La juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores (Fepade) contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Arturo Escobar, quien fue acusado de delitos electorales.
El juzgado decimoprimero de distrito de proceso penales federales, con sede en la ciudad de México, consideró que el Ministerio Público Federal (MPF) no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar y de los empresarios que apoyaron al PVEM en la producción y distribución de tarjetas Premia Platinum.
Después de que la decisión judicial trascendió al ámbito público, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, anunció que daría un mensaje a medios de comunicación; sin embargo, minutos antes de la una de la tarde –hora a la que había convocado– anunció la suspensión del encuentro con la prensa.
Hasta el cierre de esta edición, la Fepade, señalaron funcionarios de esa institución, no daría a conocer su posición, porque oficialmente el Ministerio Público Federal adscrito al juzgado de distrito no ha sido notificado y el plazo para ello vence hasta las 23:59 horas de este 9 de diciembre. Así que podría ser hasta este jueves que se vuelva a convocar a los medios.
En este caso, la Fepade comenzó una averiguación previa en contra de Arturo Escobar y de los empresarios y representantes de las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC, y Cards & Systems Solutions SA de CV, después de las denuncias presentadas por militantes de PAN y PRD, debido a que el PVEM distribuyó tarjetas Premia Platinum en las que identificaba a los destinatarios como afiliados a ese instituto político.
Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade empezó la investigación y determinó que había contrataciones y actos indebidos.
El día en que la Fepade consignó el expediente, el fiscal Santiago Nieto Castillo informó a un medio de comunicación y dijo que acusó al ex dirigente del PVEM porque él firmó los contratos en su carácter de representante legal del partido.
Nieto Castillo aseguró que en todos los casos la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, me instruyó para actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias hacia ningún partido político, y en razón de que mi ejercicio no es contra los institutos como instituciones, sino contra las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva.
Después de 10 días, el juzgado negó la orden de aprehensión a la Fepade y ahora el Ministerio Público Federal podrá apelar de la resolución judicial para que un tribunal resuelva en definitiva sobre los mandamientos judiciales, o bien la Fepade puede solicitar la devolución del expediente, perfeccionar las inconsistencias de su indagatoria y volver a consignarla con el propósito de obtener la orden de aprehensión.
Asimismo, a la Fepade le negaron los mandamientos que pidió contra el ex secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco; el presidente del PAN en ese estado, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado de Jorge Luis Preciado, Javier Jiménez Corzo, acusados del delito de fraude procesal.
TAPACHULA, Chis. (apro).- Luego de tomar como rehenes a un policía federal, dos estatales y dos presuntos agentes infiltrados en su movimiento, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los liberaron a cambio del regreso de sus seis compañeros detenidos ayer durante una manifestación.
Adelfo Gómez Alejandro, secretario general de la Sección 7 del SNTE, adherida a la CNTE, explicó que la liberación de los uniformados retenidos hacia el mediodía fue acordada tras reunirse con dirigentes de la Asamblea Democrática de la Sección 40 adherida a la CNTE y representantes de los gobiernos federal y estatal.
El líder sindical agregó que después de que sean revisados por un médico, los maestros Alexander Lázaro Vicente, Óscar Oliver Espinoza Arguello, Eduardo de Jesús Bolaños Nangusé, Jorge Luis Guzmán Siú, Faustino Gómez Hernández y Luber Lauro López Domínguez serán llevados a la asamblea estatal para que expongan el testimonio de su aprehensión y digan si sufrieron abusos policiacos.
Junto con los uniformados, los maestros también entregaron las pertenencias de los policías sustraídas de los camiones durante el enfrentamiento que tuvieron horas antes.
La toma de policías como rehenes comenzó hacia el mediodía de este miércoles. Fue la segunda jornada consecutiva de enfrentamientos entre policías federales y los manifestantes que rechazan la evaluación de los profesores como parte de la reforma educativa.
Alrededor de 50 mil docentes, según cifras del magisterio, iniciaron una marcha rumbo a la plaza central de esta capital. La movilización pretendía pasar por una calle donde estaba su propio campamento, por lo que desviaron su ruta a una avenida paralela. Al pasar junto al Hotel Safari, donde se hospedan cientos de policías federales enviados para resguardar la aplicación del examen, comenzó la trifulca.
Los uniformados salieron con escudos antimotines. Los maestros les lanzaron palos y piedras y ellos respondieron con bombas de gas lacrimógeno.
Como eran minoría, los policías fueron replegados, situación que aprovecharon los manifestantes para destruir uno de sus camiones y romper los vidrios de cuatro más.
Los profesores saquearon uno de los vehículos. Se llevaron maletas personales de los federales, además de equipo antimotín, como cascos, chalecos antibalas, máscaras antigas, rodilleras, coderas, pecheras, y fornituras–. Incluso sacaron granadas de gas lacrimógeno y cientos de cajas de cartuchos útiles.
En ese choque fue cuando tomaron a uno de los policías y, junto con el arsenal, se lo llevaron a la plaza central para exhibirlo públicamente. Estaba amarrado con las manos hacia atrás, descalzo y con la cabeza cubierta con una playera.
Más tarde fueron llevados al mismo lugar dos mujeres policías estatales quienes, dijeron, sólo salieron “a comprar pollo para comer”, pues estaban de guardia en un edificio público gubernamental de la plaza central. Posteriormente fueron detenidos dos presuntos agentes policiacos infiltrados en el plantón, según versiones de los propios docentes.
Adelfo Gómez informó que esta noche iniciará la sesión Plenaria de la CNTE para determinar las acciones que realizarán durante las próximas horas, luego de que se informó que las evaluaciones pendientes se realizarán hasta enero de 2016.
Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
http://www.proceso.com.mx/?p=423084
En 2014 Gabriela Sánchez López inició una huelga de hambre tras iniciar una lucha en busca de justicia por la violación de su hija de trece años, quien tiene ceguera y retraso mental, cuyo agresor fue su maestro Alejandro Ricardo Meneses, quien fue juzgado por el delito de estupro y no por violación.
Gabriela explica a Revolución TRESPUNTOCERO que en el caso existieron errores en la defensa de su hija por parte de los representantes legales designados, aunado a esto el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en Jalisco reclasificó el delito de violación por estupro, por lo que el agresor salió libre bajo fianza, aunque tiempo después fue aprehendido.
Sin embargo ella comenzó a padecer violencia psicológica por medio de amenazas y después física con agresiones severas, por lo que se trasladó a vivir al Estado de México, donde fundó un proyecto de defensa y apoyo a madres solteras.
Aun con el cambio de región, Gabriela siguió padeciendo agresiones. Aunque ella se encuentra ‘protegida’ por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde febrero pasado, a su casa llegó un hombre quien irrumpió furiosamente a su puerta intentado forzarla y entrar de manera violenta. Aunque demostró por medio de videos lo sucedido, hasta la fecha no se ha logrado esclarecer esta situación.
Gabriela tuvo que cerrar el centro de ayuda para madres solteras y se mudó a casa de otra de sus hijas, en Ecatepec, esperando encontrar un poco de estabilidad emocional. Sin embargo un nuevo problema se presentó: en la colonia “CTM XIV” donde ahora habita, casi un millar de familias fueron defraudadas cuando compraron predios a la organización civil “Luchemos por el cambio”.
“Dichos terrenos fueron vendidos de manera fraudulenta, ahora somos miles de familias que estamos en riesgo de ser desalojadas, ya el 12 de octubre hubo un primer desalojo de los mismos vendedores a las 3 de la mañana llegaron a desocupar los terrenos y a tirar las casas, a nadie le llegó ninguna notificación, es por ello que solicité que me atendiera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la cual soy beneficiaria (por el caso de mi hija).
Ya antes hice investigaciones por mi cuenta y encontré que hay autoridades involucradas en esta venta masiva de terrenos, coludidas con los miembros de dicha asociación civil, por eso hablé con los vecinos para denunciar los hechos ante la Comisión”, explica Gabriela.
Ella asegura que han sido víctimas de la misma Comisión, ya que el martes pasado tuvo una reunión con el Comisionado Presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón, a quien le explicó la problemática de los terrenos y pidió ayuda para su defensa y la de sus vecinos, pero no hubo algún tipo de disposición. Por el contrario, el funcionario se fue porque “tenía otro compromiso”.
Por lo tanto, Gabriela se quedó en la oficina asegurando que no iba a regresar a su casa, porque además que ya había sido golpeada, “a unas cuadras de mi domicilio, por tres mujeres que no he identificado, quienes me patearon hace 15 días, también recibí amenazas de muerte hechas por quien le vendió a mi hija el terreno donde ahora vivimos, él me enseñó un arma y tengo testigo de ello.
Además se subió a la barda y por una ventada tomó fotografías de mi domicilio y de mi persona, con palabras altisonantes me aseguró que me iba a matar. Por ello yo no podría regresar”, explica la activista.
Lo anterior se lo hizo saber Gabriela a Jaime Rochín, “le dije estoy en peligro de muerte, pero hizo caso omiso, además recurrí también a la policía, quienes me dijeron que no podían brindarme una patrulla las 24 horas cuidándome, aunque sea beneficiaria del Mecanismo, porque no tienen vehículos y tampoco elementos, cuando se supone que es una obligación que tienen conmigo, se supone que debería de ser una orden de gobernación”.
A este hecho “se sumó una de las peores noticias, fue mi tiro de gracia; el Maestro Rochín me dijo que a estas alturas, en el caso de la violación de mi hija, después de cinco años y ocho meses de estar luchando, la recomendación que yo traigo de Jalisco donde se comprueba que cinco agentes del ministerio público están involucrados en la mala actuación de la integración de las pruebas que demuestran que mi hija tiene discapacidad intelectual y visual, ya se cerró y que solamente sancionaron a uno de los elementos con ocho días sin goce de sueldo y ya todo concluyó porque se ‘perdieron los tiempos’, cuando si eso pasó es responsabilidad de los defensores que me asignaron, no mía porque yo no soy la abogada, yo soy una víctima que está luchando.
Así que molesta e indignada por esto y por los terrenos, me quedé ahí, estaba dispuesta a dormir ahí hasta tener una solución, sin embargo después de algunas horas, un abogado me dijo que ya habían resuelto mi problema y que me iban a llevar a un hotel hasta que hubiera un lugar seguro para mí. Todo esto correría por cuenta de la Comisión, sin embargo al otro día de la recepción del hotel me dijeron que tenía que pagar si quería quedarme otro día, fue cuando comencé hacer presión por medio de las redes sociales”, narra la activista.
Fue así como llegó gente de la Comisión y la llevó a las instalaciones de ésta, intentando convencerla de firmar un ‘acuerdo’ donde ella aceptaba ir a un albergue, pero no lo aceptó, ya que ella considera que de hacerlo, sería ella quien estaría encerrada y no los culpables.
“No firmé porque las autoridades son las que no han investigado y sancionado a quienes nos están amenazando y hostigando, a mí en lo particular. Así pasé una primer noche en la Comisión, dormí en el piso y mi hija también, precisamente el día mundial de la discapacidad.
Pese a que una abogada defensora de Derechos Humanos pidió a Rochín que llegara a verme y abrir diálogo, no lo hizo, sin comer y con dos ataques de epilepsia, la cual padezco, me mantuve en la oficina en espera de respuestas la semana pasada”, agrega.
De esta acción surgió un amparo que se ofreció a ella y a otras 30 víctimas del fraude, anteriormente ya 10 vecinos y Gabriela realizaron una huelga de hambre, hace aproximadamente dos meses para dar a conocer la problemática, sin embargo en aquel momento su caso no fue tomado en cuenta. Aun cuando tienen pruebas que existen autoridades involucradas en dicho fraude y a quienes han intentado demandar pero “la señorita de la mesa de responsabilidad no nos permitió realizar la denuncia diciendo que no tomarían nuestra demanda porque no podíamos denuncia a una autoridad, quedó pendiente pero seguiremos insistiendo”, asegura Gabriela.
El viernes próximo tendrán una reunión en donde se les explique el avance del amparo y si existen nuevas estrategias para la resolución del caso de fraude y las amenazas en contra de la activista. Ya que además de ello, asegura que la semana pasada también, personas cercanas a los vendedores de las tierras, comenzaron a causan pánico en los colonos, asegurándoles que por la noche serían desalojados con violencia de sus domicilios. Aunque Gabriela pidió ayuda a la abogada que le lleva el caso, ésta aseguró que no tenía ‘autorizado’ defenderlos por desalojo, ya que su trabajo solamente se enfocaba en el fraude. El hostigamiento siguió durante horas, sin que se recibiera ayuda alguna por parte de ninguna autoridad. Por todo ello, Gabriela asegura que son víctimas de dicha Comisión.
Fuente: Revolución 3.0
Autora: Emma Martínez
http://revoluciontrespuntocero.com/activista-que-denuncio-fraude-es-hostigada-y-amenazada-de-muerte-mientras-que-la-ceav-hace-caso-omiso-a-sus-demandas/
El 94 por ciento de los migrantes que permanecieron en los meses de julio y agosto en las estaciones migratorias del sur-sureste del país, reportan algún tipo de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, afirmó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, quien señalan que los perpetradores fueron esencialmente agentes del Instituto Nacional de Migración.
En su informe preliminar sobre tortura y maltrato en estaciones migratorias 2015, la organización civil, que contó con el apoyo del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), señaló que desde su detención, hay violaciones graves de sus derechos humanos a un alto porcentaje de migrantes y violaciones a la Constitución mexicana y a las leyes y convenios jurídicos internacionales.
De acuerdo al informe, en las detenciones participan de manera ilegal policías federales y estatales y municipales, y las autoridades migratorias retienen al 78 por ciento de las personas que son enviadas a dichos centros, un plazo mayor a las 72 horas, violando disposiciones legales nacionales.
Presenciar tortura o maltrato a otros, amenazas, denegación de privacidad, abuso verbal, hacinamiento, condiciones antihigiénicas, humillación, y alimentos irregulares o en mal estado, son las violaciones más relevantes que fueron identificados, según el informe.
En conferencia de prensa, Fernando Valadez, del Colectivo, señaló que las embajadas y consulados, principalmente de las naciones centroamericanas “dan pena”, pues con la excusa de que el gobierno mexicano no les notifica los casos, “poco o nada hacen por sus connacionales”.
Y al referirse a la labor que en este caso realizan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que aunque en algo mitiga esta situación de violaciones, no se percibe un interés real por los migrantes, bajo con la excusa de que prácticamente ninguno de ellos presenta una denuncia. “Pero las comisiones estatales de los derechos humanos están peor; hay un total servicio al gobierno del estado, o están totalmente controladas por ellos”.
Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/reporta-ong-tortura-a-94-de-los-migrantes-en-sureste-de-mexico-2706.html
México, DF. En ningún estado del país el Poder Judicial local cumple con su obligación de publicar las sentencias que dictan los jueces, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización Equis Justicia para las Mujeres. Esa información es el primer indicador para saber si los tribunales están haciendo bien su trabajo, explicó Ana Pecova, directora de la organización feminista.
Tamaulipas, estado de México y Guanajuato ni siquiera reconocen ese deber en sus leyes y en otras 15 entidades “simulan poner a disposición pública” los fallos judiciales, pues en realidad se informa de estadísticas o datos de expedientes, detalló Fátima Gamboa Estrella, coordinadora jurídica de Equis.
Al presentar la campaña “Es justo que sepas de justicia”, en la Casa Lamm, la activista apuntó que en los otros 17 estados las sentencias que se publican tienen “serias deficiencias”, pues son de años anteriores o fueron emitidas por organismos internacionales.
Muchos de los juzgadores no tienen “voluntad política” para divulgar sus decisiones, consideró Leticia Bonifaz Alfonso, directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la presentación del análisis. Sin embargo, acotó, a veces eso no depende del titular del Poder Judicial local, pues en muchos estados “los gobernadores tienen una injerencia directa en los recursos” que se necesitan para transparentar esos datos.
“Tener ese tipo de información evita actos de corrupción y le da confianza a la ciudadanía”, comentó Gamboa Estrella. Además, permite saber si el juez tuvo en cuenta una perspectiva de género a la hora de resolver, añadió. Por ello, dijo, es necesario que dejen de asumirlo “como una concesión”, y lo vean una de sus obligaciones.
Sin embargo, abrir las sentencias a la población no es suficiente, aclaró, pues para la mayoría resulta difícil entender su contenido. Así que será necesario traducirlas a un lenguaje claro, solicitó.
La organización Equis Justicia para las Mujeres lanzó un video (https://www.youtube.com/watch?v=uXHCL0LDq2k&feature=youtu.be) para hacerle saber a la audiencia que uno de sus derechos es conocer otras sentencias para saber qué esperar en un caso similar, que la transparencia ayuda a saber si el Poder Judicial cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/poderes-judiciales-locales-incumplen-con-transparencia-activista-7520.html
México, D.F. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el caso de ocho médicos del Hospital Regional “Dr. Emilio Alcázar Castellanos”, en Tuxpan, Veracruz, cuya actuación derivó en violencia obstétrica contra una mujer de 19 años de edad y la muerte de uno de sus gemelos.
En la recomendación 40/2015, en organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y bebés; al derecho a la vida de uno de los recién nacidos y a conocer la verdad sobre la atención médica otorgada a la madre, atribuibles al personal de dicho hospital, dependiente de los Servicios de Salud de esa entidad federativa.
En un comunicado, la CNDH solicita al gobierno de Veracruz tomar las medidas necesarias para reparar el daño a los familiares del bebé fallecido, y se les otorgue atención médica y psicológica; dotar al nosocomio de medicamentos, mobiliario, equipo médico en buenas condiciones y suficiente personal, entre otras muchas medidas.
Además, pide al gobierno estatal que colabore en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la Controlaría General del Estado de Veracruz, contra el personal relacionado con estos hechos, y en la inscripción de las víctimas sobrevivientes y los familiares agraviados en el Registro Estatal de Víctimas, para que tengan, en lo conducente, acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
De acuerdo a los hechos reportados, iniciados el 8 de julio de 2014, la mujer acudió al nosocomio pero fue enviada a su casa, donde el médico que la atendió ignoró que la paciente contaba con un embarazo de riesgo por ser gemelar, primeriza y con amenaza de parto pretérmino.
El 23 de julio regresó nuevamente el hospital y permaneció internada cuatro días, sin que se le realizara un ultrasonido ni se le diera adecuada atención médica. El día 27 fue intervenida quirúrgicamente y nacieron sus dos hijos. Sin embargo, ella y su esposo luego fueron informados que uno de los bebés falleció por aspiración de líquido amniótico.
Desde el momento de la internación hasta el día de la intervención quirúrgica, la agraviada fue revisada por siete médicos, quienes no detectaron la gravedad de la paciente ni solicitaron su traslado al siguiente nivel de atención, sino continuaron con el tratamiento para contrarrestar la amenaza de parto pretérmino.
Finalmente, el 27 de julio fue valorada por un médico ginecólogo, quien ordenó la cesárea, durante la cual se encontraron contradicciones en cuanto al fallecimiento de uno de los recién nacidos, ya que según la “Nota de Enfermería” se le realizaron aspiraciones de secreciones, sin reportar presencia del líquido. No obstante, en la “Hoja Única de Atención al Recién Nacido”, un médico y tres enfermeras, que participaron en la cirugía, aseguran que si obtuvieron liquido mediante aspirado a través de sonda.
Días después de los hechos, un sitio electrónico de la entidad difundió la información, por lo que esta Comisión Nacional atrajo el caso, al considerar que la protección de la salud es un derecho elemental, particularmente para las mujeres durante el embarazo y para los recién nacidos, a quienes se debe garantizar un servicio oportuno, con calidad, calidez y perspectiva de género, por lo que se radicó de oficio el expediente CNDH/4/2014/5008/Q.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/emiten-recomendacion-a-duarte-por-caso-de-violencia-obstetrica-5978.html
Hermosillo, Son. La Procuraduría General de Justicia la Estado de Sonora (PGJES) realizó varios cateos en las propiedades de la familia del ex mandatario estatal Guillermo Padrés Elías, debido a la investigación previa por delitos en manejo de recursos de procedencia ilícita.
Luego de tres cateos que se realizaron el pasado fin de semana, a través de peritos de la PGJES se inició esta mañana la cuarta diligencia en el domicilio Ruiseñor número 307, fraccionamiento residencial Los Lagos, la cual se presume es propiedades de José Dagnino, cuñado del ex gobernador.
Este miércoles se revisaba la cochera donde se encuentra un vehículo blanco Mercedes Benz, así como varias motocicletas que son custodiadas por una grúa con plataforma.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/procuraduria-de-sonora-catea-propiedades-de-guillermo-padres-2757.html
San Cristóbal de las Casas. Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron en Tuxtla Gutiérrez con policías federales y mantienen retenido a un agente en la Plaza Central, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7, quien dijo que no hay reportes de personas lesionadas.
Explicó que el enfrentamiento ocurrió frente al hotel Safari del centro de la capital, donde se hospedan los federales que ayer resguardaron a los profesores que acudieron a presentar la evaluación en la Escuela Nacional de Protección Civil, ubicada en el municipio Ocozocoautla.
“En un acto de provocación los agentes colocaron vallas y salieron con escudos para protegerse cuando miles de maestros realizaban la marcha pacifica hacia el centro de la ciudad, comenzaron lanzar gases lacrimógenos y los compañeros se defendieron arrojando piedras”, aseveró Mendoza Vázquez.
Señaló que tras la refriega los profesores decomisaron a los efectivos federales diversos materiales “que utilizan para reprimir, se encuentran en exhibición en el parque central”.
El dirigente magisterial exigió la continuación de la mesa de diálogo para que sean liberadas las seis personas detenidas ayer durante el enfrentamiento ocurrido en el contexto de la evaluación docente.
Fuente: La Jornada
Autor: Elio Henríquez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/nuevo-choque-entre-maestros-y-policias-en-chiapas-4719.html
México, DF. En el estado de México hay una “política sistemática” de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, en medio de una abierta violación a los derechos humanos y colectivos de la población, principalmente indígena y pobre, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
En su informe anual 2015, sobre su trabajo y la situación que priva en la entidad en materia de derechos humanos, denunció que este despojo se pretende hacer a través de la imposición de “megaproyectos” y desarrollos inmobiliarios en los que siempre resultan beneficiadas las grandes corporaciones y consorcios empresariales.
Además, advirtió que esta situación ha generado un enorme y grave clima de tensión e inseguridad, aunado a la represión orquestada desde las diferentes niveles de gobierno, en contra de las manifestaciones de inconformidad de pueblos y organizaciones que resisten al despojo.
En conferencian de prensa, representantes de una docena de comunidades y pueblos del territorio mexiquense explicaron uno a uno su situación y lucha frente a esta política de despojo.
Así, se denunciaron, entre otros, los casos que viven los pueblos o municipios de Coyotopec, con la privativación del agua; de San Francisco Xochicuautla, en contra de la carretera Toluca-Naucalpan; de San Lorenzo Hutizizilapan, que pelean por su bosque y agua; de San Francisco Magu, que están contra la construcción de una desarrollo inmobiliario; de San Salvador Atenco, que rechazan la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como organizaciones que están contra del pago desproporcionado de la energía eléctrica.
Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/sistematica-politica-de-despojo-territorial-en-edomex-denuncia-ong-978.html
Argumentan que habían hecho todo lo que necesitaban para darse de alta, tener documentos en regla, específicados en la Ventanilla Única, pero al final las rechazaron diciendo que no eran válidas sus solicitudes. Lo cual hizo que se movilizaran con ayuda de la Fundación Iris y de la Organización de Madres Solteras víctimas de Abuso Sexual para pedir hablar con el encargado de la Dirección de Gobierno, Jorge Zamorano, quien también les había prometido un lugar de trabajo dentro de los mercados.
Fueron recibidas por un grupo de funcionarios de la delegación, ellos pidieron a seis representantes de la organización para que pudieran platicar con el licenciado, desafortunadamente les tardaron casi una hora sin decirles si estaba o no ocupado, lo cual hizo que se indignaran más por la falta de respeto en el tiempo asignado. Salieron afuera de la explanada a exigir "respuesta y no sólo habladurías", gritó una compañera de la organización.
Al final salieron nuevamente una comitiva para explicarles las razones por las cuales no salió Zamorano, por lo que regresaron pero en conjunto, no sólo las seis representantes, a la Dirección de Gobierno, y así entraran a la oficina a platicar personalmente con él.
Al poco rato de espera, llegaron dos chicas representantes de Zamorano y supuestas abogadas que conocen el caso, comenzaron a dialogar con las representantes para que dieran los datos de las personas afectadas por no ser recibidas sus solicitudes. Minutos después llegó Zamorano para seguir dialogando, cuando se le ocurre mencionar que: "Dejaran de ser victimizadoras", con una forma despectiva e insultante, hizo que Gabi, la mamá de #CasoRosita quien fue violada por un maestro de música de nombre Armando Meneses, le contestó, que en ningún momento eran 'victimizadoras' sólo exigían el derecho de trabajar honradamente, pero no lo entendió el señor Zambrano y prefirieron retirarse.
Al salir, unos minutos después, nuevamente llegaron las representantes de la delegación a volver a entablar la negociación, pero las madres estaban cansadas de que fueran tratadas de forma prepotente y grosera por parte de este supuesto servidor público, diciendo que en otra ocasión platicarían con más calma, porque no había seguridad en que fueran escuchadas sus peticiones.
Un Lobo vestido de Oveja
Victor Hugo Lobo, actual delegado de la Gustavo A. Madero y del Partido de la Revolución Democrática, se le acusa de tener nexos con José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero y responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dentro de la zona, además de ser un ex convicto por fraudes de la constructora de su padre, así como vender piezas falsas para copiadoras y computadoras, es también parte de los fraudes en las viviendas del Distrito Federal (Ciudad de México).
Según testigos que fueron defraudados por este delegado, él les brindaba supuesta ayuda para obtener un crédito en una de las viviendas nuevas que se están haciendo actualmente, las compraban, pero al poco tiempo les cobraba rentas excesivas, servicios básicos (luz, agua), o mandaba a grupos de choque a asaltar las casas con el fin de que las desalojaran sin entregarles una indemnización alguna, para que otras personas las ocupen y así gire el círculo vicioso que genera.
Existe una red de corrupción de familiares de Víctor Hugo Lobo dentro de las administraciones perredistas en la Gustavo A. Madero, aviadores que fueron parte de su equipo que cobran excesivas cantidades de sueldo, robos de construcciones, desfalco de proyectos como en la Sierra de Guadalupe (en la zona de Cuautepec), entre otras mañas.
#CasoRosita estancado
Gabi, la mamá de Rosita, dijo que las investigaciones siguen estancadas debido a la falta de atención y de trabajo por parte del supuesto activista de derechos a las victimas de abuso sexual y del Centro de Atención a Victimas, Jaime Rochin. Además de que había asegurado de que detuvieron al maestro de música Alejandro Meneses, violador y abusador de Rosita hace 5 años, en el penal de Puente Grande en Jalisco, estado donde ocurrieron los hechos, pero hasta el momento no hay pruebas de que haya sido así.
Autor: Gabriel Kurosaki <CompaGabito2099>
Pareciera que en México no hay Presidente. Desde hace algunos meses, el señor Peña Nieto se ha dedicado a “nadar de muertito”. Pareciera que nada tiene que ver con él. No habla del desastre económico, tampoco de la inconformidad social manifiesta en distintos sectores, mucho menos de la grave crisis de derechos humanos que tiene sumido a México en el pozo tercermundista de la impunidad que cubre a las instituciones.
A partir de ahora, Peña Nieto se dedicará a simular que gobierna, esperando que llegue el momento de su relevo para retirarse con la millonaria pensión de los ex presidentes.
Mientras tanto, los estira y afloja entre los distintos “tapados” del gobierno no cesan. Uno y otro grupo se ponen zancadillas y se dedican a la guerra de las probabilidades para cada precandidato presidencial del PRI.
El listón quedó tan bajo que, cualquiera cree que puede ser Presidente. Desde Miguel Ángel Osorio Chong, pasando por “Don Beltrone” y Luis Videgaray, hasta el novato Aurelio Nuño. Todos quieren anotarse y ser privilegiados por el dedazo. Los de primera, segunda y tercera división. Total, si Peña Nieto pudo ser Presidente, por qué ellos no.
Lo que ignoran estos precandidatos ingenuos es que ya todo está tamaleado o pretamaleado. En este momento el delfín de Peña Nieto se llama Aurelio Nuño, quien ya recibe un auténtico besamanos como precandidato.
El impopular Secretario Nuño tiene el estilo peñista necesario para ser el elegido. De entrada sabe poco o casi nada de Educación. Y su torpeza es tal que ha implementado un sistema de imposición de evaluaciones a sangre y fuego.
Como en los peores tiempos del PRI, Nuño sacó la casta y fusil en mano envió a miles de policías a imponer su famosa evaluación. En lugar de Secretario, Nuño se ha constituido como un auténtico gendarme de la Educación.
La represión contra los maestros que se oponen a la reforma educativa es indiscriminada. Pero Nuño está ejecutando magistralmente la encomienda presidencial para aniquilar el movimiento magisterial de la CNTE. La consigna es acabar con la disidencia.
Nuño se ha congratulado a sí mismo los resultados de su evaluación educativa policiaca. Dice que se logró que el 97.7 de los maestros fuera evaluado, claro, le falta decir que ese logro fue gracias a que primero sembró el miedo en el magisterio con la ayuda de miles de policías.
Además de la represión policial, Nuño también ha utilizado la persecución judicial. Ha encarcelado a los líderes de la CNTE convirtiéndolos automáticamente en mártires del sindicalismo disidente y en presos políticos.
Por lo pronto, ha lanzado una nueva amenaza señalando que procederá penal y administrativamente contra los profesores que causaron “sabotaje” a las evaluaciones realizadas en 28 entidades a punta de pistola. La vía policial es la única manera que conoce porque su capacidad de diálogo es inexistente.
Y es que, los conocimientos educativos de Nuño son mínimos o nulos, pero su ambición presidencial es desmedida. Su formación académica nada tiene que ver con la educación. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y el dato más importante de su exiguo curriculum es que fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Iberoamericana.
En realidad, su mayor mérito para ocupar la secretaría fue haber sido asesor de Enrique Peña Nieto entre el 2010 y 2011 cuando era Gobernador del estado de México, luego director de mensaje y mercadotecnia en la campaña presidencial y después jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Seguramente el parámetro que mide a los “presidenciables” del PRI no tiene nada que ver con capacidades académicas, intelectuales, políticas o sociales, es evidente que el criterio de selección se basa precisamente en la falta de conocimientos e inteligencia.
Como decía Giovanni Falcone, el juez que se atrevió a combatir a la mafia siciliana y terminó asesinado: “el más tonto” es el candidato ideal para ocupar un puesto de elección popular o para convertirse en funcionario de alto nivel, eso permite seguir manteniendo los hilos del poder a los mafiosos en la sombra.
En esta carrera presidencial anticipada todavía faltan muchas cosas por pasar. Lo único seguro y evidente es que Peña Nieto ya dejó de gobernar. ¿Quién será realmente el elegido?.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/07-12-2015/42281
"Es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión", pide sobre el nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, que el grupo de expertos ya descartó.
Luego de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelara que no existió un incendio en Cocula el 27 de septiembre, la Procuraduría General de la República pidió no adelantar conclusiones.
Además, aseguró que el esclarecimiento del caso es “una prioridad para el Estado”, no obstante que ya son casi 15 meses en los que se investiga las desapariciones y ataques a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Arely Gómez subrayó su “compromiso” con el desarrollo de una investigación exhaustiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación y diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella.
La PGR señaló que cuenta con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado 31 de octubre.
La PGR enfatizó que acordó con el GIEI, la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional.
Estos especialistas, indicó la procuraduría, comenzarán su trabajo en las próximas semanas. Y pidió no adelantar “conclusiones”, pese a que los expertos de la CIDH ya descartaron el incendio en ese lugar.
Aquí el comunicado íntegro de la PGR:
La Procuraduría General de la República reitera que la investigación sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella ya que su esclarecimiento es una prioridad para el Estado Mexicano, contando con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado treinta y uno de octubre.
La PGR enfatiza que acordó con el GIEI, la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas. Debe referirse que el interés de realizar este nuevo estudio obedece a la necesidad, indicada en el propio informe del GIEI de septiembre de este año, de contar con un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto.
Igualmente, se expresa que es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión, como puede ser la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
La institución reafirma su respeto al trabajo del GIEI en los términos del acuerdo de asistencia técnica firmado con la CIDH en noviembre de 2014, para la elaboración de: a) planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; b) análisis técnico de las líneas de investigación; c) análisis técnico del plan de atención integral a víctimas de los hechos y d) propuestas de políticas públicas para atender la problemática de la desaparición de personas.
El desarrollo de las acciones de coadyuvancia técnica para estos hechos del GIEI son valoradas, en ejercicio de la autonomía del Ministerio Público de la Federación y en cumplimiento de la atribución constitucional de investigar los delitos en materia federal.
Esta representación social reitera su compromiso con el desarrollo de una investigación exhaustiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación y diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables sin escatimar las acciones, recursos humanos y materiales, que se requieran.
FUENTE: ARISGTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/no-adelanten-conclusiones-pide-pgr-sobre-supuesto-incendio-en-cocula/
Además, aseguró que el esclarecimiento del caso es “una prioridad para el Estado”, no obstante que ya son casi 15 meses en los que se investiga las desapariciones y ataques a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Arely Gómez subrayó su “compromiso” con el desarrollo de una investigación exhaustiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación y diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella.
La PGR señaló que cuenta con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado 31 de octubre.
La PGR enfatizó que acordó con el GIEI, la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional.
Estos especialistas, indicó la procuraduría, comenzarán su trabajo en las próximas semanas. Y pidió no adelantar “conclusiones”, pese a que los expertos de la CIDH ya descartaron el incendio en ese lugar.
Aquí el comunicado íntegro de la PGR:
La Procuraduría General de la República reitera que la investigación sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella ya que su esclarecimiento es una prioridad para el Estado Mexicano, contando con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado treinta y uno de octubre.
La PGR enfatiza que acordó con el GIEI, la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas. Debe referirse que el interés de realizar este nuevo estudio obedece a la necesidad, indicada en el propio informe del GIEI de septiembre de este año, de contar con un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto.
Igualmente, se expresa que es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión, como puede ser la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
La institución reafirma su respeto al trabajo del GIEI en los términos del acuerdo de asistencia técnica firmado con la CIDH en noviembre de 2014, para la elaboración de: a) planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; b) análisis técnico de las líneas de investigación; c) análisis técnico del plan de atención integral a víctimas de los hechos y d) propuestas de políticas públicas para atender la problemática de la desaparición de personas.
El desarrollo de las acciones de coadyuvancia técnica para estos hechos del GIEI son valoradas, en ejercicio de la autonomía del Ministerio Público de la Federación y en cumplimiento de la atribución constitucional de investigar los delitos en materia federal.
Esta representación social reitera su compromiso con el desarrollo de una investigación exhaustiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación y diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables sin escatimar las acciones, recursos humanos y materiales, que se requieran.
FUENTE: ARISGTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/no-adelanten-conclusiones-pide-pgr-sobre-supuesto-incendio-en-cocula/
Así lo informó el procurador de Justicia de Sonora Rodolfo Montes de Oca Mena, quien comentó que al momento de ser arrestado López Moreno llevaba consigo cinco envoltorios con metanfetaminas, en su forma más comercial que son piedras de cristal.
“Quiero que sepan que al momento de la detención, adicionalmente a la cantidad millonaria de dinero también se le encontraron varias porciones de droga ilícita. Eso actualiza el delito de narcomenudeo”, señaló el fiscal sonorense.
Precisó que paralelamente se le investiga por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Son dos delitos e investigaciones que seguirán paralelamente”, declaró el procurador en entrevista.
La noche del lunes, el trabajador del rancho Pozo Nuevo también propiedad de Miguel Padrés Elías, hermano del exgobernador, fue consignado al Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno donde enfrentará el proceso penal en su contra debido a que los delitos por los que es acusado no alcanzan fianza.
El sábado pasado López Moreno fue detenido alrededor de las 22:00 horas por elementos de la Policía Estatal Investigadora en el estacionamiento de una plaza comercial en Hermosillo. En su auto traía más de 3.5 millones de pesos que ocultaba en una hielera.
Se identificó como Luis Aristiga López Moreno, de 34 años, de profesión veterinario y dijo trabajar para los hermanos Padrés en el rancho Pozo Nuevo. Indicó además que es administrador de negocios propiedad de Guillermo y Miguel Padrés Elías.
La Procuraduría de Justicia de Sonora no pudo determinar la procedencia o el destino del dinero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422930
México, DF: Los policías, los partidos políticos, el MP, los gobiernos estatales, así como los senadores y diputados son considerados por la mayoría de la población como las instituciones más corruptas en el país, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer las “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción”, que se conmemora este miércoles 9, el Inegi precisó que prácticamente más de 77% de los encuestados consideró que dichas autoridades son las que más abusan de su cargo público para obtener un beneficio personal.
Según el organismo de estadística, la corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, da pie a la violación de los derechos humanos, distorsiona los mercados e inhibe la inversión afectando con ello el desarrollo económico.
Además, este fenómeno trastoca la cohesión social y abre interrogantes sobre la efectividad y credibilidad de las instituciones públicas, representando una amenaza a la legitimación del Estado.
Principal preocupación de personas e IP
En México, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la sociedad junto con la inseguridad, el desempleo y el incremento de precios.
También significa un obstáculo para el desarrollo empresarial, junto con el bajo poder adquisitivo de la población y los impuestos.
De acuerdo con el Inegi, en 2013 cerca de 47.6% de la población de 18 años o más creyó o ha escuchado que existe corrupción en dichos trámites, mientras que 32% manifestó que algún conocido le refirió algún acto de corrupción en esos trámites.
Finalmente, la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal fue de 12.1% de la población.
No sólo eso, del total de las experiencias de corrupción en la gestión de trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos, en el año de referencia cinco de cada 10 mexicanos se vio involucrado en una situación de corrupción al estar particularmente en contacto con autoridades de seguridad pública.
Asimismo, entre 20 y 25% de las personas reportó haber tenido alguna experiencia de corrupción al efectuar algún trámite, ya sea relacionado con la propiedad, diversos pagos o trámites en el MP o juzgados.
En lo referente a las empresas, el mayor porcentaje de unidades víctimas de corrupción se presentó en el sector industrial con 4.9%, seguido por el sector de servicios y el de comercio con 3.5 y 3.4%, respectivamente.
El análisis por tamaño de la unidad económica revela que la mayor prevalencia de corrupción se presentó en las unidades de tamaño grande, seguidas de las medianas y pequeñas. Las unidades económicas de tamaño micro fueron las que presentaron el menor porcentaje de victimización por corrupción, con 3.5%.
Mal arraigado en instituciones
En un ejercicio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revelaron que la corrupción tiene un costo de 10% del producto interno bruto (PIB).
De hecho, en el 2014 México obtuvo una calificación de 35 de 100 puntos posibles y ocupó el lugar número 103 de 175 países, según Transparencia Internacional.
Estos datos coinciden con los del Banco Mundial (BM), organismo que reprueba al país con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, como uno de los países más corruptos.
Pese a las consecuencias que acarrea la corrupción en todas las esferas de la sociedad, desde la económica hasta la impartición de justicia, la clase política no realiza un esfuerzo mayor para erradicarla.
Cifras del Inegi señalan que en 2013 las entidades federativas con el mayor porcentaje de personal de la administración pública estatal dedicado a la función de contraloría interna fueron Yucatán con 2.4% y Querétaro con 1.3.
Mientras que Puebla y Chiapas destacaron por tener los menores porcentajes de personal de las administraciones públicas municipales laborando en funciones de control interno, con 1.7 y 1.4%, respectivamente.
En ese año, las entidades federativas que tuvieron los mayores porcentajes de municipios con programas anticorrupción en sus administraciones públicas fueron Aguascalientes con 82% y Baja California con 80%. En tanto que las acciones anticorrupción con mayor presencia en las entidades federativas fueron: mecanismos de denuncia ciudadana y la declaración patrimonial de servidores públicos.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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