, aseguraron que realizarán las pruebas de ADN, con el apoyo de la PGR, con los familiares de los muchachos que se encuentran desaparecidos, para saber si trata de ellos. Confirmó que en los hechos del pasado sábado aparte de los policías municipales participaron elementos de la célula criminal Guerreros Unidos.
Los elementos periciales del estado de Guerrero, sólo permitieron a los reporteros llegar hasta el punto conocido como las parotas en Pueblo Viejo. Al lugar ingresaron en la tarde tres carrozas de servicios fúnebres, además de seis visitadores de la CNDH. En la ciudad se ve más presencia policiaca estatal y militar y hay helicópteros de la PGR sobrevolando la ciudad de Iguala.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Gustavo Castillo/SERGIO OCAMPO
Hay un número indeterminado de cuerpos, informa el procurador Iñaki Blanco y agrega que sería irresponsable asegurar que se trata de los estudiantes.
La búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace una semana, tuvo este sábado un primer resultado: una fosa clandestina en Iguala.
El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que en la fosa, ubicada en la colonia La Parota, de Iguala, hay un número indeterminado de cuerpos.
Dijo también que se ignora si se trata de los normalistas desaparecidos. “Sería irresponsable” asegurar que se trata de los estudiantes desaparecidos -expresó el procurador-, su identidad se establecerá mediante los correspondientes perfiles genéticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que en la fosa, ubicada en la colonia La Parota, de Iguala, hay un número indeterminado de cuerpos.
Dijo también que se ignora si se trata de los normalistas desaparecidos. “Sería irresponsable” asegurar que se trata de los estudiantes desaparecidos -expresó el procurador-, su identidad se establecerá mediante los correspondientes perfiles genéticos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los alumnos celebran asambleas para analizar la respuesta que el gobierno federal dio a su pliego petitorio.
El número dos del Instituto Politécnico Nacional siguió el camino de la número uno y renunció el sábado 4 de octubre.
En tanto, los alumnos realizaron asambleas en diferentes escuelas del Instituto, para analizar la respuesta que la Secretaría de Educación Pública dio a su pliego petitorio. Las posturas fueron desde quienes desean reanudar ya las clases y quienes plantean sumar a sus demandas la autonomía del IPN.
Por su parte, la SEP informó que Fernando Arellano Calderón, secretario general del Instituto Politécnico Nacional, presentó su renuncia al titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, misma que le fue aceptada”.
La renuncia de Arellano Calderón se suma a la de la ahora ex directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante Díez, ocurrida esta semana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En tanto, los alumnos realizaron asambleas en diferentes escuelas del Instituto, para analizar la respuesta que la Secretaría de Educación Pública dio a su pliego petitorio. Las posturas fueron desde quienes desean reanudar ya las clases y quienes plantean sumar a sus demandas la autonomía del IPN.
Por su parte, la SEP informó que Fernando Arellano Calderón, secretario general del Instituto Politécnico Nacional, presentó su renuncia al titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, misma que le fue aceptada”.
La renuncia de Arellano Calderón se suma a la de la ahora ex directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante Díez, ocurrida esta semana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Esta tarde, atrás del templete donde el priista se dirigía a los jóvenes y cercadas por una valla de seguridad, estaban Berta Alicia García, Malú García Andrade y Silvia Banda Pedroza, integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esperaban hablar con el funcionario federal para entregarle, como los estudiantes, su pliego petitorio.
Este jueves las mujeres chihuahuenses fueron citadas por funcionarios de la Segob –de quienes omitieron sus nombres– a las dos de la tarde en las oficinas alternas de la dependencia ubicadas en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, nadie las recibió.
Sin perder la esperanza, se trasladaron a la sede de la avenida Bucareli, donde se encontraron con el contingente politécnico que esperaba la respuesta del titular de Gobernación a sus demandas.
Al terminar la reunión con los politécnicos, Osorio Chong bajó del templete y cruzó la valla que separaba a la multitud de las madres de Ciudad Juárez.
Berta Alicia sacó las pocas fuerzas que le quedan –ha tenido que ser asistida por paramédicos debido al deterioro de su salud por el prolongado ayuno— y corrió entre los la multitud de jóvenes y reporteros para alcanzar al funcionario. No obstante, elementos de seguridad que acompañaban a éste impidieron que se le acercara.
Así se desvaneció la oportunidad de pedir al segundo hombre más importante del Poder Ejecutivo que se sumara a los compromisos que hace un año la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República hizo con ellas para crear una base nacional de datos de personas desaparecidas, un banco genético, la contratación de peritos argentinos para la identificación de cuerpos y dar apoyos para las familias de las víctimas.
El pasado 23 de septiembre, Berta Alicia García –cuya hija fue desaparecida y asesinada en 2006 en Ciudad Juárez–, junto con Malú García Andrade y Silvia Banda Pedroza instalaron un plantón afuera de la residencia oficial de Los Pinos e iniciaron una huelga de hambre para exigir que autoridades federales cumplieran con los acuerdos signados en 2013 en demanda de justicia por los casos de feminicidio en la urbe fronteriza.
Ante la indiferencia del presidente Enrique Peña Nieto, las mujeres llevaron su protesta a las inmediaciones de la Segob el pasado 1 de octubre. Quisieron aprovechar la “voluntad” de Osorio Chong con los estudiantes politécnicos para ver si a ellas también las atendía, pero no fue así.
Entonces lamentaron que el funcionario priista sólo atienda llamados “cuando se trata de miles de personas” y no de tres madres que viajaron desde Chihuahua en representación de todas las víctimas de feminicidio en la entidad y en el país, y que llevan 11 días en huelga de hambre.
Recordaron que el pasado 1 de octubre, la titular del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, y el de la Unidad de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano –ambas instancias de la Segob–, prometieron iniciar el jueves 2 de octubre mesas de negociación para que hoy pudieran levantar el plantón, pero incumplieron lo pactado.
No obstante, advirtieron que a pesar de los múltiples engaños e indiferencia que padecen, continuarán en huelga de hambre hasta que las autoridades federales se comprometan a cumplir cada una de las 10 demandas que conforman su pliego petitorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO
Desde el poder, se pinta otra historia: una en la cual las normales rurales son reliquias del pasado, centros de agitación y espacios de ocio juvenil. Las demandas que hacen los alumnos para el mejoramiento estructural de las normales son vistas con agrio desprecio. ¿Con qué derecho estos chavos plebe se atreven a exigir un lugar privilegiado en el país?, es la implícita pregunta de la mayoría de los medios masivos cuya visión hace eco de los que detentan el poder.
Los conflictos en las normales rurales aparecen así con un enfoque en los métodos y las acciones de protesta, como si éstos fueran meros caprichos o un afán por obstruir el orden. Se borran la lógica y la necesidad de las acciones de lucha; se pasan por alto los ideales y el legado histórico que los normalistas defienden. Así tiene que ser. Abarcar contexto, ondear en la correlación de fuerzas entre jóvenes normalistas y el estado o problematizar de una forma honesta la falta de oportunidades educativas, obligaría a una seria reflexión del presente y el futuro de un país donde, cada vez más, ser joven, de extracción pobre, es ser un criminal.
Lo que han hecho continuamente los estudiantes de las normales rurales, y lo que hacían los normalistas de Aytozinapa el pasado 26 de septiembre, es defender con empeño un derecho histórico. Que el saldo de estas acciones sea seis muertos, uno de ellos vilmente torturado, y hasta el momento 43 desaparecidos, evidencia los resultados de un discurso que lleva años criminalizando a los jóvenes de estas escuelas.
La agresión oficial ante estas instituciones educativas no es nada nuevo. Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos. Las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos, a otorgar algunas concesiones. Pero había también represalias: los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua; a muchos les retiraban las becas. En 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia lo hacía ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales.
La caracterización que se les hizo como nidos comunistas, kínderes bolcheviques y semilleros de guerrilla perduró. Habría que recordar las declaraciones de Elba Esther Gordillo en agosto de 2010 sobre la necesidad de cerrar estas escuelas: No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, si no hacemos esto van a seguir con lo mismo. Poco antes había propuesto que las normales rurales se convirtieran en instituciones que formaran técnicos de turismo, una lógica neoliberal que concibe de México como un centro vacacional donde los que antes impartían conocimiento ahora servirían a turistas extranjeros.
Pero deshacerse del legado revolucionario e implementar un proyecto neoliberal ha sido ante todo un proceso violento: la represión a los ferrocarrileros, petroleros y electricistas a mediados del siglo XX, la histórica persecución de campesinos e indígenas que defendían su derecho a la tierra, los estudiantes en los 60 y los cívicos guerrerenses en los 70, los que militaron en las campañas democráticas de lo que fue el PRD a finales de los 80 y principios de los 90, los zapatistas de Chiapas, la rebelión de Oaxaca, son algunos ejemplos de resistencia popular que el Estado ha enfrentado con mano dura.
La agresión hacia las normales rurales se inscribe en esta historia. Hagamos un recuento de algunos hechos desde principios del siglo XXI.
En febrero de 2000, poco después de que la PFP tomó la UNAM poniendo fin a su huelga estudiantil, en la normal rural de El Mexe se dio otra ocupación policial. Pero allí los habitantes de la región se rebelaron, capturaron a 68 de los policías y sólo los liberaron a cambio de los 350 jóvenes que habían sido encarcelados durante la toma de El Mexe. Este acto no se les perdonó. En 2005 se anunció el cierre de esta normal rural.
En 2007, cuando los alumnos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopista del Sol exigiendo que se les garantizaran plazas de trabajo, fueron violentamente desalojados. De esa acción resalta una imagen captada por Pedro Pardo que vívidamente expone la correlación de fuerzas. Publicada en primera plana de La Jornada el 1º de diciembre de 2007, la foto muestra a un joven normalista, forzosamente postrado boca abajo sobre el asfalto, bajo una enorme bota de la Policía Federal Preventiva. Quizás fue un presagio a la violencia que cuatro años después vivirían los jóvenes de Ayotzinapa cuando sobre esa misma carretera yacerían los cuerpos de dos normalistas, esta vez sin vida, otra vez por demandar recursos para su institución educativa; otra vez por exigir su derecho.
Ojalá estos fueran incidentes aislados. Pero los gobernadores, sean de PRI, PAN o PRD, tienen a muchos jóvenes que reprimir. En Michoacán, que pudiera considerarse la cuna del normalismo rural, en noviembre de 2008, 133 estudiantes de la normal rural de Tiripetio fueron detenidos –no sin defenderse– al intentar trasladarse a Morelia en camiones que habían tomado. Las fotos son una vez más dramáticas: gases lacrimógenos, patrullas incineradas, palos, piedras y bombas molotov.
Pero las vidas de los normalistas parecen valer poco. Se les asesina deliberadamente o por negligencia, por ejemplo, el incendio en la normal de Tiripetío en enero también de 2008, donde dos jóvenes murieron calcinados en los tan abandonados dormitorios de la escuela.
El gobierno lleva décadas atacando las normales rurales; lleva décadas matando los sueños, ideales y principios de los que allí estudian. Pero, al parecer, ya no basta con eso. Ahora, en vísperas de la conmemoración de 68, había otra vez que asesinar jóvenes. ¿Cómo caracterizar un orden social que criminaliza a su juventud? En Centroamérica son las maras, en Palestina los jóvenes que arrojan piedras a los tanques, en las urbes Estados Unidos son los afroestadunidenses. En México ¿son ahora los jóvenes de las normales rurales?
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Tanalís Padilla
El próximo miércoles protestarán por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes aparezcan
AYOTZINAPA. Familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en hace una semana convocaron hoy a una marcha nacional para el próximo miércoles para protestar por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes aparezcan.
Reunidos en la escuela para maestros de primaria a la que pertenecen los jóvenes, las familias anunciaron que van a marchar “para exigir que aparezcan con vida” y que “se esclarezcan los hechos” de la noche del viernes de la semana pasada.
Hoy se cumple una semana de la desaparición de los estudiantes, a quienes se les perdió la pista después de una noche de violencia en la ciudad de Iguala, tras la que murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Por estos hechos fueron detenidos 22 policías locales, quienes presuntamente dispararon contra los jóvenes por razones aún desconocidas, aunque no se descarta que el crimen organizado pueda estar también detrás de estos hechos.
Otros 43 se encuentran desaparecidos y no hay pistas sobre su paradero, salvo que algunos testigos vieron que eran subidos a varias patrullas por los mismos policías que los atacaron cuando viajaban en varios autobuses privados, que habían tomado ilegalmente para regresar a sus casas tras una colecta.
Los familiares cuentan con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que va a hacer un paro el mismo día en varios estados de la República para solidarizarse.
En la charla que tuvieron hoy con la prensa, un padre que no quiso identificarse pidió que se agilice la búsqueda “porque hay cámaras (en las) que sale cómo los policías se llevaron a los muchachos en las camionetas”.
En la escuela se encuentran, además de los familiares de los desaparecidos y de sus compañeros estudiantes, diversas organizaciones como de la CNTE, la Sección 22 de Oaxaca, estudiantes de la Autónoma de Guerrero e integrantes de la policía comunitaria de Tixtla.
Los estudiantes de las normales rurales, internados en los que estudian principalmente jóvenes indígenas campesinos, declararon anoche una huelga estudiantil indefinida hasta que aparezcan sus compañeros.
Por otro lado, para exigir la aparición de los jóvenes, un grupo de alumnos tomaron una de las casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México, una protesta que todavía permanece.
FUENTE: 24 HORAS/EFE.
Reunidos en la escuela para maestros de primaria a la que pertenecen los jóvenes, las familias anunciaron que van a marchar “para exigir que aparezcan con vida” y que “se esclarezcan los hechos” de la noche del viernes de la semana pasada.
Hoy se cumple una semana de la desaparición de los estudiantes, a quienes se les perdió la pista después de una noche de violencia en la ciudad de Iguala, tras la que murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Por estos hechos fueron detenidos 22 policías locales, quienes presuntamente dispararon contra los jóvenes por razones aún desconocidas, aunque no se descarta que el crimen organizado pueda estar también detrás de estos hechos.
Otros 43 se encuentran desaparecidos y no hay pistas sobre su paradero, salvo que algunos testigos vieron que eran subidos a varias patrullas por los mismos policías que los atacaron cuando viajaban en varios autobuses privados, que habían tomado ilegalmente para regresar a sus casas tras una colecta.
Los familiares cuentan con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que va a hacer un paro el mismo día en varios estados de la República para solidarizarse.
En la charla que tuvieron hoy con la prensa, un padre que no quiso identificarse pidió que se agilice la búsqueda “porque hay cámaras (en las) que sale cómo los policías se llevaron a los muchachos en las camionetas”.
En la escuela se encuentran, además de los familiares de los desaparecidos y de sus compañeros estudiantes, diversas organizaciones como de la CNTE, la Sección 22 de Oaxaca, estudiantes de la Autónoma de Guerrero e integrantes de la policía comunitaria de Tixtla.
Los estudiantes de las normales rurales, internados en los que estudian principalmente jóvenes indígenas campesinos, declararon anoche una huelga estudiantil indefinida hasta que aparezcan sus compañeros.
Por otro lado, para exigir la aparición de los jóvenes, un grupo de alumnos tomaron una de las casetas de cobro de la autopista Oaxaca-México, una protesta que todavía permanece.
FUENTE: 24 HORAS/EFE.
El hallazgo de las fosas provocó esta mañana un impresionante despliegue de elementos policiacos en esta ciudad.
Fuentes oficiales señalaron que el lugar fue ubicado gracias a la declaración de un detenido quien refirió que en el punto se encuentran varios cuerpos.
Las fosas están ubicadas en el punto conocido como Pueblo Viejo, en las inmediaciones de las colonias Jardines del Valle y Las Parotas, al noroeste de Iguala.
Las labores de exhumación de cadáveres continúan en un operativo encabezado por el procurador Iñaky Blanco, quien llegó al lugar aproximadamente a las 13:30 horas.
Esta mañana la Procuraduría local implementó un operativo de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos desde la semana pasada.
Cerca de las 11:00 horas, un impresionante convoy partió de la capital de la entidad, rumbo a la ciudad de Iguala.
Éste estaba conformado por una treintena de patrullas de la Policía Ministerial, así como personal del Semefo y brigadistas de Protección Civil Estatal.
Fuentes oficiales informaron a Proceso.com que autoridades ministeriales localizaron un punto donde presuntamente se encontraban los normalistas desaparecidos.
El convoy arribó cerca del mediodía a Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Ambos recursos fueron tramitados en el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, cuya titular, María Catalina de la Rosa Ortega, les dio entrada.
En el caso del último integrante del clan Beltrán Leyva que se encontraba en libertad concedió la suspensión de plano por la supuesta incomunicación y en el del empresario la otorgó de oficio, de acuerdo con los listados públicos del órgano jurisdiccional.
Para que las resoluciones tengan efecto legal, hace falta la ratificación de los promoventes, por lo que la juzgadora envió un actuario hasta las instalaciones de la SEIDO para que los detenidos suscriban los amparos.
El próximo domingo, el MPF definirá la situación jurídica de los detenidos.
La situación legal de Héctor Beltrán Leyva es más compleja porque todavía tiene pendientes tres órdenes de aprehensión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.
Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.
El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.
Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.
La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.
El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.
En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.
Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.
A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.
Texcoco, Méx. Más de 400 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policía municipal y personal del Ayuntamiento municipal, llevan acabo un desalojo y demolición de unas 60 viviendas del predio conocido como El Barco, ubicado a la altura del kilómetro 12 de la autopista Peñón-Texcoco, en los ejidos de Tocuila.
Desde la madrugada, los elementos apoyados con maquinaria pesada, se desplazaron a la zona para comenzar el derribo de viviendas del predio, el cual, aseguran, está afuera del límite urbano y es irregular, a pesar de que las familias tienen entre diez y doce años residiendo en la zona, argumentando que la adquisición de sus predios la hicieron de forma legal.
Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.
A lo largo de casi 2 km, a un costado de la autopista, se desplegaron efectivos para retirar de sus casas a las familias, mientras que personal del Ayuntamiento se dedica a sacar enseres y mobiliario de las viviendas. La mayoría de las casas ya cuentan con cimientos de concreto e incluso algunas son de dos pisos. Se informó que el pasado miércoles los colonos fueron notificados del desalojo, mientras los representantes legales de la Asociación de Vecinos aseguran que cuentan con un amparo, el cual no respetaron.
Los vecinos aseguraron que adquirieron esas viviendas desde hace cinco, diez y doce años, a los ejidatarios de Tocuila, entre ellos José Daniel Luis Ruiz, a quien pagaron entre 150 y 200 mil pesos; añadieron que cuentan con documentación que acredita su permanencia en el lugar. El secretario del Ayuntamiento, Nazario Gutiérrez Martínez, se negó a dar información sobre el desalojo.
Por la zona se observan a decenas de familias sacando sus cosas y rescatando sus enseres porque la policía esta dañando sus propiedades. También decenas de camiones de volteo trasladan el mobiliario de las casas hacía el acotamiento.
Hasta el momento se han registrado varios conatos de enfrentamiento ante la negativa de los vecinos de abandonar sus casas. Las familias se ubican dentro del límite y están en una zona dentro del polígono donde se proyecta la construcción del nuevo Aeropuerto, a un costado de donde se proyecta la ampliación a ocho carriles de la autopista Peñón-Texcoco, que serviría como principal vía de comunicación a la nueva terminal aérea “quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS
Desde la madrugada, los elementos apoyados con maquinaria pesada, se desplazaron a la zona para comenzar el derribo de viviendas del predio, el cual, aseguran, está afuera del límite urbano y es irregular, a pesar de que las familias tienen entre diez y doce años residiendo en la zona, argumentando que la adquisición de sus predios la hicieron de forma legal.
Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.
A lo largo de casi 2 km, a un costado de la autopista, se desplegaron efectivos para retirar de sus casas a las familias, mientras que personal del Ayuntamiento se dedica a sacar enseres y mobiliario de las viviendas. La mayoría de las casas ya cuentan con cimientos de concreto e incluso algunas son de dos pisos. Se informó que el pasado miércoles los colonos fueron notificados del desalojo, mientras los representantes legales de la Asociación de Vecinos aseguran que cuentan con un amparo, el cual no respetaron.
Los vecinos aseguraron que adquirieron esas viviendas desde hace cinco, diez y doce años, a los ejidatarios de Tocuila, entre ellos José Daniel Luis Ruiz, a quien pagaron entre 150 y 200 mil pesos; añadieron que cuentan con documentación que acredita su permanencia en el lugar. El secretario del Ayuntamiento, Nazario Gutiérrez Martínez, se negó a dar información sobre el desalojo.
Por la zona se observan a decenas de familias sacando sus cosas y rescatando sus enseres porque la policía esta dañando sus propiedades. También decenas de camiones de volteo trasladan el mobiliario de las casas hacía el acotamiento.
Hasta el momento se han registrado varios conatos de enfrentamiento ante la negativa de los vecinos de abandonar sus casas. Las familias se ubican dentro del límite y están en una zona dentro del polígono donde se proyecta la construcción del nuevo Aeropuerto, a un costado de donde se proyecta la ampliación a ocho carriles de la autopista Peñón-Texcoco, que serviría como principal vía de comunicación a la nueva terminal aérea “quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.
El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que mañana 4 de octubre se informará quiénes son los presuntos responsables del homicidio de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes murieron en Iguala el pasado 26 de septiembre.
En conferencia de prensa, Blanco dio a conocer que los responsables ya fueron ubicados.
En el mismo acto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Este miércoles 1 de octubre, Aguirre Rivero había anunciado la emisión de una orden de presentación en contra de Abarca Velázquez, a quien se le acusa de delitos derivados de los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes, en donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.
En relación con los operativos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, el funcionario estatal confirmó que continuará “casa por casa”, en la cual participan elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y mil 800 burócratas que se unieron este jueves 2 de octubre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
En conferencia de prensa, Blanco dio a conocer que los responsables ya fueron ubicados.
En el mismo acto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Este miércoles 1 de octubre, Aguirre Rivero había anunciado la emisión de una orden de presentación en contra de Abarca Velázquez, a quien se le acusa de delitos derivados de los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes, en donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.
En relación con los operativos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, el funcionario estatal confirmó que continuará “casa por casa”, en la cual participan elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y mil 800 burócratas que se unieron este jueves 2 de octubre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
