FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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AUTOR: REDACCIÓN.
Dos de ellos son: sacar de la SEIDO la investigación sobre los normalistas desaparecidos, así como un nuevo peritaje en el basurero de Cocula.
Durante la audiencia pública este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos que investigan el caso Ayotzinapa dio a conocer que firmó con el gobierno mexicano diez compromisos que se concretarían en las próximas semanas.
Los expertos señalaron que se trata de “acuerdos básicos” para continuar, por 6 meses más, su investigación sobre los normalistas desaparecidos.
Entre ellos se encuentra uno ya anunciado previamente por la titular de la PGR, Arely Gómez; el documento firmado indica que se habrá de “sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva“.
Otro compromiso es sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, del que se acordó que: “a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio”.
Un compromiso más del gobierno con los expertos establece una planificación “de forma conjunta” de una ruta de investigación, además de establecer “un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones”.
Además, acordaron “relanzar la búsqueda (de los normalistas)… con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares”.
Por parte del Estado mexicano firmaron: Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Del grupo de expertos, lo firmaron Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain.
Comunicado del grupo de expertos:
Boletin Washington, 20 de Octubre Ok Ok by Aristegui Noticias:
Compromisos difundidos por el Centro ProDH:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los expertos señalaron que se trata de “acuerdos básicos” para continuar, por 6 meses más, su investigación sobre los normalistas desaparecidos.
Entre ellos se encuentra uno ya anunciado previamente por la titular de la PGR, Arely Gómez; el documento firmado indica que se habrá de “sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva“.
Otro compromiso es sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, del que se acordó que: “a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio”.
Un compromiso más del gobierno con los expertos establece una planificación “de forma conjunta” de una ruta de investigación, además de establecer “un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones”.
Además, acordaron “relanzar la búsqueda (de los normalistas)… con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares”.
Por parte del Estado mexicano firmaron: Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Del grupo de expertos, lo firmaron Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain.
Comunicado del grupo de expertos:
Boletin Washington, 20 de Octubre Ok Ok by Aristegui Noticias:
Compromisos difundidos por el Centro ProDH:
Conoce c/u d los compromisos del gob. mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias pic.twitter.com/20x8ZtaBog
— Centro Prodh (@CentroProdh) octubre 20, 2015
Comprimiso 2 del gobierno mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/L4pAzmuWlH
— Centro Prodh (@CentroProdh) octubre 20, 2015
Comprimiso 3 del gobierno mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/NywVrp7dc4
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Comprimiso 5 del gobierno mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/etFXepGSo5
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Comprimiso 6 del gobierno mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/c3UVucKBPo
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Comprimiso 7 del gobierno mexicano ante .@CIDH expuestos por .@GIEIAYOTZINAPA en la #CIDHAudiencias #Ayotzinapa pic.twitter.com/Vm8noIswsS
— Centro Prodh (@CentroProdh) octubre 20, 2015
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los legisladores de PRI y PAN se opusieron a las reservas de la oposición –que planteaba argumentos basados en la salud– y rebajaron el impuesto a las “agüitas”, “néctares” y otras bebidas saturadas de azúcar destinadas a los niños, las cuales incentivan la adicción a los dulces y sustituyen el consumo de leche y jugos naturales, aseveraron las organizaciones, al denunciar un “acto contra la niñez”.
Una tercera parte de los niños mexicanos ya sufre de sobrepeso y, de acuerdo con las ONG, uno de cada tres niños nacidos después de 2010 se enfermará de diabetes en su vida –enfermedad que, a la fecha, ya cobra 24 mil vidas al año–. Por primera vez, esta generación de niños vivirá menos tiempo que sus padres, se alarmaron.
“Hasta hace poco no existía presión arterial infantil y diagnosticar una diabetes de tipo 2 en los jóvenes y la población activa era muy raro; ahora ya no”, explicó el doctor Abelardo Ávila, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al sostener que “está comprobado que estas bebidas tienen efectos sobre todo el ciclo metabólico y generarán daños a largo plazo”.
De acuerdo con las organizaciones, las refresqueras dedican grandes cantidades de dinero en mercadotecnia –ya sea a través de la publicidad o en el diseño de las botellas y etiquetas– y en la ingeniería de productos –con colorantes, azucares y endulzantes– para acostumbrar a los niños a consumir estas bebidas y a volverse adictos a los alimentos dulces y ultraprocesados.
“La adicción a la azúcar inicia desde temprana edad, existen estudios que revelaron que el azúcar es altamente adictiva, incluso más que la cocaína”, recordó Alejandro Calvilla, director de El Poder del Consumidor, organización que denuncia con frecuencia los métodos que utilizan las industrias refresquera y de comida chatarra para engañar a los consumidores sobre el valor nutricional de sus productos.
Según Calvilla, a raíz de la implementación del impuesto las refresqueras aumentaron los precios de sus productos. Ahora que los diputados les condonaron la mitad de este gravamen, es poco probable que disminuyan sus precios. Por lo que, en comparación con el año pasado, las refresqueras ingresarán 50 centavos más por litro de refresco.
“La industria de la comida chatarra vulneró la alimentación tradicional, como el consumo de productos naturales, y destruyó los sistemas productivos como la agricultura familiar y la producción local”
Indignados, los representantes de la Alianza para la Salud Alimentaria no tuvieron palabras suficientes para condenar esta decisión “totalmente regresiva” e “ilógica”, pues la bancada del PRI derrumbó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que contemplaba un impuesto de un peso por litro de bebidas azucaradas.
Este IEPS formaba parte de la reforma fiscal que presentó Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013. Las organizaciones lo consideraban insuficiente, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un impuesto de al menos 20% para reducir de manera efectiva el consumo de refrescos, lo que representaba un sobrecosto de alrededor de 2 pesos por litro.
En aquel entonces, Peña Nieto explicó que el impuesto serviría para “desincentivar el consumo (de bebidas azucaradas) y, con ello, reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños”.
Las organizaciones señalaron a las refresqueras y embotelladoras –Coca Cola y sus socias; Pepsico, Nestlé o Danone, entre otras– de haber cabildeado en las altas esferas del poder para tumbar parte del IEPS, que Jorge Terrazas, el director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), intentó frenar.
La industria se encuentra muy satisfecha de sus operaciones en el primer país consumidor de Coca Cola por habitante –los mexicanos consumen en promedio 728 productos de la refresquera al año, equivalente a dos cada día–, donde reporta ganancias multimillonarias.
En su reporte anual de 2014, la Coca Cola Company –sede mundial de Coca Cola– se felicitó de que México, Brasil, Japón y China sean sus mayores clientes a escala mundial, después de Estados Unidos, ya que estos cuatro países suman 31% de sus ventas globales, que sumaron 12 mil 156 millones de dólares en el segundo trimestre del año.
Las embotelladoras mexicanas Femsa y Arca forman parte de las cinco socias más importante de Coca Cola en el mundo.
De acuerdo con su información corporativa, Femsa Coca vendió más de 36 mil 550 millones de pesos de sus productos en el segundo trimestre de 2015, a través de sus cerca de 3 millones de puntos de venta y sus más de 351 millones de consumidores en varios países de América Latina.
Si bien Coca Cola reportó un incremento de 1% en sus ventas en América Latina, reconoció una disminución de 1% del volumen vendido en México, “debido al impacto de un nuevo impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2014”.
PepsiCo afirmó en su informe financiero del 2014 que México forma parte de sus mejores clientes –aportó 4 mil 414 millones de dólares de ingresos–, y resaltó que “nuestras operaciones fuera de Estados Unidos, en particular en Rusia, México, Canadá, Gran Bretaña y Brasil, contribuyen de manera significativa a nuestras ganancias”, las cuales se elevaron, en total, en 66 mil 683 millones de dólares el año pasado.
Pero PepsiCo también lamentó en su informe un declive de 2% de volumen de ventas –pero un incremento del 1% en ingresos netos– en América Latina, “lo que refleja un 0.5% de disminución en México debido a un impuesto sobre ciertos productos”.
En víspera de arrancar el 2016 con un “presupuesto base cero” y ciertas medidas de austeridad, los legisladores “amputaron” al IEPS de una recaudación que se elevaría en al menos 522 millones de pesos, destinados en un principio a incentivar el consumo de agua natural y a la atención a las personas afectadas por la diabetes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Verificación de la Búsqueda, Localización y Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez –dos milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca el 27 de mayo de 2007–, criticaron la resolución de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se negaron a ejercitar su facultad de atracción para revisar una sentencia de un tribunal colegiado que había sido solicitada por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.
En un comunicado, los integrantes de la Comisión Civil, junto con los abogados Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, familiares de los desaparecidos, resaltaron que el pasado miércoles 7, en una audiencia privada, el pleno de la Primera Sala determinó no atender el recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el incumplimiento de una orden judicial al Ministerio Público Federal para interrogar a mandos militares y policiales, así como revisar instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.
Lo anterior, apuntaron, “cierra la posibilidad de que el máximo Tribunal pueda establecer criterios que permitan determinar las acciones que un juez de Distrito puede realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medio de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas”.
Para los firmantes, la decisión de no revisar la queja “exhibe la incapacidad y falta de voluntad de los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus resoluciones, convirtiendo en una ficción el derecho de acceso a la justicia”.
Lo que en el fondo se resolvió el miércoles 7, señalaron, es que la investigación sobre la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez “no aborde con la debida profundidad la línea de investigación relativa a la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de ambas personas”.
Recordaron que la decisión de los ministros contraviene “la decisión del Tribunal Colegiado, que en su sentencia determinó que el Ministerio Público Federal debía citar a declarar a los mandos castrenses, mandos policiacos federales y funcionarios de inteligencia, y ordenar la realización de labores de búsqueda dentro de las instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal”.
Al no atraer el recurso de queja, “es evidente que la decisión de la Primera Sala es concordante con la postura establecida por el Estado mexicano de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada, sin importar que medie una resolución judicial que obligue a los integrantes de la milicia a comparecer ante la autoridad ministerial, evidenciando en los hechos la nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades”.
La Comisión Civil reiteró su compromiso “indeclinable de continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de esta resolución hasta dar con el paradero de ambos luchadores sociales, así como lograr el juicio y castigo a los responsables”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
“Podría ser un tema interno en este reclusorio, esto no implica que desestimemos alguna otra línea sino, me refiero exactamente, por este mensaje que se dejó, es una de las línea más fuerte que tenemos en este momento”, recalcó en entrevista con Primero Noticias, de Televisa.
El funcionario indicó que la investigación de la PGJDF se enfoca en el contenido de la cartulina colocada junto al cadáver y “con hechos que han sucedido este año en el mismo lugar”.
Ríos Garza insistió en rechazar que el caso esté relacionado con el crimen organizado, como también recalcó ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Ayer a las cinco de la mañana fue colgado el cuerpo de un hombre en el puente La Concordia, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.
En un comunicado, la PGJDF precisó que la víctima tenía dos disparos de arma de fuego en la cabeza.
La víctima estaba vendada, sin zapatos, vestía pantalón de mezclilla y playera oscura. Tenía el rostro cubierto y algunos transeúntes percibieron que se trataba de una máscara de Halloweeen.
En su edición 2030, la revista Proceso publicó un reportaje que evidenciaba el crecimiento del narcotráfico en la capital del país. La investigación presentaba una radiografía de ejecuciones, mantas, extorsiones y demás huellas del paso del crimen organizado en el Distrito Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por incumplir México en materia de derechos humanos, Estados Unidos retiene el 15 por ciento de la ayuda anual de la Iniciativa Mérida.
Estados Unidos bloqueó 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida por faltas en materia de protección a los derechos humanos, indicó The Washington Post.
El diario calificó este recorte como una seña de frustración por parte de Estados Unidos.
El Congreso de EU destinó para apoyar la batalla de México contra los cárteles de la droga 2.3 miles de millones de dólares desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores de frontera, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.
El 15 por ciento del dinero proporcionado por el Ejército mexicano y la policía está sujeto a las disposiciones de que el país avance en la protección de los derechos humanos, incluida la aplicación de las normas contra la tortura y el enjuiciamiento de los acusados por desaparición forzada.
En 2010, Estados Unidos retuvo fondos por esta causa, pero fueron proporcionados después de que México tomó medidas.
“Este año, no hemos sido capaces de confirmar que México cumple totalmente con los criterios especificados”, explicó la decisión una fuente del Departamento de Estado para el diario español El País, bajo condición de anonimato, consultada.
El diario indicó, con base en la fuente oficial, que “de los 148 millones de dólares reservados este año para la Iniciativa Mérida, cinco han sido ‘reprogramados’ y destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”.
Responde la SRE a la decisión
La Cancillería mexicana respondió a la medida implementada por Estados Unidos.
“México reitera su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos. No obstante, rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó.
La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“No obstante, México y Estados Unidos mantienen una relación bilateral madura y profunda y uno de los diálogos más sólidos en materia de combate a la delincuencia transnacional organizada que se expresa en iniciativas de cooperación bilateral exitosas, como la Iniciativa Mérida”, dijo.
El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El diario calificó este recorte como una seña de frustración por parte de Estados Unidos.
El Congreso de EU destinó para apoyar la batalla de México contra los cárteles de la droga 2.3 miles de millones de dólares desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores de frontera, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.
El 15 por ciento del dinero proporcionado por el Ejército mexicano y la policía está sujeto a las disposiciones de que el país avance en la protección de los derechos humanos, incluida la aplicación de las normas contra la tortura y el enjuiciamiento de los acusados por desaparición forzada.
En 2010, Estados Unidos retuvo fondos por esta causa, pero fueron proporcionados después de que México tomó medidas.
“Este año, no hemos sido capaces de confirmar que México cumple totalmente con los criterios especificados”, explicó la decisión una fuente del Departamento de Estado para el diario español El País, bajo condición de anonimato, consultada.
El diario indicó, con base en la fuente oficial, que “de los 148 millones de dólares reservados este año para la Iniciativa Mérida, cinco han sido ‘reprogramados’ y destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”.
Responde la SRE a la decisión
La Cancillería mexicana respondió a la medida implementada por Estados Unidos.
“México reitera su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos. No obstante, rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó.
La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“No obstante, México y Estados Unidos mantienen una relación bilateral madura y profunda y uno de los diálogos más sólidos en materia de combate a la delincuencia transnacional organizada que se expresa en iniciativas de cooperación bilateral exitosas, como la Iniciativa Mérida”, dijo.
El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El secretario de Educación dijo que la reforma educativa no es una reforma laboral y que, lejos de afectar los derechos del magisterio, los incrementa.
El descuento que se hará a los maestros que no laboraron los días 2 y 12 de octubre es por respeto a los docentes que no faltaron a clases, dijo Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública.
“Lo hacemos en respeto y en justicia de ustedes, de la gran inmensa mayoría de los maestros que sí cumplen con su responsabilidad, y que no es justo que quienes no la cumplan, no se les sea aplicada la ley”, dijo.
Acompañado del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el funcionario federal visitó ayer la Secundaria 4 de Cuernavaca “Valentín Gómez Farías”, donde participó en la ceremonia cívica.
‘No es laboral’
Antes de concluir la visita, el secretario declaró ante los medios de comunicación que la reforma educativa no es una reforma laboral y que, lejos de afectar los derechos del magisterio, los incrementa.
“Reiterar, la reforma que es lo que expliqué, sé que es una inquietud y es precisamente ahorita lo que expliqué a los maestros, en primer lugar no es una reforma exclusivamente laboral, es una reforma que toca de fondo los temas educativos y la transformación educativa”, dijo.
“En segundo lugar es una reforma que no viola, bajo ningún sentido, los derechos laborales de los maestros, al contrario, no sólo los respeta, sino que les da aún más derechos, como éste, por ejemplo, de que si les va bien en la evaluación van a poder ganar más, así es que yo aquí reitero que la reforma educativa es una reforma que está hecha no para afectar a los maestros, al contrario, para ayudarlos, que garantiza sus derechos, y que incluso les puede dar más derechos y les otorga mayores beneficios a partir de su mérito”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
“Lo hacemos en respeto y en justicia de ustedes, de la gran inmensa mayoría de los maestros que sí cumplen con su responsabilidad, y que no es justo que quienes no la cumplan, no se les sea aplicada la ley”, dijo.
Acompañado del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el funcionario federal visitó ayer la Secundaria 4 de Cuernavaca “Valentín Gómez Farías”, donde participó en la ceremonia cívica.
‘No es laboral’
Antes de concluir la visita, el secretario declaró ante los medios de comunicación que la reforma educativa no es una reforma laboral y que, lejos de afectar los derechos del magisterio, los incrementa.
“Reiterar, la reforma que es lo que expliqué, sé que es una inquietud y es precisamente ahorita lo que expliqué a los maestros, en primer lugar no es una reforma exclusivamente laboral, es una reforma que toca de fondo los temas educativos y la transformación educativa”, dijo.
“En segundo lugar es una reforma que no viola, bajo ningún sentido, los derechos laborales de los maestros, al contrario, no sólo los respeta, sino que les da aún más derechos, como éste, por ejemplo, de que si les va bien en la evaluación van a poder ganar más, así es que yo aquí reitero que la reforma educativa es una reforma que está hecha no para afectar a los maestros, al contrario, para ayudarlos, que garantiza sus derechos, y que incluso les puede dar más derechos y les otorga mayores beneficios a partir de su mérito”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Esta última, señaló el rector en un desplegado, es una organización de derechos humanos “que lucha contra el terrorismo de Estado y por la recuperación de la memoria colectiva e histórica”.
El caso más reciente de intimidación fue el de Tania Paloma Hernández Ramírez, “conocida luchadora social”, profesora e investigadora de la UACM quien el pasado 15 de octubre, alrededor de las 13:30 horas fue atacada en su domicilio por sujetos armados.
“Después de insultarla y robar equipo de cómputo, video, teléfonos celulares, un proyector y unas bocinas, los sujetos dijeron: ‘sabemos muchas cosas de ustedes, los tenemos vigilados, sabemos qué hacen’”, denunció Aboites.
La agresión, abundó el rector, se suma a otras recientemente sufridas por otras académicas de la institución como Beatriz Torres Abelaira, coordinadora del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA) a quien han llamado vía telefónica presuntos exmilitares preguntando por personas que no laboran en la UACM.
Otra, Bettina Teresa Gómez Oliver, coordinadora de proyectos de CAMeNA, encontró el pasado 18 de septiembre un auto manejado por un hombre vestido como guardia de seguridad privado que le obstruía el paso a la salida de su domicilio.
Días después, el 23 de septiembre, ella misma recibió una llamada de un hombre que sólo le dijo: “Cuide a su cachorra”.
“El mensaje es tan claro como ominoso: “ella tiene una hija, María Fernanda Giordano Gómez”, quien igual que su madre ha sido solidaria con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y ambas son integrantes de H.I.J.O.S. México, apuntó el rector de la UACM.
Además las amenazas, señaló Aboites, el pasado 17 de septiembre la oficina de rectoría de UACM fue víctima de robo de equipo de cómputo y recursos del fondo revolvente.
Según Aboites estos son sólo algunos casos documentados pero existen más que no han sido denunciados por las víctimas por temor a represalias.
En su desplegado, dirigido a autoridades locales y federales, el rector hizo énfasis en señalar que no se trata de hechos aislados sino de “un intento de amedrentar a quienes se comprometen con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de causas justas que agobian a nuestro país”.
Por ello piden a las autoridades locales y federales impedir que continúen situaciones como estas que “vulneran la seguridad y el quehacer de los integrantes de esta comunidad universitaria”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El proceso de evolución a la televisión digital requiere de inversión en la infraestructura de las televisoras y “el no hacerlo implicaría dejar a millones de personas sin su derecho a información objetiva”.
Este martes los integrantes de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México firmaron un comunicado en el que exigen al gobierno federal otorgar recursos suficientes para enfrentar los altos costos de la digitalización y que se prorroguen las transmisiones en sus señales análogas hasta finales de 2016.
“De no actuar de esta manera se estaría dejando a las audiencias mexicanas sólo a expensas de la televisión privada y comercial y de sus intereses”, cita el desplegado.
Entre los firmantes se encuentran el Sistema Quintanarroense de Radio y Televisión, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Radiotelevisión de Veracruz, Universidad Juárez del Estado de Durango y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todas estas televisoras transmiten contenidos culturales, en lenguas originarias, de derechos humanos, discapacidad e igualdad de género.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el atentado fue perpetrado el pasado domingo alrededor de las 21:00 horas por dos individuos que dieron muerte a Jovanny Sobreira Cristóbal, de 26 años de edad, y a su madre, María Teresa Cristóbal Ruiz, de 48.
En el ataque también resultaron heridas María Soledad Hernández Pineda, de 28 años de edad, y Johana Reyna Cristóbal, de 23, quienes fueron internadas en el Hospital Civil de Juchitán.
María Soledad narró que junto con Jovanny Sobreira, su pareja sentimental, se trasladó a El Espinal para visitar a su suegra, María Teresa Cristóbal, y a su cuñada, Joanna Reyna, y cuando se encontraban cenando, dos individuos irrumpieron y comenzaron a dispararles.
En el ataque murió su pareja sentimental y su suegra, ella y su cuñada resultaron heridas.
Hizo hincapié que su cónyuge fue detenido el sábado 17 por un robo que cometieron al dueño del restaurante ”El Rincón del Meño”, en ciudad Ixtepec, sin embargo, llegaron al acuerdo de pagar 16 mil pesos a la parte ofendida, según consta en un documento levantado ante el jurídico de la policía municipal de esa localidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Más allá de ser el primer recurso con el que los gobernadores salientes intentan pagar favores y lealtades, las notarías de Michoacán se han convertido en un verdadero negocio por el servicio que prestan a los 113 municipios del estado
De acuerdo al archivo notarial del estado de Michoacán, en los últimos 20 años mediante la fe pública del notariado estatal más de 13 mil 862 propiedades municipales se desincorporaron de la hacienda pública para convertirse en propiedad privada.
De manera proporcional, el mayor número de propiedades públicas convertidas a propiedades privadas, fueron trasladadas por los notarios recién asignados a la función.
Pero los notarios michoacanos no solo se han visto relacionados en actos dudosos de traslados de dominios públicos a privados, al menos una veintena de los 183 fedatarios que existen en Michoacán, a la fecha son el objeto de una investigación judicial de la PGR que pretende establecer el enmarañado bajo el que estuvieron operando los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios, cuyos líderes se adjudicaron al menos mil 300 propiedades de sus víctimas.
De acuerdo a fuentes de la PGR, solo en los últimos cinco años, el cártel de los Templarios pasó ante notario público los títulos de propiedad de huertas, granjas porcícolas y avícolas, minas, casas, terrenos, zonas de cultivo y hasta dos edificios, los que con el aval de los fedatarios pasaron legalmente de las manos de las víctimas a sus victimarios.
La PGR tiene documentados en Michoacán al menos 739 traslados de dominios, cuyas propiedades fueron el pago a una extorsión o secuestro. En por lo menos otros 450 casos el traslado de dominio de las propiedades lo entregaron los notarios a quien se presentó ante ellos para reclamar la propiedad, luego de que el legítimo dueño decidiera salir de la zona por amenazas de muerte.
Por lo que se refiere a traslado del dominio de la propiedad pública de los municipios para entregarla a manos de particulares, principalmente terrenos convertidos a centros comerciales, a los notarios públicos nombrados en los últimos 10 años les corresponde la responsabilidad de la desincorporación de casi el 80 por ciento de las propiedades inmobiliarias de los municipios.
Derivados de acuerdos poco claros, entre los cabildos y algunos notarios, se han llegado a entregar a particulares riquezas inmobiliarias de incalculable valor histórico o turístico. El ejemplo más claro es el municipio de La Piedad, en donde por un acuerdo entre el cabildo y un notario público se enajenó una zona arqueológica para edificar un mercado, convertido hoy en oficinas de la administración pública local.
En Pátzcuaro, otro ejemplo de la cuestionada labor notarial, en los últimos cuatro años algunos fedatarios públicos de la zona han comenzado enajenar predios federales de las márgenes del lago, para ser entregados a particulares a fin de que utilicen el predio con uso de suelo agrícola como fines urbanísticos. El 90 por ciento de las desincorporaciones ha sido en beneficio directo para funcionarios del gobierno estatal y federal, que han construido así sus casas de descanso.
Todos los gobernadores de los últimos 30 años han contribuido al engrosamiento de la plantilla notarial. Pero ha sido con los últimos cinco gobernadores cuando la entrega de nombramientos de nuevos notarios –anunciada en los últimos minutos de su gestión- se ha visto de manera casi insultante por la cantidad de nuevas notarías abiertas.
Ninguno de los últimos cinco gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García o Salvador Jara Guerrero, fueron claros con la entrega de nombramientos de fedatarios públicos. Anunciaron unos nombres, pero se reservaron otros.
Tapar el sol con un dedo
Fue Salvador Jara el que más oscuramente manejó la entrega de notarías. Mientras anunciaba una lista de nuevos fedatarios públicos, el gobernador saliente ocultó el nombre de otros de sus amigos a los que designó como notarios en sustitución de otros. En total Salvador Jara –de acuerdo a la edición del Periódico Oficial del 30 de Septiembre del 2015- hizo entrega de 24 nuevos nombramientos de notarios, cuando oficialmente en el discurso solo informó de 10.
Los nuevos notarios no solo han sido cuestionados por la forma oscura en la que el gobernador en funciones los hizo fedatarios públicos, sino por su comprometida imagen pública, en donde destacan Jaime Darío Oseguera, Jaime Esparza Cortina, Pavel Osegueda Robledo y Jaime Mares Camarena, todos con cuestionamientos sociales.
A menos de un mes de haber dejado el mando del gobierno estatal, a Salvador Jara ya se le cuestiona públicamente, principalmente en el congreso local, la decisión de haber incrementado tan considerablemente el número del notariado estatal, sin antes haber revisado las necesidades reales de cada localidad para la apertura de una nueva notaría.
Nuevos notarios, viejos conocidos
A la luz de lo publicado en el periódico oficial, hoy se sabe que finalmente Jaime Mares Camarena despachará en la Notaría número ocho con residencia en La Piedad; Pavel Osegueda Robledo será el notario número 13 con residencia en Morelia; Alberto Alemán López es el titular de la Notaría número 183 con residencia en Villa Madero; Nelly Esparza Duarte es la titular de la Notaría número 133 con residencia en Morelia, entre otras.
Notarios en sustitución
Las notarías que no informó Salvador Jara en su discurso público, las que son nombramientos que sustituyen a los titulares que venían desempeñando el cargo, son la Notaría número 29 con residencia en Uruapan que ahora encabeza Bonifacio Fuentes Herrera; la Notaría número 2 con residencia en Zamora que ahora la tiene Luis Fernando Alcocer Medina; la Notaría número 24 con residencia en Pátzcuaro en donde despacha Daniel Alejandro Hernández, así como la Notaría número 70 con residencia en Coahuayana, con Guillermo Emmanuel Ruiz Contreras al frente, entre otras.
Notarías y TemplariosPara la PGR no está muerta la investigación que se abrió desde junio del 2013 sobre la probable participación de un grupo de notarios públicos en actividades delincuenciales. Existen evidencias sobre la relación de al menos una veintena de fedatarios con los jefes de plaza del cártel de los Caballeros Templarios, principalmente en Apatzingán, Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zitácuaro y Jiquilpan.
De acuerdo a una fuente de la PGR, existen evidencias de la relación entre algunos de los notarios de Michoacán con el propio Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, aunque se desconoce si existen videos al respecto. Pero la línea de investigación sobre la que aún se sigue trabajando es la participación de algunos notarios en el proceso de cambio de dueño de diversas propiedades que pasaron a mano de los templarios.
En algunas de las notarías de los municipios referidos, de acuerdo a la PGR, se han podido encontrar indicios que apuntan a la posibilidad de que en su momento el cártel los Caballeros Templarios contó con una red de notarios a su servicio, en donde se realizaron los trámites legales para posibilitar la acumulación de riqueza que permitió operar a la organización.
Incluso, la PGR ha encontrado que el mismo cártel de Los Templarios, a través de sus conexiones con el gobierno estatal, en algún momento estuvo en posibilidad para solicitar notarías para abogados que formaron parte de la estructura criminal, algunos de los cuales siguen en funciones, hora con cercanía a los gobiernos municipales en donde han comenzado a desincorporar los bienes públicos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
De manera proporcional, el mayor número de propiedades públicas convertidas a propiedades privadas, fueron trasladadas por los notarios recién asignados a la función.
Pero los notarios michoacanos no solo se han visto relacionados en actos dudosos de traslados de dominios públicos a privados, al menos una veintena de los 183 fedatarios que existen en Michoacán, a la fecha son el objeto de una investigación judicial de la PGR que pretende establecer el enmarañado bajo el que estuvieron operando los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios, cuyos líderes se adjudicaron al menos mil 300 propiedades de sus víctimas.
De acuerdo a fuentes de la PGR, solo en los últimos cinco años, el cártel de los Templarios pasó ante notario público los títulos de propiedad de huertas, granjas porcícolas y avícolas, minas, casas, terrenos, zonas de cultivo y hasta dos edificios, los que con el aval de los fedatarios pasaron legalmente de las manos de las víctimas a sus victimarios.
La PGR tiene documentados en Michoacán al menos 739 traslados de dominios, cuyas propiedades fueron el pago a una extorsión o secuestro. En por lo menos otros 450 casos el traslado de dominio de las propiedades lo entregaron los notarios a quien se presentó ante ellos para reclamar la propiedad, luego de que el legítimo dueño decidiera salir de la zona por amenazas de muerte.
Por lo que se refiere a traslado del dominio de la propiedad pública de los municipios para entregarla a manos de particulares, principalmente terrenos convertidos a centros comerciales, a los notarios públicos nombrados en los últimos 10 años les corresponde la responsabilidad de la desincorporación de casi el 80 por ciento de las propiedades inmobiliarias de los municipios.
Derivados de acuerdos poco claros, entre los cabildos y algunos notarios, se han llegado a entregar a particulares riquezas inmobiliarias de incalculable valor histórico o turístico. El ejemplo más claro es el municipio de La Piedad, en donde por un acuerdo entre el cabildo y un notario público se enajenó una zona arqueológica para edificar un mercado, convertido hoy en oficinas de la administración pública local.
En Pátzcuaro, otro ejemplo de la cuestionada labor notarial, en los últimos cuatro años algunos fedatarios públicos de la zona han comenzado enajenar predios federales de las márgenes del lago, para ser entregados a particulares a fin de que utilicen el predio con uso de suelo agrícola como fines urbanísticos. El 90 por ciento de las desincorporaciones ha sido en beneficio directo para funcionarios del gobierno estatal y federal, que han construido así sus casas de descanso.
Todos los gobernadores de los últimos 30 años han contribuido al engrosamiento de la plantilla notarial. Pero ha sido con los últimos cinco gobernadores cuando la entrega de nombramientos de nuevos notarios –anunciada en los últimos minutos de su gestión- se ha visto de manera casi insultante por la cantidad de nuevas notarías abiertas.
Ninguno de los últimos cinco gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García o Salvador Jara Guerrero, fueron claros con la entrega de nombramientos de fedatarios públicos. Anunciaron unos nombres, pero se reservaron otros.
Tapar el sol con un dedo
Fue Salvador Jara el que más oscuramente manejó la entrega de notarías. Mientras anunciaba una lista de nuevos fedatarios públicos, el gobernador saliente ocultó el nombre de otros de sus amigos a los que designó como notarios en sustitución de otros. En total Salvador Jara –de acuerdo a la edición del Periódico Oficial del 30 de Septiembre del 2015- hizo entrega de 24 nuevos nombramientos de notarios, cuando oficialmente en el discurso solo informó de 10.
Los nuevos notarios no solo han sido cuestionados por la forma oscura en la que el gobernador en funciones los hizo fedatarios públicos, sino por su comprometida imagen pública, en donde destacan Jaime Darío Oseguera, Jaime Esparza Cortina, Pavel Osegueda Robledo y Jaime Mares Camarena, todos con cuestionamientos sociales.
A menos de un mes de haber dejado el mando del gobierno estatal, a Salvador Jara ya se le cuestiona públicamente, principalmente en el congreso local, la decisión de haber incrementado tan considerablemente el número del notariado estatal, sin antes haber revisado las necesidades reales de cada localidad para la apertura de una nueva notaría.
Nuevos notarios, viejos conocidos
A la luz de lo publicado en el periódico oficial, hoy se sabe que finalmente Jaime Mares Camarena despachará en la Notaría número ocho con residencia en La Piedad; Pavel Osegueda Robledo será el notario número 13 con residencia en Morelia; Alberto Alemán López es el titular de la Notaría número 183 con residencia en Villa Madero; Nelly Esparza Duarte es la titular de la Notaría número 133 con residencia en Morelia, entre otras.
Notarios en sustitución
Las notarías que no informó Salvador Jara en su discurso público, las que son nombramientos que sustituyen a los titulares que venían desempeñando el cargo, son la Notaría número 29 con residencia en Uruapan que ahora encabeza Bonifacio Fuentes Herrera; la Notaría número 2 con residencia en Zamora que ahora la tiene Luis Fernando Alcocer Medina; la Notaría número 24 con residencia en Pátzcuaro en donde despacha Daniel Alejandro Hernández, así como la Notaría número 70 con residencia en Coahuayana, con Guillermo Emmanuel Ruiz Contreras al frente, entre otras.
Notarías y TemplariosPara la PGR no está muerta la investigación que se abrió desde junio del 2013 sobre la probable participación de un grupo de notarios públicos en actividades delincuenciales. Existen evidencias sobre la relación de al menos una veintena de fedatarios con los jefes de plaza del cártel de los Caballeros Templarios, principalmente en Apatzingán, Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zitácuaro y Jiquilpan.
De acuerdo a una fuente de la PGR, existen evidencias de la relación entre algunos de los notarios de Michoacán con el propio Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, aunque se desconoce si existen videos al respecto. Pero la línea de investigación sobre la que aún se sigue trabajando es la participación de algunos notarios en el proceso de cambio de dueño de diversas propiedades que pasaron a mano de los templarios.
En algunas de las notarías de los municipios referidos, de acuerdo a la PGR, se han podido encontrar indicios que apuntan a la posibilidad de que en su momento el cártel los Caballeros Templarios contó con una red de notarios a su servicio, en donde se realizaron los trámites legales para posibilitar la acumulación de riqueza que permitió operar a la organización.
Incluso, la PGR ha encontrado que el mismo cártel de Los Templarios, a través de sus conexiones con el gobierno estatal, en algún momento estuvo en posibilidad para solicitar notarías para abogados que formaron parte de la estructura criminal, algunos de los cuales siguen en funciones, hora con cercanía a los gobiernos municipales en donde han comenzado a desincorporar los bienes públicos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
De acuerdo con los resultados de este proyecto estadístico experimental, que “capta las percepciones y opiniones de las personas sobre su propia vida de manera ordenada y sistematizada”, de los 80.7 millones de adultos que hay en el país, 34.8 millones se consideran “muy satisfechos” con la vida y otros 32.5 millones están solo “satisfechos”.
Mientras que en el lado opuesto, 9.8 millones de los habitantes de 18 años y más en el país, quienes representan 12.1 por ciento del total de la población adulta, están “insatisfechos” y 3.6 millones de plano se consideran “muy insatisfechos” con su vida.
Este ejercicio estadístico, realizado por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), denominado Biare Ampliado reportó un nivel nacional de satisfacción con la vida en México de 7.95 puntos en una escala de 0 a 10, donde la entidad que tuvo el más elevado nivel de satisfacción con la vida es el Distrito Federal, con una calificación de 8.45 unidades. En tanto que el estado con más baja evaluación es Oaxaca, con 7.46 puntos.
En conferencia de prensa, el presidente del Inegi, Eduardo Sojo, apuntó que efectivamente existe una relación directa entre las condiciones materiales con el bienestar, pero no es suficiente con la satisfacción con la vida.
En una escala que va de menos 10 puntos a más 10 unidades, el promedio nacional del balance anímico de la población adulta fue de 5.56 puntos.
Pero de forma más específica 49.8 millones de adultos, que representan 61.8 por ciento del total en el país, presentan un estado anímico “predominantemente positivo”; otros 25.2 millones, 31.2 por ciento, son “ligeramente positivos”; mientras 5.7 millones de habitantes de 18 años y más presentan un balance afectivo “predominantemente negativo”.
El país es un mosaico, dijo Sojo, al presentar los resultados de bienestar subjetivo en cuatro grupos de 8 entidades cada una. Los promedios más altos de satisfacción se ubican en Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Distrito Federal. Mientras que los más insatisfechos son Veracruz, Morelos, Puebla, Campeche, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, y Oaxaca.
La población adulta de los estados de Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se ubica en un nivel de satisfacción arriba de la media nacional pero debajo del cuartil de los más satisfechos. En tanto que Sinaloa, Nayarit, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco se sitúan abajo del promedio nacional pero en un nivel de insatisfacción menos agudo que las entidades habitadas por la población adulta más insatisfecha con la vida.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
Ese nivel de violencia e impunidad, dijo, mantiene en la angustia al sector universitario de la entidad.
Entrevistado en el puerto de Acapulco, Saldaña precisó que el pasado fin de semana recibió una llamada telefónica de supuestos miembros de la delincuencia organizada que le exigieron dinero, o de lo contrario atentarían contra él y su familia.
Según el rector, ese tipo de extorsiones han sido constantes y le preocupa que los delincuentes manejen información sobre su círculo de colaboradores personales.
Los directores de escuelas preparatorias de la región de la Costa Chica incorporadas a la UAGro, añadió, han sido víctimas de ese delito en los últimos días.
El rector anunció que ante el escenario convulso que se vive en la entidad, él y seis de sus homólogos en otras entidades se reunirán con funcionarios federales para tratar de resolver la problemática financiera y de inseguridad que prevalece de tiempo atrás y que genera incertidumbre en el sector universitario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Y es que para este 2015 el gobierno que encabeza Graco Ramírez destinó 650 millones 554 mil pesos al pago de la deuda, sin embargo, para el próximo año la cifra creció de manera exponencial hasta llegar a mil 117.5 millones, es decir, 5.45% del presupuesto total para el estado, que es de casi 20 mil millones de pesos.
Esta diferencia se explica en el desglose de los pasivos que se proyectan liquidar para el 2016, que incluye un renglón constante de “deuda pública”, en la que se prevé la amortización, intereses, comisiones, gastos y coberturas de los créditos previamente contratados –por 653 millones 309 mil pesos–, más un nuevo concepto denominado “Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)” por 464 millones 145 mil pesos.
Los Adefas enlistados en el proyecto de presupuesto para el próximo año no son otra cosa que adeudos millonarios extraordinarios generados exclusivamente a lo largo del ejercicio presupuestal 2015, erogaciones que el gobierno de Graco Ramírez realizó por encima del gasto que le habían asignado y que ahora pretende trasladar al pago de deuda de 2016.
Lo que no explica la iniciativa de presupuesto es en qué rubros invirtió el gobierno esos 464 millones de pesos y que se traducen en una nueva deuda generada en sólo un año, adicional a la previamente contratada por 2 mil 806 millones de pesos.
Resta facultades del Congreso
Algo que también llama la atención del paquete económico presentado hace tres semanas por el gobierno de Graco Ramírez es que se adjudica facultades que corresponden al Congreso, como la creación de fideicomisos y la contratación, sin pedir autorización, de más deuda pública.
En el artículo XIV del Presupuesto de Egresos, el gobernador se adjudica facultades exclusivas del Legislativo, al permitirse la constitución de fideicomisos públicos, cuyo fin sea lícito y determinado, para impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del estado.
Y es que el gobernador oculta y omite dar a conocer el listado de proveedores a quienes se les adeudan recursos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y las áreas gubernamentales que cayeron en déficit o los rubros en los que se gastó más de lo previsible en presupuestos anteriores.
Graco Ramírez también oculta información a los legisladores sobre el tema de la deuda pública, en la que tiene previsto destinar 683 millones de pesos para disminuir los costos de los cinco créditos obtenidos en su gobierno por un monto global de 3 mil 465 millones de pesos.
Dentro del presupuesto estatal 2016 sólo se establece que de los 683 millones para el pago de la deuda pública, 346 millones de pesos se destinarían al pago de capital, mientras que 282 millones 488 mil pesos a pagar intereses bancarios.
Los 9 millones 260 mil pesos restantes se pagarían a las calificadoras financieras, a los instrumentos de cobertura, a la publicación de estados financieros y a los honorarios de fideicomisos.
No obstante oculta información sobre el monto total en la que quedaría la deuda a finales de diciembre de 2016, con los pagos de amortización y servicios de cada una de las líneas crediticias adquiridas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.
En rueda de prensa realizada en la sede estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en esta ciudad, Emilia García Cabrera, madre del menor de 12 años, exigió justicia porque hasta la fecha, dijo, no hay ninguna persona detenida por la muerte de Hildeberto.
Pocos días después de la muerte del niño, el procurador de Justicia de Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, descartó que elementos del Ejército fueran los responsables de los hechos ocurridos el 19 de julio en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, pues tanto los cuerpos de seguridad como los propios habitantes fueron agredidos por personas desconocidas, ya que se utilizaron calibres distintos a los que usan los militares, dijo.
No obstante, la mujer insistió en que fueron miembros del Ejército quienes realizaron los disparos que segaron la vida de Hildeberto Reyes y provocaron lesiones a cuatro personas más, entre ellas una sobrina del menor.
“Dicen que no fue el gobierno, sino la propia comunidad, pero eso no es cierto, porque los únicos que traían armas eran los soldados y hubo muchos testigos que los vieron disparar, mientras que la gente no estaba armada, sólo se defendía con piedras y palos”, indicó Emilia García.
La mujer dijo que las autoridades quieren hacerle creer a la familia que los militares sólo dispararon al aire. “¿Entonces quiere decir que mi hijo andaba en el aire o qué? Lo que quisiéramos es que el gobierno diga la verdad”, apuntó.
Según la versión ofrecida en su momento por la organización civil Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, después de la detención de Cemeí Verdía, un grupo de simpatizantes instaló un bloqueo en la carretera costera Lázaro Cárdenas-Colima. En respuesta, elementos del Ejército trataron de detener a varios de los líderes, pero los manifestantes retuvieron a varios soldados y los llevaron a Ixtapilla, adonde después de las 15:00 horas llegó un contingente militar para liberarlos, y fue entonces cuando dispararon contra la gente provocando la muerte del menor.
Ante la falta de apoyo para los familiares del niño fallecido, los dirigentes estatales de Morena en Colima y Michoacán, Vladimir Parra Barragán y Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, respectivamente, dieron a conocer una campaña de solidaridad entre las poblaciones de ambos estados para exigir justicia por el asesinato de Hildeberto, y anunciaron que iniciarán una colecta de víveres, medicamentos, ropa y productos de primera necesidad para la familia del menor, así como para las comunidades indígenas de Michoacán que sufren un constante acoso por las fuerzas armadas y el crimen organizado.
Parra Barragán precisó que el caso del niño no es aislado, ya que en los últimos años se han cometido cientos de asesinatos contra habitantes y luchadores sociales de Ostula y la región.
Denunció que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, traicionó a las comunidades indígenas y a las autodefensas, porque “está intentando desarmarlos y eso es prácticamente entregarle al crimen organizado el territorio de Michoacán”.
Vladimir Parra exigió la liberación de Cemeí Verdía, cuyo encarcelamiento calificó como un acto más de represión por parte del gobierno federal para frenar la organización popular en las comunidades.
Para el dirigente de Morena en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval, la situación de inseguridad y descomposición del tejido social, aparte de la violencia del crimen organizado, fue por la “guerra estúpida” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, “un deshonroso michoacano” que, subrayó, no hizo más que traer “muertes y muertes”, provocando que más de 150 mil personas perdieran la vida y aproximadamente 30 mil estén en calidad de desaparecidas, considerándose “daños colaterales”.
Hizo un llamado a la solidaridad entre las poblaciones de Colima y Michoacán para exigir que se haga justicia ante la impunidad en el caso del asesinato de Hildeberto Reyes, así como castigo a los culpables.
Señaló, asimismo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene autoridad moral para pedir justicia a Egipto en el caso de los mexicanos asesinados en aquel país mientras no se erradique la impunidad en México.
Sandoval Rodríguez demandó que el gobierno de Michoacán ayude a la familia de Hildeberto a pagar la deuda de aproximadamente 25 mil pesos derivada de los gastos funerarios, y anunció que la jornada de apoyo a la familia se realizará del 19 de octubre al 4 de noviembre, y que el día 5 de este último mes se entregarán los apoyos en la comunidad de Ixtapilla.
Mientras tanto, se proporcionarán servicios de apoyo psicológico y orientación legal a los deudos del menor fallecido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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