El nuevo escándalo por la aparición de una casa que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un contratista de sus gobiernos, tanto en el Estado de México como en la administración federal, revelado por el diario The Wall Street Journal (WSJ), despertó el debate sobre la necesidad de crear en el país un sistema anticorrupción eficiente, así como de contar con declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos más explícitas y que no dejen lugar a dudas sobre el origen de sus bienes, demandaron representantes de partidos de oposición y de organizaciones civiles.
El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.
Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a designar un Fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente, de los secretarios de Estado, personal de la Presidencia de la República y determine si existe conflicto de interés.
Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, dijo que el partido solicitó un Comisionado Especial con independencia y probada solvencia moral para investigar la responsabilidad y el posible conflicto de intereses y actos de corrupción en los que podrían estar involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.
El legislador expuso que esta es una cuestión muy delicada porque, dijo, no acabamos de salir del escándalo de la “casa blanca” y ahora tenemos esto. “Esto lo que nos da a entender y se presume es que hay un conflicto de interés y actos de corrupción”, comentó.
“Esta revelación da cuenta de un verdadero desorden, falta de seriedad y por su puesto de actos de corrupción, ¿por qué? Porque esta empresa WSJ [SIC] propiedad de un accionista en el Estado de México tuvo contratos por más de 100 millones de dólares y ahora nuevamente esta empresa junto con la constructora y urbanizadora Ixtapan cuenta con 11 nuevos contratos del Gobierno federal”.
“Es muy lamentable y es preocupante el hecho de que México esté trascendiendo negativamente en todo el mundo, estos casos de corrupción es evidente que dañan la imagen, las instituciones y la credibilidad del Ejecutivo federal y todo su gabinete”, refirió el líder panista.
“No son filtraciones, son investigaciones que han llevado incluso los medios de comunicación, por lo tanto son legítimas”, indicó.
Carlos Navarrete Ruíz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó que la Presidencia de la República ofrezca una “puntual explicación” acerca de las nuevas revelaciones del diario The Wall Street Journal.
“Sigue la casa dando, o la mata dando. La Presidencia de la República deberá aclarar todos y cada uno de los elementos informativos que están saliendo”, dijo el dirigente.
Alejandro Sánchez Camacho, Diputado federal del PRD, calificó como una “catástrofe” que la autoridad “moral y política de Peña Nieto”, esté involucrado en el escándalo no sólo de la casa de Ixtapan de la Sal, sino de su esposa Angélica Rivera.
“Lo más sano para la sociedad en general, es que el Presidente de la República, a reserva de ver el marco legal, se retire de su cargo para que se aclaren e investiguen, no sólo esta residencia, sino todas sus demás propiedades”, dijo.
“La principal manera en la que este gobierno recuperará su legitimidad es aprobando leyes que permitan prevenir la corrupción y castigar a los corruptos, sobre todo en lo referente al conflicto de interés”, dijo a SinEmbargo Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿cómo vamos?, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), opinó que el caso de la propiedad de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, es “más de lo mismo”.
“Les duele mucho que salga en el Wall Street Journal, pero es más de lo mismo. No se termina de poner en orden en transparencia esto de las casas, quedan dudas, no se entiende el favoritismo sin un conflicto de intereses. Tienen que trasparentar y hacer algo para dejar esto claro, porque es mucho escándalo para un país tan pobre”, indicó.
El activista lamentó que la corrupción en México se alimente de la impunidad en todos los ordenes de gobierno.
“Mientras no se ataque la impunidad y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, no va a pasar nada. Es muy desesperante que salga toda esta información y no pase nada. En México el más corrupto es el poder Judicial, porque está dedicado al negocio de la impunidad, el que paga más lana, más impune”, subrayó.
“Es del dominio público que la mayoría de los diputados y senadores de este país tienen cola que les pisen. Ellos no se van auditar, no se van a echar la soga al cuello, pero quien podría meter orden es el Poder Judicial, pero no lo hace”, agregó.
Otro activista, Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, indicó que el tema de la casa de Enrique Peña Nieto se debe explicar, esclarecer y si hay un caso de corrupción, castigar.
“Vemos una sombra de corrupción, de conflictos de intereses, que poco ayudan a la situación en la que se encuentra el país”, manifestó.
“Al final son temas que hay que explicar y esclarecer, vemos una sombra de corrupción, de conflicto de intereses, que poco ayuda a la situación que se encubierta el país. Vemos estos conflictos donde se favorecen los negocios, el compadrazgo, generando estas situaciones que nos dejan dudas”, dijo.
Para Rodolfo Domínguez, el caso de la propiedad de Peña Nieto debe ser investigada, y no quedar en un escándalo mediático como ocurrió con la “Casa Blanca” de Angélica Rivera.
“Al final nunca pasa nada. En otras países, situaciones como esta costaría la renuncia de los funcionarios. Aquí sólo se queda en la bomba mediática y sirve para distraer de otros temas como Ayotzinapa, la inseguridad, la violencia, que no se esclarecen”, indicó.
LA PROPUESTA DE EPN
El 1 de septiembre de 2012, en su primer discurso como Presidente electo, Peña Nieto ofreció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, en la que sus comisionados fueran aprobados por el Senado de la República y tuvieran un canal de comunicación “directo y expedito con la ciudadanía”.
Esa promesa la refrendó en octubre de 2012, durante una gira por España. En esa ocasión destacó que uno de los objetivos de la Comisión sería fincar su gobierno en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad para “construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente”.
Un mes después, el 15 de noviembre de ese mismo año, los senadores Lizbeth Hernández y Pablo Escudero, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente, presentaron la iniciativa que contempla la creación de la citada comisión, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.
La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia, y que realice su trabajo de forma profesional e imparcial.
También que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos.
No obstante, contempla que “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.
La iniciativa, modifica los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, para su dictaminación. Hasta ahora, más de dos años después, no ha visto la luz, a pesar de que la demanda para la creación de esta comisión crece en la medida que aumentan los casos de corrupción y conflicto de interés en la actual administración.
LAS CASAS DE LA POLÉMICA
The Wall Street Journal reveló el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.
El hijo del empresario, según consta en una fotografía publicada por la revista Quién, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, fallecida el 11 de enero de 2007.
El diario publicó que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.
Desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, según el periódico estadounidense especializado en información financiera, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados del país, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.
El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.
Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 38 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.
Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó el funcionario.
Posteriormente, en un comunicado emitido por la madrugada, la Presidencia refrendó lo dicho por su vocero.
Indicó que “las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal”.
“La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”, indicó Presidencia.
Dijo que “al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.
Y finalizó: “Consistente con el punto anterior, a manera de contexto, tan sólo la SCT durante esta administración ha otorgado 6 mil 534 contratos a más de 4 mil empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”, concluye el comunicado de Los Pinos.
Posteriormente, Eduardo Sánchez dijo en entrevista radiofónica que no existe otra propiedad del Jefe del Ejecutivo federal que no esté registrada en su declaración patrimonial. ”Lo digo rotundamente y claramente, no hay otra propiedad que no esté incluida en su declaración patrimonial como es este caso, desde hace casi 10 años”, comentó.
Este no es el primer caso que involucra a miembros del gabinete con la posesión poco transparente de propiedades.
El 9 de noviembre, una investigación periodística reveló que una residencia habitada por la familia presidencial, ubicada en Sierra Gorda número 150 en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, no estaba registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de su esposa Angélica Rivera Hurtado ni al de sus hijos.
La casa, valuada en más de 86 millones de pesos, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, otro de los contratistas del gobierno de Peña Nieto como mandatario del Estado de México y como Presidente.
Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, fue el consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que fue revocado la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, ante las suspicacias que despertó la misma, según la explicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La investigación comprueba que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguarda la casa de Sierra Gorda 150, y que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.
La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio, la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa ha sido modificada en esta área.
Posteriormente, el Presidente aseguró que la residencia había sido entregada por la empresa Televisa a su esposa, en reconocimiento a los años que trabajó como actriz para esta televisora.
A través de un video, Rivera Hurtado explicó que “aun sin ser servidora pública me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación”.
Aseguró que tiene la capacidad económica para costearse esta casa que fue fruto de un contrato de exclusividad con Televisa.
Rivera expresó que trabajó 25 años con la empresa Televisa y que entre otras cosas realizó telenovelas, que no sólo fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo, con una alta audiencia. Destacó que con esta empresa celebró distintos contratos a lo largo de su carrera. Angélica Rivera reveló que la última renovación de estos contratos fue en el año 2004 y que en su caso, en cada renovación los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de su trabajo.
La primera dama contó que fue en el año 2008 cuando Televisa, en el marco de su contrato, le otorgó el uso de la casa y comenzó a vivir en ella ese mismo año.
Dicho contrato se finalizó de mutuo acuerdo el 15 junio de 2010 con la condición de que la actriz no trabajara con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años y la empresa le pagó la polémica propiedad, ya que era su lugar de residencia, por un monto total de 88 millones 631 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Aclaró que ese año en su declaración fiscal, demostró ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131 millones 690 mil pesos y pagó por impuestos en ese año la cantidad de 39 millones 278 mil pesos.
Días después, el mismo vocero de la Presidencia admitió que durante su campaña, Peña Nieto había utilizado otra casa de Grupo Higa, propiedad, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, incluso muy cercana a la llamada “casa blanca”.
El escándalo por las casas de Grupo Higa alcanzó también al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, luego de que el mismo WSJ revelara en diciembre pasado que el funcionario había comprado una propiedad en Malinalco, Estado de México, a Juan Armando Hinojosa en octubre de 2012, por un valor superior a los 7 millones de pesos.
El funcionario liquidó la hipoteca de la casa en sólo dos años y negó cualquier conflicto de interés, pues argumentó que la había adquirido cuando no tenía cargo público alguno.
“Para la adquisición del inmueble obtuve un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, expresó e inmediatamente aclaró que no se trataba de un conflicto de interés y que no abandonaría su cargo a raíz del escándalo.
GRUPO HIGA
El 3 de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el ganador de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro era el consorcio conformado por China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA –una de las filiales de Grupo Higa–, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana, el único que postuló una propuesta económica de 50 mil 820 millones de pesos, incluso 21 por ciento más cara de lo presupuestado por el propio gobierno federal.
Sin embargo, el 6 de noviembre, la propia Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación. El Secretario Ruiz Esparza explicó que el principal interés del gobierno federal era que no existieran cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco hubiera dudas sobre la claridad del proceso. Expertos del sector relacionaron la cancelación con la participación de Higa.
Grupo Higa suma al menos 30 contratos otorgados por organismos federales durante los primeros 25 meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Con excepción de la licitación del tren rápido México-Quéretaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado.
QUE SE INVESTIGUE, PERO A LOS FILTRADORES
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Congreso nombre a un Fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto y su gabinete, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.
“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.
“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó.
“Porque yo esperaría que con la aclaración que se haga al respecto, con la información que se dé el tema quede claro. Pero creo que hay que prender el foco rojo, algo está pasando ahí”, agregó.
Ante estas declaraciones, su compañero de bancada, Sánchez Camacho, opinó que el legislador se pone “un saco ajeno”.
“¿Cómo Silvano se pone un saco ajeno? Esto va más allá de dónde sale la información, la prioridad es que se investigue y se aplique la Ley”, aseguró.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Shaila Rosagel, David Martínez y Juliana Fregoso.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1225851.
