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Más de 60 ONGs reclaman al INEGI: la pobreza en México “no se puede borrar por decreto estadístico”

Más de 60 organizaciones que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reclamaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por cambiar la forma de medir la pobreza y advirtieron que por “decreto estadístico” no se borran a los pobres ni se mejoran los ingresos en México. En un comunicado, detallaron que estas modificaciones no ayudan a la credibilidad y por el contrario, fortalecen el ambiente de suspicacia que permea en muchos temas. También exigieron al Gobierno políticas efectivas y serias frente a la pobreza y la desigualdad.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) haya cambiado la forma de medir la pobreza, en México no se borrarán a los pobres ni mejorarán los ingresos por decreto estadístico, advirtieron más de 60 organizaciones que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

El pasado viernes, el Inegi decidió, de manera unilateral y sin informar previamente, la nueva forma en que se captarían los ingresos de los más pobres.

En su publicación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, documento a partir del cual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicaría en las siguientes dos semanas los resultados de pobreza nacional y estatal, el Inegi realizó un cambio en las variables de medición.

El Instituto recalcó que el Módulo mantenía el diseño conceptual y estadístico de siempre, pero con “acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo que hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos”.

Aunado a ello, se encontró que esos cambios fueron más evidentes en los números de la población más pobre del país, ya que según el Inegi, en el último año, los ingresos de éstos aumentaron 33.6 por ciento y que la captación del ingreso de los hogares en México ascendió a un billón 524 mil 262.5 millones de pesos, pero aclaró que la información disponible no era comparable con los módulos de condiciones socioeconómicas previos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el cambio que hizo el Inegi resulta de un ejercicio estadístico, pero no mejora los ingresos de las personas, además reclamó al órgano por no haber informado a la sociedad sobre esta decisión.
“El Instituto debió haber informado de esta ‘mejora’ desde que se tomó la decisión en 2015, no sólo a su ‘cliente’ el Coneval, sino a su dueño: la sociedad mexicana”, expusieron las organizaciones en un comunicado.
Las sorpresas, dijeron, no ayudan a la credibilidad y por el contrario, fortalecen el ambiente de suspicacia que permea en muchos temas, y que hasta ahora no había afectado a estas dos instituciones del Estado (Coneval e Inegi).
“La autonomía de Inegi no es pretexto para la autarquía y la opacidad. Resulta altamente cuestionable cambiar la metodología sabiendo que cambiarán los resultados sin avisar y explicar de antemano”, mencionaron.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exigió al Gobierno políticas efectivas y serias frente a la pobreza y la desigualdad.
“Si la pobreza era y es menor en México, sigue siendo demasiada para un país con nuestro nivel de desarrollo económico. Invitamos a ya iniciar los diálogos para construir ya una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad. Este diálogo se puede dar en el marco de la adopción de las metas nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) comprometidos por México en la ONU en Septiembre de 2015”, expresaron.

Advirtió que los niveles de desigualdad no han cambiado en México, al contrario, “es mucho mayor al reportado”.

“Necesitamos una política efectiva para cerrar brechas de desigualdad en el ingreso y en el ejercicio de los derechos sociales. Esta debe ser la base de una nueva política de inclusión y cohesión social”, demandaron.

Las organizaciones exigieron al Inegi que explique sus decisiones y evite tomarlas en el futuro sin transparencia y sin involucrar a los actores interesados.
“Debe ahora [el Inegi] explicar con precisión en qué se modificó el trabajo de campo para captar mejor los ingresos más bajos. Si los datos no son comparables, no hay manera de resolver esto con ejercicios, simplemente asumirlo e iniciar una nueva cuenta”, reclamaron.

También solicitaron al instituto dirigido por Julio Alfonso Santaella Castell, se transparente la aplicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2016 que inician en agosto.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destacó que las mejoras siempre serán bienvenidas, pero advirtió que resulta una gravísima irresponsabilidad hacerlas en temas polémicos como la pobreza, sin informar previamente y sin involucrar desde el principio y seriamente a expertos independientes y a la sociedad civil interesada.

“No se han presentado documentos técnicos que expliquen la mejora del trabajo de campo del Inegi”, sostuvo.


PRI Y GOBIERNO OCULTAN POBREZA

Especialistas en bienestar social señalaron que los intereses políticos terminaron por perjudicar la labor del Inegi y su relación con el Coneval.

Una mejoría que hubiera sido imposible con un levantamiento que se hubiese hecho con los mismos criterios del 2014, aseguraron especialistas, y que ahora complica la tarea de hacer comparables los niveles de pobreza con los de años anteriores.
“En algunos casos esto tiene solución. Por ejemplo, si es un cambio metodológico que se pueda aplicar a los datos de años anteriores, se pueden reconstruir hacia atrás las cifras. Eso lo hace el Inegi cuando cambia los años base de los Índices de Precios. Pero en este caso no hay solución. Porque si fuese una mejoría en el trabajo de campo, eso, hacia años anteriores, no se puede mejorar”, dijo Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Colegio de México en una entrevista con SinEmbargo.

Siete meses atrás, los partidos de oposición en el Senado vieron en Julio Santaella Castell un peligro contra la naturaleza técnica del Inegi por su cercanía con las cúpulas priistas.

Con el apoyo presidencial y de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex funcionario del Banco de México fue ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Un paso previo en su camino seguro hacia la presidencia de la dependencia.

Las modificaciones en el levantamiento del MCS 2015 sucedieron antes de que Santaella llegase a la institución. La obtención de datos tuvo lugar del 11 de agosto al 28 de noviembre del año pasado. Pero, Santaella sería también responsable del manejo posterior de los indicadores.
“Santaella declaró que habían cortado datos de los hogares con ingresos sospechosamente bajos. Eso no sería un problema de trabajo de campo. Aparentemente, lo que hicieron fue rasurar la base de datos. Dijo que se iba acercar al Coneval para ponerse de acuerdo y poder hacer comparables estos índices con los anteriores. Pero si no lo logran, eso significaría la desaparición del Coneval. Porque no podría seguir midiendo la pobreza. Y si no hace eso, no cumpliría con la mitad de sus dos funciones: medir los programas sociales y la pobreza. Volveríamos a la prehistoria del país”, dijo Boltvinik Kalinka.
Un velo de opacidad es lo que el titular del Inegi ha dejado sobre las dudas de cómo el Inegi levantó la información, expuso Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social).

“Los cambios se dieron previo a su llegada, pero ahora que está en el cargo porque no transparenta. ¿Por qué no se dio el procedimiento tradicional de discutir el formulario y ahora tampoco se quiere dar la información? Hay una opacidad en la entrega de datos. A mi me parece que es un golpe a una institución que se había ganado la confianza. Por muchos años el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le reclamaba a México una medición confiable de la pobreza. Y esto es un retroceso a los avances en los últimos ocho años. Pareciera que no hay transparencia ni para el Coneval”, consideró.
Esta discusión sobre la aparente desaparición de la pobreza de un “plumazo” llegó al Senado. Mario Delgado Carrillo, Senador inscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que no era posible que el 10 por ciento de la población más pobre iniciará a reportar un incremento del 30 por ciento de su salario.

“Carece de sentido en el contexto de los otros indicadores económicos, en una economía con bajo crecimiento y enormes desigualdades resulta difícil pensar en un incremento de ingreso de esa magnitud sin poner en duda las intenciones en las que se vio producido el dato”, insistió.

Esta no es la primera vez que funcionarios al frente de instituciones encargadas de obtener los datos confiables sobre la pobreza inician procesos de “maquillaje”, expuso el académico Boltvinik.


En el sexenio de Fox estas practicas fueron comunes, apuntaló: “Santaella es un empleado de Peña Nieto. Cosa que no era Sojo [en referencia a Eduardo Sojo Garza-Aldape, ex titular del Inegi], quien fue nombrado en el periodo de Calderón. Tenía autonomía para publicar los resultados. Pero ahora volvemos a los a tiempos de Fox. Cuando se modificaron los resultados de pobreza. En ese entonces los cachamos”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068434

Maestros bloquean sucursales bancarias en Michoacán en protesta por el sistema de nómina educativa

Los accesos de al menos cuatro sucursales de Bancomer en Morelia fueron bloqueados por maestros en protesta contra el sistema de nómina educativa de la entidad. La Sección 18 de la CNTE informó que esta movilización se mantendrá hasta las 15:00 horas y se extenderá en otros centros bancarios de Michoacán.

Maestros disidentes bloquearon esta mañana varias sucursales bancarias en Morelia, Michoacán, como parte de sus protestas contra la Reforma Educativa y la bancarización de la nómina educativa en la entidad.

Los centros bancarios que hasta el momento permanecen cerrados son Bancomer de avenida Madero Poniente, el del centro, la Huerta, Camelinas y en avenida Lázaro Cárdenas. En las fachadas de algunas sucursales, los docentes pintaron consignas como “Sin servicio por rateros. No te daremos nuestro dinero”.

En otras instalaciones crediticias fueron colocadas mantas y cartulinas con leyendas contra la Reforma Educativa, como “No a la evaluación punitiva ni a la reforma educativa laboral”.

La Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó que la movilización se mantendrá hasta las 15:00 horas y se extenderá en otras sucursales de Bancomer que operan en el interior del estado por ser el banco que hizo un convenio con el Gobierno de Michoacán para bancarizar la nómina educativa.


El pasado 15 de junio, integrantes de la Sección 18 impidieron la entrega de 110 mil cheques de aproximadamente 65 mil trabajadores del sector educativo, como medida de presión para exigir la anulación de descuentos aplicados a maestros faltistas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068445

PRI y Gobierno ocultan pobreza y pésimos resultados, coinciden; Inegi desata tormenta política

Un cambio en la forma de obtener los datos para medir la pobreza en México ha puesto en vilo la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De ahora en adelante la precariedad no podrá ser comparada con la de años anteriores. Especialistas sobre pobreza consultados refieren que cambios en la manera de medición “noquearon” al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una dependencia que le había sido incómoda a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles fueron los últimos datos confiables sobre pobreza?

Ciudad de México, 17 de marzo: La pobreza en México no podrá ser comparada con la de años anteriores debido un cambió en la forma de capturar los ingresos de los mexicanos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Especialistas en bienestar social apuntaron que los intereses políticos terminaron por perjudicar la labor de la institución y su relación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que desarrolla los informes sobre la pobreza en el país.

El Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) es un esfuerzo de levantar datos sobre diferentes indicadores de bienestar, entre ellos, los ingresos de los hogares. Para la edición 2015, la el Inegi aseguró haber realizado cambios en la forma de recolección de esta información.

Según los resultados del MCS 2015, el poder de compra de las familias de los hogares aumentó en un 1 billón 524 mil 262.5 millones de pesos con relación al 2014. La dependencia informó que el 13.1 por ciento correspondió a las áreas rurales y el 86.9 por ciento a las urbanas.

Una mejoría que hubiera sido imposible con un levantamiento que se hubiese hecho con los mismos criterios del 2014, aseguraron especialistas, y que ahora complica la tarea de hacer comparables los niveles de pobreza con los de años anteriores.

“En algunos casos esto tiene solución. Por ejemplo, si es un cambio metodológico que se pueda aplicar a los datos de años anteriores, se pueden reconstruir hacia atrás las cifras. Eso lo hace el Inegi cuando cambia los años base de los Índices de Precios. Pero en este caso no hay solución. Porque si fuese una mejoría en el trabajo de campo, eso, hacia años anteriores, no se puede mejorar”, dijo Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Colegio de México.

COMPLICIDADES EN INEGI

Siete meses atrás, los partidos de oposición en el Senado vieron en Julio Santaella Castell un peligro contra la naturaleza técnica del Inegi por su cercanía con las cúpulas priístas.

Con el apoyo presidencial y de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex funcionario del Banco de México fue ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Inegi. Un paso previo en su camino seguro hacia la presidencia de la dependencia.

Las modificaciones en el levantamiento del MCS 2015 sucedieron antes de que Santaella llegase a la institución. La obtención de datos tuvo lugar del 11 de agosto al 28 de noviembre del año pasado. Pero, Santaella sería también responsable del manejo posterior de los indicadores.
“Santaella declaró que habían cortado datos de los hogares con ingresos sospechosamente bajos. Eso no sería un problema de trabajo de campo. Aparentemente, lo que hicieron fue rasurar la base de datos. Dijo que se iba acercar al Coneval para ponerse de acuerdo y poder hacer comparables estos índices con los anteriores. Pero si no lo logran, eso significaría la desaparición del Coneval. Porque no podría seguir midiendo la pobreza. Y si no hace eso, no cumpliría con la mitad de sus dos funciones: medir los programas sociales y la pobreza. Volveríamos a la prehistoria del país”, dijo Boltvinik Kalinka.
En una entrevista para SinEmbargo, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, detalló que la dependencia, junto con el Inegi, firmaron un convenio para realizar la encuesta (MCS 2015) y donde se habla de las cosas que se debían realizar. Pero, el acuerdo se cambió sin siquiera un aviso y todo esto los tomó por sorpresa.

“No nos gusta la forma como se dieron esos cambios y no porque se modifique la forma de mejorar la realidad sino porque no lo hacen de la manera adecuada. Hoy, con esta información, no vamos a poder comparar hacia atrás. No sabremos si mejoramos o no”, agregó el funcionario.

Un velo de opacidad es lo que el titular del Inegi ha dejado sobre las dudas de cómo el Inegi levantó la información, expuso Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social).
“Los cambios se dieron previo a su llegada, pero ahora que está en el cargo porque no transparenta. ¿Por qué no se dio el procedimiento tradicional de discutir el formulario y ahora tampoco se quiere dar la información? Hay una opacidad en la entrega de datos. A mi me parece que es un golpe a una institución que se había ganado la confianza. Por muchos años el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le reclamaba a México una medición confiable de la pobreza. Y esto es un retroceso a los avances en los últimos ocho años. Pareciera que no hay transparencia ni para el Coneval”, consideró.
POBREZA “DESAPARECE”

Esta discusión sobre la aparente desaparición de la pobreza de un “plumazo” llegó al Senado. Mario Delgado Carrillo, Senador inscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que no era posible que el 10 por ciento de la población más pobre iniciará a reportar un incremento del 30 por ciento de su salario.

“Carece de sentido en el contexto de los otros indicadores económicos, en una economía con bajo crecimiento y enormes desigualdades resulta difícil pensar en un incremento de ingreso de esa magnitud sin poner en duda las intenciones en las que se vio producido el dato”, insistió.

Esta no es la primera vez que funcionarios al frente de instituciones encargadas de obtener los datos confiables sobre la pobreza inician procesos de “maquillaje”, expuso el académico Boltvinik. En el sexenio de Fox estas practicas fueron comunes, apuntaló: “Santaella es un empleado de Peña Nieto. Cosa que no era Sojo [en referencia a Eduardo Sojo Garza-Aldape, ex titular del Inegi], quien fue nombrado en el periodo de Calderón. Tenía autonomía para publicar los resultados. Pero ahora volvemos a los a tiempos de Fox. Cuando se modificaron los resultados de pobreza En ese entonces los cachamos”.


“Por ejemplo, cuando inició su Gobierno, el porcentaje de hogares rurales que usaban gas para cocinar era 46 por ciento. Y al final de su sexenio este número subió al 60 por ciento. ¿Sabe qué pasó cuando dejo de ser Presidente, y entró Calderón? Volvió a descender al 50 por ciento en el 2010. Cómo es que la gente deja de usar gas. Eso es imposible”, agregó.

REALIDAD INCÓMODA

La Senadora del partido Acción Nacional Marcela Torres Peimbert expuso que la pobreza ha sido un tema que incómoda a la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Todo indica que pueda ser [el cambio en el levantamiento del Inegi] con algún interés electorero, de salvar el honor y prestigio de Peña Nieto, quien tiene el 28 por ciento de credibilidad dentro de los ciudadanos. Una legitimidad forzada. Y creo que va generar lo contrario”, expuso la legisladora.

Los datos del Coneval dados a conocer el año pasado sobre las condiciones de bienestar social en México apuntaron que entre del 2012 al 2014 el porcentaje de población en pobreza creció de 45.5 a 46.2 por ciento.

Esto representó un aumento en el número de pobres de casi 2 millones de personas. La instancia con autonomía expuso que en esos dos años los pobres pasaron de ser 53.3 millones a 55.3 millones.

A diferencia del reporte sobre el 2015 recientemente dado a conocer, entre el 2012 y el 2014, el poder adquisitivo de las familias se redujo en 3.5 por ciento.

“En el 2014 una de cada cinco personas [es decir 24.6 millones de personas] percibió un ingreso tan bajo que aun de haberlo destinado integro para tal fin, no le permitía adquirir la canasta básica alimentaria, la cual tuvo en agosto del 2014 un valor de mil 234 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 868 en el área rural”, reza el “Informe de Pobreza en México 2014” hecho por el Coneval.

Vale decir que el poder de compra del ingreso de las familias ha bajado desde 2008 y no se ha recuperado. Esta condición hace que la pobreza general suba, detalló la instancia gubernamental, como sucedió entre 2010 y 2012.


De todas las poblaciones la más vulnerable fue la indígena, cuyo porcentaje de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar sufrió un aumento en el 2014, en comparación a dos años antes, del 74.5 al 76.1 por ciento

Los estados donde aumentó en 2014 la pobreza fueron Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Oaxaca. En tanto que en 24 entidades federativas se observó reducción del porcentaje de pobreza o pobreza extrema.

En términos de edad, la población con mayor pobreza es la de los menores de 18 años. Representan el 53.9 por ciento. La cifra subió de 21.2 millones en el 2012 a 21.4 millones de personas en el 2014.

Lo que sí mejoró durante esos dos años fue el rezago educativo que pasó de abarcar a 22.6 millones de personas a 22.4; la carencia por acceso a los servicios de salud, de 25.3 a 21.8 millones de personas; y la carencia por acceso a seguridad social que bajó de 71.8 a 70.1 millones de personas.

Sin embargo, Peña Nieto quedó a deber en el acceso alimentación, en donde el número de mexicanos con hambre pasó de 27.4 a 28.0 millones; y en el acceso a servicios básicos en la vivienda, donde el número de personas pasó de 24.9 a 25.4 millones.

¿Qué sigue para el Coneval? Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, expuso que la mejor opción para el Coneval este año será abstenerse de emitir un informe con los datos del Inegi: “Porque no se puede basar en años anteriores, ya no es comparable, y nada más va confundir a la gente”.

“La realidad es que esto lo que está evidenciando es que es tan sensible el dato de ingresos. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar al primero que abra la puerta, a que un criterio sea preguntar al padre o madre del hogar. Entonces, para este año más vale hacerlo bien”, agregó. El director expuso que en caso de que se pretenda insistir con la idea de cambiar el modo de levantamiento de los ingresos por hogar, se tiene que buscar una manera de transición.


“Para el 2016 de plano debería levantarse de la manera anterior como en el 2014. Y si se quiere mejorar, se podría hacer ese ajuste pero en el 2018. En ese año habría que medir de las dos formas. Es decir, de la misma manera como se ha venido midiendo hasta hoy y con el nuevo levantamiento. Con qué fin. Para que usted pueda tener las dos tendencias. Y así pasar la estafeta en un punto común que permita hacer la comparación con los años anteriores”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-07-2016/3068240

Feminicidios en Guerrero aumentan 88% en una década; ONG piden alerta de género

Organizaciones civiles documentaron que en 10 años los crímenes de odio contra mujeres aumentaron 88%. Denuncian que la mitad de los asesinatos ocurren en Acapulco; hay siete municipios en los que hay violencia extrema.

Álvaro amenazó con asesinar a Jazmín cuando ella lo dejó. Cumplió la amenaza un año después: disparó contra ella y cuatro mujeres más de su familia.

Jazmín, Martha y Patricia murieron al instante. Por las heridas, después falleció Rosa, de 7 años, y Franceri, de 9, sobrevivió pese a las lesiones.

El crimen ocurrió en marzo de 2014 en Acapulco y se convirtió en un caso emblemático de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A.C. para ejemplificar la brutalidad de los crímenes de odio en el estado.


En una década los feminicidios en Guerrero aumentaron 88%. En 2005 se tiene registro de 120 mujeres asesinadas y 10 años después la cifra pasó a 225.

Con esos datos, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres presentó el 23 de junio ante autoridades federales una solicitud para declarar Alerta de Violencia de Género en ocho de los 81 municipios del estado.

En la solicitud detallan que en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Ayutla de los libres ocurren 7 de cada 10 feminicidios.

El puerto de Acapulco es el sitio con más casos con el 47%. En el resto de los municipios en los que se solicita la Alerta el acumulado es de menos de 5%, cada uno, pero la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres argumenta que en esos sitios se asesina a las mujeres con violencia extrema: a machetazos, con rocas o tras ser severamente torturadas.

La Alerta de Violencia de Género está definida en la ley como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.

Actualmente existen Alertas en municipios de cuatro estados del país: para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 8 de Jalisco y 14 de Michoacán.

El 5 de julio pasado se conformó el Grupo de Trabajo para revisar cuál es la situación que prevalece en Guerrero sobre la violencia feminicida para analizar si es o no necesaria la Alerta.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres y autora de la solicitud, dijo en entrevista que el Grupo de Trabajo —integrado por académicas de la Universidad Anáhuac del Sur, la Universidad Iberoamericana, y la Autónoma de Guerrero— comenzó este 11 de julio sus visitas a los municipios de la entidad y las reuniones con sociedad civil.

Reyna Aguilar denunció que no existe disposición del gobierno de Guerrero para apoyar la investigación del Grupo de Trabajo y colaborar con sociedad civil para documentar los feminicidios cometidos en la entidad.

“El estado no reconoce la problemática y afirma que no permitirá que haya una Alerta de Género. La política del estado es no apoyar en la labor de conocer cuántos casos existen y cómo se comenten los feminicidios”.

Ante la falta de cifras oficiales de parte de la Fiscalía de Guerrero, los casos que presentó la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres —que depende de la Secretaría de Gobernación— fueron documentados por el Observatorio de Violencia Feminicida “Hannah Arendt” de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Mientras la Fiscalía insiste en que de 2012 a la fecha sólo se han registrado 47 feminicidios; en ese periodo el Observatorio de Violencia Feminicida ha documentado con reportes de prensa en los que se menciona cómo ocurrió el homicidio o datos del probable responsable al menos 600 casos.

De esos últimos, se tiene registro de que 22 ocurrieron entre enero y junio de 2016, según el diagnóstico de violencia feminicida que organizaciones civiles entregaron a Gobernación.


Además de Guerrero, existen otros nueve estados que iniciaron el proceso para una Alerta de Género en sus entidades: Puebla, Guanajuato, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/ocho-municipios-guerrero-concentran-70-los-feminicidios-ong-piden-alerta-genero/

“Nueva etapa para México” con sistema anticorrupción: Peña

Ciudad de México. En vísperas de que inicie la ceremonia en que promulgará las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó la importancia y trascendencia que tendrán para la democracia mexicana.

“Hoy es un día de la mayor relevancia para nuestro país ya que se inicia la puesta en marcha de un #sistemanacionalanticorrupcion”, dijo a través de su cuenta de Twitter.


En dos mensajes el mandatario resaltó el impacto que tendrá este nuevo marco legal: “Estoy seguro de que este día será recordado como el inicio de una nueva etapa para México y del estado de derecho en el país”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/201cnueva-etapa-para-mexico201d-con-leyes-anticorrupcion-pena

Felipe Calderón reservó el informe sobre News Divine entregado por Joel Ortega

La tarde del 20 de junio de 2008, en la discoteca News Divine de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) fallecieron nueve adolescentes y tres policías durante un operativo que devino en estampida. Joel Ortega Cuevas, a la sazón Secretario de Seguridad Pública, fue responsable de esa acción policiaca. Siete días después de los funestos hechos, le entregó al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, un informe que hoy, pese al tiempo de la tragedia, no puede ser conocido por los ciudadanos. El ex Primer Mandatario lo clasificó de manera indefinida en tanto se realizaran las investigaciones. Hasta ahora, sólo uno de los protagonistas tuvo la cárcel como destino.

El pasado 20 de junio, Nochixtlán amaneció con ocho muertos, 55 policías heridos, 53 civiles lesionados y 21 detenidos después de que elementos de la Policía Federal desbarataron el bloqueo que maestros disidentes de la Reforma Educativa realizaban en la carretera del municipio, en la región mixteca.

Con la tragedia, esa fecha se convirtió en maldita. Hace ocho años –la tarde del 20 de junio de 2008- en la discoteca News Divine de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México, fallecieron nueve adolescentes y tres policías durante un operativo que devino en estampida.  Y esa vez, las risas, los brindis y el baile cambiaron por zozobra, asfixia y muerte. También por parálisis cerebral, como le ocurrió a Jenniffer Jiménez, una distinguida estudiante de 14 años que perdió el habla y la movilidad en esas horas de espanto. 350 jóvenes habían abarrotado la disco, en el oriente de la ciudad de México.

Elementos de la extinta Unipol (Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal) ingresaron al establecimiento. Un camión de la RTP permanecía estacionado a la entrada. Desde el micrófono, se escuchaba la voz de Alfredo Maya, dueño del antro. Pedía desalojar con la promesa de entradas gratis para el siguiente sábado. Pero la policía, bajo el mando de Guillermo Zayas González y la autorización de Joel Ortega Cuevas, había bloqueado la salida.

Los protagonistas de esa historia fueron Marcelo Ebrard Casaubón (cumplía dos años como Jefe de Gobierno del Distrito Federal); Joel Ortega Cuevas (era Secretario de Seguridad y dirigió el operativo), Rodolfo Félix Cárdenas (era procurador General de Justicia del DF), Francisco Chíguil Figueroa (era Delegado de la Gustavo A. Madero) y Guillermo Zayas González ( Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, Unipol).

Esta infamia se cuenta, cada vez más, en voz baja. Ya pocos de los personajes vinculados hablan de News Divine. Cada año, menos. Algunos de los involucrados continúan en la escena pública, otros no; pero sólo para Alfredo Maya, el fundador de la disco, la cárcel fue destino.

En enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió a cuatro ex elementos de la SSPDF, entre ellos, a la ex jefe de sector La Raza. En junio, el caso dio un giro. Pero al final, nada ocurrió. El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó al Juzgado 19 penal reanudar el proceso instruido en contra de Zayas González. La determinación se debió al desistimiento del amparo promovido por el ex funcionario (luego de News Divine fue titular de la Policía Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, cargo que también dejó) en contra del artículo 16 del Código Penal para la Ciudad de México.

La escena no cambió. El único que sigue preso es Alfredo Maya quien ha rehuido de los reporteros y ha dejado claro que no desea brindar su relato de los hechos. Han pasado ocho años de aquel caos. Y la cortina de humo cae, otra vez, sobre la tragedia.

EL INFORME DE JOEL ORTEGA: RESERVADO

La noche del mismo 20 de junio, Joel Ortega ofreció una conferencia de prensa en la que justificó el operativo. Según él, había varias denuncias vecinales sobre venta de alcohol a adolescentes. Las fallas –dijo- se debieron al dueño de la discoteca quien habría provocado la estampida al quejarse por micrófono de la presencia policiaca. Lo acompañaba Francisco Chíguil, el entonces delegado de la GAM. Pese a que sus palabras responsabilizaron sólo al dueño de la discoteca renunció después de que la CDHDF presentó un informe sobre los hechos: la policía había sido la responsable por bloquear las salidas del bar. Su carrera se desmoronó en ese momento. Había sido líder estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional, colaborador de Manuel Camacho Solís cuando este fue Regente, así como de Cuauhtémoc Cárdenas en el primer gobierno capitalino electo, delegado de la Gustavo A. Madero, jefe de la policía con Andrés Manuel López Obrador y ratificado por Marcelo Ebrard en el mismo cargo.

Según el acta de XIII sesión extraordinaria del comité de información de la Presidencia de la República, archivada en el Portal de Obligaciones y Transparencia, Joel Ortega le entregó al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, un informe sobre los hechos de News Divine, el 27 de junio de 2008.

Hasta ahora, el documento se encuentra en la Oficina de la Presidencia, pero está clasificado de manera indefinida. Ese mismo año, Calderón Hinojosa lo guardó apegado a los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública de Ley Federal de Transparencia. Estos preceptos implican no revelar datos cuando los procesos judiciales y averiguaciones previas estén en curso por parte de las autoridades del Distrito Federal porque su difusión podría causar “un serio perjuicio” a las actividades que ejerce el Ministerio Público.


Después de News Divine, Ortega Cuevas estuvo fuera de la administración pública y en 2010 creó la organización civil Ciudadanía y Democracia con el fin de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático para candidato a jefe de Gobierno. En enero de 2011 anunció su precandidatura. Él mismo reconoció en entrevistas: “Me estoy reinventando, no lo niego, hice un diseño de cómo regresar, por abajo”. Tras señalar “inequidad” en el proceso, en febrero de2011, se incorporó a la campaña de Miguel Ángel Mancera como coordinador de campaña. Mancera lo nombró Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bajo su dirección, el boleto se incrementó de tres a cinco pesos, lo que ocasionó el movimiento #PosmeSalto. El cargo lo dejó en 2015.

News Divine nació en la esquina de Molina y la 312. En el espacio, el sonidero Alfredo Maya intentó evocar  la música que en los ochenta recorría la ciudad de México y al mismo tiempo, dar cabida al Regueaton. Pero el 20 de junio, la vida cambió. Un día después de los funestos hechos, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, apareció en la sala de prensa del edificio contiguo al Palacio del Ayuntamiento en la GAM. Llevaba un discurso escrito y el rostro desencajado. “La ciudad está de luto. Los acontecimientos acaecidos este viernes nos llenan de consternación, dolor e indignación”, dijo.


Asumió como compromiso personal llegar al esclarecimiento de los hechos. Aunque aún reinaba el desasosiego, sus palabras fueron firmes: “Vamos a buscar el castigo de los responsables de la tragedia. En primer lugar de aquellos servidores públicos que ejecutaron el operativo porque, a la luz de la información que tengo disponible desde ayer por la noche y hoy en la mañana, hubo errores graves”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3067398

Fin de semana sangriento en Guerrero: Ejecutan a 13 personas

CHILPANCINGO, Gro: Al menos 13 homicidios dolosos se reportaron este fin de semana en diferentes puntos de la entidad, entre ellos el de un niño de 12 años en Chilapa.

De acuerdo con reportes oficiales, el sábado 16 se registraron cinco ejecuciones, una de las cuales fue la del regidor priista de Chilapa, Miguel Ángel Salmerón, quien ayer fue sepultado ante la indiferencia del gobierno y de la propia dirigencia tricolor.

Ese mismo día, un taxista fue asesinado en esta capital y una mujer campesina en el municipio de Quechultenango, en tanto que en el puerto de Acapulco un grupo de sujetos armados acribilló a dos jóvenes que trabajaban en una estética ubicada en la zona urbana.

También el sábado, alrededor de un centenar de familiares de desaparecidos en el puerto turístico protestaron sobre la avenida Costera para exigir justicia, y reprocharon a las autoridades estatales y federales por negarse a investigar los casos.

Aglutinados en el colectivo denominado Unidos por el mismo dolor, los familiares de una treintena de desaparecidos estuvieron acompañados por representantes de la Arquidiócesis de Acapulco.

El domingo 17, ocho personas fueron ejecutadas, cinco de ellas en Chilapa, y un hombre
decapitado en el puerto de Acapulco.

Ayer, durante una charla organizada por Grupo Autofin en su consorcio ubicado en la zona exclusiva de Acapulco, el gobernador Astudillo dijo que su administración está enfocada en “reducir” los índices de homicidios dolosos, que a la fecha suman más de mil 500 en la entidad, porque es imposible garantizar que no existan crímenes.


Luego, ante empresarios y la clase política local, sostuvo que los paseantes pueden sentirse seguros en los balnearios de Ixtapa y Acapulco porque la disputa de estas plazas controladas por el narcotráfico es una guerra entre criminales. La mayoría de las personas ejecutadas “no son turistas, ni famosos”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447649/fin-semana-sangriento-en-guerrero-ejecutan-a-13-personas

Médicos y trabajadores organizan frente contra la subrogación de servicios en el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO: Desde que las autoridades del Seguro Social comenzaron a subrogar algunos servicios, incluida la construcción de nosocomios, el temor a un eventual despido y a la desaparición de la seguridad social en el país se ha apoderado de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

La semana pasada, trabajadores de distintas unidades médicas, incluidos hospitales de especialidades como el Centro Médico y la Raza se reunieron para tratar el tema de la licitación de los servicios de laboratorios por un monto de 10 mil 500 millones de pesos.

En el encuentro, celebrado en el local de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo de químicos, laboratoristas y trabajadores jubilados de al menos tres entidades del país acordaron trazar un plan de acción encaminado a frenar la llamada “universalidad de la salud”.

Además, los trabajadores denunciaron el abandono en que se encuentran. Por ejemplo, enunciaron que los laboratorios carecen de los insumos y de la infraestructura mínima para satisfacer la demanda de servicios.

La química Carmen Mendoza de la clínica 25 del IMSS manifestó que el desabasto de insumos en los laboratorios ha desencadenado serios problemas internos y con los pacientes, además de estrés laboral.

Durante cuatro horas, los trabajadores de hospitales y centros de salud denunciaron también la escasez de insumos mínimos, como alcohol, gasas y algodón, y de infraestructura así como la falta de personal.

Otro punto que salió a flote en la asamblea fue el acoso laboral y la intimidación que prevalece en algunas unidades por parte de delegados sindicales por el sólo hecho de exigir condiciones laborales que protejan la integridad de los prestadores de los servicios médicos y los pacientes.

En el encuentro, la química Tania Bello del Hospital Nacional Siglo XXI dijo que toda la problemática que se vive actualmente en el Seguro Social se inscribe en el plan gubernamental de la “universalidad de la salud”.

Incluso, refirió que ella fue separada de las mesas de trabajo que se instalaron en el hospital por participar en la manifestación del pasado 22 de junio en contra de la subrogación de los servicios médicos.

Por esa razón, dijo que las autoridades buscan dividir a la base trabajadora.

Durante la asamblea, los trabajadores hicieron un llamado a sus compañeros de todo el país para organizar una marcha nacional el próximo 1 de agosto para exigir al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Manuel Vallejo Barragán, y al director del IMSS, Mikel Arreola, subsanar las deficiencias y hablar con la verdad sobre los
alcances de la llamada “universalidad de la salud”.


El pasado miércoles, Arreola asumió la postura oficialista de que el IMSS no será privatizado, sin embargo la subrogación de servicios en el sector salud continua ensanchándose.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA ÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447659/medicos-trabajadores-organizan-frente-contra-la-subrogacion-servicios-en-imss

El imperio económico de los Arellano Félix: así como la PGR se los quitó, así lo recuperaron

Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al Cártel Arellano Félix como una organización “desarticulada”.

Ciudad de México, 17 de julio (Zeta/SinEmbargo).- Era la segunda semana de diciembre de 1985. Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos. Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento de “El Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.

“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.

Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales. También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.

Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos. En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.

Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa. La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por Zeta, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de 1 mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis del semanario.

Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.

La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.

LA RUPTURA

El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.

La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.

Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.

César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.

Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como Policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.

Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.

Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.

Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.

El cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 tras presuntamente ser confundido con “El Chapo” Guzmán. Foto: Zeta

Los Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar a “El Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara. Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino.

Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.

El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR. Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.

Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix.

En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.

Los movimientos de la familia Arellano Félix. Gráfico: Zeta

LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN

Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”.

De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían. En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino era hijo del ex Secretario de la Defensa Nacional y ex Gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de futbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Futbol. Murió en 2007 a causa de cáncer.

La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.

Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.

CONFISCAN BIENES

El asesinato de Posadas y la detención de “El Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época. La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California.

En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.

Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

LA IMPUNIDAD

Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.

En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan. No existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.

Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.

La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.
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NINGÚN PROCESADO POR LAVADO

A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.

Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.

En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.

En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA. Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa. En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria). Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.

La superficie de la mansión de los Arellano Félix. Foto: Zeta

MANSIÓN VENDIDA

Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época. Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir.

La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto. Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y 927 metros cuadrados adiciones de jardines. Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque.

La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos. Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989.

En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita.

Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió. Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado. Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.

De esa manera el juez Cornejo, un abogado con maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.

La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.

Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado. “Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.

Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen. La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Francisco Sandoval Alarcón con información del Semanario Zeta
http://www.sinembargo.mx/17-07-2016/3067986