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Secuestro, la incidencia real oculta

En Jalisco, el índice de la privación ilegal de la libertad es un 29 por ciento más alto del que difunde la autoridad local, revela la PGR. A nivel nacional, la cifra de secuestros es un 73 por ciento mayor que la reportada por las instancias estatales, al considerar también los casos investigados por el Ministerio Público Federal.

La cantidad real de secuestros ocurridos en Jalisco en un periodo que comprende del 2007 a noviembre del 2014 es un 29 por ciento más alta de la que ha informado la autoridad local, pues ésta ha omitido todos aquellos que fueron indagados en la entidad por la Procuraduría General de la República (PGR).

Registros de la PGR obtenidos por Reporte Indigo mediante un recurso resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) –debido a la reticencia que en un primer momento mostró la Procuraduría– revelan que en Jalisco, en ocho años, la cantidad de secuestros es mucho mayor que la reportada por el Gobierno estatal.

Mientras los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan 279 secuestros del fuero común entre 2007 y noviembre del año pasado, en realidad ocurrieron 81 más, de los cuales se hizo cargo la delegación de la PGR en Jalisco.

Hay casos emblemáticos de la actuación federal en este tipo de delitos que aquí suceden, como el del 21 de julio del 2012, cuando dos jovencitas de 14 y 15 años fueron secuestradas en el fraccionamiento Los Olivos, en Tlaquepaque, municipio del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las víctimas habían sido llevadas a una casa de seguridad, no muy lejos del lugar en donde habían sido privadas de la libertad, en la colonia Paseos del Prado; sólo nueve kilómetros de distancia separaban ambos puntos.

El caso llegó a elementos de la Policía Federal. Su investigación los condujo al segundo lugar; ahí encontraron a las adolescentes en el suelo, con las manos atadas y con señas de haber sido abusadas sexualmente. 

La banda detenida por ese secuestro estaba integrada por cinco individuos que exigían 500 mil pesos por cada joven, para dejarlas en libertad.

Esa averiguación previa no la llevó ni la cerró el Ministerio Público local, sino el federal, es decir, la PGR en su delegación Jalisco.

La medición de la incidencia del secuestro en Jalisco y en el país se ha basado tradicionalmente en los registros del fuero común, es decir, en los que proveen las fiscalías y procuradurías locales con sus indagatorias, pero éstas son insuficientes para describir el tamaño real de ese delito. 

Hay toda una arista que se ha mantenido fuera de las miradas.

La PGR elabora su propia estadística de incidencia del secuestro con base en los casos que toma en sus manos. 

Lo hace de esta manera porque tales privaciones de la libertad que atiende no son cometidas por rencillas personales o delincuentes primerizos, sino por grupos perfectamente estructurados que se dedican de lleno a este ilícito y a otros conexos, es decir, delincuencia organizada.

El daño a la sociedad es el mismo aunque el secuestro sea perseguido por la Fiscalía General del Estado o la PGR. 

En los ocho años mencionados ocurrió un total de 360 secuestros en Jalisco; es el dato más aproximado de la realidad, tomando en cuenta las cifras de la PGR (sin considerar los casos no denunciados, que no son del conocimiento de las autoridades).

A escala nacional las cosas cambian en un nivel incluso mayor. Los datos del SESNSP muestran una incidencia del secuestro en ese mismo periodo de 9 mil 671 delitos en el país, que fueron atendidos por autoridades estatales.

Pero en verdad, hubo un 73 por ciento más de estos ilícitos, es decir, 7 mil 91 que fueron responsabilidad de la PGR, y que casi hacen duplicar la cifra del fuero común. 

De esta forma, la suma total del SESNSP y la PGR es de 16 mil 762 secuestros en el país desde 2007 hasta noviembre del año pasado.

La otra parte

En su segundo informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo local, Aristóteles Sandoval Díaz, asegura que “en 2014 se registraron 68.1 por ciento menos casos de secuestro en comparación con 2013”. 

La mención del mandatario no hace distinción entre una incidencia del fuero común y otra federal, es decir, entre la de la Fiscalía General y la PGR, como si la segunda no existiera; sin embargo, existe. 

Esa afirmación del Ejecutivo estatal se basa solamente en los indicadores del SESNSP que apunta que en 2013 se dieron 69 secuestros en Jalisco y 22 en 2014; pero hubo más, en el primero la PGR indagó otros 12 ilícitos por su parte, y en el segundo, nueve más.

Sí hubo una reducción importante del delito, pero fue del 61.7 por ciento –no del 68.1 como dijo el gobernante–, ya que pasó de 81 casos totales a 31. 

Por tanto, durante la actual administración estatal del PRI en Jalisco han ocurrido 112 secuestros en total: 91 investigados por la Fiscalía local, y 21 más por la PGR, esto es, casi una cuarta parte más (23 por ciento) de lo que informa el Gobierno estatal.

Mientras que en el sexenio anterior del exgobernador panista Emilio González Márquez, cuando la violencia ligada con el crimen organizado detonó en el Estado, sucedieron en verdad 248 secuestros, y no los 188 que muestran las estadísticas del SESNSP de 2007 al 2012, que sólo presenta las del fuero común. 

Esto se debe a que durante el mandato de González Márquez la PGR atendió 60 secuestros en el territorio estatal, lo que hace crecer esta incidencia casi una tercera parte más (en 31.9 por ciento exactamente) de la que se sabía hasta ahora. 

Ahora bien, a nivel federal esta perspectiva también debe modificarse. El 21 de enero pasado, el coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales, de la Secretaría de Gobernación, aseguró que este delito había bajado en el país un 18 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de mil 698 averiguaciones a mil 394. 


Es correcto, pero de nuevo, solo mencionó las cifras del fuero común y omitió las labores de la PGR.

En 2013 y 2014, los primeros del Gobierno federal en manos del PRI, se dieron 3 mil 92 secuestros, de acuerdo con el SESNSP y las autoridades estatales, pero hay otros 2 mil 29 que investigó la PGR en esos dos años, es decir, un 65.6 por ciento más. 

Por tanto, son 5 mil 121 secuestros en total en ese par de años. Sí hubo una disminución en un años, pero fue del 15.5 por ciento, pues la cantidad pasó de 2 mil 777 en 2013 a 2 mil 344 en el 2014. 

Las limitantes

La información de la PGR tiene una limitante relevante: de los 7 mil 91 secuestros que investigó en el país del 2007 al 2014, únicamente 2 mil 834 (el 40 por ciento) puede desglosarlos por el estado donde se dio el ilícito, pues en su mayoría (4 mil 257, el 60 por ciento del total) fueron indagados por áreas centrales como la Subprocuraduría  Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). 


Por tanto, la incidencia por estado debe ser aún mayor. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe), se estimó que sólo en 2012 ocurrieron 105 mil 682 secuestros en todo el país.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

La simulación que nació muerta

MÉXICO, D.F: Parece que los consejeros del presidente Enrique Peña Nieto son sus peores enemigos, pues cada nuevo anuncio es menos creíble que el anterior y únicamente sirve para incrementar la desconfianza y debilitar la gobernabilidad.

El anuncio de esta semana cumple dichas condiciones: muestra un presunto nuevo plan contra la corrupción, acompañado de un descuidado discurso presidencial y de una mala selección del funcionario encargado de aplicarlo, que tiene una encomienda increíble.

En esta ocasión no se recurrió a la parafernalia oficial. Simplemente se convocó a una rueda de prensa, en la que Peña Nieto hizo el anuncio. Como en todos los casos anteriores, entrelaza nuevas iniciativas con acciones ya en marcha (que en poco o en nada han contribuido a mejorar el ejercicio gubernamental o la imagen presidencial), pero con un mensaje lleno de contradicciones.

Al inicio de su mensaje enfatiza que su actuar “se ha apegado al marco jurídico vigente” y que ni siquiera ha incurrido en ningún conflicto de interés, puesto que “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Pero se preocupa porque “los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.

Y señala que el tercer tipo de conflicto de interés que identifica la doctrina en la materia son “los aparentes, en donde existe la percepción o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna”. Así, Peña Nieto no únicamente se autoexculpó de cualquier delito o irregularidad administrativa; incluso ubicó su caso dentro de lo que él denominó la doctrina sobre los conflictos de interés.

Pero, sabiendo que su veredicto no sería confiable para la opinión pública, concluyó su discurso con un énfasis: “Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.

En el mismo acto y discurso nombra a su investigador; lo instruye para que lo investigue y le dicta la resolución.

Sin embargo, para dejar claro que no entiende lo que es un conflicto de interés, quien debe cumplir su encomienda es Virgilio Andrade, que además de ser su subordinado es un viejo y entrañable amigo de otro de los investigados, Luis Videgaray, titular de Hacienda.

También es un probado defensor de las causas priistas, primero como representante suplente de dicho partido ante el Consejo General del IFE y, posteriormente, como Consejero Electoral, de 2003 a 2010. Andrade está vinculado a grupos políticos del Estado de México, desde que en 1989, cuando sólo tenía 22 años, fungió como coordinador de asesores del entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Augusto Ponce Coronado, quien había sido coordinador de campaña de Jorge Jiménez Cantú (gobernador del Estado de México de 1975 a 1981).

Al día siguiente de su designación, en entrevista con el periódico Reforma, Andrade también contribuyó a desacreditar su encomienda: dejo claro que lo único que investigará es la asignación de los contratos de obras públicas federales (en lo que va del sexenio) a los dos constructores involucrados en la venta de las casas. Anticipó que no revisará los beneficios extraordinarios que obtuvieron Angélica Rivera, Peña Nieto y Videgaray por el trato privilegiado que recibieron de los vendedores de sus casas, ni mucho menos las fortunas de los dueños de las constructoras.

A Angélica Rivera le vendieron una casa de 86 millones de pesos en 54 millones, es decir, con un descuento de 37% y con un crédito no bancario a una tasa preferencial de 9% anual, en el momento en que las tasas promedio se encontraban en 12%. A Videgaray le facilitaron otra casa de más de 11 millones de pesos en sólo 7.5, es decir, un descuento de 35%, le permitieron pagar un enganche del 8% de ese valor y le financiaron el 92% restante a una tasa de interés de 5.31% anual, cuando la tasa promedio era de 12%.

En el caso de Peña Nieto, se sabe menos de las condiciones en las cuales los San Román le vendieron su casa en Ixtapan de la Sal, pero es un hecho que el valor promedio del metro cuadrado subió en estos 10 años en 75% (él compró los 2 mil 138 metros cuadrados en aproximadamente mil 900 pesos por metro, y hoy el terreno más barato vale 3 mil 300 pesos por metro cuadrado). Los tres recibieron grandes beneficios.

Y las dos constructoras también vieron crecer sus contratos con el gobierno del Estado de México, primero, y luego el federal. El Grupo Higa, en los nueve años que Peña Nieto ha encabezado un gobierno, ha recibido contratos por 60 mil millones de pesos, y las empresas de Roberto San Román obtuvieron encargos del Estado de México por más de 100 millones de dólares y han recibido 11 contratos en lo que va de la actual administración federal. Ni Peña Nieto ni Videgaray estuvieron en los procesos de adjudicación, pero sí instruyeron para que se les otorgaran los contratos; difícilmente se puede encontrar otra explicación a su repentino y vertiginoso crecimiento.

Nada de esto aparecerá cuando revisen los procesos de asignación; seguramente los funcionarios responsables de los mismos cubrieron todos los requisitos legales y, si no ellos, Andrade tendrá el cuidado de hacerlo, pues sólo él tendrá acceso a la documentación correspondiente.

El conflicto de interés tiene que investigarse desde las dos partes: los funcionarios públicos involucrados y las compañías ganadoras, no únicamente revisando los procesos de asignación de los contratos, sino su operación global. Pero Andrade ya dejó claro que tendrá el cuidado de no hacerlo así; él investigará donde no encontrará nada ilícito o irregular.


Los nuevos anuncios presidenciales de combate a la corrupción logran exactamente el efecto contrario al que pretenden, por lo burdo y desaseado de la maniobra. La simulación nació muerta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)

La Lotería Nacional, a otro amigo de Peña

MÉXICO, D.F: La Lotería Nacional (Lotenal), que ya no es más de asistencia pública, está en curso de privatizar la distribución de sus productos de juego y el favorecido será –como en otros casos– un amigo de Enrique Peña Nieto: Ricardo Martín Bringas, dueño de la cadena de supermercados Soriana.

Este proyecto privatizador está expuesto en el Programa Institucional de la Lotenal que diseñó su directora, María Esther Sherman Leaño, para afrontar la severa crisis que padece el organismo que, desde 2008, no destina ni un solo peso a la beneficencia, informa esta semana el semanario Proceso.

Entregada por Vicente Fox y Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo y sus esbirros, como Francisco Yáñez y Benjamín González Roaro, la Lotenal despedirá a miles de vendedores de los billetes y cederá la comercialización a Soriana, según el Programa Institucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014.

“Es urgente revitalizar la fuerza de ventas a través de nuevos esquemas, de manera que paulatinamente vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes”, expone el documento que forma parte del reportaje firmado por Arturo Rodríguez.

Y es que, que tras adquirir Comercial Mexicana, Soriana se convirtió ya en la segunda cadena de tiendas de autoservicio más grande de México –sólo detrás de Walmart– y, de acuerdo con la priista Sherman Leaño, es el nicho de mercado idóneo para los productos de la Lotenal:

“Se ha tenido acercamiento con empresas de reconocimiento a nivel nacional para la comercialización de nuestros productos mediante diferentes mecanismos. Como ejemplo podemos mencionar a la cadena de tiendas departamentales Soriana, la cual comercializa nuestro sorteo electrónico denominado Tu Suerte en Segundos, con nuevas posibilidades de crecimiento, debido a las adecuaciones que se realizan para un nuevo lanzamiento, eficientando el producto para comercializarlo en diversas tiendas de conveniencia a través de las cajas registradoras”.

¿Cuánto dinero representa la comercialización de los productos de la Lotenal, entre ellos los billetes de los sorteos semanales? Scherman no lo precisa, pero se trata de un negocio que, como otros en el sexenio –el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en primerísimo lugar–, tiene el sello de la casa: La amistad con Peña.

Aunque más discreto que otros contratistas del gobierno, en 2012 el empresario lagunero Ricardo Martín Bringas asistió a actos públicos y privados para respaldar a Peña y luego estuvo en medio del escándalo de compra y coacción del voto a favor del candidato presidencial priista.

El 14 de mayo de 2012, a mes y medio de las elecciones, Martín Bringas fue a una reunión privada con Peña en la casa particular del gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, en Saltillo, y dos semanas después asistió a otro acto, en Gómez Palacio, con el candidato priista, esta vez acompañado de su primo Eduardo Tricio, dueño de Grupo Lala.

Ricardo Martín Bringas forma parte de los consejos de administración de empresas como Vitro, Telmex y Banamex, pero también participa en aviación con Aeroméxico y en el sector energético, con la construcción de plantas eólicas.

Según la revista Forbes, los Martín Bringas forman parte del elenco de los personajes más ricos del país, con una fortuna conjunta que supera los 3 mil 200 millones de dólares.

En 2012, el entonces aún diputado federal y actual director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Mario di Constanzo, afirmó que los Martín Bringas cotizaban en la Bolsa como Gigante, la cadena que compró Soriana, y que no pagaban impuestos.

“Utilizan prácticas que les permiten eludir impuestos. En 2011 Soriana, sin incluir Gigante, tuvo ventas por 98 mil 200 millones de pesos y pagó de impuestos mil 392 millones. Eso es 1.7% de ingresos. En contraste, Pemex pagó 54% de ingresos en impuestos ese año.”

Más aún, Soriana tuvo impuestos diferidos: Dejó de pagar 8 mil 276 millones de pesos, mientras que Gigante registra impuestos diferidos por mil 756 millones de pesos.

“Más que por negocio compraron Gigante por las ventajas fiscales, es un negocio que difiere impuestos y nunca los pagará”, advirtió Di Constanzo, quien aseguró que en el primer trimestre de 2012, nueve estados priistas suscribieron contratos con Soriana por 2 mil 200 millones de pesos.


“Dos mil 200 millones de pesos, que son los contratos que subieron, digamos a 300 pesos cada despensa (que es cara), tienes 7 millones 33 mil despensas. Esa es la cantidad de voluntades que se pudieron comprar”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)

Habitantes de Nuevo Balsas cierran los accesos a minera canadiense

NUEVO BALSAS, Gro: Habitantes de esta población cerraron los accesos de la minera canadiense Media Luna para exigir seguridad al gobierno, luego de que la policía comunitaria rescatara a 12 personas que fueron secuestradas desde el viernes por una célula criminal al servicio del grupo criminal “La Familia”.

Los pobladores reprocharon que el gobierno estatal brinde seguridad a los trabajadores de la empresa extranjera y deje a su suerte a las personas que viven en esta zona minera.

Al respecto, recordaron que desde hace cuatro años un grupo de al menos 70 agentes del Instituto de la Policía Auxiliar del estado de Guerrero (IPAE) brindan seguridad privada a la minera Media Luna a través de un convenio económico con el gobierno estatal.

Los policías estatales resguardan a los ingenieros, contratistas y trabajadores de la minera que viajan diariamente de Iguala a este poblado, ubicado en el denominado “cinturón de oro” de Guerrero y enclavado en la rivera del Balsas.

Esta franja, además de su vocación minera, agrícola y pesquera, es considerada un corredor estratégico del narcotráfico; es común el trasiego de heroína y mariguana que se produce en la Sierra.

Luego del secuestro masivo de personas que se reportó desde el viernes, los pobladores apoyados por policías comunitarios decidieron cerrar las oficinas de la minera canadiense como medida de presión para que los directivos de la empresa y autoridades gubernamentales se involucren en el tema de seguridad para la región.

“Se trata de que el gobierno le brinde seguridad a todos y no sólo a los trabajadores de la minera”, indicó un líder de la policía comunitaria que advirtió que las oficinas de la empresa permanecerán cerradas hasta que el gobierno revierta la inseguridad y violencia.

Esta mañana, decenas de trabajadores de la minera se regresaron a Iguala debido a que los pobladores impidieron las labores de extracción de oro y plata.
La presión en contra de la minera canadiense obligó a los directivos de la empresa a ceder a la petición de que la policía estatal que realiza funciones de seguridad privada también resguarde a los ciudadanos de este lugar.

Hace tres días se registró el secuestro masivo de personas ‎en esta vía y por ello, los habitantes de Nuevo Balsas, La Fundición y Real del limón decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia
Ayer, los guardias comunitarios rescataron a 12 personas, cinco de ellos trabajadores de la minera, durante un operativo donde uno de los secuestradores murió y otro más fue detenido.

El número de personas retenidas no es preciso; sin embargo, de acuerdo con las víctimas que fueron liberadas, se trata de al menos 18 personas las que fueron privadas ilegalmente de su libertad en distintos puntos de esta zona.

Hasta el momento, los guardias comunitarios mantienen retenes en entradas y salidas del lugar. De manera paralela realizan labores de rastreo en los cerros para tratar de ubicar a más víctimas y detener a Uriel Wences Salgado La Burra, señalado como responsable del secuestro y vinculado al grupo delictivo La Familia.

El Ejército y la Policía Federal se han sumado a los operativos de la guardia comunitaria de los pueblos de la zona minera de Cocula.


Por su parte, 11 de las 12 personas rescatadas fueron trasladadas, bajo resguardo militar, a la ciudad de Iguala para rendir su declaración ante el Ministerio Público del fuero común.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS.

Tras 4 meses de retraso por “exceso de trabajo” PRD tiene lista comisión que investigará a Abarca

Después de meses de espera el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha informado que tiene lista la comisión que se encargará de investigar cómo fue la postulación del ex alcalde de Iguala, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, José Luis Abarca.

Carlos Navarrete, presidente del partido, ha declarado que será el día jueves cuando se lleve a cabo la primera reunión con los integrantes de la comisión para iniciar los trabajos.

Expresó que el retraso para integrar la “Comisión Abarca”, encabezada por Pablo Gómez, fue por el exceso de trabajo que ha tenido el partido producto del actual proceso electoral. Así que el PRD parece preocuparse por asegurar su futuro antes de resolver los grandes problemas de su pasado inmediato.

“No ha podido avanzar por un exceso de trabajo en la agenda de los integrantes. Espero que esta misma semana podamos convocarlos para que inicien actividades, son cuatro integrantes, la vez pasada no pudimos integrarla, la convocamos, no llegaron todos, y estamos tratando de esta semana acomodar las agendas de los integrantes para que puedan acudir, instalarla, darle banderazo de salida y que empiece a trabajar en los 60 días que tiene de plazo”, justificó Navarrete.


Cabe señalar que, de acuerdo con lo estipulado el 29 de noviembre pasado, la comisión deberá entregar respuestas sobre quién apoyó a Abarca en su postulación en un plazo no mayor a 60 días.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Se atoran por auditorías

El PAN busca impulsar que la ASF audite las finanzas en tiempo real. El PRI no quiere ceder en ese punto, pues esto obligaría a revisar lo realizado por el Gobierno Federal.

La realización de auditorías en tiempo real es el tema que ha detenido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El PAN trata de impulsar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda auditar las finanzas públicas de forma inmediata y no con un año de posterioridad, como ocurre actualmente.

Aunque se ha dicho que se llevan avances en un 95 por ciento de las negociaciones, este es uno de los últimos temas en los que el PRI no ha querido ceder.

Hacer auditorías en tiempo real implicaría que la ASF pueda auditar obras, adquisiciones o contratos en el momento que se llevan a cabo.

Aun así, la Cámara de Diputados podría estar cerca de llegar a un acuerdo para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y esta semana podría tener avances decisivos para su aprobación.

Luego de que el PRI y el PAN mantuvieran diferencias en torno a lo que aceptarían como marco legal para combatir la corrupción, esta semana se podría dar a conocer un calendario de trabajo para la discusión en comisiones.

Sin embargo, la negociación se ha realizado en privado entre ambos partidos y las diferencias se centran básicamente en la realización de estas auditorías, por las que pugna el PAN.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, aseveró que se ha dado largas al asunto y retó a que el asunto deje ya el ámbito de lo privado y se lleve a comisiones.

“Solamente sometiendo a votación un dictamen va a quedar clara cuál es la posición de cada uno frente a este Sistema Nacional Anticorrupción”, retó.

Más facultades para auditores

El Sistema Nacional Anticorrupción contendrá una parte preventiva, otra de investigación y una de sanción.

En la parte preventiva se instituirá un consejo nacional encargado de lanzar políticas públicas y campañas para alertar a la población sobre la comisión de actos de corrupción y fomentar la denuncia. 

En el área de investigación, los legisladores de oposición buscan que la ASF tenga más facultades para que pueda revisar desde la licitación de una obra, la asignación de los contratos, el desarrollo y su conclusión.

Actualmente, la ASF solo puede revisar licitaciones, contratos y obras hasta un año después de que se hayan concluido o se haya realizado el gasto.

Fuentes cercanas a la negociación aseguraron que la bancada del PRI tiene la instrucción del Ejecutivo de no dejar pasar “por ningún motivo” una reforma que permita las auditorías en tiempo real, pues esto obligaría a la ASF a revisar lo realizado por el Gobierno Federal.

La discusión de esta reforma coincidió con la aparición de varios escándalos públicos en los que se involucró a funcionarios y exfuncionarios.

Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción se busca que sean auditables también los gastos municipales y estatales, y no solo los del ámbito federal, como ocurre actualmente.

Con estas medidas se busca combatir el impacto que sobre la economía tiene la corrupción.

Corrupción que cuesta

Según cifras del Fondo Monetario Internacional, la corrupción le cuesta a México 9 puntos del Producto Interno Bruto al año. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 103 de 175 en un índice de países corruptos.

En el 2010, por ejemplo, se detectaron 200 millones de actos de corrupción que costaron, en promedio, 165 pesos a cada mexicano mayor de edad.

Para los legisladores, la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción es una oportunidad para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.

“Que se reconcilie, ése es un tema que tenemos que trabajar juntos: lograr reconciliar a los mexicanos con las instituciones, con las autoridades. Lograr fortalecer la credibilidad, pero con actos certeros, con actos de congruencia. De un ejercicio ético de las funciones que a cada quien le corresponden”, dijo Angelino Caamal, diputado por Nueva Alianza.

Llevarán la batuta

Otro tema que ha detenido el avance del Sistema Nacional Anticorrupción es el otorgamiento de facultades a las autoridades encargadas de perseguir la corrupción.

El PRI propuso la creación de un Consejo Nacional de Integridad Pública que estaría encabezado por el presidente de la República y otros funcionarios.

El PAN se opuso al argumentar que se daría el control de las investigaciones contra la corrupción a servidores públicos que en algún momento podrían estar sujetos a investigación.

Al final, el PRI accedió a modificar la estructura del Consejo y, aunque en un principio se había dicho que de daba marcha atrás en su conformación, el coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, ha expresado la urgencia para su conformación.

Los partidos de oposición, en tanto, se han referido a la oportunidad que representa aprobar un verdadero marco legal que combata la corrupción.

 “Que no solamente sean reformas de papel o un discurso que el PRI le permita al PAN y donde los dos se quieran lavar la cara de los actos de corrupción que cometen miembros de su partido”, expuso Lilia Aguilar, diputada por el PT.

Aunado al empantanamiento de las negociaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados, en el Senado se dio carpetazo al nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.


El PAN en la Cámara Alta decidió que no podía realizar el nombramiento en tanto no se otorgaran facultades específicas al fiscal pues, como se establece en la Ley de la Fiscalía General de la República que se encuentra en discusión, el fiscal anticorrupción sería subordinado al fiscal general.

 “Por eso no lo nombramos, si lo hubiéramos nombrado, no tendría facultades ni para sacar copias si no le pide permiso al Procurador General de la República, no podría iniciar una investigación, no tiene policía, no tiene agentes ministeriales, no tiene agentes investigadores; es decir, es un Fiscal decorativo que para poder actuar tiene que pedirle permiso al Procurador General de la República”, expuso Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del albiazul.

Aunque la convocatoria fue lanzada en los últimos meses del 2014 y fueron entrevistados todos los ciudadanos que se postularon, el Senado decidió declarar desierta la competencia por la falta de consenso en torno a un candidato.


Se prevé que esta semana el Senado emita nuevamente la convocatoria para el nombramiento del fiscal y, según fuentes de la Cámara Alta, se invitará a participar a personalidades de renombre que “inspiren confianza a la ciudadanía”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Damnificados de Tabasco advierten bloqueos contra Pemex si no los indemnizan

VILLAHERMOSA, Tab: Alrededor de cinco mil campesinos y pescadores de la entidad salieron a las calles este lunes y emplazaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que pague los daños por contaminación, de lo contrario, advirtieron, bloquearán masivamente las instalaciones de la empresa productiva.

Procedentes de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Centla, Huimanguillo, Comalcalco y Cunduacán, entre otros municipios, los inconformes exigieron pagos por afectaciones a cultivos, cuerpos de agua, animales de traspatio y viviendas.

Los campesinos y pescadores marcharon y realizaron un mitin frente a la llamada “Pirámide de Pemex” de esta capital, donde tiene sus oficinas Pemex Exploración y Producción (PEP) Región Sur, misma que mantuvieron bloqueada por 44 días –entre julio y agosto del año pasado– para exigir el pago por daños. La empresa se comprometió a hacerlo, para hasta ahora no ha cumplido.

El conflicto entre Pemex y las comunidades rurales de la entidad se agudizó a partir de la explosión del pozo Terra 13 en Oxiacaque, Nacajuca, en octubre de 2013, que permaneció sin control hasta diciembre de ese año.

La diputada local perredista Verónica Pérez Rojas, cabeza del movimiento contra Pemex, informó que durante el plantón de julio y agosto la empresa ofreció que en diciembre pasado tendría listos los dictámenes para el pago de daños a más de 48 mil familias afectadas, pero incumplió.

“Hasta ahora Pemex no ha resarcido absolutamente ningún daño. Esta manifestación es una muestra de que el pueblo no está dormido ni muerto”, manifestó la legisladora y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas Agrarios del Congreso local.

Los inconformes dieron a Pemex hasta el próximo domingo 15 como plazo para que declare procedente los reclamos. En caso contrario, volverán a bloquear pozos, oficinas y otras instalaciones petroleras, como ocurrió el año pasado.

La “Pirámide de Pemex” estuvo resguardada por decenas de policías antimotines, y los manifestantes se retiraron luego de poner el ultimátum a la empresa para que pague los daños.

En diciembre pasado el gobernador Arturo Núñez informó que en 2015 Pemex otorgaría al estado 826 millones de pesos de manera directa. Y reiteró que su gobierno quería consolidar una nueva relación con la empresa que trascienda más allá de las donaciones o pago de indemnizaciones.

Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, detalló en aquella ocasión que las aportaciones preveían 100 millones de pesos en efectivo para obras y servicios.

Además, 11 mil toneladas de asfalto y 17 millones de gasolina y diesel que, en conjunto, superan los 417 millones de pesos.


También apoyos para infraestructura de beneficio mutuo y para el Programa de Acción Comunitaria y Medio Ambiente (PACMA), que establece que las empresas contratadas por Pemex deberán aportar el 2% al desarrollo social en las localidades donde opera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Pobladores se sublevan contra autoridades en cinco municipios de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Pobladores de los municipios de Chenalhó, Teneja, Solistahuacán, Simojovel e Ixtapa volvieron a salir a las calles para protestar contra sus respectivas autoridades por el presunto desvío de recursos, abuso de autoridad e incumplimiento de obra pública.

Además, mantienen retenidos a funcionarios municipales para hacerse escuchar.

Las manifestaciones comenzaron desde el pasado sábado 7. Ese día, habitantes de más de una docena de comunidades e integrantes de diversas organizaciones políticas y sociales se dieron cita en la cabecera municipal de Chenalhó, para exigir que el alcalde José Arias Vázquez aclare el uso y destino de los recursos públicos destinados a la construcción de caminos, puentes, sistemas de agua potable y construcción de espacios públicos.

El alcalde no dio una respuesta satisfactoria a los pobladores, por lo que éstos realizaron una asamblea un día después en la cabecera municipal y lo desconocieron.

No contentos con ello, habitantes del ejido Puebla retuvieron al alcalde, al síndico y al tesorero de la comunidad.

En Tenaja, que se rige por usos y costumbres, el pueblo decidió sustituir al alcalde Esteban Guzmán Jiménez por supuesto desvío de recursos del erario, y en su lugar nombraron a Antonio Sántiz Guzmán.

Los diputados del Congreso local informaron que el oficio de destitución se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales “para su análisis y dictamen procedente”.

En Pueblo Nuevo Solistahuacán, alrededor de 3 mil personas salieron este lunes a las calles para protestar contra el nuevo consejo municipal nombrado por el Congreso local, a propuesta del PRD y PVEM.

Los inconformes señalaron que los funcionarios impuestos son gente de alcalde destituido y actualmente preso, Enoc Díaz Pérez, acusado de los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Incluso detallaron que la nueva presidenta del consejo municipal, Alejandra Maldonado, es esposa de uno los guaruras de los 18 servidores públicos que se encuentran prófugos, además de que tiene como asesor a Emilio Hernández, el mismo que trabajaba con Díaz Pérez.

Precisaron que otro de los nuevos integrantes del consejo municipal, Juvencio Ruiz, era operador del exalcalde preso en la comunidad de Las Palmas, donde continúa como comisariado ejidal.

En el municipio de Simojovel, el pueblo creyente anunció que ante la situación de violencia que priva en la región y en protesta por la corrupción, complicidad e impunidad de las autoridades, del 23 al 26 de marzo harán peregrinaciones a esta capital.

Clérigos y religiosos del pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Papua han realizado en Simojovel al menos cinco marchas para exigir seguridad en ese poblado ubicado al norte de Chiapas. Como respuesta han recibido nuevas amenazas de muerte y la omisión gubernamental.

Los pobladores de ese municipio denunciaron que ha sido tal la impunidad que el 27 de octubre pasado tres jóvenes del Barrio Belén, quienes forman parte del equipo de guaruras de Ramiro y Juan Gómez –presuntamente vinculados con la delincuencia organizada en la región–, entraron al templo cortando cartucho con pistolas calibre 38.

El pueblo creyente de Simojovel señaló que en la comunidad gobierna la corrupción y que detrás del rechazo del alcalde Javier Guzmán Hernández para cerrar las cantinas del municipio, hay grandes intereses como el tráfico de drogas.

En Ixtapa, otro municipio indígena de Chiapas, los pobladores se inconformaron contra su alcalde, José Antonio Ochoa Aguilar, después de que se dio a conocer que la Contraloría Interna del ayuntamiento detectó un presunto desvío de recursos públicos por más de 37 millones 940 mil pesos por obras “fantasmas” y pagos de salario a “aviadores”.

Con documentos que prueban sus dichos y luego de que el síndico municipal, Gregorio de Jesús Sánchez Ramírez, solicitó una auditoría, se concluyó que Ochoa Aguilar ha ejercido indiscriminadamente esos recursos, en colaboración con el tesorero municipal, Lenin Roosevelt Bautista Orantes, quien realiza el papeleo para justificar el pago excesivo.

Ejemplo de este gasto injustificado es la supuesta construcción de caminos “saca cosechas” con un costo de 760 mil pesos, de los cuales no hay evidencia de su ejecución, pero ya fueron pagados.


Otros municipios como Tila, Yajalón, Chiapa de Corzo y Tapachula, entre otros, también han tenido conflictos con sus alcaldes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Presidente del INE: “no ha sido necesario pedir en Guerrero el apoyo de las fuerzas armadas”

MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó la cancelación de las elecciones en Guerrero, pese a las presiones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

“Nosotros estamos en la ruta de que habrá elecciones, pero por supuesto tenemos que ir construyendo esas condiciones, y esa construcción, como decía hace un momento, es responsabilidad del INE, pero también de otros actores sociales y políticos”, dijo en entrevista después de la inauguración del foro “Hacia una Constitución para la Ciudad de México”, realizada en el antiguo recinto del Senado de la República.

Además, comentó que sigue el proceso de capacitación electoral en Guerrero y Michoacán pese a los problemas de inseguridad. Sin embargo, apuntó, hasta el momento no ha sido necesario pedir el apoyo de las fuerzas armadas.

“No, hasta el momento no. La colaboración y la disposición de las fuerzas armadas para con el Instituto Nacional Electoral es total, cosa que se agradece”, indicó.

“Como ustedes saben, la participación de las mismas fuerzas armadas, en algún momento del proceso, se da para la distribución de los materiales, pues el resguardo de los materiales en las sedes del instituto es fundamental; así ha ocurrido y no es una situación anormal, pero hasta el momento no ha habido necesidad de recurrir a ningún tipo de respaldo en este sentido”, acotó.

Respecto si existen “focos rojos” electorales, Córdova Vianello señaló que no sólo es Guerrero, sino que “el país está lleno de problemáticas diferentes con las que tenemos que sortear, algunas de inseguridad, otras de conflictividad social” y con eso lidiará el INE.

Entonces, “evidentemente hay siempre particularidades que implican una actuación especial, en el caso de Guerrero pues son obvias. Pero la capacidad de adaptación del instituto nos ha permitido, al día de hoy, estar en tiempo con los calendarios”, agregó.

En cuanto a los problemas de fiscalización de los gastos de precampaña y campañas electorales, comentó que el jueves 19 determinarán si rescinden el contrato a la empresa que incumplió con el plan respectivo aunque destacó que tienen el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


Por lo pronto, “estamos conscientes de que se trata de una decisión muy delicada, y tenemos que tener absoluta certeza, tanto técnica como jurídica, como administrativa, de que vamos con pies de plomo, sea cual sea la decisión que se tome en su momento”, reconoció.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Tamaulipas: la violencia se extiende por disputas de cárteles

Chocan militares con delincuentes en Reynosa y Río Bravo

La disputa de los cárteles de la droga por las plazas de la región fronteriza de Tamaulipas alcanzó ayer las ciudades de Reynosa, donde fuerzas federales abatieron a tiros a dos civiles armados y detuvieron a otro, y Río Bravo, lugar en el que un pistolero murió en un enfrentamiento con el Ejército.

Este lunes se cumplieron ocho días de la escalada de violencia que se inició el primero de febrero en los municipios de Matamoros y Vallehermoso, que hasta el momento –con los tres decesos antes mencionados– ha cobrado la vida de 21 personas, la mayoría en enfrentamientos con autoridades.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que, cerca de la medianoche del domingo, civiles armados que viajaban en dos camionetas se enfrentaron contra soldados en la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del municipio Río Bravo.

Los militares ultimaron a uno de los pistoleros y tras las refriega decomisaron dos armas largas, 440 cartuchos útiles de diferentes calibres, 22 cargadores y estrellas de acero conocidas como ponchallantas.


Horas después, alrededor de las nueve de la mañana del lunes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal fueron atacados por un grupo armado que viajaba en una camioneta por el ejido La Retama, municipio de Reynosa, en la salida a la carretera a San Fernando.

Los efectivos federales repelieron la agresión, abatieron a dos pistoleros y detuvieron a uno, identificado como Abraham Linares, de 29 años. En el lugar se incautaron de dos armas largas, un lanzagranadas, cartuchos útiles y cargadores.

Al mediodía, el gobierno municipal de Reynosa, mediante su cuenta de Twitter, reportó los hechos violentos al emitir una alerta que de amarilla subió a naranja, tras un ataque a balazos contra agentes federales en el fraccionamiento Los Olivos. Hasta ese punto arribaron, por tierra y aire, más fuerzas policiacas.


La semana pasada el presidente municipal de Reynosa, José Elías Mendoza, dijo que esperaba que los reacomodos de los grupos que protagonizan los hechos violentos no contaminaran la localidad. Reconoció que se habían presentado algunos actos de inseguridad, pero no como en otras ciudades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pancho Colorado y su mano larga

Estar en medio de una batalla legal en contra de dos condenas que suman 25 años de prisión en Texas no le impide al empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa “mover sus relaciones”. A Colorado Cessa -quien es acusado por su participación en el lavado de dinero de la organización Los Zetas a través de la compra de caballos de carreras- recientemente se le interceptaron tres llamadas telefónicas en las que el empresario se muestra como activo en los negocios. Todo, desde la cárcel del Condado de Bastrop en Texas

Conversaciones bajo sospecha

El empresario veracruzano Francisco Colorado cumple actualmente una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, tras haber sido declarado culpable de formar parte de un esquema de lavado de dinero para Los Zetas por medio de la compra de caballos cuarto de milla.

En medio del juicio, Colorado, su hijo y su socio, Ramón Segura, fueron acusados de haber intentado sobornar al juez que instruía el caso para que le dictara una condena menor.

En un primer momento se declaró culpable de este soborno, pero recientemente su defensa presentó un amparo en contra de esa acusación, con el alegato de que tal soborno no existió. 

Señaló específicamente al fiscal Douglas Gardner de dejarse llevar por las acusaciones en su contra que “fabricó” el político veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares.

Como un contraataque ante este cambio de la defensa, el 31 de enero los abogados de la fiscalía Gardner y Richard Durbin Jr., presentaron ante la Corte de Distrito Oeste de Texas con sede en Austin las transcripciones de tres llamadas telefónicas que hizo Colorado desde la cárcel.

Dos de las tres llamadas fueron entre Colorado y su hijo, Francisco Colorado Cebado, quien también fue acusado de intentar sobornar al juez y pasó un año en la cárcel en Texas después de haberse declarado culpable.

La tercera llamada se realizó a Ramón Segura Flores, socio minoritario y contador de la compañía ADT Petroservicios, con la cual Colorado ganó miles de millones de pesos en contratos con Pemex. Segura también estuvo acusado de intento de soborno y preso en Texas durante un año.

Dos días después de que se presentaran las transcripciones, la Corte sentenció al mexicano a otros cinco años de prisión en una cárcel federal.

La fiscalía aseguró que “estas llamadas claramente muestran al acusado en su papel de liderazgo de sus dos coacusados”.

Advierten al juez que, si lo desea, están listos para presentar nuevas pruebas de que Colorado, su hijo y su contador iniciaron una “campaña mediática” luego de que se decretara su sentencia de 20 años de prisión.

“Sus esfuerzos para influir en los medios de comunicación incluyen contactos con los medios de comunicación mexicanos, en las principales cadenas de televisión en español en Estados Unidos y en la prensa regional, que se derivan de mediados de 2013 hasta el presente”, anotaron los abogados.

Empresa en operación

ADT Petroservicios se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública hasta enero de 2016, porque en 2005 presentó información falsa a Pemex.

A pesar de que el último contrato de ADT Petroservicios fue adjudicado en agosto de 2011 por 120 millones de pesos, en las conversaciones que presentó la fiscalía queda claro que la familia Colorado sigue operando y que gran parte de las decisiones se toman por instrucciones del empresario desde la cárcel en Texas.

Las dos llamadas entre Colorado Cessa y su hijo versan mayormente sobre una licitación pública, que la empresa de la familia perdió “por un punto y medio”.

La causa de que hayan perdido, insiste el empresario a su hijo, fue “porque no se atendieron mis relaciones, como lo pedí”.

“Si no quieres ir, no vayas, ¿sí? pero entonces, este, permite que vaya alguien, y dale dinero para que vaya alguien, y, y, y, y, cultive mis relaciones porque si no nunca van a tener trabajo se les van a poner las cosas más difíciles”, dice el empresario.

Las relaciones que se mencionan son principalmente con dos senadores y un alto funcionario de Pemex. 

Colorado le reclama a su hijo: “Por eso yo les dije a ustedes, ‘Tienen que ir a ver a Héctor Yunes (Landa), tienen que ir a ver a Pepe Yunes. Tienen que decirle, para que le digan a Amalio para que me cuide eso’”.

Ante esas acusaciones, Yunes Landa aseguró que no tiene vínculos con Colorado.

“Fui el primer sorprendido con el tema, la prueba más clara de que no ha habido la menor comunicación con su hijo y menos con el señor Colorado es que le recrimina que no nos buscó”, dijo quien agregó que con Colorado solo coincidió en algunos eventos.

El otro funcionario a quien Colorado Cessa pide “acercarse” es Plácido Gerardo Reyes Reza, actualmente subdirector de producción de la Región Norte, con sede en Poza Rica, de Pemex Exploración y Producción.

La secretaría de la Función Pública no tiene registrado ningún proceso sancionador contra este funcionario en toda su carrera. 

Sus declaraciones patrimoniales solo muestran bienes hasta 2009. A partir de entonces, Reyes Reza decidió comenzar a colocar estos datos como no accesibles al público general. 

Las fechas coinciden con varios de los contratos más grandes que ganó ADT Petroservicios con PEP.

Contactos clave

En la llamada, Francisco Colorado Cessa dice a su hijo: “Si no te gusta hacer eso y eso dime cabrón y ponemos un cabrón a eso… no por eso te quiero menos, no por eso te, te dejo de amarte… lo que pasa es que no es fácil mi amor… ¿sí? pero tienes que aprender”.

En sus regaños, le exhorta en varias ocasiones que debe “ir por el dinero”, sin retrasos, al puerto de Veracruz, aunque no especifica de parte de quién lo recogería.

La estrategia para presionar a las demás empresas en la obtención de contratos se operaría por medio del ganadero y cañero Juan Carlos Molina Palacios, actual tesorero de la Unión de Productores Cañeros, a quien Colorado menciona como otro de sus contactos clave.

Colorado Cessa Le advierte a su hijo que debe “subir de nivel, ser más ejecutivo” y cuidar esas “relaciones mías muy chingonas”. 


La mecánica que le propone es que “un cabrón ahí se dedique a atender esas madres y que tú los veas cada de vez en cuando (sic)”.

Propone que muevan sus contactos para que la compañía Ecología 2000 se inconforme y con la prensa local para sacar a relucir una denuncia publicada por el diario La Opinión de Poza Rica contra Transportes Alaro, otro de los ganadores “tirando producto en un tiradero”. 


En la llamada con su contador Ramón Segura, Colorado se queja de que perdieron la licitación por andar “cuidando los centavos".

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PRENILEY RAMÍREZ.

Denuncian secuestro y golpiza de porros contra 14 estudiantes de la BUAP

PUEBLA, Pue: A consecuencia de la golpiza que recibieron la madrugada del pasado domingo, 14 estudiantes fueron atendidos en el hospital Universitario de esta ciudad; entre ellos, una joven de 15 años que orinaba sangre y fue agredida sexualmente y un joven con una lesión craneoencefálica.

Fidel Sánchez, integrante del Colectivo Universitario por una Educación Popular (CUEP), informó que la mayoría de los jóvenes salieron del hospital entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tras ser atendidos por los golpes, escoriaciones y fracturas que presentaban.

La madrugada del domingo, integrantes del CUEP –que realizaban una huelga de hambre en el zócalo poblano en demanda de que la Rectoría les permita usar las instalaciones para impartir cursos propedéuticos gratuitos– fueron reprimidos por un grupo de choque bajo la custodia de policías estatales y municipales.

Ocho de los manifestantes, cuatro hombres y cuatro mujeres, fueron secuestrados por este grupo de supuestos porros. Según la acusación, fueron torturados física y psicológicamente y abandonados en un lote baldío a las afueras de Puebla.

Sánchez informó que una estudiante de preparatoria identificada como Nohelia y otro joven apodado El Tío, estuvieron hospitalizados durante más tiempo, pues presentaban mayores complicaciones.

“La compañera de 15 años estaba orinando sangre porque nos dicen que la patearon tanto que casi le revientan los intestinos. Además presenta crisis nerviosas porque se duerme y despierta muy espantada”, relató.

Otro de los integrantes del CUEP narró que la adolescente estaba muy afectada pues los supuestos porros intentaron quitarle la ropa aparentemente para violarla. Y aunque ella se resistió, éstos la manosearon.

Nelly, integrante de la Liga Estudiantil Democrática, comentó que la madrugada del lunes los doctores del Hospital Universitario dieron de alta a Nohelia. Sin embargo, al salir presentó una crisis de vómito y se desmayó, por lo que la internaron de nuevo y salió horas más tarde.

El joven apodado El Tío fue dado de alta la noche de este lunes. Él tenía una lesión en la nuca producida por un golpe con una varilla, un hombro dislocado y el labio roto. “Al compañero fue de los primeros que golpearon”, narró Nelly.

“Como él fue quien resguardó la casa de campaña de los huelguistas, recibió un golpe en la parte de la nuca, a la hora de caer se dislocó el hombro y lo siguieron golpeando”, dijo.

Otro de los estudiantes “levantados” tenía tres heridas penetrantes producidas por desarmador –dos en una mano y una en la entrepierna–; otro tenía un dedo fracturado y fue necesario colocarle un clavo.

Los jóvenes denunciaron el “trato marginal” que recibieron del personal médico de la institución hospitalaria. Acusaron que esperaron más de seis horas para ser atendidos y les negaron la entrega de los reportes médicos sobre los golpes y lesiones que presentaron.

Nelly dijo que personal del jurídico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se presentó para ofrecerles apoyo y el compromiso de que la atención médica recibida no tenga ningún costo.

Aunque en un comunicado la universidad se deslindó del ataque a los jóvenes, los integrantes del CUEP reiteraron el señalamiento contra porros que participaron en el operativo represor.

Uno de los estudiantes que estuvo en guardia contó que los primeros que llegaron al zócalo no llevaban capucha, razón por la que pudo dibujar el rostro de dos de ellos y así, lograr su identificación como estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

Reprueban represión

Organizaciones no gubernamentales advirtieron que la represión contra estudiantes de la BUAP demuestra que la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, lejos de generar cambios en las estrategias de las autoridades, se toma como un paradigma de la relación entre gobierno y movimientos estudiantiles para imponer orden.

“Es trágico que lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se utilice como ejemplo para generar terror en los jóvenes, para torturarlos”, dijo el Nodo de Derechos Humanos en un comunicado.

Además, advirtió que en el caso de la represión contra los estudiantes en Puebla, se confirman elementos estratégicos relacionados más con la acción violenta de un comando del crimen organizado que con un operativo de seguridad.

“Después de Chalchiuapan, de la muerte de José Luis Alberto Tlahuitle (sic) y los lesionados de aquel brutal episodio; después de Iguala, de los jóvenes muertos y de los 43 aún desaparecidos; después de toda la violencia que se vive y crece en el país, en Puebla las estrategias de seguridad pública empiezan a parecerse a las estrategias de terror de los cárteles del narcotráfico”, aseguró.

“Es alarmante que después de lo que se hizo brutalmente evidente en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con esa herida aún sangrando, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social”, reclamó el Nodo de Derechos Humanos.

“Pareciera que más bien retomaron el ejemplo de la pareja Abarca y de aquella sangrienta noche de septiembre para convertirlo en un paradigma de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, en particular los jóvenes y estudiantes, en una forma de imponer una especie de “orden” ornamental”, agregó.

La ONG añadió que es preocupante que el gobierno municipal de Antonio Gali y el estatal de Rafael Moreno Valle no hayan impedido la agresión y en lugar de condenar los hechos de violencia contra los estudiantes e iniciar una investigación de los hechos, “mantengan un silencio sepulcral”.

Por ello, exigió “que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque y que tomen acciones claras y contundentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo señaló que la agresión contra los estudiantes en Puebla se circunscribe dentro del incremento de la represión nacional y local, ejercida por el Estado.


“Hacemos el llamado a cerrar filas ante la represión sistemática del Estado mexicano, encaminada a desarticular toda voluntad del pueblo con determinación de organizarse y luchar, estamos en contra de los actos terroristas que pretenden infundir terror y paralizar al pueblo mexicano”, manifiestó un comunicado firmado la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Maestros desalojan Paseo de la Reforma

MÉXICO, D.F: Pasada la medianoche, los integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) trasladaron el plantón que mantenían en Paseo de la Reforma al Monumento a la Revolución.

Lo anterior, debido a un acuerdo pactado con la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio del cual el magisterio se comprometía a desalojar Paseo de la Reforma antes de las cuatro y media de la madrugada.

En las oficinas de la Segob, ubicadas en la calle Bucarelli, permanecían las comisiones de pagos y política del magisterio, que seguían negociando los pagos retrasados de más de seis mil profesores de Oaxaca.

Estas revisiones representan un trabajo tardado, y un integrante de la comisión política afirmó, durante una reunión con su sección de Puerto Escondido, que el proceso completo podría extenderse varios días y que esta mesa se quedará abierta.

Según la comisión política, las negociaciones empezaron a las tres de la tarde en un ambiente tórpido, ya que después de establecer el plantón en la avenida Reforma, desde la avenida Juárez hasta Insurgentes, los maestros se encontraron cercados de ganaderos.

El subsecretario Luís Miranda intentó calmar la situación, al aseverar que la policía no desalojaría a los maestros mientras transcurrían las negociaciones. Lo tuvo que reafirmar más tarde, cuando el gobierno del Distrito Federal ordenó a los integrantes de la Sección 22 abandonar su plantón a las siete.


La Sección 22 permanecerá en el Distrito Federal hasta el próximo miércoles, según el mandato que fue decidido en la última asamblea nacional de la CNTE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

El policía del Metro

Esta es una historia que quizás pueda parecer trivial o poco pertinente, dado que ha pasado un mes desde que sucedió. De hecho, me ha tomado días decidir si vale la pena contarla, o si en realidad “aquí no pasó nada”, como a veces me siento tentada a creer.

Peor aún, me ocurrió a mí y cabe pensar dos veces si uno le cede sus columnas de opinión a la propia vida, primero hay que preguntarse si la anécdota personal aborda asuntos de interés público.

Por demás, el caso es pedestre y hasta insignificante en el marco de los abusos de las autoridades mexicanas y las violencias que vivimos a diario las mujeres. Pero voy a escribirlo y a darle vueltas, porque, aunque sea una historia más, entre tantas, de los desmadres autoritarios y machistas, y aunque sea una nimiedad, tiene que ver con cómo aguantamos la corrupción y el abuso en la vida cotidiana. Yo ya lo he aguantado por más de 30 días. Al menos hay que pensar en eso.

Eran las 10 de la noche en la estación de metro Observatorio, domingo 21 de diciembre de 2014. Cuando fui a ingresar el boleto en la máquina, se me cayó al piso y me agaché a recogerlo. Entonces, el policía R. Hernández L., con placas 46761, sacó su celular y empezó a tomarme fotos. No a mí, a mi culo. Esto lo notó mi pareja que enseguida se lo reclamó al policía. Después yo me uní al reclamo, llegó un segundo policía, ninguno quiso darnos información sobre dónde poner una queja y estaban muchísimo menos dispuestos a pedir una disculpa. Así que fuimos subiendo la voz. Yo le decía al policía “¿Por qué le toma fotos a mi culo?”, y él me contestaba “señorita, no sea grosera”.

Entonces llegaron más policías y nos acorralaron. Empezaron a tomarnos fotos y nosotros empezamos a grabarlos (aquí el video). Una policía, mujer, me cogió del brazo y me zarandeó agresivamente. Empezaron a amenazarnos con llevarnos en una patrulla. Nos metieron en la pequeña oficina de la que parecía ser una administradora del Metro (que tampoco quiso oír nuestros reclamos). Los policías, que ahora eran al menos seis, se agolparon en la puerta sin dejarnos salir y ahí estuvimos peleando otro buen rato. No, no había donde poner una queja, no, no había pasado nada, no, nadie iba a ayudarnos.

Finalmente nos dejaron salir de la oficina y yo logré grabar el nombre y número de placa del policía que me tomó fotos. Ninguno había querido identificarse y cuando los grabábamos, todos ponían la mano para taparse la placa. Finalmente, con mucha rabia y bastante susto, nos fuimos en el metro a la casa.

Por supuesto ha podido ser mucho peor. Esta historia ni siquiera parece relevante ante las violencias y abusos que viven todos los días las mujeres en México y en el mundo. Varias veces he dicho, “no fue nada”, “no pasó nada”, pero, ¿acaso que un policía le tome fotos a mi culo, sin mi permiso, desde su posición de autoridad, es nada? ¿Cómo es que deviene en nada, que ante una cosa así no haya con quien quejarse, sino el mismo policía que abusivamente lo morbosea a uno? ¿Me debe parecer casual que ante cualquier reclamo a un policía este se rodee de secuaces de uniforme para matonear a quien se queja? ¿Me debe parecer normal que una ida al metro incluya que un policía le tome fotos a mi culo sin mi permiso y que su colega me zarandee?

Según el artículo 19 de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se define la “violencia institucional” como los “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” Me inclino a creer que lo que hizo el policía se enmarca dentro de este artículo, pero, la ley no me aclara qué puedo hacer ante esto o qué pasa si la “violencia institucional” viene de parte de la misma persona que tendría que tomar mi queja. La verdad es que parece que los policías pueden tomarle fotos a los culos de las mujeres sin su permiso y eso no corresponde a ninguna infracción concreta.

También podría presentar una queja ante el consejo para prevenir la discriminación del D.F., que según su artículo 6, considera conductas discriminatorias: “XIII. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho fundamental a la no discriminación, la dignidad e integridad humana;”. Quizás podría dirigirme a la PGR, pues, según el artículo 179 del Código Penal del D.F.: “A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.  Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.”

¿Podríamos decir que los actos del policía caben dentro de lo que aquí llaman “una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe”? ¿Puedo decir que me causó daño, o sufrimiento psicoemocional? ¿La rabia y la indignación y la zarandeada cuentan como daños psicoemocionales?  Al menos es claro que en el incidente hay una relación jerárquica, pero mi interés no es que metan a la cárcel o dejen sin trabajo al policía, yo lo único que hubiese querido es una disculpa y claro, que el comportamiento del tipo no fuese avalado por sus colegas, por sus colegas mujeres además, policías machistas que en vez de protegernos se unieron para matonearnos.

El año pasado el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (IniMujeres DF) y la Secretaría de Seguridad Pública firmaron un Convenio para capacitar a servidores públicos en igualdad de género. En la misma página de IniMujeres, uno encuentra el documento “Viajemos Seguras” sobre el acoso en el el transporte público, escrito en una amigable fuente comic sans. Según el documento “la violencia sexual puede darse mediante: tocamientos en zonas sexuales, miradas, palabras o expresiones corporales ofensivas…”, dice que hay 100 Unidades Atenea de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) -ninguna de las cuales fue mencionada por los policías o funcionarios del metro- y se ufana de la “separación permanente”, que junta a las mujeres como ganado pero las deja igual de vulnerables, pues asume que los hombres son unos animales incapaces de convivir con nosotras alrededor sin irrespetarnos. El documento recomienda “solicitar apoyo de algún elemento de seguridad” (jajaja), y habla de una persona que, seguido el conducto regular, llegaría a darme asesoría jurídica.

Creo que a estas alturas muchos de los lectores se imaginarán que a pesar de haberme clavado a investigar las posibilidades de denuncia del incidente, no he presentado una denuncia formal al respecto. La razón es más bien un sentimiento que oscila entre el miedo y la impotencia, la pereza de ser sometida a un proceso tortuoso y confuso, en el que claramente llevo las de perder, cuando lo único que yo quiero en respuesta es un cambio de trato y una disculpa. Es claro que aquí no hubo “daños irreparables” y yo no estoy dispuesta a asumirme “víctima” pues me parece doblemente violento contra mi identidad o exagerado e irrespetuoso frente a las crueles agresiones que sufren mujeres que han sido objeto de otras violencias de género. Yo, en cambio, puedo escribir esta columna y por eso debo contar mis privilegios.

Así, el incidente sirve para ilustrar cómo las pequeñas violencias surten su efecto de autocensura: hacen que le tengamos miedo al espacio público y prevención a la autoridad y de esa manera nos anestesian de entrada ante escenarios más graves de impunidad. El episodio también deja claras tres cosas: la primera es que los miembros de la policía adscrita al Metro en el D.F. no están educados en perspectiva de género y no son capaces de ver el machismo en sus acciones ni en las de sus colegas. Tampoco están capacitados para darse cuenta de que morbosear mujeres en la calle es agresivo, tomarles fotos sin su consentimiento es peor, o para entender que desde su lugar de autoridad, con ese uniforme que representa la fuerza del Estado, cualquier comportamiento agresivo que tengan se ve exacerbado. Por otro lado es claro que como equipo están más interesados en protegerse entre ellos que en cumplir su trabajo, que es servir a los ciudadanos, tomar sus quejas, y conciliar las diferencias. Finalmente, aunque hay montones de leyes y protocolos a seguir, ninguno se aplica, no es claro dónde se puede poner una denuncia, qué es exactamente lo que constituye un delito, y no hay ningún mecanismo claro y efectivo para lidiar con las pequeñas violencias que vivimos a diario todas las mujeres, y cualquiera que sea visto como más débil o vulnerable en el contexto del sistema.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CATALINA RUIZ-NAVARRO.