CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Eliseo Moyao Morales, informó que el déficit presupuestal que arrastra la entidad es de más de 13 mil millones de pesos y fue generado por destinar recursos “de donde no corresponden” para financiar gasto de operación y transferir dinero a organizaciones sociales.
El funcionario estatal aseguró que el origen de este millonario pasivo viene desde 2001 cuando se otorgaron 12 mil 326 plazas del magisterio sin techo presupuestal; así como el aumento de la nómina en el sector salud desde 2011 y también porque de esta forma se han desactivado conflictos políticos.
Explicó que de los 13 mil 50 millones del déficit calificado como “histórico”, el pasivo correspondiente a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) asciende a 8 mil millones; tres mil 500 del Sector Salud; mil 500 correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) y 500 millones de diferentes paraestatales.
Los exgobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero encabezaron la administración estatal durante ese período, no obstante los tres gozan de impunidad y siguen influyendo en temas políticos de la entidad.
En conferencia realizada esa mañana en la sede del Ejecutivo, al sur de esta capital, el titular de la Sefina, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, indicó que el pasivo histórico representa una carga “extremadamente pesada” para cualquier gobierno y dijo que de ello, no podía responsabilizar a nadie en particular.
Moyao Morales justificó las prácticas ilegales en la aplicación de los recursos públicos argumentando que el presupuesto anual es muy restringido para la operación, pues depende en un 80 por ciento de recursos federales y soltó:
“Las distintas administraciones se ven enfrentadas a una carencia de recursos que por las presiones sociales en muchas ocasiones se ven obligados a recurrir a fondos que no están destinados para ciertos fines, que no están destinados para la operación o cumplimiento de proyectos y programas, o para la creación de algunas transferencias de recursos a grupos sociales y grupos organizados”, afirmó.
Por ello, dijo que el gobierno estatal no puede seguir aplicando la misma fórmula “para salir del paso ante una coyuntura”.
“Es decir, ante la carencia de recursos tomar dinero de donde no corresponde para financiar el gasto de operación o la transferencia de recursos públicos a grupos y organizaciones sociales”.
No obstante, Moyao se deslindó de las prácticas que han provocado el déficit financiero estatal y aseguró que la administración de Ortega no ha desviado recursos públicos para los mismos fines y señaló que han sido mesurados con la aplicación del gasto corriente.
Ello, a pesar de que informó que el déficit presupuestal de este año asciende a mil 665 millones de pesos, de los cuales 573.2 millones se destinaron al pago de nómina educativa por las 12 mil plazas no reconocidas por la federación.
Además, dijo, se tiene una afectación de mil 91 millones de pesos a las participaciones estatales debido a que los impuestos retenidos a trabajadores por concepto de ISR, así como aportaciones de seguridad social, no han sido entregadas a la Secretaría de Hacienda, el ISSSTE y Fovissste.
Al respecto, aseguró que están haciendo gestiones ante el titular de Hacienda, Luis Videgaray, para recuperar lo que el gobierno estatal ha destinado para el pago de las 12 mil plazas del magisterio no reconocidas por la federación y aseguró que en el proceso de conciliación de la nómina se ha reducido a 8 mil las plazas que aún no tienen techo presupuestal.
El secretario de Finanzas de Guerrero salió a explicar públicamente las causas del déficit presupuestal, luego de que el jueves 23 el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez clamó ante diputados federales y senadores apoyo económico para evitar una crisis o, de plano, la quiebra de la entidad.
Ortega compareció ante legisladores de la Segunda Comisión Permanente, reunidos en el Senado, para hablar sobre el conflicto educativo, pero advirtió que los problemas de narcotráfico, los bloqueos de estudiantes y maestros, las movilizaciones, el boquete financiero en el área de salud y la falta de fondos para el magisterio en conjunto tienen a Guerrero al borde de la quiebra.
Ante ese posible escenario, el mandatario expresó: “Adelanten la toma de posesión del nuevo gobernador o intercedan ante la Secretaría de Hacienda para que nos entreguen recursos para afrontar el boquete financiero que tenemos y que puede provocar una crisis en la entidad”.
La postura de la administración de Ortega es una reedición de la quiebra financiera anunciada en 2003 por Daniel Pano Cruz, exsecretario de Educación durante la administración del actual senador priista, René Juárez Cisneros.
En ese entonces, Pano Cruz informó que existía un déficit acumulado de mil 790 millones de pesos que se arrastraba desde 1987, y señaló como las principales causas del pasivo, el aumento de 45 a 90 días de aguinaldo a 65 mil trabajadores y el otorgamiento de 6 mil 500 plazas fuera del presupuesto.
El exfuncionario anunció un plan de austeridad enfocado en congelar plazas vacantes; cancelar plazas automáticas para egresados normalistas y dar de baja a aviadores de la nómina del magisterio.
También, responsabilizó del quebranto financiero de la SEG, a líderes de partidos políticos; organizaciones sociales y corrientes del magisterio institucional y disidente por lo que aseguró que el informe financiero sería presentado ante instancias fiscalizadoras para que se aplicarán las sanciones correspondientes.
Más de una década después, las plazas del magisterio sin techo presupuestal fueron duplicadas por las autoridades en turno, quienes también incrementaron el déficit financiero que arrastra la entidad y que según el gobierno de Ortega, se encuentra al borde de la quiebra.
Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
