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Clausuran (por fin) obras del proyecto Dragon Mart

Entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal.

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, informó este lunes 26 de enero que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras del proyecto Dragon Mart, en Quintana Roo, por daño ambiental en la zona.
En conferencia de prensa, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, detalló que entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal, por lo que esta mañana, personal de la dependencia realizó la visita de verificación y clausura a proyecto, ubicado en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez.

Al dar a conocer acciones en materia de protección ambiental, Haro Bélchez detalló que la infraestructura contemplada de este proyecto era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas de proyecto.

Sánchez Hernández expuso que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.

Reveló que la Profepa demostró ante el poder judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al Medio Ambiente.

Por lo anterior, el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el juzgado de distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo.

Por su parte, el procurador ambiental Guillermo Haro Bélchez recordó que el proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, empresa con el 90% de capital nacional en una área de más de 500 hectáreas que en la década de los 70 formaba parte de la exHacienda de Las Vegas.

El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales y un total de 3 mil locales en una superficie de 561 hectáreas de las cuales en 203 se iba a llevar a cabo el proyecto y 357 hectáreas iban a ser de conservación.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la gráfica de 2012, se devastaron más de 200 hectáreas de las cuales 149 hectáreas eran zonas con competencia federal por lo que la Profepa inició desde 2013 las acciones para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales.

Asimismo, el Senado de la República solicitó información sobre las acciones realizadas en el proyecto y de 2013 a la fecha se han recibido más de nueve denuncias por parte de grupos ambientalistas tras lo cual en febrero de 2014 se mandató que la Profepa realizara nuevas inspecciones.

Como resultado de lo anterior, los inspectores descubrieron diversas irregularidades entre las que estaban la falta de una autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo.

Asimismo, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo; se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, y de especies manglares enlistadas en NOM 059, fundamentalmente mangle botoncillo.

Haro Bélchez aclaró que son dos leyes las que se consideraron en el asunto: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).

Detalló que agotados los procedimientos correspondientes, en septiembre de 2014 se aplicaron multas en materia forestal por más de 21 millones de pesos en materia forestal y de impacto ambiental.

Finalmente y tras una serie de investigaciones que permitieron descubrir todas estas irregularidades, el 8 de enero pasado el primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito sobresello el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseido un juez de distrito.

Con lo anterior se actualizaron las causales de improcedencia que no dan lugar al estudio del asunto promovido por los desarrolladores, quienes argumentaban que el proyecto no se encontraba sobre terrenos forestales.


Por lo anterior se declaró la clausura total del proyecto por parte de la Profepa, al determinarse que el predio si se encuentra en terrenos forestales y en un ecosistema costero e incidir negativamente en un área importante para la conservación de aves en la región hidrológica sureste del corredor Cancún-Tulum.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La desaparición forzada es el “pan nuestro de cada día” en Iguala: reportan 470 víctimas

Mujeres de Iguala, y municipios vecinos, se congregan en una Iglesia local para buscar a sus familiares, que son parte del grupo de personas desaparecidas en esa región en los últimos siete años.

Es martes por la mañana, y la iglesia de San Gerardo María Mayela está custodiada por una decena de camionetas artilladas de la Secretaría de Marina, cuyos tripulantes, con uniforme camuflado, cascos y chalecos antibalas, mantienen sus ametralladoras bien prendidas con ambas manos a la altura del pecho, siempre con un dedo cerca del gatillo. A pie, además, francotiradores de la Policía Federal hacen rondines alrededor del templo católico, portando rifles cuyo cañón es apenas más largo que sus miras telescópicas.

Éste es el templo erigido en Iguala en honor al “santo patrono de las madres y de los partos felices”. Y es también el lugar donde, desde noviembre de 2014, vienen congregándose lo mismo mujeres jóvenes que viejas, robustas o débiles, que deambulan, algunas erguidas y otras encorvadas, portando todas las mismas playeras negras que, sobre la espalda, rezan: “Mientras no te entierre, te seguiré buscando…”.

Ellas son las madres de 470 personas (sin contar a los 43 normalistas raptados por la policía de este municipio el pasado 26 de septiembre) que han sido desaparecidas en Iguala y las localidades vecinas en los últimos siete años. Son empleadas, amas de casa, campesinas, casi todas radicadas en México, pero las hay también que volvieron desde Estados Unidos, a donde emigraron hace años, sólo para buscar a sus hijos.

Muchas había callado su dolor todo este tiempo, por miedo a que el costo de denunciar fuese la pérdida de más hijos, y esa es, quizá, la razón por la cual, entre 2011 y 2014, sólo 27 privaciones de la libertad fueron denunciadas en el municipio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otras son madres que sí acudieron ante las autoridades para clamar ayuda, y que en respuesta obtuvieron amenazas, mentiras e impunidad. El desconsuelo, al final, es el mismo en unas y otras.


Leonor, por ejemplo, viene de Chiautla –localidad ubicada en Puebla, en la frontera con el estado de Guerrero–, donde su hijo, Marco Antonio Tapia Tapia, fue secuestrado el 14 de marzo de 2013 y por el cual se exigió un rescate de 3 millones de pesos.

El mismo día de su secuestro, a través de geolocalización, el teléfono celular de Marco Antonio, un maestro de telesecundaria que completaba su ingreso haciendo labores de albañilería y plomería, fue ubicado en Iguala, pero ninguna autoridad salió en su búsqueda.

Al presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República, rememora Leonor, “nos dijeron que no podían ir, que era un lugar muy peligroso, donde operaba un grupo criminal muy bien organizado… ‘no podemos ir nosotros’, decían los agentes, pero, eso sí, nos pidieron que mantuviéramos activo el teléfono, para que siguieran rastreando, y el teléfono siempre estaba en Iguala o en el municipio vecino de Eduardo Neri, o sea, los delincuentes que se llevaron a mi hijo ahí estaban, y seguían usando el teléfono que le quitaron… y total que por más de un año pagamos cada mes los recibos del teléfono, que llegaban de entre 600 y 700 pesos, esperando que las autoridades investigaran, y nunca quisieron hacer nada…”

Pero eso no fue todo, y Leonor enumera: “Las autoridades se tardaron seis meses en llamar a los testigos del secuestro para hacer el retrato hablado de los delincuentes, y para entonces, muchos detalles ya se les habían olvidado; además, en Puebla no quisieron tomarnos muestras de ADN porque nos dijeron que no había reactivos; tampoco se nos ha permitido ver el expediente de la investigación; y a mi nuera y mis nietas les quitaron el ISSSTE; la SEP también se niega a otorgarle la pensión a la familia de mi hijo, e incluso la mamá de mis nietas tuvo que devolver la última quincena que él cobró, porque ya no se presentó a trabajar, y ¿cómo se iba a presentar a trabajar, si los delincuentes se lo llevaron?”

Como Leonor, desde que el pasado 26 de septiembre fueron secuestrados 43 normalistas por la Policía Municipal de Iguala, a esta iglesia llegan todos los días madres, esposas, hijas, hermanas, y padres también, de personas desaparecidas en el municipio, y en todo el norte de Guerrero, con el anhelo de que las investigaciones realizadas por la autoridad para localizar a los normalistas permitan, también, hallar a sus seres queridos.

También todos los días, en punto de las 9:00 horas, de la iglesia de San Gerardo María Mayela parte un grupo de familiares hacia los cerros de Iguala, en busca de fosas clandestinas en las que el crimen organizado hubiera ocultado los restos de sus víctimas.

“Por supuesto, ninguno de nosotros éramos expertos en búsqueda de fosas –explica Citlali Miranda, del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición de Iguala, como se denominó este grupo de ciudadanos, arropado por la iglesia de San Gerardo–, pero poco a poco vamos agarrando experiencia, y trabajamos con lo que tenemos a nuestro alcance, porque la verdad es que las autoridades estatales no han tenido ninguna intención de ayudarnos: les pedimos herramientas, como barretas, palas, picos, vehículos o gasolina, y nos dicen que no les toca, que si ya están las autoridades federales metidas en el caso, que ellas nos resuelvan.”

Aún así, su labor ha sido tan efectiva que, de noviembre a la fecha, el Comité de Familiares ha logrado localizar 31 restos óseos inhumados clandestinamente en los cerros que rodean Iguala.

Se trata de “familiares que desde hace años esperan a sus hijos desaparecidos aquí, a sus esposos, a las hijas secuestradas junto con sus nietos –afirma el padre Óscar Mauricio Prudencio, párroco de San Gerardo–, y muchos de ellos han comentado que a sus hijos e hijas se los llevaron los militares, los policías, el crimen organizado, porque desde hace años es un secreto a voces la estancia de los grupos delictivos en Iguala, que se dedican a secuestrar, a vender la droga… con perdón de la expresión, ése es, para nosotros, el pan nuestro de cada día.”

Casi como una ironía, el padre Óscar recuerda que en 2013 fue enviado a Iguala “para estar yo más tranquilo”, luego de que en su anterior parroquia, ubicada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, quedara atrapado en un enfrentamiento entre los cárteles de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, al dirigirse a un poblado rural para oficiar un bautismo.

De aquella balacera, recuerda aún afectado, debió huir corriendo por el monte, dejando atrás su camioneta incendiada en el camino, y de la que había sido arrastrado fuera por sicarios de Guerreros Unidos.

“Supuestamente yo iba a estar más tranquilo aquí, en Iguala, pero cuando llegué, a mediados de 2013, lo primero con lo que me enfrenté fue con una familia que vino a pedirme que celebrara misa para orar por la liberación de un hijo secuestrado, y luego vino otra familia, y luego otra, y luego vino más gente para solicitar una misa por la muerte de un joven también secuestrado… entonces, eso me impactó… después recibí la llamada de una persona que dijo ser comandante de Guerreros Unidos, reclamándome por no haber asistido a una reunión en la que supuestamente me esperaban, y yo le dije ‘mira, yo apenas vengo llegando a Iguala, no sé quién eres’, y él me respondió que tenía yo que dar una cuota de 10 mil pesos si no quería que nos atacaran, eso fue casi recién llegando, y en el año y medio que llevo en Iguala me han hablado otras tres veces con la misma amenaza, la última de ellas fue el pasado viernes (2 de enero de 2015)… yo, lo único que hago, es colgar”.

–¿Cómo era Iguala antes del 26 de septiembre, cómo era la seguridad y los servicios bajo la administración del exalcalde José Luis Abarca? –se pregunta al religioso.


–Yo, en lo personal, no tenía un buen concepto de él como gobernante –advierte el padre Óscar–, en cuestión de obras, no sé cuáles realizara, puedes darte cuenta cómo en las colonias de la periferia las calles están sin pavimentación, hay mucha basura, mucha gente se queja de que no hay agua o de que llega sucia. Yo llegué hace un año y algunos meses, así que el conocimiento que tengo sobe la autoridad municipal es lo que los feligreses me decían, y ellos me decían ‘cuídese, padre, de la policía’… y ahora que ha pasado lo de los muchachos de Ayotzinapa puedo darme cuenta de que lo que me decían era cierto, de quien había que cuidarse era de la autoridad…

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Irreconocible, el cuerpo de Moisés Sánchez; “es algo dantesco”: procurador de Veracruz

Luis Ángel Bravo señaló que, debido a lo irreconocible que quedó el cuerpo del periodista, encontrado el sábado, se realizaron pruebas de ADN y una "confronta" de huella dactilar.

El cuerpo del periodista Moisés Sánchez, encontrado el sábado, está irreconocible, reveló la Procuraduría de Veracruz.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el procurador Luis Ángel Bravo, afirmó que “no es un cuerpo que pueda, a través de los sentidos, reconocerse”.  Estaba “brutalmente lastimado, es algo dantesco”, pero los peritos confirman que pertenece al periodista, sostuvo el funcionario.

Para sostener que se trata del cuerpo de Moisés, detalló el procurador, se hizo una prueba de huella dactilar; además de estudios de ADN cuyos resultados aún no se conocen.

Indicó que el asesino confeso del periodista señaló “de forma clara y contundente, la forma y los motivos por los cuales privaron de la vida el mismo día en que se lo llevaron”, el pasado 2 de enero.

Según el detenido, fue el chofer del alcalde de Medellín de Bravo quien le pidió “desaparecer” a Moisés, porque “calienta” la zona, “patea el avispero, mueve el avispero”, en referencia a las denuncias que hacía.

De acuerdo con el procurador, el asesinato ocurrió en un lugar a 40 minutos de Medellín, donde “de una manera cruel e inaceptable lo privan de la vida”.

Actualmente, hay “evidencias públicas, hasta en redes fluyen videos donde se acreditan diferendos entre Moisés y el alcalde” de Medellín, Omar Cruz Reyes. También hubo amenazas, apuntó.

“Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del alcalde”, sostuvo.

“Su chofer y escolta hace la petición al grupo delincuencial”, refirió.

El procurador dijo que el hijo del periodista, Jorge Sánchez, quiso ver el cuerpo encontrado el fin de semana, pero como estaba irreconocible, “está en espera de que lo confirmen las instancias federales“, con base en los estudios de ADN.


“Se le explicó (a Jorge) que lamentablemente las condiciones que presenta el cuerpo son bastante lamentables… no podría haber una identificación física, para confirmar o descartar la identidad del cuerpo”, indicó Bravo.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Un asesinato cada media hora, en 2014, durante el gobierno de EPN

El Estado de México y Guerrero, los territorios más violentos.

Mientras el staff presidencial alistaba una nueva mampara, un nuevo anuncio, un nuevo spot, otros 5 o 10 puntos para aparentemente resolver algún asunto, o un nuevo hashtag para colocarlo en las redes sociales, en diferentes partes del país, no dejó de escurrir la sangre.

En 2014 –segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto-, según las cifras oficiales, hubo 17 mil 317  asesinatos dentro del territorio mexicano. Fueron 47 ejecuciones por día; prácticamente dos cada hora; uno cada treinta minutos. 

Ni el 2007 ni 2008 ni 2009 –primeros años del gobierno de Felipe Calderón- fueron tan violentos como 2014, aunque los números no llegaron -como antes- a las primeras planas.

En el presente sexenio se acumulan más de 35 mil homicidios dolosos, cifra que corresponde a la mitad de todas las ejecuciones cometidas en el sexenio anterior (70 mil muertes, aproximadamente).

Eso sí, las cifras oficiales marcan una reducción de homicidios dolosos el año pasado, si se compara con los años 2010, 2011, 2012, siempre arriba de las 20 mil muertes violentas cada año.

Ocho territorios fueron los más violentos en 2014: 

-Estado de México (2 mil 278 asesinatos)

-Guerrero (mil 514 asesinatos)

-Chihuahua (mil 289 asesinatos)

-Michoacán (mil 85 muertes violentas)

-Jalisco (mil 25 ejecuciones)

-Sinaloa (986 homicidios dolosos)

-Tamaulipas (947 asesinatos)

-Y el Distrito Federal (814 asesinatos).

En el resto de los estados, los homicidios dolosos fueron menos de 800 en el año.

También hubo zonas que no se tiñeron completamente de rojo.

Aguascalientes y Yucatán fueron los estados con menos asesinatos. En el primero hubo 44 muertes violentas en todo el año; en el segundo, 42, lo que lo convierte en el más pacífico de todo el territorio. Es decir, unas tres o cuatro muertes cada mes.

Otros estados que podrían separarse de la República de la muerte son: Tlaxcala y Campeche, donde se cometieron 66 y 67 homicidios dolosos, respectivamente. Cinco o seis muertes violentas cada mes.

En contraste, los dos estados más violentos vivieron hechos que provocaron conmoción en el resto del territorio nacional.

Los 2 mil 278 asesinatos contabilizados en el Estado de México deberían incluir a los 22 muertos en Tlatlaya, donde se realizó un operativo militar que terminó con la vida de esas personas, en circunstancias que aún siguen sin esclarecerse por completo. También deben incluir los feminicidios y las muertes en transporte público, durante algún asalto.

Mientras que los mil 514 asesinatos cometidos en Guerrero, seguramente incluirán a algunos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a los decapitados de Chilapa. Y a los sacerdotes ejecutados…


Sin embargo, las cifras oficiales no incluyen ni una historia, detrás de los 17 mil 317  muertos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Gustavo Sánchez B

En 2015, “tenemos algunos focos electorales que hay que ver”: Mussali

En México "parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno (PRI)", señaló la analista.

En este 2015, habrá alrededor de  50 elecciones en el mundo, entre presidenciales, parlamentarias, locales y municipales. Sin embargo, no es un año electoral de gran importancia geopolítica, indicó la analista internacional, Rina Mussali Galante.

En entrevista para Aristegui CNN dijo que no es un año electoral tan relevante, “a diferencia del 2012, que sí hubo elecciones en cuatro de los cinco países integrantes del Consejo de Seguridad; hubo elecciones  en Francia, Estados Unidos, Rusia y las indirectas en China”.

“Ahora no hay ninguna elección de una potencia central. Tampoco es un año electoral de gran relevancia para economías emergentes, a diferencia del 2014, de cinco países BRICS, hubieron elecciones en Brasil, en India y en Sudáfrica”, precisó.

Además “vemos que el 2015 no es un año electoral tan importante para América Latina, el año pasado hubo siete elecciones en la región. En 2015 tenemos algunos focos electorales que hay que ver”, comentó la especialista.

La especialista explicó cuáles son las elecciones esperadas en el mundo en este año, aparte de las que se realizarán en estados y la capital de México. Señaló que “en el mapa europeo, en mayo elecciones en Polonia y Reino Unido, hay elecciones legislativas en Finlandia, Portugal y España a finales de 2015”.

“En América las de Canadá, también elecciones en Argentina, Guatemala, y en el Caribe destacan las de Haití”, señaló.

“En Asia habrá elecciones en Birmania, país que ha tenido 50 años de regímenes militares. Es un caso muy excepcional. También Tailandia, en Asia son muy importantes estas elecciones”.

Y agregó que “vienen elecciones anticipadas en Israel, donde el primer ministro va en búsqueda de un cuarto mandato. Además en África habrá varias elecciones de gran importancia, el 14 de febrero en Nigeria; también en Sudán”.

Específicamente habló de España, donde considera que hay dos determinantes, “primero, la parte económica. España ha salido de su peor momento, ya ha salido de la crisis económica, está en la senda de la recuperación y ha creado crecimiento y empleos. La otra condición, es el descalabro tradicional del bipartidismo en España, los dos partidos políticos tradicionales están acusados por actos de corrupción”. Por lo que “hay que estar muy pendiente”.

En cuanto Argentina dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “no se puede reelegir por un nuevo mandato, lo prohíbe la Constitución, aquí la pregunta es si ¿va a regresar en el 2019?, justamente lo hizo Michelle Bachelet en Chile y lo pudo hacer Tabaré Vázquez en Uruguay”.


De México aseveró que “parece que tenemos un PAN que está completamente fracturado y fragmentado, un PRD tribal, que de alguna manera van a favorecer al partido hegemónico en el gobierno. Tenemos la llegada del PRI a los Pinos después de 12 años de transición política con el PAN y en donde hay una espectacular caída de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, los actos de corrupción, Tlatlaya y Ayotzinapa. Me parece que el PRI posiblemente se puede seguir apuntando como actor hegemónico”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya

Además, un comando de elementos de La Marina llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

El Ejército bloqueó la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer con mayor amplitud cómo actuaron los soldados involucrados en el caso Tlatlaya, aún cuando hay información oficial que confirma que dos generales estuvieron en la bodega donde fueron asesinados 22 civiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que no cuenta con evidencias documentales para mostrar bajo qué circunstancias actuaron sus elementos al llegar a la bodega ubicada en el poblado de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, según consta en un oficio incluido en el expediente de 7 mil 700 hojas integrado por la CNDH.

No obstante, en el sitio del tiroteo se concentraron 55 elementos del Ejército provenientes de dos diferentes batallones, no sólo de uno, como se había informado hasta el momento. Además, de 21 marinos, quienes estuvieron ahí al menos ocho horas.

El manual de uso de la fuerza del Ejército, señala la necesidad de que los soldados lleven cámaras de video para grabar sus actuaciones. Según la Sedena, el batallón involucrado en el caso Tlatlaya no llevaba el equipo necesario, pues no se consideró que el patrullaje de ese día implicaría la necesidad de usar las armas.

Aunque los soldados consideraron que no era una región de riesgo, a lo largo de 2014 el gobierno del Estado de México pidió la presencia de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona. Con motivo de estos operativos, se documentó el rescate de personas secuestradas y el aseguramiento de armas.

Los comunicados de prensa sobre seguridad en el municipio durante los últimos años versan sobre decomisos de marihuana, narcolaboratorios y detenciones de presuntos integrantes de La Familia.

Mediante diversos oficios, la CNDH cuestionó al Ejército sobre la organización de los soldados el día de la balacera.

La respuesta oficial fue firmada por el  comandante de la zona militar 22, localizada en el municipio de Santa María Rayón y dice lo siguiente:

“La comandancia del 102/o batallón de infantería señaló que carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente”.

En ese mismo documento, enfatiza que el operativo estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, “reducir los niveles de violencia en el país”. El nombre de este militar fue borrado por la CNDH en la versión pública del expediente revisado por la primera emisión de Noticias MVS.

En un oficio anterior, el comandante de la zona militar 22 informó que a las 5:00 de la mañana de ese 30 de junio, los siete elementos realizaban un “reconocimiento de ruta” a bordo de una camioneta Cheyenne, sobre la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.

Según esta versión, la balacera inició cuando un soldado detectó una persona armada fuera de la bodega y pidió a sus compañeros que se detuvieran para inspeccionar. El oficio relata lo siguiente:

“Al tratar de circular en reversa se inicia una agresión con disparos de arma de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión real e inminente y sin derecho, sin que haya mediado provocación (…) por lo que personal militar repelió la agresión…”

La versión del Ejército sobre el tiroteo ocurrido la madrugada del 30 de junio del 2014 en el municipio de Tlatlaya fue que se trató de un enfrentamiento. No obstante, esa postura se vino abajo cuando la agencia de noticias AP y la revista Esquire descubrieron indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Sin documentos que ayuden a probar la actuación del Ejército, las declaraciones de los militares implicados se vuelve clave.

Para saber qué pasó dentro de esa bodega. Y, en este sentido, la CNDH hizo una petición formal al juez militar encargado del caso para que se abrieran los expedientes.

El Ministerio Público Militar dijo estar dispuesto a abrir los documentos. Sin embargo, el abogado defensor se opuso al argumentar que la CNDH, desde su punto de vista, no está facultada para revisar las faltas militares.

Según el litigante, del cual no se sabe si es privado o de oficio, la información sobre los homicidios o ejecuciones ya estaba en la Procuraduría General de la República.

El juez militar dio la razón al abogado y las declaraciones ministeriales de los soldados encarcelados no fueron abiertas, aún cuando, públicamente, la Sedena aceptó la recomendación del caso.

La cerrazón ante las indagatorias de la CNDH están incluidas en el expediente revisado por el equipo de esta primera emisión de Noticias MVS. Sin embargo, en la propia recomendación sobre la ejecución extrajudicial no se incluyeron esos detalles.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas litigio en derechos humanos, dijo que el juez militar no debió tomar la decisión de abrir o no los expedientes, sino simplemente dar acceso a la petición de la CNDH, que es el organismo facultado para reunir toda la información que considere pertinente.

Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos debió perfilar la recomendación para ver los expedientes, cuidando que no se violenten las garantías de los procesados.

“La CNDH no debió haber aceptar ese argumento, porque independiente del argumento del juez es evidente que el acto de indisciplina o los actos relacionados con investigaciones de procedimiento militar, tienen que ver con el acceso a la justicia y tienen que ver con el saber por qué y qué declaraciones y testimonios hay”.

“No hay ninguna posibilidad que  una autoridad le niege acceso a la  CNDH porque estaría violando su mandanto constitucional”.

La Marina participó

El expediente de la CNDH permite revisar la participación de la Marina en el caso Tlatlaya.

En la investigación aparece un informe elaborado por el contralmirante del Servicio de Justicia Naval, Alejandro Miguel Vázquez, quien reconoció que un comando de marinos llegó a la bodega para prestar apoyo a los militares.

Se trató de un capitán de fragata a cargo de la base de operaciones del municipio de Luvianos, quien recibió una denuncia anónima a las 5:15 horas  sobre una balacera entre soldados y delincuentes.

El mismo capitán de fragata –cuyo nombre fue borrado del expediente- acudió a la bodega encabezando un convoy con otros dos oficiales y 18 marinos armados.

Al llegar se entrevistó con el jefe del batallón militar 102, quien le comunicó el rescate de tres mujeres secuestradas y la muerte de 22 presuntos delincuentes.

Una de las mujeres, dijo al capitán de fragata que conocía la ubicación de casas donde estaban secuestradas entre 10 y 12 personas, incluyendo adultos mayores y niños.

Durante más de dos horas, los marinos revisaron esas casas de seguridad acompañados de la propia víctima recién liberada y de miembros del Ejército. Alrededor de las 10:50 horas, regresaron la bodega sin haber tenido éxito en el operativo.

La Marina no informó si en los trayectos recorridos la mujer les dijo algo sobre lo que había atestiguado horas antes: la supuesta ejecución de civiles rendidos y desarmados. Al menos eso no consta en el expediente. Ella habló de eso, hasta que tuvo frente así a periodistas y, más tarde, a visitadores de la CN DH.

Algo que tampoco estaba públicamente confirmado, hasta el momento, fue la participación de otro batallón del Ejército. Se trató de 25 soldados pertenecientes a la zona militar 35 ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con oficios, ellos acudieron en apoyo de los otros militares una vez terminado el tiroteo y su labor fue hacer un cordón de seguridad en la zona.

Llegaron alrededor de las 6:30 de la mañana y se marcharon después de las 14:00 horas, tiempo durante el cual, según los testimonios de las tres mujeres rescatadas, los militares acomodaron las armas y los cuerpos para para ocultar las ejecuciones.

Aunque el Ejército dice no contar con pruebas documentales sobre la actuación de sus soldados, en el expediente de la CNDH se mencionó que, el comandante jefe del batallón 102, al que pertenecen los militares encarcelados, llegó al lugar de los hechos a las 7 de la mañana.

Con estos datos, se puede saber que entre las 6:00 y 12:30 horas se concentraron al menos 55 elementos del Ejército destacamentados en Guerrero y el Estado de México, además de 21 marinos.

Además, dos militares de mayor rango; generales de brigada diplomados del Estado Mayor quienes eran, precisamente, los encargados de los cuarteles de Santa María Rayón y Chilpancingo, tuvieron una reunión dentro de la bodega para supervisar lo hecho por los soldados.

Los nombres de los generales fueron entregados por el Ejército a la CNDH pero no detallaron a qué conclusiones pudieron llegar. Por el momento, la identidad de ambos se mantiene resguardada por protección de datos personales. Pero tampoco puede saberse si fueron mencionados por los soldados encarcelados.

La apertura del expediente

El equipo de investigaciones especiales de Noticias MVS revisó el expediente, de más de 7 mil hojas, que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras una solicitud de información luego de que la defensa de los solados procesados tratara de impedirlo mediante un juicio de amparo.

De hecho, un juez federal ordenó en diciembre pasado que el expediente se mantuviera cerrado hasta en tanto no terminara de analizar el caso, es decir, si los documentos en poder de la CNDH podían ser públicos o debían mantenerse bajo reserva.

Pero cuando entró en funciones el nuevo “ombudsman”, Luis Raúl González Pérez, la propia CNDH elevó al caso Tlatlaya a la categoría de violaciones graves a los derechos humanos y, casi al mismo tiempo,  la defensa de los soldados se desistió el juicio de amparo y, con ello, el expediente quedó de nuevo abierto.

La solicitud para acceder al expediente, se hizo por Noticias MVS primera emisión en octubre del año 2014.

La alteración de la escena

Las declaraciones de las mujeres liberadas, representan uno de los temas sobre los cuales los visitadores de la CNDH pusieron mayor énfasis.

Dos sobrevivientes explicaron cómo los soldados movieron los cadáveres y les pusieron las armas encima.

Según su versión, los elementos de la Sedena acomodaron incluso las camionetas en que viajaban los presuntos delincuentes para ajustar su versión de un enfrentamiento en igualdad de circunstancias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reunió fotos de los peritajes realizados por la procuraduría mexiquense y las publicadas por la agencia MVT el 26 de septiembre de 2014, producto de una filtración.

En las imágenes se mostraron a las sobrevivientes en una visita al penal federal de Tepic, Nayarit, cuando aún se encontraban presas acusadas de secuestro.

La mayoría de estas fotos no se habían puesto al escrutinio público, pero el equipo de Noticias MVS pudo observar una versión pública en el expediente que transparentó la CNDH.

En una de las imágenes (que se muestra en esta nota) se aprecia a las tres sobrevivientes al ataque, sentadas contra una barda. Las mujeres son vigiladas por un soldado que lleva la cara cubierta.

Detrás,  hay una ventana en la que se puede ver a más soldados.

Una de las sobrevivientes dijo que esa foto fue tomada por un militar o un perito de la procuraduría mexiquense. El soldado que se aprecia del lado derecho sí participó en la balacera, aunque no disparó contra los civiles luego de la rendición, según la mujer cuya identidad se reserva en todo momento.

La misma mujer indicó que, en otra foto, el cuerpo que se aprecia no tenía ninguna arma encima y que la camioneta estaba originalmente al revés.

Sobre otra de las fotografías,  la víctima relata que las ropas y otros objetos no estaban desordenados, pero quedaron en esa posición una vez que los soldados “esculcaron” las pertenencias de los muertos.

En otra imagen se aprecia el cadáver de la única mujer muerta en el tiroteo, abrazada al cuerpo de quien al parecer era su pareja sentimental.


Uno de los cuerpos tiene tierra en la cara. La sobreviviente afirma que originalmente cayó de boca al suelo, pero fue movido por los soldados.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Lizárraga y Sebastián Barragán (INVESTIGACIONES MVS)

Crimen re-organizado

Al tiempo que la clase política concentra su atención en acomodar las piezas para la próxima contienda electoral, los cárteles aprovechan el momento. En diversas áreas de la Zona Metropolitana reclutan jóvenes y crean nuevos métodos en la distribución de droga, operación y vigilancia.

Mientras los partidos políticos “reacomodan” a sus militantes en un puesto de elección popular, el crimen organizado se reorganiza.

Y esta distracción electoral de los funcionarios está siendo aprovechada por los cárteles de la droga para resurgir de manera discreta en el área metropolitana.

Habitantes de sectores vulnerables aseguran que es imposible que este reacomodo pase desapercibido para las autoridades estatales, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey.

“‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina,  aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo.

Ante todo, discreción

Aseguran que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes, para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos, incluso están instalando casas de seguridad en los sectores.

Y ha llegado la reorganización a Nuevo León de manera discreta, pues, dicen los residentes, no quieren los cárteles llamar la atención de las autoridades estatales.

“Ofrecen trabajo en los cárteles, pero ya de una manera más ‘sordeada’ (discreta), y la indicación es no llamar mucho la atención y sin andar de ‘paletoso’ (ostentoso) por las calles con las armas”, dice Martín, un joven de 15 años de la colonia Lomas Modelo.

Al preguntarle sobre la vigilancia de autoridades policiales, respondió que es poca.

“No llegan hasta acá (la parte alta de la colonia) Fuerza Civil”, dijo el joven.

Asegura que la operación sería bajo el esquema de la vieja guardia del narcotráfico.

Reveló que integrantes del Cártel de Sinaloa llegaron a varios sectores a reclutar a jóvenes en esta entidad.

“Mira la pinta… esos vinieron a reclutar. Las pintas tienen poco… algunos dos meses”, dice un joven, con el rostro tapado.

Otro vecino de la misma colonia recuerda que hace meses llegaron sin armas a ofrecer ser parte del Cártel, esto para la venta de droga y vigilancia.

“También nos dijeron que había una unión entre los zetas y golfos, y que todo sería distinto”, reveló el joven, quien no aceptó unirse al crimen organizado.

Fuentes de inteligencia militar y federal consultadas por Reporte Indigo aseguran estar informados de esta reorganización, del supuesto pacto y fusión entre el Cártel del Golfo y Zetas en Tamaulipas.

Golpe oportuno

La madrugada del 20 de noviembre, elementos de Fuerza Civil aseguraron un arsenal y droga en una casa de seguridad en la colonia Fernando Amilpa, en Escobedo.

El gobernador Rodrigo Medina informó en un comunicado que se iniciaría una investigación para dar con las personas que custodiaban el inmueble.

“En Nuevo León estamos enviando ese mensaje, estamos trabajando cotidianamente para menguar las capacidades del crimen para poder dar este golpe y sobre todo hacer a un lado las armas y las drogas de la gente”, dijo el gobernador.

El decomiso incluye 20 paquetes de mariguana de 5 kilogramos cada uno, 200 bolsas con piedra de cocaína, 12 armas largas R15, 17 armas AK47, un arma corta calibre .45.

Además, cargadores calibre .223, 46 cargadores .762, 4 cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos, mil 100 cartuchos hábiles calibre .223, mil 500 cartuchos hábiles de calibre .762, un chaleco antibalas, fornituras y cartucheras.

Puntos al menudeo

Y el pasado 22 de diciembre, jóvenes armados atacaron el bar RE en San Nicolás, que dejó como saldo tres personas muertas y 13 heridas.

La investigación de la Procuraduría de Justicia estatal informó que el móvil del atentado pudiera estar relacionado por la venta de droga al menudeo.

También se informó que los pistoleros habrían operado en un taxi.

El martes 13 de enero, las autoridades detuvieron a 22 personas identificadas como integrantes de Los Zetas; al menos a siete de ellos se les relaciona con el ataque al Bar Re.

Otros vecinos entrevistados por Reporte Indigo, en la colonia Genero Vázquez, explicaron que el crimen organizado intenta recuperar los puntos de venta de droga al menudeo en la zona centro.

Dicen que están en la introducción de droga en bares y table dance, pero su venta es de manera sigilosa,  no de manera atrevida como en años anteriores a plena luz del día, en la puerta de los establecimientos y en la vía pública.

La reagrupación de los cárteles está integrada por exreos, que habrían salido recientemente de los penales de esta entidad.

Son ellos mismos, a decir de los vecinos, los que están pasando la voz del reclutamiento de “jóvenes soldados” para su organización, en este caso para el Cártel del Golfo.

“Lo que buscan es fortalecer sus finanzas por medio de la venta de cocaína, piedra base y mariguana”, dicen las fuentes.

La versión de estos vecinos presenta muchas coincidencias con la información recabada con taxistas, quienes revelan que compañeros del gremio están trabajando con la delincuencia.

El decomiso reciente

> 200
bolsas con piedra de cocaína

> 12
armas largas R15

> 17
armas AK47

> 1
arma corta calibre .45

> 46
cargadores calibre .762

> 4
cargadores en forma de disco, abastecidos cada uno de ellos

> 1,100
cartuchos hábiles calibre .223 

> 1,500

cartuchos hábiles calibre .762

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

No hay certeza

No existe ‘certidumbre científica’ para vincular los restos encontrados en Cocula con los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, reiteran peritos argentinos a cuatro meses de la tragedia.

A cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, solo se ha comprobado científicamente la identidad de uno de los jóvenes, pero no existen evidencias suficientes para concluir, como afirma el gobierno, que fue calcinado en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los otros 42, denunciaron investigadores ayer.

El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), que trabaja con la procuraduría como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, explicó a The Associated Press (AP) que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero, con los sucesos que, de acuerdo a la versión oficial, tuvieron lugar en el basurero de esa misma localidad.

Evidencia testimonial

Los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la fiscalía, confirmaron la identificación del estudiante desaparecido Alexander Mora, pero al ser consultados por la AP recordaron, como dijeron en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une al basurero con los restos encontrados en el río “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.

Para el procurador Jesús Murillo Karam, la identificación de Mora, las declaraciones de varios detenidos y otros datos que no especificó, son pruebas suficientes para decir que en el basurero de Cocula “mataron por lo menos a uno”. Eso “me hace pensar que ahí fue todo”, ha dicho.

Agotan investigación

La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”, palabras que enojaron a los padres de familia, que no han dejado de manifestarse exigiendo la presentación con vida de los jóvenes.


Piden también saber la verdad de un crimen que ha conmocionado dentro y fuera de México y para el que la ONU ha exigido una investigación transparente. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Je suis Pepone y Rodolfo y Regina

MÉXICO, D.F: Desde la distancia de América Latina, el asalto terrorista a Charlie Hebdo se siente aterradoramente cercano, tristemente familiar.

No hace mucho, acá en Santiago de Chile, no lejos de la casa en que vivo parte del año con mi mujer Angélica, periodistas y escritores que se atrevían a enfrentar al régimen del general Pinochet fueron sistemáticamente asesinados, sufriendo, muchos de ellos, torturas antes de que los mataran.

Entre tantos, recuerdo especialmente a José Carrasco (lo llamábamos Pepone), quien fuera alumno mío en la universidad, luego amigo y compañero de revolución y exilio, y, ya de vuelta en Chile, redactor de Análisis, una revista semiclandestina que publicaba frecuentemente artículos satíricos, semejantes a algunos que se suelen leer en Charlie Hebdo.

La policía secreta vino por Pepone justo antes del amanecer del 8 de septiembre de 1986. Le advirtieron que no se molestara en ponerse los zapatos. No iban a hacerle falta, dijeron. Unas horas más tarde apareció su cadáver acribillado a balazos. Otro mártir de tantos que, sí, efectivamente en forma aterradora y familiar pueblan América Latina.

Al otro lado de los Andes, en la vecina Argentina, centenares de autores, intelectuales y trabajadores de los medios fueron detenidos por escuadrones de la muerte, desapareciendo para siempre. Ante la necesidad de singularizar aquella tragedia en una persona, me quedo con el nombre de Rodolfo Walsh. El 5 de marzo de 1977, Walsh, uno de los grandes escritores argentinos, fundador del periodismo testimonial del continente, fue emboscado y secuestrado por un comando militar. Justo el día anterior le había enviado a la Junta que malgobernaba su país una Carta Abierta provocadora, insultante, mordaz, denunciando no sólo los abusos a los derechos humanos, sino también la política económica neoliberal que hambreaba a su pueblo. Su cuerpo sigue desaparecido. Aquella Carta Abierta recuerda el tono audaz e irreverente que se encuentra en las páginas de Charlie Hebdo.

Tanto Chile como Argentina, por cierto, como muchos otros países latinoamericanos que aguantaron despiadadas dictaduras –Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Bolivia, Haití, El Salvador–, son ahora democracias donde los trabajadores de la prensa pueden realizar sus labores sin temer, por lo general, el golpe en la puerta, el cuchillo en la garganta, la zanja a la medianoche.

Y, sin embargo, durante la última década una lenta masacre de periodistas ha venido asolando, infectando, corrompiendo Latinoamérica, un asedio casi invisible contra la libertad de información. No se trata de incidentes tan espectaculares ni dramáticos como el de Charlie-Hebdo, ni se insertan en el contexto de los conflictos suscitados por una pequeña minoría de fanáticos islámicos, pero estamos presenciando, de todas maneras, una agresión incesante y desmedida y metódica. Los casos más pavorosos se concentran en Honduras, Guatemala y México.

Tomemos el mes de agosto de 2013: Tres periodistas guatemaltecos fueron muertos a tiros, incluido Luis de Jesús Lima, un prominente personaje de la radio que discutía en sus programas asuntos controversiales. Y México: Entre las decenas de trabajadores de la prensa recientemente ultimados se presenta la figura señera de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso. Una pandilla entró a su casa y la golpeó brutalmente para enseguida estrangularla. Qué coincidencia: Ella había estado investigando los lazos entre los narcos y los políticos de Veracruz. Y Honduras, el lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión de periodista: El 9 de marzo de 2012, Alfredo Villatoro, que tenía un programa radial de gran sintonía, fue secuestrado en Tegucigalpa. Seis días más tarde, su cuerpo apareció con una bala en la cabeza. Estaba vestido con ropa militar, su cara cubierta con un siniestro pañuelo rojo. Las amenazas de muerte que había recibido desde hacía meses finalmente se volvieron realidad.

El mundo, básicamente, ha ignorado estos atentados.

Tiendo, para decir la verdad, a desconfiar de la frase que corrientemente se usa para expresar nuestra identificación con los perseguidos: I am Salman Rushdie, Je suis Charlie, Todos somos Ayotzinapa, si bien muchas veces firmo denuncias que ostentan palabras similares. Claramente, hay algo conmovedor en el hecho de sentirse uno parte de millones que, desde todos los continentes, demuestran su solidaridad con las víctimas del terror. Pero tal reacción lingüística suele ser un tantico fácil y cómoda. No somos, todos nosotros, Charlie. No estuvimos de veras a su lado cuando arribaron los homicidas ni los vamos a proteger con nuestros cuerpos. Y muchos de aquellos que recitan esas palabras, Je suis, Je suis, especialmente si son autoridades del gobierno o miembros de las fuerzas de seguridad, no exhibieron ayer la tolerancia que proclaman hoy con tanto fervor. Aun así, importa, sin duda, que quienes no enfrentan ningún peligro inmediato hagan saber al mundo –y especialmente a aquellos que pretenden volver a asesinar mañana– que no vamos a dejarnos amedrentar ni a permitir que el miedo y el silencio ejerzan su dominio letal.

Y tal vez, después de todo, el grito de Je suis Charlie se justifica en este caso debido a que el ataque a esa revista satírica parisina fue particularmente salvaje y masiva y, por cierto, institucional. Se quiso mandar un mensaje a toda la sociedad, y tiene sentido, por lo tanto, que toda la sociedad, la francesa y más allá de sus fronteras, afirme en forma pública y colectiva su dolor y coraje.

No obstante lo cual, visto desde Santiago de Chile, desde la perspectiva de una América Latina donde los colegas mexicanos y guatemaltecos y hondureños de Charle Hebdo mueren a mansalva en este mismo momento sin que nadie se fije, es urgente preguntarse por qué las calles de nuestro desafortunado planeta no se llenan de cientos de miles de ciudadanos que declaren je suis Alfredo Villatoro, je suis Regina Martínez, je suis Luis de Jesús Luna. ¿Por qué tan pocos pensaron siquiera en gritar je suis Rodolfo Walsh? ¿Por qué millones no advirtieron que ellos eran José Carrasco, je suis Pepone?


Palabras como éstas no habrán de detener, probablemente, horrores futuros. Parecen inevitables en un mundo enloquecido por el fanatismo y el odio. Pero por lo menos aquellos que casi anónimamente, en rincones remotos del mundo, lejos de los Champs Elysées y las luces fulgurantes de los medios, continúan levantando la voz contra la estupidez y la opresión, podrán sentirse quizás un poco menos solos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARIEL DORFMAN.

Peña, sus cuates y las “villitas de descanso”

MÉXICO, D.F: Los priistas Alfredo del Mazo y Arturo Montiel –jefes políticos de Enrique Peña Nieto–, y no sólo el inquilino de Los Pinos, así como algunos de sus subalternos, como Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y su amigo el empresario Luis Maccise –quien por cierto anda tras una de las nuevas cadenas de televisión–, son parte de la élite que tiene sus “villitas de descanso” en el paradisiaco Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Más aún, Arturo Montiel vive en la calle Paseo de la Cima, y su sobrino Peña Nieto, en Real de la Cantera.

La amplia zona de aguas termales, clubes de golf, zonas residenciales y parques recreativos son administrados por los hijos del patriarca, Arturo San Román Chávez, quien con visión empresarial obtuvo en 1947 la concesión del gobierno federal para explotar las aguas termales de San Gaspar del mismo municipio mexiquense.

El pueblo de Ixtapan de la Sal se convirtió entonces en todo un atractivo turístico y, hábil como empresario, San Roman Chávez logró que a fines de los años setenta la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le diera una de las 13 concesiones de riego. Once pertenecen a distintas comunidades, entre ellas las que hoy luchan por cancelar la vía Toluca-Naucalpan que construye Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito de Peña Nieto, y que a su paso destruye bosques, maizales y casas de los comuneros.

La otra concesión la tiene el municipio, pero a diferencia de la de los San Román, apenas brotan 16.2 litros de agua por segundo, mientras que la del patriarca es de 158.7 litros por segundo.

Y ¡vaya que los San Román demandan el agua!, pues el resto de la familia posee hoteles, campos de golf y villas.

De esta forma el patriarca logró conformar un emporio que más tarde heredaría a sus descendientes: Roberto San Román Dunne es el propietario original de los terrenos del exclusivísimo Country Club Gran Reserva.

Y Arturo San Román Widerkehr es el accionista principal del parque Acuático Ixtapan y quien, a través de su empresa Zona Uno S. de R.L. de C.V., construyó la llamada zona Residencial Ixtapan y en donde hay por lo menos 400 viviendas de tipo popular.

Otro de los San Román, Ricardo, es el dueño del Ixtapan Golf Resort Country Club el cual, según su página de Internet, tiene 18 hoyos, canchas para tenis, padel y raquet, además de club hípico, un fraccionamiento, un spa de clase mundial, lago para la pesca deportiva, lago para remar y salones de juego.

Otra de las firmas de los San Román es CUISA, Constructora Urbanizadora Ixtapan, que durante el gobierno de Peña Nieto tuvo la ampliación de los laterales de la carretera Toluca-Tenango del Valle.

Comuneros de la región otomí narraron que desde hace años los San Román han ido despojando de sus tierras a sus pobladores originarios para luego construir grandes campos de golf y zonas residenciales.

Varios de ellos, que entre 2006 y 2007 laboraron en la construcción del aeropuerto que “ganó” CUISA, han relatado que mientras Teya, la empresa de Hinojosa Cantú se encargaba de edificar el estacionamiento del aeropuerto de Toluca, los San Román ganaban la licitación para los acabados de la terminal.

Incluso, a los mismos trabajadores de CUISA les tocó, años más tarde, construir la mansión que Peña Nieto compró en la Gran Reserva; también detallaron que cuando éste fue gobernador, a su casa acudían el titular de Conagua, David Korenfeld, Luis Miranda y otros que hoy están en el gobierno federal para disfrutar de largas parrandas.


La casa de Peña Nieto en Country Club Gran Reserva salió a la luz pública la segunda semana de abril de 2010, cuando la revista de la farándula de Televisa, TV Notas, publicó fotografías de la residencia, acompañadas de una foto de Peña Nieto y Angélica Rivera, entonces novia del aún gobernador mexiquense. La “cabeza” principal del reportaje advertía: “El gobernador Enrique Peña Nieto quiere tanto a su ‘Gaviota’, que ya mandó construir un enorme ‘nidito de amor’ para los dos, en Ixtapan de la Sal, Estado de México”.

Luego dos fotos aéreas y cinco más que mostraban la terraza, la rampa para estacionamiento, una fuente que semeja un río, la fachada, amplia área de juegos y los dos lotes que conforman la “villa de descanso”.

A dos páginas, la revista destaca que “la casa ocupa dos terrenos y es de las más grandes de la zona”; bajo las fotos anuncia: “En un mes, la pareja y sus 6 hijos podrían estrenar la propiedad que está en un exclusivo club de golf”.

Más adelante, señala que, “la casa en la que la pareja pasará sus fines de semana, se construye sobre dos terrenos, tiene dos pisos, cinco recámaras, estacionamiento, jardín con fuente que simula un río, dos salas de TV, estancia y acabados de lujo, como pisos de mármol, siendo la propiedad más grande de la zona, ubicada en un exclusivo club de golf”.

La semana que acaba de concluir, el diario estadunidense The Wall Street Journal (WSJ) llamó la atención sobre esta mansión de Peña Nieto, pues reveló que CUISA, una de las empresas de los San Román, ganó licitaciones por más de 100 millones de dólares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y otros 40 millones de dólares desde que es presidente de México.

El WSJ exhibió así el conflicto de interés en el que, de nueva cuenta, Peña Nieto se ve envuelto.

Es evidente entonces el descaro de Peña Nieto al establecer relaciones de complicidad política y empresarial. Y lo que más asombra a la prensa mundial es que el jefe del Ejecutivo no ha hecho nada por ocultar su ambición al otorgar licitaciones a sus amigos a cambio de lujosas residencias.

Primero se reveló que Armando Hinojosa Cantú, dueño del emporio HIGA y quien se vio fuertemente beneficiado con licitaciones millonarias en el Estado de México, “le vendió” a Angélica Rivera la hoy llamada “Casa Blanca” en la calle Sierra Gorda en Las Lomas.

Después se reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también compró en el municipio mexiquense de Malinalco, en cómodos pagos, otra residencia a Hinojosa Cantú. Y el caso más reciente, el de CUISA de los San Román, “los dueños” de Ixtapan de la Sal, también beneficiarios de los gobiernos de Peña Nieto, que le “vendió” una villa de descanso al hoy presidente de México.

El conflicto de interés es claro, así como el abuso del poder, el tráfico de información privilegiada y la entrega de grandes obras para sus cuates es algo que debiera estarse investigando con un fiscal independiente, ciudadano, en tanto que Peña Nieto debiera dejar la Presidencia para facilitar el desarrollo de las indagatorias.


En otro país, un escándalo de este tipo ya hubiera provocado la caída de un mandatario quien, por decencia, ya habría anticipado su renuncia al cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón

MÉXICO, D.F: Acostumbrado a controlar y manipular a personajes como Germán Martínez y César Nava, a quienes impuso como presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) con todo el poder que tenía como jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón quiso hacer lo mismo con Gustavo Madero. No pudo.

Y ese es el origen de una guerra en la que Madero le ha ganado todas las batallas a Calderón, quien perfila ya su capitulación con el anuncio, justo en medio del proceso electoral, de su eventual renuncia al PAN para construir una nueva “opción política” de largo plazo.

En entrevista con El Financiero el jueves 22 –desde Davos, Suiza–, criticó que el PAN cerró la puerta a los ciudadanos, que lo gobierna una “coalición de intereses” y la corrupción “de ciertos líderes”, pero también anticipó la derrota de Margarita Zavala, su esposa, en las elecciones internas para presidente de ese partido.

“Tendrá éxito en lo que haga, no estoy seguro que sea en el PAN”, admitió. “Si este partido sigue siendo un instrumento de participación ciudadana y opción de bien común, lo va a tener. Y si se ha convertido ya en un instrumento de intereses parciales no lo va a tener; más vale que no sea ahí.”

Estas insólitas declaraciones de Calderón perfilan otra ruptura en la cúpula del PAN, derivada de una disputa de más de cuatro años con Madero –su antiguo aliado– para controlar ese partido.

“No ha habido presidente del PAN más acosado desde la Presidencia de la República que Madero”, aseguró al reportero a finales de 2012 Juan Molinar, quien adujo que Calderón y sus operadores querían controlar al chihuahuense desde antes de la elección interna de 2010 y, al no lograrlo, postularon a Roberto Gil Zuarth.

Este es un adelanto del número 1995 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Sin dinero, no hay paso

Maestros de la CNTE y más de 20 mil sindicalizados en Michoacán toman las calles para exigir al gobierno local pagos retenidos desde hace cuatro meses. Los inconformes no descartan la posibilidad de intensificar sus movilizaciones

Cerca de 20 mil empleados sindicalizados del gobierno Michoacán, encabezados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon centros comerciales, bancos, avenidas principales y carreteras federales y estatales en todo el estado.

Reclamaron la atención del gobierno local para que les liquide adeudos salariales y prestaciones laborales que fueron retenidas desde hace cuatro meses, sin ninguna explicación.

Al momento solo se sabe que la administración estatal no ha podido liquidar sus compromisos económicos con sus asalariados debido a la falta de liquidez económica, según ha reconocido el propio gobernador Salvador Jara.

Sin entrar a fondo en el tema, el mandatario ordenó la suspensión del pago a los trabajadores de base de toda la estructura administrativa del gobierno local.

La causa atribuible pudiera ser el abandono económico en el que se encuentra la administración estatal de Michoacán, en donde el propio gobernador no tiene manejo autónomo de las finanzas locales.

Esta situación es parte del acuerdo del que nace el Plan Michoacán, que aplica la Federación desde enero del 2014, lo que ha obligado suspender pagos del gasto corriente.

La medida dictada por Jara es lo que ha hecho que miles de trabajadores salgan molestos a estrangular el estado.

Pero además, la actitud omisa de la Federación, cuyas instancias tampoco aceptan responsabilidad alguna en los compromisos salariales con los trabajadores en Michoacán, ha incentivado el descontento.

Una reacción tardía

Los miembros de los sindicatos de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), de la Sección 16 de la CNTE, del Frente Estatal Sindical de Educación Media Superior y Superior, así como el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres fueron los que presionaron al gobierno estatal mediante el desquiciamiento de las labores a la población civil. 

Aun así, el gobernador tardó en reaccionar.

Los líderes del movimiento, Antonio Ferreyra Piñón, Juan José Ortega Madrigal, José Hernández Arreola y, Gaspar Romero Campos, no descartaron la posibilidad de intensificar sus movilizaciones en reclamo de los salarios y prestaciones económicas que no han sido pagados por parte del gobierno local, los que se tasan globalmente en más de mil millones de pesos.

Los sindicatos de trabajadores, a los que los une la suspensión de pagos del gobierno estatal, han conformado una nueva agrupación sindical en la entidad, bajo la denominación de denominado Frente Cívico Social, el primer órgano sindical que ha entrado en plena confrontación con el gobernador en turno, al que le reclaman su tibia actuación para atender los problemas coyunturales de Michoacán.

Esta no es la primera ocasión en que se hace un estrangulamiento a las arterias de comunicación en todo el estado de Michoacán. 

Las otras tomas

Ya habían ocurrido con anterioridad tres tomas de vialidades, sin que el gobernador estatal quisiera establecer el dialogo con sus trabajadores.

Hasta antes de la toma generalizada de la entidad que se registró este miércoles, el gobernador Jara Guerrero –siguiendo su línea política desde que asumió el encargo público- no había manifestado interés alguno por explicar a los trabajadores la razón del retraso de los pagos o la suspensión de algunas prestaciones laborales.

En cuatro ocasiones Salvador Jara Guerrero suspendió las reuniones programadas con los líderes sindicales para revisar los reclamos de pago de salarios, argumentando asuntos de último momento. La mayoría de esos líderes rompieron el diálogo al observar la despreocupada actitud del gobernador, quien ha reconocido públicamente que la administración estatal que él encabeza no cuenta con fondos para hacer frente a los compromisos de pago de salarios y prestaciones de los trabajadores del estado.

Sin autonomía financiera

El gobierno de Michoacán no cuenta con autonomía administrativa ni financiera desde que el gobierno federal asumió el control de todas las instituciones de Michoacán. Desde enero del 2014 el manejo de las finanzas locales lo hacen funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron asignados a la tesorería del estado, a fin de ordenar el desbarajuste financiero legado en la gestión de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo y Jesús Reyna García.

Y es que en los primeros arqueos que hizo la federación a las cuentas públicas de Michoacán, encontró malos manejos que apuntaban al desvío de fondos. De entrada se ha encontrado que falta por explicar el destino de más de 9 mil millones de pesos, los que fueron contratados en deuda pero nunca desglosados en sus aplicaciones.

Esa situación empujo a la federación a negarle al gobierno estatal la autonomía financiera natural. 


En su visita a la entidad el secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso lo explicó claramente: aun cuando el estado financiero no es tan crítico como el de otros estados, el gobierno federal no reconoció ninguna urgencia para aportar recursos relativos a un rescate económico, pero se aseguró la asistencia técnica para alcanzar un estado de finanzas saludables.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.