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¿Quién lleva la baTuta?

Servando Gómez Martínez, líder de Los Caballeros Templarios, ha logrado permear en la política michoacana. Prácticamente todos los candidatos que contenderán en los próximos comicios han sido relacionados con él. La pregunta es ¿influirá esto en las elecciones?

El primer domingo de junio Michoacán tendrá unas elecciones que se observan como las más inciertas de toda su historia.

Esto no solo por los actores políticos que en ella intervienen, sino por las concertacesiones que se observan atrás del proceso.

Los comicios serán una calca de los celebrados el pasado 13 de noviembre del 2011, cuando el PRI ganó la gubernatura con su candidato Fausto Vallejo Figueroa y con la sospecha de la intervención de las células del crimen organizado en la contienda.

En estas próximas elecciones, un halo de sospechosismo rodea los procesos internos de los tres principales candidatos a ocupar la gubernatura del estado de Michoacán. 

Los nombres del perredista Silvano Aureoles Conejo, la panista Luisa María Calderón Hinojosa y el priista Ascensión Orihuela Bárcenas han estado relacionados de una forma u otra con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

La última de los Calderón

A diferencia del proceso electoral pasado, ahora Luisa María Calderón no tiene un hermano presidente de la República que le filtre información de seguridad nacional sobre la condición de los adversarios políticos. 

“La Cocoa” tampoco dispone del dispendio económico con el que operó en el pasado proceso.

La hermana del expresidente llega a la candidatura sin mayor oposición al interior de su partido. 

La designación le vino desde la cúpula del CEN panista, en donde los enemigos de Felipe Calderón se han reagrupado. Observan la imposible encomienda que enfrenta “La Cocoa” y la oportunidad única que ello representa para sepultar al calderonismo en su propia casa, en donde no han ganado una sola elección los miembros de esa familia.

A diferencia de los priistas, en el CEN del PAN le apuesta a la memoria de los michoacanos. 

En la dirigencia de ese partido no se les olvida que en uno de sus múltiples videos el jefe de Los Caballeros Templarios asegura que días antes de las elecciones estatales de 2011 en Michoacán, Luisa María Calderón le ofreció un acuerdo al crimen organizado, a cambio de apoyo.

El primo incómodo

El video, subido al canal YouTube el 26 de noviembre del 2013, revela un conflicto entre el cártel de Los Templarios y la familia del entonces presidente Felipe Calderón, que surgió cuando el grupo criminal secuestró a Alfonso Reyes Hinojosa,  un supuesto primo de Calderón.

La razón del secuestro, según explica “La Tuta” en el video, fue porque Reyes Hinojosa se negaba a pagar una deuda de 30 millones de pesos a unos empresarios de Morelia. 

El video fue seguido de oficio por la PGR, pero no se encontró delito que perseguir.

La asunción de Ascensión

Hasta hace unos días el senador priista, Ascensión Orihuela Bárcenas, era un político distante de la compleja situación en la que se encuentra sumido Michoacán. 

Las fotos en su perfil de Facebook  –en donde se le ve a veces viajando por el mundo, a veces en la Cámara de Senadores- evidenciaban su despreocupación por la crisis de violencia en su entidad. 

Pero un día, eso cambió.

Orihuela Bárcenas fue ungido como candidato de “unidad” por la cúpula del PRI y se convirtió entonces en el michoacano más preocupado de lo que sucede en el estado.

Antes de la designación como candidato oficial, nada parecía importunar al político oriundo de Zitácuaro. 

Ni siquiera el video en el que aparece su esposa y familiares políticos al lado del jefe visible del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, le mereció un posicionamiento público.

El presidente nacional del PRI, César Camacho, le apostó a la escasa memoria de los michoacanos y designó el pasado fin de semana al senador Orihuela Bárcenas para que abandere los intereses de su partido y busque la gubernatura del estado.

Orihuela Bárcenas es el candidato más cuestionable de todos los que se apuntaron para ser abanderados del PRI a la gubernatura de Michoacán. 

Es el político más oscuro y por lo mismo el que tienen menos posibilidades de triunfo. 

Antes que el video en cuestión saliera a la luz pública, el hoy candidato a gobernador de Michoacán ya había sido objeto de escándalo en las redes sociales, cuando se filtró una fotografía en donde aparece con un auto Porsche Panamera Turbo, que tiene un valor en el mercado de poco más de un millón 300 mil pesos. 

El escándalo se centró en que Orihuela Bárcenas era senador por uno de los estados más pobres del país.

Tal vez por eso, no solo el comisionado Alfredo Castillo ha optado por no estar cerca del candidato del PRI al gobierno estatal, también incontables líderes políticos de los municipios han marcado su distancia. 

Como en los viejos tiempos

La asunción de Ascensión se dio como en los viejos tiempo del PRI. 

Los dolores del parto que dieron a luz al candidato oficial se dejaron sentir desde 15 días antes.  

El comisionado Alfredo Castillo, congruente con sus tesis sobre la colusión de políticos con el crimen organizado, trató de cerrar el paso a todos los aspirantes con la mínima sospecha de relación con el narco. 

Con el Comité Directivo Estatal bajo su control, decidió organizar la convocatoria electoral.

La Secretaría de Gobernación (Segob) le cerró el paso a la aspiración del comisionado que buscaba imponer a su candidato ciudadano, Adrián Huerta Leal.  

La Segob ordenó que la convocatoria fuera revisada por el CEN del PRI y retrasaron el anuncio del candidato. 

Tuvo que llegar el líder nacional del tricolor, César Camacho, para entronizar al alfil enviado desde el despacho de Miguel Ángel Osorio Chong.


La herencia maldita

En el video subido al canal de YouTube el 9 de agosto del 2014, se observa al que es reconocido como “La Tuta” en una finca de Zitácuaro haciendo funciones notariales. 

Instruye a dos mujeres –una de ellas la esposa de Ascensión Orihuela Bárcenas- y tres hombres sobre la forma de distribución de la herencia del fallecido empresario Luis Miguel Estefan, cuñado del senador priista.

La escena muestra a “La Tuta” dando instrucciones sobre la forma en que se habrá de repartir la herencia del empresario hotelero. 

Explica porcentajes y propiedades que habrán de ser recibidos por Salvador y Guillermo, hermanos del occiso; Nora, la esposa legal del difunto; y Estefanía, con quien el empresario procreó un hijo. 

Servando Gómez también informa a los presentes en la reunión que cobrará 5 millones de pesos para saldar la deuda que el difunto tenía con “La Empresa”. 

El video fue retomado por la PGR para hacer la investigación correspondiente, pero ninguno de los implicados localizables fue convocado para que explicara las condiciones en que se llevó a cabo la reunión, más allá de lo evidente. 

Al día siguiente el senador emitió un comunicado de tres líneas en donde aseguró que el aludido dueño de la herencia que se repartía no era su cuñado. Nadie volvió a tocar el tema.

El candidato casi ‘ideal’

Aunque el candidato del PRD,  Silvano Aureoles Conejo, es el único de los contendientes en Michoacán que no parece tener un nexto directo con “La Tuta”, el perredista tiene que cargar con el peso de haber sido quien -hace cuatro años- impulsó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. 

Más allá del escándalo que le representa al candidato del PRD la ridícula actuación de su hermano -el también diputado Antonio García Conejo- quien saltó a la fama el 12 de diciembre de 2013 cuando en la larga sesión en que se debatía la aprobación de la Reforma energética, terminó por desnudarse, en la memoria de los michoacanos se mantiene la idea de que Aureoles Conejo fue el candidato de Godoy Rangel, quien terminó por endeudar al estado a niveles como los de Humberto Moreira, en Coahuila.

Además, el exmandatario perredista es medio hermano de Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal del PRD acusado de tener nexos con “La Tuta” y que está prófugo de la justicia.

A Aureoles se le considera el candidato de la Iniciativa Privada en Michoacán, no en balde han sido las reuniones sostenidas con los hombres de negocios del estado.

Y también se le menciona como un hombre cercano al comisionado Alfredo Castillo, por lo que habría de dar continuidad a la gestión del enviado presidencial.

El pacto escandaloso


Reporte Indigo publicó que Luisa María Calderón fue acusada de ofrecer un acuerdo al crimen organizado, a cambio de apoyo cuando contendió en las elecciones estatales de 2011.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Exige Reporteros Sin Fronteras intensificar búsqueda de Moisés Sánchez

MÉXICO, D.F: La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró hoy su “preocupación” ante la ausencia de cooperación entre las autoridades federales y veracruzanas para encontrar “sano y salvo” al periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, al que levantó un comando el viernes 2 en el municipio de Medellín de Bravo.

La responsable de la oficina de la organización en las Américas, Claire San Filippo, urgió a las autoridades, entre ellas la Fiscalía Especial en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a “explorar más a profundidad la pista profesional y la posible implicación del crimen organizado en esta desaparición, en colaboración o no con autoridades locales”.

RSF recordó que en un primer momento “las autoridades locales” –en realidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa– desvincularon la desaparición forzada con la labor periodística de Moisés Sánchez, con el argumento de que no era periodista sino taxista, “ya que sólo publicaba en las redes sociales”.

También deploró que las autoridades veracruzanas se tardaron más de cuatro horas antes de iniciar los operativos de búsqueda, a pesar de que los familiares del desaparecido dieron aviso apenas 40 minutos después de que el grupo armado se llevara a Moisés Sánchez.

En entrevista con Aristegui Noticias ayer, el director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, aseveró que la PGJE no entregó información sobre la búsqueda del comunicador, por lo que, aseveró, “nos lleva a decir que no hay investigación y que no están buscando a Moisés Sánchez”.

RSF también recordó que Veracruz es “uno de los estados más peligrosos para los periodistas”, cuya incidencia de criminalidad resulta “alarmante” debido a “la convergencia de distintos tráficos”.


“Varios profesionales de los medios afirmaron haber sido vigilados, acosados y amenazados por publicar en redes sociales informaciones relativas a la inseguridad”, planteó RSF, para luego añadir que “las autoridades (veracruzanas) tratan de ocultar la realidad de la violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Por culpa de Peña, la imagen de México está por los suelos: AMLO

MÉXICO, D.F: El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió a legisladores afines a este partido que soliciten una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle, con el fin de exigir la libertad de los “presos políticos” y castigo a los responsables de la represión en el estado.

De gira por la entidad, el político tabasqueño consideró que la labor de los diputados y senadores es exigir el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes sociales y repudiar la criminalización de personas por cuestiones políticas.

En este trámite, solicitó a los ciudadanos no acompañar a los legisladores, pues en el gobierno poblano “hay halcones”, y por ello no se debe caer en provocaciones de gente infiltrada que justifiquen la represión y el autoritarismo gubernamental.

Sobre los partidos políticos, el dos veces excandidato presidencial criticó que se catalogue por igual a las diez fuerzas políticas con registro.

“Nosotros pensamos que se puede cambiar al país por la vía pacífica y electoral”, indicó.

López Obrador planteó que así como pide la liberación de luchadores sociales en Puebla, demandará la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a unos días de que se cumplan cuatro meses de su desaparición.

“No hay una respuesta sincera, apegada a la verdad, no crean que Peña Nieto no sepa lo que realmente sucedió, ¿sabe o no sabe? Claro que sabe y no está diciendo la verdad, y tienen ahí de intermediario al procurador Jesús Murillo Karam que no sirve para nada o que está nada más de tapadera, pero a nosotros no se nos va a olvidar lo de Ayotzinapa, pues son jóvenes de familias humildes y van a tener siempre nuestro apoyo y respaldo”, aseguró.

En Izúcar de Matamoros, López Obrador se refirió a la revelación hecha por el diario estadunidense The Wall Street Journal sobre Roberto San Román, quien vendió al presidente Enrique Peña Nieto una mansión en Ixtapa de la Sal, Estado de México, y poco después el empresario comenzó a recibir millonarios contratos por parte del gobierno.

“La verdad da pena ajena, porque la imagen en el extranjero está por los suelos por culpa del gobierno corrupto de Peña Nieto”, indicó el tabasqueño.

Luego advirtió que no habrá investigación del caso porque en el gobierno hay una asociación delictuosa, una mafia donde no sólo hay corrupción sino impunidad.


“No hay a quién acudir, no hay estado de derecho, hay un Estado chueco, y sólo se puede remediar el problema de la corrupción, actitudes como las de Peña y el apoyo a contratistas a cambios de sobornos, con un cambio de régimen, no hay otra opción, ahora nada más es cuestión de denunciarlo para no ser cómplice”, agregó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Su corazón ya no late por el PRD

En entrevista para Reporte Indigo, el senador Alejandro Encinas habla sobre los motivos que lo empujaron a renunciar.

En sus últimas horas como miembro del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez acusa: fueron el dinero y la ambición lo que hicieron que el partido perdiera el rumbo.

En entrevista, el senador de izquierda lamenta que en ese partido ahora cometan prácticas que antes combatían con vehemencia.

“Los grupos se convirtieron, en lugar de corrientes políticas, en grupos de interés. Y yo creo que ahí empezó a desnaturalizarse mucho del trabajo del partido y eso derivó, después, a que la ambición, el dinero, fuera lo que se impusiera fundamentalmente en la búsqueda del acomodo político.

“Tan es así que ya no solamente era conseguir recursos para reproducir las prácticas clientelares y corporativas que antes se criticaban, sino ahora incluso para vender candidaturas y postular a delincuentes a cargos de representación popular”, sentencia Encinas.

El acomodo en su oficina delata que su corazón ya no late fuerte con el PRD. En la esquina izquierda del lugar, arrumbada, la bandera de ese partido se oculta detrás de una escultura del águila devorando a la serpiente.

Su espacio en el Senado es sobrio y solo tiene algunas artesanías mexicanas y de otros países. Detrás de su escritorio, Emiliano Zapata vigila su trabajo, a través de un cuadro que fue regalo de un amigo suyo de muchos años.

Para la entrevista, sin embargo, Encinas decide colocarse frente a un cuadro de Benito Juárez que, saliendo de un billete de 50 pesos, observa a dos niños que trabajan como payasitos y guardan sus monedas en un pequeño costal.

Visiblemente más delgado por un nuevo régimen alimenticio que decidió seguir desde que su coordinador, Miguel Barbosa, perdiera un pie por problemas con la diabetes, Encinas se acomoda relajado para la entrevista, a pesar de que le llueven llamadas por la carta que, apenas unas horas antes, Carlos Navarrete hizo pública.

Encinas comienza la plática narrando sus orígenes: hijo de un par de actores de teatro con ideología comunista que tuvieron que dedicarse a otra cosa para alimentarlo a él y a sus hermanos, terminó su carrera y se fue a trabajar a las zonas cañeras de Oaxaca, Tabasco y en Chiapas.

Llegó en 1979 a la Universidad Autónoma de Chapingo y, desde ese año, no se ha vuelto a rasurar la barba, que con los años se volvió blanca y le hizo ganar el mote de “Santa Claus”, apodo que agradece porque tiene, dice, connotaciones positivas.

Es por esos orígenes que cuando ocurrió la desaparición de los normalistas en Iguala, Encinas supo que ese era su límite y decidió que no podía ser cómplice del grupo político que controla al PRD.

“Hay que asumir que estamos en la mayor crisis de derechos humanos después de 1968 y de la guerra sucia de los años 70. Hay que asumir que estamos en una descomposición de las instituciones del estado mexicano y que la delincuencia ya penetró en todos los ámbitos de la vida del país y yo no puedo ser cómplice de una situación de esa naturaleza.

“Yo no puedo mantenerme en un partido en donde se venden candidaturas y se postulan candidatos vinculados a la delincuencia organizada. Yo creo que ese es el extremo ya insostenible en el desarrollo de la vida partidaria”, dice enfático.

Para Encinas, no es solamente Nueva Izquierda, la corriente a la que pertenece el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, la culpable de la situación que llevó a ese partido a perder el rumbo. Es una “federación de corrientes”, sostiene, que ya no tienen interés por ser una opción verdadera de cambio.

Lo que Encinas sí reconoce es su afinidad con una izquierda como la que representa Andrés Manuel López Obrador, con quien lo une un lazo de amistad de muchos años.

“Con quien más identidad política tengo, como proyecto partidario, es con Morena. Con Andrés Manuel, no solamente le tengo reconocimiento a su liderazgo, sino le tengo aprecio y afecto personal.

“Hemos compartido experiencias juntos, las más difíciles en años recientes de la historia del país: el desafuero, el fraude electoral, el plantón de Reforma. Yo no tengo ninguna ambigüedad ni tengo relaciones o amistades vergonzantes”, afirma.

Mucha carga personal

Encinas remata la entrevista con su opinión sobre la carta que Carlos Navarrete hizo pública apenas unas horas antes.

“Es una carta con mucha carga personal y este no es un asunto personal, es un asunto político. Es una mala mezcla entre un corrido ranchero de Guanajuato y un bolero taurino de Aguascalientes… es una mala mezcla”, ironiza.


Sin embargo, Encinas comenta que será este jueves, cuando rinda su informe de actividades legislativas,  cuando le dé a Navarrete una respuesta política a la misiva donde lo despide aún antes de irse.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Narco decidía mandos policiacos en 13 municipios de Guerrero: PGR

MÉXICO, D.F: El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, (PGR) Tomás Zerón, afirmó que las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero porque estaban cooptados por el crimen organizado.

Los controlaban a tal grado que el crimen decidía quién iba a ser el jefe de la policía y qué operativos se iban realizar, dijo durante su participación en los foros sobre seguridad y justicia que se realizan en el Senado.

Por ello, justificó, el gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control en esos municipios y porque “no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad, estaban cooptados por el crimen organizado.

“La diferencia que encontramos cuando detenemos a un delincuente, y hoy que estuvimos deteniendo policías, solamente era la identificación, porque en el camino los que mandaban realmente eran el crimen organizado. No podemos vivir en un Estado en donde estemos cooptados”, señaló.

David Arellano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó por su parte que casi tres cuartas partes de los dos mil 457 municipios de México “podrían tener vulnerabilidad a la infiltración del crimen organizado”.

También dijo que mil 854 municipios disponen de pocas herramientas para enfrentar la penetración del crimen.

Durante su participación en el foro, el funcionario sustentó su afirmación en “algunos estudios” pero no detalló cuáles y afirmó que la iniciativa en materia de seguridad y justicia del ejecutivo federal no es una ocurrencia ni una improvisación, sino que analiza el marco internacional para saber qué herramientas han funcionado en otros países que pudieran funcionar en el contexto mexicano.

Según dicha iniciativa, el gobierno federal podrá intervenir en los municipios dónde sus autoridades estén coludidas con el crimen pero Arellano afirmó que no pretende desaparecer el nivel de gobierno, sino asumir sus funciones de manera temporal.

La medida, abundó, es de carácter extraordinario, no sistemático y únicamente operativo cuando se constate la infiltración.

En su oportunidad, Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que los municipios son “el anillo más débil de la administración estatal ante la infiltración del crimen organizado”.


Y consideró que intervenir de manera preventiva, en el ámbito municipal, “puede representar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista, que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho en este nivel del territorio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Descartan ilegalidad en casa de EPN

Presidencia y la empresa CUISA aseguran que no hubo irregularidades en la compra del inmueble en Ixtapan de la Sal.

La Presidencia de la República aseguró ayer que no existe ninguna ilegalidad en la adquisición del inmueble que hizo el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el complejo de Ixtapan de la Sal.

Por medio de un comunicado se aclara que como mandatario estatal al actual presidente no le correspondió participar en el proceso de asignación de contratos de obra pública.

“La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”, aclara el comunicado de la Presidencia.

“Al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.

El boletín concluye que la casa de Ixtapan de la Sal está incluida en las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto y que su uso ha sido público y notorio por parte del mandatario federal.

Lo que dijo el WSJ

El martes el periódico The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el presidente compró hace 10 años, cuando comenzó su gobierno en Edomex, una propiedad en el club de golf de Ixtapan de la Sal.

El inmueble, según la investigación del diario norteamericano, pertenecía al empresario Roberto San Román.

Empresas ligadas a este empresario –de acuerdo al periódico- habrían ganado durante el sexenio de Peña en el Estado de México contratos por más de 100 millones de dólares.

La revelación de esta propiedad se da a conocer después de la polémica provocada por la compra que hizo la primera dama, Angélica Rivera, de una casa al contratista del Gobierno federal Juan Armando Hinojosa. 

Hemos competido; CUISA

Indigo Staff

La empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan argumentó ayer que todos los contratos que ha obtenido en el actual Gobierno federal han sido concursados.

A través de una carta enviada al diario estadounidense The Wall Street Journal, aseguran que se dedican a la construcción desde hace 35 años mediante diferentes razones sociales.

Sobre las obras realizadas en el Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto CUISA aseguró que fueron parte de licitaciones competidas en las que ofreció la mejor oferta.

Además señala que durante ese mismo periodo ganó también obras en el Distrito Federal, gobernado por el PRD, y en el municipio de Naucalpan, que en esa época tenía un alcalde de extracción panista.

“La nota de WSJ señala que en esta administración federal, CUISA ha ganado 11 contratos, pero omite mencionar que la empresa ha perdido 48 concursos de obra en los que ha participado.


“Lo anterior es evidencia de que competimos en las mismas condiciones que cualquiera y que perdemos más concursos de los que ganamos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Denuncian al PVEM por recibir de Televisa y TV Azteca 2 mil 351 mdp

MÉXICO, D.F: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de recibir aportaciones ilícitas de Televisa, TV Azteca y el poder legislativo federal por más de 2 mil 284 millones de pesos.

Ante ello, el representante perredista ante el INE, Pablo Gómez Álvarez presentó una denuncia ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con Gómez, mientras que el PVEM reconoce haber erogado un gasto de 85 millones de pesos en campañas propagandísticas, el costo real de los spots transmitidos en las dos cadenas nacionales de televisión ascendió en realidad a 2 mil 351 millones de pesos, tomando como referencia las tarifas comerciales de las televisoras.

“Por la difusión de los promocionales de los siete legisladores del Partido Verde Ecologista de México, dicho instituto político recibió del Grupo Televisa una aportación en especie de cuando menos por la cantidad de mil 466 millones 13 mil 233 pesos, importe con el que logró obtener un gran beneficio frente al electorado”, sostiene.

En cuanto a TV Azteca, la aportación en especie denunciada por Pablo Gómez suma 818 millones 152 mil 867 pesos.

Según el perredista el poder legislativo, a través de las fracciones parlamentarias del PVEM, habría financiado con más de 83 millones de pesos la campaña del partido político.

La denuncia del PRD se origina por los casi 250 mil spots en televisión abierta y restringida, transmitidos entre la tercera semana de septiembre y el 10 de diciembre pasado por el PVEM, en los que con la apariencia de informes legislativos de siete legisladores se posicionó a ese instituto político, de acuerdo con la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El PRD recuerda en su denuncia que el Artículo 41 de la Constitución prohíbe que partidos o cualquier otra persona física o moral adquieran tiempos en medios electrónicos dirigidos a influir en las preferencias electorales.

Por otro lado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ordenó la suspensión inmediata de los promocionales denominados “cine-minutos” en las empresas Cinépolis y Cinemex, así como de publicidad fija del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).


Desde el martes 6, dicha unidad inició un procedimiento ordinario para sancionar a este partido por el incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por el PAN al Consejo General del INE y dictadas el 31 de diciembre pasado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por lo que ya se había ordenado el retiro inmediato de los promocionales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Raúl Salinas presume su exoneración en automóvil de 2 millones de pesos

MÉXICO, D.F: A poco más de un mes de que fue exonerado por enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, asistió a la inauguración del corredor cultural Alejo Peralta, en Santa Fe.

Llegó al acto público a bordo de un automóvil BMW i8, valuado en 126 mil 900 euros (2 millones 158 mil 767 pesos). Salinas viajaba en el asiento del copiloto y Carlos Peralta conducía el vehículo.

De acuerdo con una crónica publicada por el periódico La Jornada, Raúl Salinas de Gortari se negó a emitir declaraciones y se limitó a justificar su presencia: “Soy amigo de la familia Peralta y trabajo en una empresa de beneficio social de grupo IUSA”.

El acto estuvo amenizado por la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Policía Federal. Raúl Salinas de Gortari acompañó al delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, en el corte del listón.

El corredor cultural Alejo Peralta está equipado con siete pantallas led, sistema de audio e iluminación, once espejos de agua, jardineras, mamparas y una concha acústica.

El pasado 16 de diciembre, el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos.


Cinco días después de su exoneración, Raúl Salinas viajó a Europa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Homicidio de Regina Martínez: mil días de impunidad

MÉXICO, D.F: A mil días de perpetrado, el homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, permanece impune.

La madrugada del 28 de abril de 2012, la periodista fue asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz. Murió asfixiada.

El gobierno de Javier Duarte sostiene que el móvil fue el robo, pero con características de crimen pasional. A casi tres años de ocurrido, no ha podido encontrar al que señala como el principal responsable, José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho.

Sólo tiene en prisión a Jorge Antonio Silva Hernández El Silva, un analfabeta seropositivo al que responsabiliza de haber auxiliado al principal asesino.

El caso está lejos de resolverse. Silva Hernández, quien asegura que para inculparse fue torturado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aún tiene el recurso del amparo en contra de la resolución judicial que lo regresó a prisión.

Silva Hernández había sido exonerado en agosto de 2013 por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por considerar que la procuraduría estatal violó el debido proceso y los derechos fundamentales, al acusarlo sin pruebas directas como corresponsable del homicidio.

La versión del gobierno de Duarte es que la periodista era novia de El Jarocho, un delincuente con problemas de adicción y dedicado a la prostitución. Sostiene que Regina les fue a comprar cervezas la noche del viernes 27 de abril y que en las primeras horas del sábado 28 discutieron porque supuestamente ella le reclamó que no la visitaba.

El Jarocho la comenzó a golpear y la asfixió, con la presunta asistencia de Hernández Silva. Luego, sacaron objetos de la periodista. Pero Hernández Silva asegura que agentes de la PGJE lo obligaron a contar esa historia.

Con esa versión, la procuraduría de Veracruz evitó investigar si la muerte de la reportera estuvo vinculada con su trabajo periodístico.

En primera instancia, Silva Hernández había sido condenado a 38 años y dos meses de prisión por la entonces juez Tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, quien había avalado en su totalidad la versión de la PGJE.

La juez emitió su sentencia el 2 de noviembre de 2012, dos días después de que la Procuraduría le remitiera al acusado. En septiembre del año pasado, a propuesta de Duarte fue designada magistrada del TSJE.

Pero por decisión del Tribunal Superior, Silva Hernández fue exonerado en agosto de 2013 del asesinato y sólo acusado de robo. No obstante, Ángel Martínez, hermano de la periodista, respaldó la investigación de la procuraduría de Veracruz e impugnó esa libertad.

En junio del año pasado logró que la justicia federal, a través del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, validara la versión de la procuraduría estatal, anulara la exoneración y ordenara la recaptura de Silva Hernández.


Detenido en Tlaxcala, en octubre siguiente, regresó al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, colindante con Xalapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOREGE CARRASCO ARIAZAGA.

Investigación exhibe tortura y corrupción dentro de la Policía Municipal de Tijuana

Documentos oficiales entregados a Zeta de manera anónima, dan cuenta de las confesiones de policías corruptos. Los deshonestos confiesan haber servido a células del crimen organizado, ser adictos o alcohólicos, tener problemas de depresión y con la autoridad. Otros, de haber sido narcomenudistas, tener antecedentes criminales en Estados Unidos, y unos más de mover cadáveres para el narcotráfico. Los casos son del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Policial de Tijuana, por lo tanto, del secretario Alejandro Lares Valladares, pero no están resueltos. La mayoría de esos policías continuaban trabajando en la corporación…

Tijuana, 21 de enero: Los pecados confesados por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, ameritaban iniciarles un procedimiento y darlos de baja de la corporación. Pero la mayoría de los 154 elementos que reprobaron los exámenes de Control, Evaluación y Confianza, siguen laborando. “Sirviendo” a la ciudadanía.

Las categorías de fechorías confesadas:

• Traficaron droga en Estados Unidos.

• Robaron en California.

• Consumen enervantes.

• Proporcionaron información a narcotraficantes.

• Movieron cadáveres para criminales.

• Recibieron dinero a cambio de liberar detenidos.

Unos más reconocieron torturar a los detenidos o sembrarles evidencia falsa, cobrar cuotas, participar en robos y cometer delitos contra la salud siendo policías. Los que menos, sin tener la educación requerida, falsificaron y entregaron certificados apócrifos para poder ingresar a la corporación tijuanense.

Se trata de 154 policías municipales, cuyos nombres están en la Comisión de Desarrollo Policial, algunos desde el año 2013, porque oficialmente resultaron no aprobados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

“[...] No cumple con los requisitos establecidos aplicables en la materia…”, se lee en los dictámenes donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sugiere enviar esos expedientes a las respectivas comisiones y “solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva”.

Pero la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, no ha cumplido con su trabajo.

Esto lo pudo corroborar Zeta, que tuvo acceso a los expedientes que llegaron en copias de manera anónima, cuya autenticidad fue corroborada por este Semanario con las autoridades implicadas.

Con los nombres en la mano, lo primero que se buscó corroborar, que los policías aún estuvieran en la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, la cual está en la página oficial del gobierno municipal, cuya última actualización data del 31 de octubre de 2014. Hasta esa fecha, los policías reprobados y señalados estaban en la corporación.

No cumplen con los requisitos establecidos en Ley para permanecer como agentes de Policía, pero ahí siguen.

Todo esto, mientras el secretario Lares apoya para salir de prisión a un policía que atropelló a una mujer, y otro que le disparó por la espalda a un delincuente desarmado mientras huía, y tanto él como su directora Patricia Sida, declaran públicamente que los videos donde se ve a policías abusando de su autoridad, no pueden ser considerados como pruebas.

MUEVE CUERPOS O TRÁFICO DE DROGA

Un caso simbólico de la impunidad que se permite actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana y de la falsedad en la depuración, lo representa la permanencia del oficial Arnoldo Ismael Garay Córdova, agente desde 2006 y calificado por el C3 como “persona de bajo juicio”, que deja ir a los criminales y es permisivo.

En febrero de 2013, la enorme figura de este obeso policía ocupó las planas de los periódicos locales cuando el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, anunció que daban de baja a Garay porque, según declaraciones de dos detenidos Israel –Osuna y Federico Mayoy– la información localizada en el celular personal del agente, “les daba información de los movimientos de la Policía a los miembros del crimen organizado a cambio de dinero”. También le pagaban por detener a sus competidores.

Se anunció que el policía fue puesto a disposición del Ministerio Público federal como presunto responsable de delincuencia organizada. Pero al final resultó que solo estuvo suspendido por cuatro meses.

En su último examen, Garay Córdova confesó que en ese tiempo de castigo, recibió la llamada de un amigo de la secundaria que le ofreció 800 dólares a la semana y le dijo: “Tu única labor va a ser levantar cuerpos sin vida, subirlos a camionetas y tirarlos en lotes o lugares menos vistos”. Y lo hizo, “… porque estaba necesitado de dinero, estaba suspendido”, justificó.

De paso, informó que ese amigo del que no recordaba el nombre, “solo invitaba a trabajar con él a policías corridos o suspendidos y ex militares”.

En esas condiciones, el agente Garay continúa activo en la nómina municipal.

José Juan Pedraza Sánchez es otro caso cuyo expediente de remoción arroja información extraña e inquietante. Conforme al C3, este elemento que ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en 2005, tiene un registro de proceso en ejecución de sentencias por robo con violencia en 2008, y un ingreso por delitos contra la salud en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tijuana en 2006, ambos ya siendo policía. También tiene un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, iniciado contra la determinación de la Comisión de Desarrollo Policial que inició en noviembre de 2013.

También está el caso de Misael Delgadillo Ornelas, policía desde 2012. En su entrevista reconoció haber vendido droga de los 17 a los 23 años, cinco años antes de su examen fue detenido con una bolsa de marihuana, presentado ante el Ministerio Público y su padre lo sacó. Su círculo cercano siguen siendo vendedores de droga.

ADMITIERON SER CORRUPTOS

Acorde a la evaluación del C3, a Marcos Plascencia Pérez, uniformado desde 2006, el consumo de alcohol le impide cumplir con su trabajo, pero además ha realizado arrestos falsos y ha dejado ir criminales a cambio de dinero, obteniendo hasta 2 mil pesos a la semana, en una ocasión, 4 mil dólares.

Jorge Carlos Vital González porta placa desde 1996, ha sido subcomandante comisionado y en su entrevista en el C3 aceptó que en repetidas ocasiones ha recibido de 50 a mil dólares por dejar que criminales delincan, o liberar conductores borrachos. Además, reconoció que ha robado dinero y objetos de las casas a las que entró como parte del Grupo Táctico.

Por su parte, Jesús Cervantes Pérez, agente a partir de 2005, confesó que recibe de 50 a 100 dólares cada vez que deja ir narcomenudistas, y otros tantos pesos cuando libera a ciudadanos que cometieron faltas administrativas.

Gabriela Chávez Sandoval, designada policía a finales de 2011, admitió que hasta un mes antes de su examen, estuvo recibiendo dinero por quedarse callada cuando liberaban a un criminal en la delegación San Antonio de los Buenos, y que le han pagado con dinero (500 pesos) o cenas.

Jesús Luis González Figueroa ingresó a la corporación en 2012, es policía comercial y en su examen de confianza dice conseguir y vender celulares robados, actividad que hace de 2007 a la fecha. También, que entre los 17 y 20 años de edad falsificó certificados con ayuda de un profesor de preparatoria.

Carlos Piña Cárdenas es policía desde 2005, y su diagnóstico determinó: “… quebranta lineamientos y normatividad, hace uso indebido de su puesto, vulnera y pone en riesgo a la institución”. Sin embargo, el agente solicitó un amparo en diciembre de 2014 ante el Segundo Distrito de Amparo, con relación a su incidente de suspensión.

Entre sus antecedentes está que en octubre de 2013 se hirió la mejilla con su arma de cargo, departía con otro policía y no estaban en servicio. En la investigación no le hicieron análisis de alcoholemia. En octubre de 2014 fue detenido y liberado porque vio y permitió que su compañera lesionara a un detenido y le sembrara un arma, porque no aceptó pagar una cuota.

Conforme a la evaluación del C3, Enrique Guadalupe Enríquez Cruz, policía desde 1993 actualmente asignado a puntos fijos, no debe permanecer porque acepta mordidas de tránsito, acostumbra sembrar globos y armas a los detenidos, se desempeñó como escolta no oficial de un compañero que se dedicaba a cosas ilícitas y tiene una compañía de seguridad, a pesar de que la Ley se lo prohíbe.

TORTURADORES

Juan Carlos Arenas Tapia, con ingreso en 2006, es considerado en el C3 como no apto, ya que en su entrevista admitió que “para no batallar” a los presuntos delincuentes que se muestran renuentes a colaborar en su detención, los sofoca del cuello hasta que quedan inconscientes, “tiene dificultad para analizar la repercusión de sus acciones” y “se muestra decaído y frustrado con su carrera policíaca”, fue el dictamen.

Pese a que apenas ingresó en 2013, Mariane Guadalupe Gutiérrez Pérez tiene problemas para controlar su ira. Según el C3, “bajo juicio, se conduce con actitudes violentas al sentirse frustrada”, y admitió que abofeteó a una detenida.

De Cristian Eduardo Félix Sereno, quien es supervisor comisionado y policía desde 2007, reportaron “bajo control de impulsos y mermada capacidad de juicio”, al aceptar que aplica una técnica para pérdida de conocimiento cuando somete a infractores.

A René Jesús Burgos Ávila, policía desde 2007 y con un recurso interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde agosto de 2013 contra la Comisión de Desarrollo Policial, el C3 le detectó “rasgos de impulsividad”, reconoció haber iniciado por lo menos una balacera. Y expuso que dos meses antes de su evaluación, siendo parte del Grupo de Inteligencia, utilizaba “métodos no tan legales para hacer declarar a la gente… vendarles los ojos, hincarlos, gritarles o aplicarles la bolsa-terapia”, sofocarlos por un tiempo. Ha sido acusado de lesiones calificadas y abuso de autoridad.

De Rodrigo Gallardo Álvarez, miembro de la SSPM a partir de 2002, también diagnostica “bajo control del impulso”, porque recurre a la fuerza física para enfrentar la adversidad y ha dejado inconscientes a sus detenidos en varias ocasiones, y lo ve como un aspecto cotidiano de su labor.

USO DE TORMENTO FÍSICO

El 17 de septiembre de 2014, el oficial municipal Héctor Herrera Hernández arrolló y causó la muerte de la señora María Elena Pérez Cortez, de 64 años. El parte informativo de la Policía Municipal indicaba que el uniformado era el causante del accidente, explicó el subprocurador general de Justicia del Estado en Tijuana, Gilberto Cota Alanís.

El agente se había dado en reversa 13 metros, según testigo, sin sirenas. El Alcalde Jorge Astiazarán y el secretario Alejandro Lares aseguraron, sin haber estado en el lugar, que el uniformado sí traía luces y sirena encendidas.

“[El tema de los códigos y sirenas] Es parte del informe de la Policía Ministerial en la entrevista que hizo con el propio conductor de la patrulla y también de los testigos, ellos hacen referencia que la patrulla retrocedió con cierta velocidad, que hizo una maniobra en reversa muy rápida y provocó que la persona cuando iba a cruzar, la arrollara”, comentó Cota Alanís en conferencia de prensa.

De inicio, Raúl, uno de los hijos de la mujer que perdió la vida, advirtió que las autoridades pretendían cambiar la versión, pero ellos tenían a su favor un video registrado por uno de los vecinos, con el que presuntamente demostrarían que los policías habían alterado la escena del crimen intencionalmente, y que Herrera no pidió ayuda para la mujer atropellada.

El problema fue que cuando los agentes se enteraron que el video sería entregado a las autoridades, elementos vestidos con uniformes presumiblemente del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) fueron por el hombre de la grabación.

El 29 de septiembre, sin orden entraron a su casa y después lo presentaron con droga ante el Ministerio Público, pese a que hay testigos que declararon que cuando lo revisaron en su casa, no le encontraron nada.

El propio GOES regresó el 26 de noviembre de 2014 y, según denuncias hechas por la víctima –que decidió ya no cooperar con la autoridad–, fue torturado. Lo asfixiaron por lo menos en seis ocasiones con una bolsa de plástico, le dieron toques eléctricos en el pecho y le pidieron dinero para dejarlo en paz, acusándolo de vender drogas.

Al final, ni el video fue entregado, ni los agentes agresores identificados. El testigo simplemente pidió a las autoridades que se olvidaran de él y de todas sus denuncias previas.

TIENEN ANTECEDENTES EN EU

Salvador Mendoza Madrid es policía desde 2007, comandante Instructor del ICAP, sin embargo en su más reciente paso por el C3, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) corroboró sus antecedentes con las autoridades de Estados Unidos, según el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), resultó que estaba registrado como ladrón por un hecho ocurrido en 1992 y estuvo detenido un día en la cárcel de Hanford, California. Fue deportado.

Roberto Villegas Navarro ingresó a la SSPM en 2006, igual que en el caso anterior, en la más reciente revisión de antecedentes, resultó que había sido detenido en San Diego, California, en 1997, por “distribución de metanfetaminas” y estuvo preso 57 meses, cinco años en libertad condicional. También le diagnosticaron “bajo control del impulso y no se responsabiliza de su comportamiento”.

El caso de Benjamín Alfredo Toledo Macías, policía desde 2003, tiene más historia. De entrada, conforme a las bases de datos del FBI, fue detenido en 1998 por traficar marihuana a San Diego y lo deportaron a Tijuana.

En febrero de 2014, siendo escolta del entonces director de la Policía, Reyes Montilla, fue detenido y liberado por presuntamente enfrentar a balazos a otros policías en un controvertido operativo donde hubo declaraciones falsas en ambos lados. Después, un empleado de Sindicatura trató de sobornarlo para resolver a su favor y, finalmente, fue reinstalado en junio de 2014.

Previamente, en abril del mismo año, fue herido en una fiesta particular donde un hombre dedicado al narcomenudeo celebraba su compromiso y fue asesinado. Toledo intentó detener al agresor y fue herido.

A Víctor Manuel Segura García, con ingreso en 2006, el FBI le encontró registros por sexo con un menor, abuso sexual infantil y contribuir a la delincuencia de un menor, lo detuvieron en 1999 y estuvo preso 120 días, con 36 meses de libertad condicional. En enero de 2011 fue premiado por sus jefes como uno de los oficiales más destacados del año anterior.

Sandro Gabriel Hernández Martínez es policía desde 2001, actualmente está adscrito al departamento jurídico y gana poco más de 17 mil pesos, según los archivos del FBI, fue detenido en dos ocasiones en San Diego: en1993 por robo de auto y estuvo preso 17 meses; y en 1994, por posesión de cocaína para su venta.

José Alberto Pérez Flores entró a la Policía Municipal en 1999, pero según el FBI, tres años antes (1996) fue detenido en San Diego por posesión y transporte de marihuana para venta. Estuvo en la cárcel 120 días y tres años de libertad condicional.

Según el examen psicológico, no es “apto para usar arma de fuego” y desafía a la autoridad. En 2011 fue designado jefe de distrito en La Mesa, y en 2014, jefe de distrito en San Antonio de los Buenos. En el mes de abril fue “degradado a agente”, acusado de “ordenar detenciones irregulares y falsificar reportes”. En la nómina de octubre de 2014 aparece como oficial comisionado, con un sueldo de 32 mil pesos.

Juan Carlos Puentes, policía de Tijuana desde 2006, fue acusado por un presunto arresto falso en 2011, sin embargo, para el C3 el mayor problema es que en febrero de 2013, siendo policía, el FBI lo arrestó en San Diego bajo los cargos de importación de heroína, cocaína, marihuana y hachís.

Sergio Contreras Guerrero, policía desde 2002, había sido detenido en San Diego, California, en 1999, acusado de posesión de marihuana para su venta.

Ernesto Pérez Gil, agente municipal desde 2006, en 2003, en Norwalk, California, por posesión y transportación de metanfetamina. Purgó una condena de dos años.

Christian Ernesto Mancera Dozal, agente desde 2002, fue detenido en 1995 cuando cruzaba por la Garita de San Ysidro con 60 libras de marihuana. Ya había sido dado de baja en 2002 por adicción a la cocaína, peleó judicialmente con amparos entre 2002 y 2006, y lo reinstalaron. Ha sido detenido borracho y sancionado por dormir durante su turno.

Benigno Uribe Ramírez, en la nómina desde el año 2000 y premiado por una televisora local en 2013 por su participación en programas comunitarios, fue detenido en 1998 en San Diego por transportar marihuana para su venta, indica el reporte del FBI.

Bernardo Galván Tamayo, cuya antigüedad en la corporación data de 1987, fue detenido en California 10 años antes, en 1977, por conspirar para importar heroína. Estuvo preso cinco años y los diez siguientes, gozó de libertad condicional.

Ramón Isidro Barreras Cebreros es oficial desde 2006, actualmente está en puntos fijos, pero en 1996 fue detenido en Oceanside, California, por posesión y transporte de marihuana. Estuvo preso 62 días y fue deportado.

Benjamín Velázquez López ingresó a la SSPM en 2003, pero en 1996 fue aprehendido por posesión, transportación e importación de marihuana, se le deportó. También tiene denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Julio César García Huante, policía tercero, en la corporación desde 2001, asignado a la Turística, fue detenido en 1993 -reporta el FBI por robo de auto en San Diego y estuvo preso 180 días. Además, según el C3, carece de control de impulso y consume cocaína y marihuana. Desde 2013 inició un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Departamento de Recursos Humanos de la SSPM de Tijuana.

Acorde a los registros del FBI, Benito Ríos Valenzuela, agente B desde 2005, fue capturado en 1993 con herramientas para robo y estuvo 10 días en la cárcel, intentó engañarlos dándoles una identidad falsa.

Pastor Marín Villaseñor ingresó a la corporación en 2002, ha sido subdirector operativo y subjefe comisionado al área Anti Grafiti, también fue premiado en 2011 por su ejemplo y desempeño. En su última revisión de antecedentes, el FBI informó que en 1987 fue detenido en San Diego California por manejar bajo el influjo del alcohol y, en base a este expediente, estuvo 30 días en la cárcel y tres años en libertad condicional. En 1996 se le arrestó de nuevo por no comparecer ante las autoridades sandieguinas.

ADICTOS

José Antonio Martínez Camacho ingresó a la corporación en 1997, consume cristal y cocaína, ya fue dado de baja por su adicción en 2002 y, conforme a las bases de datos del Estado, ese mismo año fue acusado por daño en propiedad ajena y homicidio porque mató a un transeúnte mientras manejaba borracho, igual fue reinstalado. Le diagnosticaron “bajo control del impulso”.

El 15 de octubre de 2013 inició un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la Sindicatura Municipal, y otro en contra de la Comisión de Desarrollo Policial.

José Francisco Ávila Ceniceros entró a la SSPM en 1997, en el más reciente antidoping resultó positivo en consumo de metanfetamina, “sin que haya justificado el uso de las mismas por prescripción médica”.

Al agente Mario Aceves Medina, en nómina desde 2006, el examen antidopaje arrojó positivo a metanfetamina y anfetamina. Este agente inició un procedimiento en contra de la Oficialía Mayor por iniciar los trámites para su remoción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y solicitó un recurso de revisión desde julio de 2013.

A Rosendo Valdez Pardo, oficial desde 2004, el consumo de alcohol le impide cumplir sus responsabilidades laborales, razón por la cual ya enfrentó un proceso administrativo en 2011. Y en 2013 salió positivo en el antidoping.

Guillermo Ayala Castillo, uniformado desde 2004, estuvo suspendido por seis meses durante 2011 por dar positivo al uso de anfetaminas, además, admitió haber ingerido marihuana, cocaína y cristal, y tiene varias actas relacionadas con su ingesta de alcohol.

En su entrevista, Fernando Muñiz Crisosto, oficial desde 2006, refirió haber consumido cocaína y cristal, cinco veces entre 2012 y 2013, y otras cinco en el último año (2014). Adrián Medina, con ingreso en 2000, también resultó con problemas de alcoholismo.

En todos estos casos, lo mínimo que se recomendó fue retirarles el arma, y su remoción, ante los antecedentes y falta de apego al trabajo.

TAMBIÉN HAY FALSIFICADORES

Los casos menos graves, según las medidas que ha tomado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son los agentes falsificadores, quienes pese a la evidente comisión de un delito, algunos ya fueron “perdonados” por el actual secretario Alejandro Lares Valladares, por lo menos así lo consideran en la tropa.

Como ejemplo señalan el caso de Omar Green de la Cerda, suspendido en abril de 2014 por hacer trampa en los exámenes en la Universidad Humanitas donde estudia Derecho; en agosto de 2014 se hizo público que era investigado junto a otros 30 elementos por haber entregado documentos falsos para ingresar, en su caso, un certificado de preparatoria que no tienen registro en la Secretaría de Educación Pública; sin embargo fue reinstalado sin problemas como subdirector operativo de la Policía Municipal en octubre de 2014.

Zeta tuvo acceso a otros 16 expedientes donde se hace notar que los policías falsificaron alguno de los documentos que acreditaban su escolaridad, en ese caso están:

Francisco Gómez Casillas, Alberto González Rodríguez, Carlos Vázquez Castorena, Fernando Aguilar Hernández, Ricardo Medina Chicas, Josué Salomón Matuz, David Rojas García, Elena Carlos Cervantes, Mateo Granados Arévalo, Juan Gallardo, Raymundo Joaquín Navarro, Rubén Sánchez Carrillo, Jaime de la Cruz , Guillermo Castro González, Juan Carlos Ornelas Durán y Epigmenio González Rodríguez.

El delito de falsificación está considerado en el Código Penal Federal y en el del Estado de Baja California, en el primero castigado de seis meses a cuatro años de prisión, y en el local, con cuatro a ocho años de cárcel.

Y se aplica “… al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado”, y también que lo use.

OTROS

Entre los policías que el C3 reporta como no aprobados existen expedientes como el agente Joel Othón, a quien consideran no recomendable porque se resiste a la autoridad; José Hernández, de quien refieren, se involucra en discusiones y vulnera “la confidencialidad de la información” porque platica afuera lo que sucede al interior de la corporación. O el caso de Gabriel Rivera, policía desde 2004 a quien se recomendó iniciar procedimiento de separación definitiva porque no se presentó a los exámenes de confianza.

En estas condiciones, policías no acreditados, adictos, con antecedentes penales en México y Estados Unidos, así como colaboradores del crimen organizado, torturadores y corrompidos, prestan servicio a la comunidad en la Policía Municipal de Tijuana, con Patricia Sida como directora y Alejandro Lares Valladares en calidad de secretario de Seguridad.

De los 154 agentes reprobados, ninguno ha sido procesado, ni despedido. En condiciones no recomendables, siguen portando placa y arma.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Guerrero, el estado con más homicidios en 2014; Tamaulipas, el de más secuestros: SNSP

De acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado de Guerrero continúa con la tasa de homicidio doloso más alta del país, con 42.69 casos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que Tamaulipas sigue con el primer sitio en cuanto a secuestros se refiere, seguido por los estados de Morelos, Tabasco y Guerrero.

El SNSP indica que a nivel nacional, el año pasado fueron denunciados en México 15 mil 649 asesinatos dolosos, casi 3 mil menos que el año anterior. En cuanto a plagios,  de enero a diciembre de 2013 se contabilizaron 1,698 averiguaciones previas, en el mismo periodo de 2104 fueron 1,394, lo que representa 304 averiguaciones menos.

Sin embargo, en el caso de los secuestros hay una amplia cifra, reconocida así por las autoridades federales, de hechos no denunciados ante la autoridad.

Así mismo, Puebla es el estado que presentó más casos de personas desaparecidas hasta el 2014 en comparación con Guerrero y Veracruz. De 2003 a noviembre de 2014 la entidad poblana sumó 776 desaparecidos; mientras que el estado de Guerrero, 590 y el de Veracruz, 499; esto de acuerdo a la última actualización del secretariado el 7 de enero.

En el caso de Guerrero, el suceso más notable fue con lo ocurrido en septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, mientras que en el estado veracruzano fue a inicios de este 2014 con el caso del periodista Moisés Sánchez, quien hasta la fecha no ha sido localizado.

Este mismo día Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que en 13 municipios de Guerrero el gobierno federal tuvo que tomar el control por falta de confianza en las autoridades municipales de seguridad. “Estaban copados por el crimen organizado”, dijo.

El funcionario también aseveró que los que mandaban eran integrantes del crimen organizado y “no podemos vivir en un Estado en donde estemos cooptados”.

Por otra parte, las entidades de la República que concentran más concentran más personas extraviadas o no localizadas son: Tamaulipas con 5 mil 293; Jalisco, con 2 mil 139; Estado de México, con mil 730; y Coahuila, con mil 428.

Los datos de homicidios coinciden con los que el martes 20 de enero difundió la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. en su informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014″, en donde  se encuentran varias orbes mexicanas: Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Obregón, Tijuana, Torreón y Ciudad Victoria.

De éstas, Acapulco, Guerrero, se ubica en el tercer lugar de la lista, con una tasa de homicidios dolosos de 104.16 por cada 100 mil habitantes, sólo rebasada por San Pedro Sula, Honduras (cuya tasa es de 171.2) y Caracas, Venezuela (con una tasa de 115.98).

Ayer, en su comparecencia ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García, informó que durante el segundo año de la actual administración federal la incidencia de los delitos de alto impacto disminuyó.

Sostuvo que de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el comparativo del 2014 contra 2013 se afirma que el homicidio doloso continúa su tendencia decreciente al registrar 15 por ciento menos casos y una baja de 11 por ciento en el delito de robo.

Además, se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los que disminuyeron en un 18 por ciento, así como las extorsiones que se redujeron en 30 por ciento.

El funcionario confirmó ante los legisladores que las autoridades federales han realizado 2 mil 720 patrullajes e inspeccionado 456 puntos, en la búsqueda de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre y que derivado de estas acciones se han detenido a 97 presuntos responsables.

Alejandro Rubido sostuvo que las fuerzas federales rompieron las líneas de mando de las bandas delincuenciales en Guerrero y neutralización sus más importantes blancos de operación, por lo que aseguró que la entidad está bajo control.

Mencionó que con los operativos referidos se tiene ya bajo control a los municipios de Iguala y Cocula, entre otros, así como ocho del Estado de México, dos de Michoacán y cuatro de Morelos, con lo que se logró debilitar a las bandas del crimen organizado.

EL SECUESTRO HA BAJADO: SALES

Hoy en conferencia de prensa el Coordinador Nacional Antisecuestro Renato Sales Heredia, aseguró sin embargo, que las averiguaciones previas relacionadas con el delito de secuestro bajaron 18 por ciento de 2013 a 2014.

El funcionario federal dijo que fuerzas federales y estatales crearon un grupo de élite contra ese delito, con el cual comenzó a reflejarse una baja sensible en los plagios en los estados de Guerrero, Morelos, Tabasco, Michoacán y Estado de México, donde hay más casos de secuestro.

El Coordinador federal contra el plagio explicó que la estrategia consiste en fortalecer y apoyar a las unidades especializadas contra el secuestro en las entidades.

Esos grupos tácticos, dijo Sales Heredia, están integrados por elementos de las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR), así como la de los estados, además de las policías municipales y estatales.

El objetivo de los grupos antisecuestros es evitar la confrontación institucional y resolver los casos en menos tiempo.

Renato Sales Heredia admitió que probablemente ninguno de los plagiarios detenidos el año pasado ha sido sentenciado, pues en promedio un proceso penal contra estos delincuentes dura cinco años “y eso cuando bien nos va”.

“No puedo dar una cifra en relación con las personas detenidas en 2014 que hayan obtenido ya sentencia condenatoria porque podría decirles que muy pocas, si no es que ninguna, ha recibido aún sentencia”, señaló el funcionario.

Renato Sales detalló que en promedio un proceso penal contra un secuestrador, para obtener una sentencia condenatoria, se prolonga hasta cinco años “y eso cuando bien nos va” y hay acusados de casos de hace 10 o hasta 14 años que todavía están en proceso lo cual, dijo el funcionario, “resulta absurdo, resulta terrible”.

Sales Heredia consideró que la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio ayudará a agilizar los procesos y cuando se implemente totalmente en el país, “veremos una reducción sensible” en los plazos de este tipo de juicios.

“El nuevo sistema acusatorio atiende a la agilidad de los procesos y una vez se implemente veremos una reducción sensible en los plazos para que los juzgadores dicten sentencia”, aseguró Sales.

“No puedo dar una cifra de personas detenidas en 2014 que hayan obtenido ya sentencia condenatoria porque serían muy pocas, sino es que ninguna del año pasado habría recibido ya sentencia”, afirmó.

Sales también dijo que “hay bandas violentas que aún cobrando rescate también privan de la vida, lamentablemente”. Sobre los probables responsables detenidos por secuestro, dijo que han sido más de 2 mil 500 en todo 2014.

Afirmó que ya “no tenemos bandas como las que conocimos en los noventa” dedicadas exclusivamente al secuestro, sino que son grupos que realizan los llamados plagios exprés que se prolongan entre 24 y 48 horas, cuyas casas de seguridad prácticamente son los vehículos de las víctimas.

El Coordinador antisecuestro también refirió que en el caso específico de la entidad guerrerrense hay personas dedicadas al secuestro que son derivación de los cárteles que antes se dedicaban al narcotráfico, “vinculados lamentablemente con algunos grupos de policías municipales”.

LAS MEXICANAS, ENTRE LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS: ONG

Una decena de ciudades mexicanas figura entre las 50 más violentas del mundo, de acuerdo con el ranking elaborado por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. En el informe Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014 se detalla que se trata de Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Obregón, Tijuana, Torreón y Ciudad Victoria.

De éstas, Acapulco, Guerrero, se ubica en el tercer lugar de la lista, con una tasa de homicidios dolosos de 104.16 por cada 100 mil habitantes, sólo rebasada por San Pedro Sula, Honduras (cuya tasa es de 171.2) y Caracas, Venezuela (con una tasa de 115.98).

Con excepción de Acapulco, el resto de las ciudades mexicanas que figuran en el listado se localizan en los estados del norte del país.

La asociación civil ha realizado esta medición desde, pero es la quinta vez en que incluye a 50 ciudades.

En su ranking de 2013, Acapulco también figuró como la tercera ciudad más violenta entre las 50 urbes que integran la medición, con una tasa de 113 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

En ese listado ya figuraban nueve de las ciudades incluidas en el listado de 2014, con excepción de Ciudad Obregón, ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora, que aparece en la posición 31, con una tasa de 37.71.

En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, que de 2008 a 2011 ocupó la segunda posición, disminuyó significativamente su incidencia de homicidios dolosos, al grado de que para 2014 figuró en la posición 27.

Sin embargo, se trata de la única de las ciudades mexicanas cuya tasa de homicidios dolosos aumentó de 2013 a 2014, al pasar de una tasa de 37.59 a una de 39.94 por cada 100 mil habitantes.

El ranking mide las tasas de homicidios dolosos en ciudades con más de 300 mil habitantes y fue elaborado a parir de datos oficiales y, en algunos casos con base en estimaciones (cuando no fue posible acceder a cifras oficiales), detalló el presidente de la organización, José Antonio Ortega, al presentar el documento.

En el caso de México, los datos provienen de los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su vez se nutre de las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia locales.

La información disponible del Secretariado para 2014 abarca hasta el mes de noviembre. Por ello es que se hicieron proyecciones para todo 2014 y se tomaron en cuenta también los datos de 2013 (los más recientes) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre homicidios, explica el informe.

Asimismo detalla que en el caso de Obregón, dado que no se tenían los datos desagregados por localidad, se le adjudicó la proporción de homicidios dolosos correspondiente a su población (73 por ciento del total del municipio).

Sobre la persistencia de Acapulco entre las tres ciudades más violentas, Ortega consideró que la tasa de homicidios no se ha reducido significativamente porque la autoridad “nada más se quiere concentrar en el puerto, en la parte turística, blindarlo para que ahí no pase nada”. Sin embargo, expuso, el municipio de Acapulco también incluye zonas donde prevalece no únicamente el homicidio, sino también los secuestros y extorsiones.

Respecto al resto de las ciudades, apuntó al papel del crimen organizado, ya sea enfrentado a las autoridades o que violenta a la sociedad (en ocasiones en connivencia con autoridades) en la incidencia de la violencia.

Ortega dijo que mediciones como esta no es sólo un trabajo para la academia, sino también “es un trabajo político que sirva a la autoridad y a la sociedad civil para ver cómo está, si está bien, si está mal, y para que haya compromisos de la autoridad a bajar esa tasa de homicidios”.

Además adelantó que en febrero próximo dará a conocer un informe sobre el caso específico de las ciudades de México, que incluirá, además de las cifras sobre homicidios dolosos, aquéllas sobre otros delitos de alto impacto: secuestro, robo con violencia, violación, lesiones dolosas y extorsión.

A EPN LE INDIGNA EL DELITO

Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “lamentablemente aún hay casos de personas que con indignación e impotencia se duelen de haber sido víctimas tres veces de un mismo delito”.

Al inaugurar el Foro de Atención a Víctimas en el Debido Proceso Penal, convocado en la ciudad de México por diversas organizaciones de la sociedad civil, el mandatario dijo que las víctimas sufren tres veces por un mismo delito.

“Primero por el acto criminal de los delincuentes, después lamentablemente por la insensibilidad algunas veces de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables; y una tercera falta, por la impunidad porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño”, refirió.

Sobre la impunidad mencionó que “pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos y el abrumador papeleo su agresor quede lamentablemente en libertad”.

Asimismo, Peña Nieto indicó que el número de homicidios y extorsiones ha disminuido, pero reconoció que la reducción de secuestros ha sido mínima.


Y aunque destacó avances importantes en la procuración de justicia, como la implementación del Sistema Penal Acusatorio y la armonización de la legislación mexicana con las convenciones internacionales, dijo que aún hay temas pendientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-01-2015/1225932.