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Guerrero, el estado con más homicidios dolosos en enero; registró 165: SESNSP

CHILPANCINGO Gro: Durante enero se registraron 165 homicidios dolosos en Guerrero, cifra que lo ubica en el primer lugar en asesinatos a escala nacional, indican reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).


La cifra de crímenes reportados en los primeros días de 2017, prácticamente representa la misma cantidad registrada en el mismo periodo del año pasado cuando se documentaron 166 homicidios dolosos y exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde hace tres años en la entidad.

La cifras oficiales reflejan que la tendencia de impunidad y violencia documentada en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se mantiene igual que en 2016, año que cerró con dos mil 213 homicidios dolosos y se colocó como el segundo más violento en la última década en Guerrero.


El reporte del SESNSP, difundido este martes en su portal oficial, ubica a Guerrero y el Estado de México en el primer lugar del ranking nacional en homicidios dolosos, ya que ambas entidades reportaron 165 asesinatos en enero de este año.

No obstante, en relación con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el primer lugar en el país lo ocupa el pequeño estado de Colima con 9.23 % que corresponden a los 69 homicidios documentados en enero, refiere el reporte oficial.

Luego, el segundo lugar es Guerrero con 4.57 % y el Estado de México ocupa los últimos lugares con el 0.95 % en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

De esta forma, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y el segundo en la tasa por habitantes en el país durante enero.

De los 165 homicidios dolosos documentados en Guerrero, 117 fueron cometidos con arma de fuego y el resto con arma blanca, refiere el informe oficial donde se indica que en el mismo periodo también se denunciaron ante la Fiscalía General del estado (FGE), seis secuestros y 22 violaciones sexuales.

A pesar de que las cifras oficiales ubican a Guerrero como el primer lugar en asesinatos a escala nacional por segundo año consecutivo, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha declarado públicamente que la estrategia de seguridad que dirige el Ejército desde finales de 2014 en la entidad representa “un éxito en el combate de la delincuencia”.

Incluso, el vocero de su administración, Roberto Álvarez Heredia festejó el lunes pasado en redes sociales que en un día no se reportaron homicidios dolosos en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, corrupción y pobreza.


Mientras territorios completos son controlados por la delincuencia, que ha provocado desplazamiento masivo, desapariciones de personas y una ola interminable de asesinatos, así como la suspensión de clases y servicios médicos en zonas rurales principalmente, el proceso de depuración y certificación de corporaciones policiacas, estatal y de los 81 municipios, sigue estancado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475200/guerrero-homicidios-dolosos-en-enero-registro-165-sesnsp

México, cuestionado por violación a derechos de pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno mexicano tendrá que responder sobre la aplicación de la reforma energética de 2014 y su impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos aborígenes y comunidades locales.


El tema forma parte del cuestionario enviado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), vigente desde mayo de 2013.

Tal instancia, que cuenta con especialistas de Brasil y Colombia, iniciará el examen de México durante la 60 presesión del Grupo de Trabajo del 27 de febrero al 3 de marzo en Ginebra y que también incluirá evaluaciones de Colombia, Corea del Sur, Federación Rusa y Moldova. El escrutinio final tendrá lugar durante el 62 periodo de sesiones del Comité en septiembre y octubre próximos en esa misma ciudad suiza.

El documento, elaborado y respaldado por 61 redes y organizaciones de la sociedad civil, contiene 78 preguntas sobre aplicabilidad y efectividad de derechos, derechos sindicales, la no discriminación, igualdad de género, trabajo, agua y saneamiento, alimentación, ambiente sano, educación, salud y cultura.

En la primera pregunta se le pide al Estado mexicano proporcionar elementos para evaluar si ha habido avances en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, le solicitan indicar las medidas concretas tomadas para consultar debidamente a las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos a gran escala en sus territorios y procurar obtener su consentimiento previo e informado para el desarrollo de esos emprendimientos.

Las ONG cuestionan por qué el gobierno ignoró a los grupos aborígenes y comunidades en el diseño, aprobación y ejecución de las leyes de reforma energética de 2013 y 2014 y que abren al capital privado nacional y extranjero la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Tal marco incluye “disposiciones sobre el uso y ocupación de las tierras y territorios susceptibles de afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos pueblos y comunidades. Asimismo, sírvanse informar si se plantea alguna reforma legislativa para subsanar estas cuestiones con mecanismos de participación adecuados”.

El colectivo solicita “explicar cómo pueden ser compatibles las obligaciones del Estado”, como el respeto y la protección del derecho a la libre determinación, con las disposiciones de la reforma energética que dan preferencia a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra que “implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos” en cuestión.

El cuestionario observa una contradicción entre la Ley de Hidrocarburos de 2014, que prácticamente obliga a una resolución “administrativa o judicial” para la ocupación de los polígonos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y a no ser privados de sus medios de subsistencia.

Las organizaciones quieren saber de qué manera preservará el Estado los territorios de pueblos ancestrales y comunidades de las actividades empresariales promovidas “de manera preferente” por la reforma energética.

Además, desean conocer cómo el Estado protege a las personas de esas comunidades de “las amenazas, la violencia, la ruptura de tejido social, del desplazamiento y del despojo de sus tierras” cuando se quiere ejecutar un proyecto de inversión o desarrollo energético o de cualquier industria.

Asimismo, preguntan sobre las medidas específicas adoptadas para sancionar y reparar integralmente el daño cuando sucede “el despojo territorial, el desplazamiento y la afectación de bienes comunes”, como el agua, la tierra, y otros elementos ambientales, sociales y culturales.

Derechos debilitados

Las ONG y comunidades afectadas esperan que el Comité actúe y sea exigente con México. “Los derechos están debilitados. Pedimos al Comité que nos escuche y tome en cuenta lo que decimos. Los Estados y las empresas sólo están interesadas en plasmar sus intereses”, dice a apro Pedro Uc Be, miembro de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán.

En Ticul, su comunidad, Vega Solar 1, propiedad de la estadunidense Sunpower Corporation, fue una de las ganadoras de la segunda subasta eléctrica de septiembre último, organizada por el gobierno mexicano, por lo que construirá el parque fotovoltaico “Ticul 1”, de 740 megavatios/hora de generación eléctrica. Ese emprendimiento supone la destrucción de 640 hectáreas de selva.

“Los pueblos mayas corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental”, denuncia el dirigente indígena.

El cuestionario también contiene siete preguntas sobre el apego a los derechos a la libre determinación y a disponer libremente de las riquezas y los recursos naturales. La última pregunta inquiere sobre la manera en que el Estado mexicano protege y garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales cuando aprueba la construcción de megaproyectos en los territorios que ocupan para sus prácticas culturales.

Además, pide proporcionar ejemplos de medidas adoptadas para subsanar la violación a derechos culturales en los casos del pueblo wirikuta frente a la minería y de comunidades amenazadas por hidroeléctricas en Nayarit y Oaxaca.

“El Comité debe hacer que México respete los DESC con el propósito de que haya un reconocimiento para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y que podamos tomar nuestras propias decisiones. Queremos que se recuperen nuestros territorios cuando se fueron a meter” las empresas eólicas, demanda en entrevista con Apro, la indígena binni’zaa o zapoteca Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En Oaxaca, pueblos indígenas rechazan las granjas eólicas por considerar que violan sus derechos al territorio, a un ambiente sano, a la consulta y acceso a la información, entre otros.

Varios proyectos petroleros y de energía renovables derivados de la reforma energética se ciernen sobre territorios indígenas y comunitarios, germen de conflicto entre el gobierno, las corporaciones y las poblaciones locales.

Peso moral

Seis colectivos y organizaciones entregaron sus cuestionarios al Comité sobre temas como la penalización del aborto, maltrato a menores, libertad religiosa, discriminación por orientación sexual

“El Comité debería preguntarle sobre avances y retrocesos en materia de DESC, se podría empezar con los derechos laborales y qué pasa con la garantía de estos derechos, también con respecto al género, inclusión y acceso a trabajo digno. México es de los países más desiguales debido a bajos salarios y condiciones laborales”, señala a Apro, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

La activista cuestiona que “no se permite el desarrollo pleno de los pueblos”, pues “hay falta de acceso a información y consulta y el derecho a elegir qué tipo de desarrollo quieren”.

En junio pasado, el gobierno emitió sus informes periódicos quinto y sexto combinados que debía enviar en 2012. En ellos, defiende avances en derechos a la libre determinación, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a formar sindicatos, a una alimentación adecuada, al agua, a la vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

En su reporte al Comité, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes Loyola, asentada en Los Ángeles (California), y la Asociación “Luca Coscioni para la Libertad de la Investigación Científica”, con sede en Roma, cuestionan que la criminalización del aborto viola las obligaciones de México a garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la libertad religiosa, a la no discriminación, a la privacidad y a la autonomía reproductiva.

Ambas instituciones piden a México describir los pasos tomados para descriminalizar el aborto, reportar cuántas mujeres han sido enjuiciadas por abortar, cuántas han estado encarceladas o han sido multadas por abortar y la duración promedio de detención por ese delito y las multas promedio erogadas.

Además, solicitan explicar cómo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enero de 2016, que declaró inconstitucional la descriminalización del aborto, puede ser reconciliada con la obligación del Estado de alcanzar progresivamente el goce pleno de los derechos del tratado.

Estas organizaciones critican también la demora en la aplicación de la normativa que controla el uso de motores a diésel, por sus efectos contaminantes y contrarios a la salud humana y el ambiente, y que viola el derecho a la salud, a un ambiente sano y los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la propia Constitución nacional.

México se ha negado a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC, vigente desde mayo de 2013 para los países parte, y considerado una herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos a la salud, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

El convenio establece la potestad de presentar quejas individuales o grupales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y prefigura la investigación confidencial en el Estado parte denunciado.

Uno de los problemas, como señala Uc Be, es que los señalamientos de organismos internacionales no son vinculantes y sólo poseen peso moral. “Las recomendaciones son cumplidas parcialmente o no se cumplen. Mientras no sean punitivas, no vamos a avanzar”, asevera.

Cruz exige respeto a los derechos, que los pueblos sean escuchados y que los organismos internacionales exijan ese cumplimiento. “Si no, allá los esperamos, en el istmo”, manifiesta.

En junio próximo, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas de la ONU presentará su informe sobre México. Además, el gobierno mexicano invitará este año a la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot.


“El gobierno tiene que dar pasos para garantizar los derechos. No se puede olvidar que aquellos defensores de DESC son los más amenazados en México, es una agenda pendiente”, urge Hudlet.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475204/mexico-cuestionado-violacion-a-derechos-pueblos-indigenas

Colima mantiene primer lugar en homicidios en enero de 2017, según SNSP

COLIMA, Col: Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante enero pasado se cometieron 78 homicidios dolosos en la entidad –una cantidad sin precedentes–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que en ese periodo ocurrieron sólo 69 actos de privación de la vida.


La cifra histórica de asesinatos fue dada a conocer el pasado 1 de febrero en rueda de prensa, por el titular de la SSP, Francisco Javier Castaño Suárez, pero los datos difundidos hoy por el SNSP, que se nutre con información de las procuradurías de justicia de los estados, señalan nueve casos menos.

Sin embargo, aún con la cifra inferior, Colima arrancó el año todavía en el primer lugar nacional de la incidencia de homicidios, como se mantuvo casi todo el año pasado, con una tasa de 9.23 casos por cada cien mil habitantes, casi el doble que el segundo lugar, Baja California Sur, que registró una tasa de 5.19, seguidos por Guerrero (4.57), Sinaloa (3.82), Baja California (3.60) y Chihuahua (3.20).

Los municipios colimenses con el mayor número de asesinatos en enero fueron Tecomán y Manzanillo, entre los que destacó este último por el hallazgo de 12 cuerpos de personas ejecutadas en un fin de semana.

El robo de vehículos es otro de los delitos en que el estado de Colima se ubicó entre los punteros nacionales durante el primer mes de este año, con una tasa de 22.47 casos por cada cien mil habitantes, sólo por debajo de Baja California, cuya tasa fue de 51.41.

En el tercer sitio se colocó Querétaro, con 19.92, seguido por Aguascalientes (18.69), Baja California Sur (17.78), Tabasco (13.66), Sonora (11.72), Sinaloa (11.01), Morelos (10.48) e Hidalgo (9.50).


A lo largo del 2016, Colima se ubicó en el cuarto lugar nacional en la incidencia de robo de vehículos, con una tasa de 206.06 casos por cada cien mil habitantes, por debajo de Baja California, que fue el primer lugar con 447.68 casos; Baja California Sur, segundo con 231.30, y Querétaro, tercero con 225.02.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475263/colima-mantiene-primer-lugar-en-homicidios-en-enero-2017-segun-snsp

Esposa de Duarte mezclaba relación personal, institucional y negocios ilícitos: Yunes

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, detalló cómo fue que llegaron el lunes hasta una bodega en Córdoba, donde se resguardaban pertenencias del ex mandatario Javier Duarte y su esposa. 

“Se está llevando a cabo un proceso intenso en colaboración con la PGR para dar con el paradero de Javier Duarte… la fiscalía tiene asegurada la bodega y los bienes. Unos  que son propiedad del gobierno del estado, como sillas de rueda, útiles escolares. Bienes que podrían ser del gobierno del estado, como obras de arte. Y bienes propiedad de Duarte y su familia, como cuadros, obsequios y lo más importante: documentos de dos características, unos que pueden ser oficiales, más de 100 carpetas, y documentos, diarios, libretas con notas personales de la esposa del ex gobernador“, expuso en Aristegui en vivo.

“Son muchos documentos. No abrí ninguna carpeta, estaban en cajas. Se determinó asegurarlas e inventariarlas. Era una bodega pequeña”, refirió.

“Por el contenido, por el tipo de letra, es evidente que se trata de ella”, aseveró Yunes.

En el caso de Karime Macías, “lleva un diario como esposa del gobernador, se señalan actividades que corresponden a las que tuvo como primera dama. Habla de la familia, de momentos especiales, no hay ninguna duda (de que pertenece a ella)”. “Estaban en un cofrecito de madera, ahí aparece su nombre”.

Para Yunes, esto “confirma lo que se sabe: vinculación en negocios ilícitos con Moisés Manzur, que por cada negocio se abra una cuenta”. 

“Ahí se confirma de puño y letra mucho de los temas que se están investigando”, anotó.

En documentos aparecen “muchos otros nombres de personas que habrían participado en negocios ilícitos” de Duarte, “la mayor parte de fuera de Veracruz”.

Por ello, consideró que Macías “sin duda tenía una presencia muy importante, ejecutiva en las tareas de gobierno, ella participaba encabezando las sesiones de gabinete, en reuniones con diputados, magistrados, su presencia era entre comillas normal, era una participante habitual pero adicionalmente tenía a su cargo la parte de concertar o llevar a cabo negocios ilícitos”. 

Por ejemplo, en sus anotaciones “señala el tema de comisiones, quién se va a hacer cargo de negocios ilícitos, quién va a administrar las comisiones”. Tenía, pues, una “participación muy relevante no sólo en lo oficial sino también en lo ilícito”. 

Mencionó ejemplos de apuntes de la esposa de Duarte: “X persona aportará 20 millones y quiere obras del Fonden”; “negocio de hasta 2 millones cada quien lo puede hacer por su lado; de más de 2 millones nos tenemos que comunicar”. 

Y es que “pretendía ser muy estructurada y por eso escribía todo. Incluso define el modelo de relación con Javier en una mezcla de relación personal, institucional y negocios ilícitos”, señaló Yunes.

De hecho, “la mayor parte tiene fecha” en el diario, mientras “otras son notas aisladas que se están analizando”.

“El diario tiene fechas en orden cronológico, lo empieza a escribir desde que tuvo influenza”, puntualizó.

El hallazgo de estos bienes que pudieron ser destruidos desde que Duarte se convirtió en prófugo de la justicia, en octubre pasado, demuestra un “deseo enfermizo de posesión, de no deshacerse ni siquiera de estos elementos incriminatorios”, comentó Yunes. 

Había un “afán de posesión que llega al extremo de conservar incluso esto”. Sobre el apunte de la esposa de Duarte en el que decía “sí merezco abundancia”, Yunes opinó que “pretende autoafirmarse que merece lo que es indebido”.

La investigación hoy por hoy “está en un punto donde las instituciones del gobierno federal están haciendo un gran esfuerzo para ejecutar las órdenes de aprehensión”.

“El gobierno del estado estamos haciendo lo necesario para aportar a esa investigación, a esa ejecución de órdenes de aprehensión”, expuso el gobernador.

Ante este panorama, el mandatario veracruzano incluso sugirió que “Duarte y su esposa deben reflexionar si deben continuar huyendo”. 

Y es que tanto Duarte como su esposa están “dejando expuestos a 3 niños (sus hijos) y millones de veracruzanos”, por lo que “debiera caber en ellos un momento de reflexión, pensar que hicieron un gran daño y lo tienen que pagar”, mencionó.

Sobre los objetos presentados a los medios el lunes en la bodega, aseguró que “no se tapó nada”, “en los diarios había unos post–it para separar información”, “nadie manipuló, puso corrector, nada, se presentaron las carpetas tal y como estaban”.

“La situación de Veracruz es altamente compleja en materia financiera y se requiere que devuelvan los recursos… Yo estoy seguro de que lo van a detener, hay todo el ánimo y el esfuerzo para hacerlo”, finalizó el mandatario en Aristegui en vivo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Hay elementos para un nuevo TLCAN”: Guajardo ante funcionarios canadienses

El secretario de Economía recalcó que hay industrias como la automotriz y la aeroespacial que "básicamente no se pueden explicar de una forma que no sea trilateral".

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó ante inversionistas y funcionarios canadienses que Canadá y México “son parte de la solución” para crear más empleos en Estados Unidos.

Al hablar ante el foro Nuevas estrategias para la nueva Norteamérica, en el distrito financiero de Toronto, el funcionario admitió que después de 23 años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) requiere cambios que reflejen el nuevo sistema económico y que incluyan el E-commerce, la producción de tecnologías de la información y las comunicaciones móviles.

“Hay nuevos elementos para un nuevo TLCAN”, afirmó el titular de Economía, pero recalcó que hay industrias como la automotriz y la aeroespacial que “básicamente no se pueden explicar de una forma que no sea trilateral”.

Los procesos de manufactura en la industria automotriz, aeroespacial o de computadoras están ligados a las cadenas de valor, añadió.

“Renegociar temas como reglas de origen, propiedad intelectual hace más sentido hacerlo en forma trilateral”.

Recordó que por cada dólar que México invierte en estas industrias hay un “imput” combinado de 61 centavos de dólar de Estados Unidos y Canadá.

Tras felicitar al gobierno canadiense por el recién aprobado Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, Guajardo Villarreal señaló que Canadá está demostrando al mundo las ventajas del libre comercio.

En el mismo sentido, destacó que Canadá y México han tenido un “rol clave” en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y que pueden tenerlo en la renegociación del TLCAN.

“La renegociación del TLCAN no sólo tendrá implicaciones para México, sino para el mundo en general”, advirtió el secretario al hablar en el foro organizado por el Consejo Canadiense de las Américas, en donde también participa el canciller Luis Videgaray, quien sostendrá un diálogo con su contraparte canadiense, Chrystia Freeland.

Ildefonso Guajardo recalcó que en la renegociación del TLCAN “hay que distinguir entre lo que es retórica política y lo que es realidad”.

Insistió en que la renegociación del acuerdo de América del Norte debe ser trilateral y que hay que considerar la influencia de los poderes legislativos de los tres países en las mismas.


“Vamos a seguir adelante con este proceso, no será fácil, pero Canadá y México podemos demostrar al mundo la importancia de trabajar juntos”, resumió. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2102/mexico/hay-elementos-para-un-nuevo-tlcan-guajardo-ante-funcionarios-canadienses/

Defensa de El Chapo prepara juicio político contra Videgaray; violó tratados de extradición, acusa

CIUDAD DE MÉXICO: José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó que la defensa del capo presentará una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, a quien acusó de violar los tratados de extradición entre México y Estados Unidos.


“El actual secretario de Relaciones Exteriores que llegó a aprender, está dictando un acuerdo en donde resuelve dar su consentimiento para una excepción al principio de especialidad, esto en una flagrante violación al Artículo 17 del Catálogo de Extradiciones de México y Estados Unidos donde se establece de manera clara que una persona no puede ser juzgada por sus hechos, y con ello, delitos, que no hayan sido materia de la petición de extradición”, explicó el abogado en entrevista con Radio Fórmula.

Ello demuestra, dijo, que la entrega de El Chapo, es claramente un acto arbitrario de Estado.


La regla de excepción al principio de especialidades dictado por Videgaray, añadió Refugio Rodríguez, “es como el trabajo de los magos que la sacan del sombrero, en un procedimiento que intentó el nuevo secretario de Relaciones Exteriores en donde sorprendentemente esto nos lleva a demostrar que la entrega de Joaquín Guzmán fue un acto arbitrario de Estado”.

Recordó que el pasado día 18 de enero la Corte negó la atracción de los dos recursos con los que el exlíder del Cártel de Sinaloa pretendía evitar su extradición y al día siguiente el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México dio por concluidos los dos amparos que había solicitado contra su entrega a la justicia estadunidense.

“Sorprendentemente al día siguiente (el 19 de enero) sin notificar (los integrantes del Quinto Tribunal) sesionan y resuelven, sin darnos oportunidad de estar presente en la audiencia en donde se discutieron estos asuntos”, acusó el abogado.

El mismo 19 de enero, siguió, el procedimiento fue regresado al juzgado y posteriormente esa instancia lo envió a la SER, y la embajada ya había presentado una solicitud donde se dio la excepción al Principio de Especialidad.

“El secretario de Relaciones Exteriores le da entrada, le da vista a la Procuraduría General de la República en forma en un procedimiento anormal, porque no hay un precepto que diga que se maneje, y la Procuraduría General de la República dice que no tiene ningún inconveniente que Joaquín y que esa regla de excepción se le aplique a Joaquín para que sea juzgado en Estados Unidos por delitos que no fueron materia de la petición de extradición”, sostuvo el defensor de El Chapo.

De acuerdo con el abogado, se trata de una flagrante violación al Artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y “una evidente violación” a los derechos fundamentales de su cliente a quien “mandan a la guerra sin fusil”.

José Refugió afirmó que por estas razones hay materia suficiente para presentar una demanda de juicio político contra Luis Videgaray.


“Lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque un Estado debe proteger a sus connacionales, no los puede entregar mediante un acto se sumisión y de cobardía ante las amenazas de un presidente flojo como es (Donald) Trump”, concluyó el abogado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475191/defensa-chapo-prepara-juicio-politico-contra-videgaray-violo-tratados-extradicion-acusa

Diputados aprueban reducir 50% el salario cuando trabajador enferme por causa laboral

CIUDAD DE MÉXICO: Las fracciones del PAN, PRI, PVEM, Panal y PES aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago.


Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, éstos últimos de Morena, PRD y MC, el pleno avaló cambios en los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo y añadió el 515 bis.

La reforma abre la puerta para que sea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) la que actualice las tablas de valuación de las incapacidades permanentes, previa aprobación del proyecto respectivo por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ésta participará el empresario y así como agrupaciones sindicales de corte priista afines al gobierno federal actual.

Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Georgina Zapata, dijo que la actualización de las tablas de evaluación se debe realizar conforme al progreso de la medicina del trabajo, que se incorporen nuevos tratamientos, una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral, a partir de la identificación y descripción de enfermedades del trabajo, de sus tipos y aspectos.

“Con el proyecto de decreto que sometemos a consideración de este pleno, estamos proponiendo un régimen transitorio para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida la tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que se sirva, en su caso, esta soberanía aprobar, quedando sin efecto la actual tabla de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes”, detalló.

Durante su argumentación a favor, la panista Luz Argelia Paniagua Figueroa dijo que entre las adecuaciones aprobadas se encuentran aquellas que tuvieron como fin el establecimiento de un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes.

“No obstante, se conservó el texto del artículo 515 de dicha ley, en el cual se establece que el presidente de la República iniciará ante el Legislativo la adecuación periódica de las tablas de enfermedades”, aseguró.

La panista recordó que han pasado más de 46 años sin que las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación sean actualizadas, privando de certeza y seguridad jurídica a los trabajadores que sufren de enfermedades por motivos de trabajo.

En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Aracely Damián, dijo desde tribuna que la reforma implica que al trabajador ahora solo se le pagará 50% y no 100% de su salario cuando enferme por motivos de su trabajo.

“El robo que estos pillos van a aprobar va en contra de los trabajadores. Están violentando sus derechos y que sea el empresario el que diga qué enfermedades se pueden pagar o no, los hace juez y parte y va en contra del trabajador”, sostuvo.

A su vez, el diputado del PRD, Julio Saldaña Morán, explicó que con dicha reforma existe una contradicción, pues aunque se permite que se modifique la tabla, se deja en la Ley Federal del Trabajo otra tabla que solo puede ser modificada por el Poder Legislativo.

Y todavía más, aseguró que lo que se votaría nadie lo conocía:

“¿Quién conoce el proyecto de las nuevas tablas de enfermedades? Que son 73 las que se actualizan. Pero nadie las conoce. Yo no las conozco. Se habla del 2012 (año en que se realizó la reforma laboral), que seis meses después se iban a publicar, cosa que no fue”. Entonces anunció que el voto del PRD sería en contra.

El PRI, mediante David Aguilar Robles, dijo que al actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la valoración de las incapacidades permanentes se garantiza certeza jurídica a los trabajadores. Con el dictamen, añadió, se podrá actualizar la tabla de manera periódica y bajo un mecanismo de cooperación interinstitucional.

Alejandro Cañedo, de Morena, detalló las razones por las cuales su partido votó en contra: “Porque deja solo al criterio del Ejecutivo federal el elaborar la tabla de enfermedades, excluyendo al Poder Legislativo de esta tarea”.

Además, dijo, con esta propuesta se pretende, mediante el artículo tercero transitorio, desaparecer dicha tabla de enfermedades de la Ley General del Trabajo, cuando se actualice. Esto, además de grave y de atentar contra la vida de los trabajadores, implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente por los trabajadores mexicanos.

La iniciativa, agregó, forma parte de la contrarreforma de 2012 “cuando se suprimió la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que detallaba el porcentaje a pagar, adicionado al salario, a trabajadores con daños permanentes”.

Y añadió: “Esta iniciativa, que pretende desaparecer la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo, atenta contra la vida de las y los trabajadores e implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente”.

Incluso, advirtió que “de aprobarse, las aseguradoras privadas que actualmente administran de manera ilegal las pensiones, o el propio IMSS, harán sus propias tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades acorde a sus intereses”.

Peor aún, sostuvo, el dictamen es un golpe a las finanzas del IMSS “pues al no reconocerse las lesiones ni enfermedades de trabajo el instituto no podrá aumentar las primas por siniestro que aplica a las empresas y estos costos se trasladarán a las ramas del seguro de enfermedad general e invalidez”.

Ariel Juárez, de Morena, detalló la razón por la que ya no se pagará el 100% del salario a un empleado: “se pretende que al concluir la actualización, las tablas de enfermedad que están actualmente desaparezcan de la Ley Federal del Trabajo. Su implicación legal es que al salir del cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se convertirá en sólo una disposición administrativa, lo que significa quitar certeza jurídica en el ejercicio de este derecho”.

Ahora, continuó, será la patronal quien determine qué se reconoce o no como una enfermedad profesional. “Pueden desaparecer o no reconocer patologías causadas por el trabajo, según sus intereses, así como definir la cuantía de las indemnizaciones a que tendrá derecho la población trabajadora que sufrirá o que sufra un accidente o enfermedad de trabajo”.


Y ejemplificó: “si un trabajador sufre la amputación de un dedo pulgar, hoy equivale de 40% a 45% de incapacidad permanente, 45%, el día de mañana podrán decir que solamente equivale a un simple 10%”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475336/diputados-aprueban-reducir-50-salario-cuando-trabajador-enferme-causa-laboral

Fuerzas Armadas: entre la simulación interna y la sumisión imperial

CIUDAD DE MÉXICO: Entre mentiras, propaganda y presiones políticas que han dejado el cínico chantaje del año pasado por parte de las Fuerzas Armadas, los militares mexicanos transitan en la parte final del sexenio con más influencia y poder en sus manos como nunca los habían tenido en la historia del país.

El aplazamiento en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, establecido el pasado 16 de febrero, sólo es un revés temporal al fortalecimiento de su agenda política. Su protagonismo nos muestra el tamaño de sus ambiciones y de su capacidad de doblegar y engañar a la clase política del país.


El renovado activismo del dueto militar –los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina– apunta a la presión por tener una ley a modo que proteja las acciones que realiza la milicia de modo irregular y al margen de la Constitución desde el inicio del gobierno peñanietista.

Y aun cuando se dicen “desgastados” y que ya no desean seguir en las calles, en realidad con la iniciativa en ciernes coronarían su presencia con atribuciones de investigación, persecución de delitos, de control social o espionaje sobre la población y de represión (Proceso 2091).


La idea militar con el apoyo del PRI y el PAN es una versión corregida y muy aumentada de la fallida iniciativa calderonista de la Ley de Seguridad Nacional. Más aún, el trazo de los componentes de la nueva propuesta se basa en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 y no en los planes sectoriales de Defensa y Marina.

La conclusión es simple: los militares están en las calles, espían, investigan y reprimen al margen de la ley y sólo bajo el débil paraguas que les da la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los años noventa, la Ley de Seguridad Nacional y las atribuciones presidenciales. Todo ello rebasado por la realidad y las ambiciones del sector defensa.

Bajo un esquema dual de participación castrense realizado al amparo de un programa administrativo, la iniciativa da protección a los militares por la simple declaración de que sus acciones no son de seguridad pública, sino de “seguridad interior”. Con este truco legal, las Fuerzas Armadas “cumplen” con las recomendaciones de la ONU en el sentido de que se retiren de las acciones de policía.

Por un lado, y una vez que sea manifiesta, a juicio de la Defensa o Marina, la incapacidad de las autoridades civiles federales, el presidente puede decretar el despliegue militar justificando “amenazas a la seguridad interior”. Por otro, con un juego confuso de palabras, bajo el artificioso concepto de “acciones de orden interno” (como parte de la noción amplia de seguridad interior que viene de la legislación militar de 1926: “orden interior”), los militares están facultados para permanecer, sin decreto presidencial de por medio, en las calles y en los patios de nuestra vida civil, ejerciendo “la inteligencia y prevención para la seguridad interior”, apropiándose de bases de datos personales en poder del INE o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de las del ISSSTE o el IMSS, por ejemplo.

Realidad vs. propaganda militar

El debate público de la iniciativa de los diputados se enrareció con la presentación de otras propuestas, por parte del PAN y el PRD, también de seguridad interior. A esto se sumó otro conjunto de propuestas sobre seguridad nacional y de reformas constitucionales que bien puede decirse son oportunistas e inducidas por el sector duro de la defensa. Una de ellas fue la burda respuesta al señalamiento de inconstitucionalidad de la iniciativa PRI-PAN (que la “seguridad interior” no figura en la lista de facultades expresas del Congreso para legislar), cuando se presenta el 25 de enero la de un senador independiente para allanarle el camino constitucional.

Debe reconocerse que los militares son también responsables de nuestra crisis de seguridad por dos razones fundamentales: 1) por integrarse desde hace más de dos décadas en las estructuras de mando policial y en las definiciones de políticas de seguridad pública, y 2) por provocar violencia y mayor número de víctimas en lugar de tener un efecto de contención o de “restablecimiento del orden público”.

El liderazgo castrense se inculpa sin querer en su campaña al descalificar a los civiles por su fracaso en la implementación de un modelo policial eficiente. Desde hace más de cinco lustros, los militares se han incorporado en las policías tanto a nivel operativo como de dirección estratégica e implementadores de políticas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

No menos importante es lo expuesto desde hace tiempo, por ciertos analistas y expertos, en cuanto a la inutilidad del recurso militar cuando, se ha demostrado, no fue necesariamente el último recurso ante una situación crítica de inseguridad. Su despliegue y actuación en las calles, al menos desde 2006, no siempre fue la respuesta ante oleadas de violencia real, sino ante incidentes de alto impacto que fueron utilizados como pretexto, político y mediático, para sacar a soldados y marinos a las calles.

Lejos de disminuir la violencia regional o local, lo anterior ha disparado los índices de homicidios y de inseguridad. Atacar el fuego con fuego ha incendiado al país con violencias de diferentes naturalezas, incluyendo la militar.

Inobservancia de derechos humanos: ¿Falla o desprecio?

Los secretarios de la Defensa y de Marina, en su inopinada campaña de cabildeo político, confiesan algo en lo que la opinión pública no ha reparado. En los últimos 10 años en particular, los militares no sólo se han desgastado, sino que tampoco sirven para tareas de seguridad pública porque no están preparados para ello. No es su función proteger a los ciudadanos y sus bienes, menos si la amenaza son probables delincuentes.

El citado aspecto es importante porque está ligado a la observancia inequívoca de los derechos humanos y del debido proceso que, aun desde la óptica de la guerra, son nociones fundamentales.

Las declaraciones castrenses, así como la elaboración de un manual sobre uso de la fuerza “conjunta” (Ejército y Marina), ponen en relieve que los miles de cursos y talleres sobre derechos humanos de los que tanto se presume en los discursos e informes de labores, por el patrocinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, simplemente no sirven.

Los recientes hechos en Nayarit, donde se usó un helicóptero de la Marina para disparar artillería sobre una zona urbana, independientemente de la demostración de fuerza dirigida al gobierno estadunidense (de que sí pueden con los bad hombres, Trump dixit), confirma también la inutilidad o la observancia discrecional del protocolo del uso de la fuerza autoimpuesto.

El análisis cuantitativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República (Temas Estratégicos No. 39, “Seguridad Interior: elementos para el debate”, enero de 2017) documenta el fracaso militar de las estrategias de seguridad de los últimos tres lustros.

Tanto la UNAM como el CIDE han establecido, por el alto índice de letalidad resultante de los operativos castrenses, que prácticamente no hay detenidos, ni heridos… sino sólo muertos. Del mismo modo, tanto el CIDE y el IBD demuestran, aunque con diferencias de matiz, que las acciones militares han provocado mayor violencia.

Que los militares tiren a matar y no tengan prisioneros (detenidos), más que una consigna es parte de su entrenamiento y resultado de un proceso histórico de su accionar represivo en México. Así ha sido contra los militares rebeldes entre los años treinta y cincuenta, contra la guerrilla rural o urbana entre los sesenta y ochenta o contra el narcotráfico y el crimen organizado en décadas recientes.

La doctrina formativa de los derechos humanos en los militares no está dirigida a interiorizarlos con su función. Los planteamientos explícitos y reglamentarios en las Fuerzas Armadas son retóricos y sólo han servido para el faccioso ajuste de cuentas entre los mandos superiores contra oficiales de menor rango y tropa para cuando se necesite dar la imagen de su voluntad de respeto y autoridad en la materia.

¿Guerreros (in)sumisos?

En la arena nacional, se muestra un empoderado y soberbio secretario de la Defensa que, a contrapelo de la Constitución y del derecho internacional, ha ejercido presión sobre autoridades civiles judiciales y de organismos multilaterales para no rendir cuentas y evadir las acusaciones graves de violación a los derechos humanos cometida por militares, como en el caso de Tlatlaya, Estado de México.

Lo mismo mostró con su negativa, escudándose en razones nacionalistas, incluso amagando con su renuncia, de esclarecer el papel activo u omiso de los militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. El mismo talante se observa en el titular de la Secretaría de Marina al tratar de explicar el “fuego disuasivo” de Nayarit en el operativo del pasado viernes 10.

Sin embargo, el tándem militar deja aparte su nacionalismo discursivo y su tesón político frente a su contraparte de los Estados Unidos, ignorando los desplantes ofensivos y amagos del presidente Trump en la imposición de la colaboración bilateral en materia de seguridad. Sin mediación civil, ya sea por parte de las secretarías de Gobernación o de Relaciones Exteriores, y 10 días después de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza de Trump, los militares mexicanos entablaron conversación con el secretario de Defensa John Mattis, cuya versión oficial la califica de mera cortesía.

El trasfondo es otro. Dicha conversación, así como la inspección que hicieran oficiales del Comando Norte y el asesor especial del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Chiapas con personal de la Armada mexicana, detonaron la presión contra el Congreso para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior.

Eso no es casual porque, además de extender un cheque en blanco a su actuación en el terreno, les permitiría satisfacer la agenda de seguridad norteamericana para hacer el trabajo sucio de contención migratoria en su patio trasero, a cambio de hacerse de la vista gorda ante eventuales y crecientes denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos, como las que se expresaron desde el Capitolio en 2015.

La Marina se ha hecho cargo de este operativo fronterizo desde el inicio del sexenio con el apoyo de la autoridad migratoria, cuyo titular proviene de las estructuras de inteligencia del gobierno federal.

Hay signos de identidad entre los militares de ambos países: comparten su desconfianza, o hasta su desprecio, por el liderazgo civil; se sienten utilizados y consideran abusivo que los políticos se aprovechen del prestigio castrense (Warriors and Citizens es el libro que publicó a finales del año pasado Mattis, en cuyo anuncio de designación por Trump no omitió su orgulloso apodo de Perro Rabioso).

Por ahora, la moneda está en el aire en cuanto a las iniciativas de Ley de Seguridad Interior gracias a la oposición de la sociedad civil y a un tardío y tímido pronunciamiento de la CNDH en favor de aplazar –no de rechazar– su aprobación.

Entre tanto, los militares continuarán en las calles de un país atrapado por la violencia criminal y por las amenazas de Trump de vigilar, sin proteger, a una sociedad golpeada por la crisis económica y por la torpeza política de sus gobernantes. Con la Ley de Seguridad Interior o sin ella, ya lo dijo el general secretario desde finales del año pasado, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo mismo.


Este análisis se publicó en la edición 2103 de la revista Proceso del 19 de febrero de 2017.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIRADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475199/fuerzas-armadas-la-simulacion-interna-la-sumision-imperial

El gobierno de Peña evitó durante 2 años dar disculpa pública a mujeres indígenas

La PGR impugnó en 2014 el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que obligaba a la procuraduría a reparar el daño a las mujeres y darles una disculpa pública.

Este martes, 21 de febrero, el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, encabezó el acto oficial con el que fue reconocida públicamente la inocencia de tres mujeres indígenas del estado de Querétaro, a los que la PGR acusó en 2006 de secuestrar a seis agentes de la corporación.

En su discurso, el funcionario admitió que la PGR “contravino” el principio de presunción de inocencia en agravio de estas mujeres, que pasaron en la cárcel cuatro años, pero subrayó que dicho “agravio” fue cometido “en el pasado”, mientras que el acto realizado este martes era prueba de que, en el presente, existe un “firme compromiso de acatar de forma cabal” el artículo 1 de la Constitución, según el cual es obligación de todas las autoridades “prevenir, investigar y, ante todo, reparar las violaciones” a los derechos humanos.

Efectivamente, el proceso penal contra estas tres indígenas, de nombre Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, fue iniciado durante la pasada administración encabezada por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.

No obstante, la negativa de la PGR a reconocer la inocencia de estas tres mujeres no es cosa del “pasado”, como afirmó su actual titular, sino que esta postura se mantuvo hasta la actual administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional y no fue sino apenas el pasado 25 de agosto de 2016 que las actuales autoridades declinaron esta postura.

Tal como consta en el expediente judicial del caso, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas mediante engaños, cuatro meses después del supuesto secuestro del que se les acusaba, cometido, según la PGR, en contra de seis de sus agentes, cuando realizaban un operativo en un mercado.

A partir de pruebas fabricadas por la PGR –tales como declaraciones de testigos que nunca existieron–, y en un proceso penal en el que fueron privadas de un intérprete, las tres mujeres indígenas fueron sentenciadas a 21 años de prisión.

Tras impugnar el fallo ante un Tribunal Unitario, Jacinta fue liberada tres años después, en 2009, al comprobarse que la PGR había incurrido en “contradicciones sustanciales” al formular su acusación y presentar sus evidencias.

Alberta y Teresa debieron pasar un año más en la cárcel, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inocentes y ordenó su liberación, en abril de 2010.

A pesar de ambas sentencias absolutorias, la PGR no sólo se negó a reconocer oficialmente la inocencia de las tres mujeres indígenas, sino que se negó a indemnizarlas por el daño moral causado (provocado, entre otras cosas, por la pérdida de la libertad y por la exhibición como delincuentes que de ellas se hizo en medios de comunicación).

En 2014, es decir, ya durante la actual administración federal priista, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la PGR efectivamente había causado daños morales y materiales a Jacinta, Alberta y Teresa, y ordenó a dicha dependencia reconocer su inocencia y disculparse públicamente con ellas.

Sin embargo, la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, se negó a ello e impugnó el fallo.

Los casos de Jacinta y Teresa fueron dirimidos primero, y en mayo de 2016, la impugnación de la PGR fue desechada, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Finalmente, fue el 25 de agosto de 2016 cuando la misma PGR se desistió de la impugnación contra el fallo que le ordenaba disculparse con Alberta.

Esta fue la primera vez que la PGR mostró un verdadero cambio de postura, en torno a la inocencia de una de las afectadas (y no de las tres), y para ello debieron pasar diez años, durante los cuales el organismo federal se negó a reconocer las irregularidades cometidas.

Los últimos dos años de esa década (entre 2014 y 2016), la negativa a reconocer estas anomalías fue encabezada por la actual administración federal priista.

En la actualidad, uno de los ex agentes involucrados en la fabricación de pruebas contra estas tres indígenas afirma en sus cuentas de redes sociales ser maestro de la Universidad Abierta y a Distancia de México (de la SEP); otro más (ahora integrante de la Policía Federal) está involucrado en un presunto caso de tortura, cometida contra uno de los detenidos por el secuestro y desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero; y un tercero fue parte de la terna propuesta al Congreso de Aguascalientes para elegir, en 2015, al Fiscal de Delitos Electorales, aunque finalmente no fue seleccionado para ocupar dicho cargo.


Aquí puedes ver el evento completo de la disculpa pública de la PGR.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pgr-disculpa-publica/

El 2017 tiene el arranque más violento del que haya registro; homicidios aumentaron en 25 estados

En algunas entidades los asesinatos se dispararon hasta 500%; con EPN van 12 mil homicidios dolosos más que en el sexenio pasado.

El 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México: mil 938 homicidios en enero. Desde 1997, cuando se comenzaron a registrar los casos de homicidio doloso, nunca se habían registrado tantos asesinatos en el primer mes de algún año.


Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en 25 de las 32 entidades hubo un incremento de asesinatos en el arranque de este año. Es casi el 80 por ciento del país.

Este incremento ocurre pese a una nueva estrategia que el gobierno federal arrancó en agosto pasado para disminuir los asesinatos, y que se sustentaba en la premisa de que los homicidios no son un fenómeno generalizado sino concentrado en 50 municipios.

Las cifras evidencian que el número de averiguaciones y carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en enero de este año, representan un incremento superior al 34 por ciento de este delito tan solo en comparación con enero del año pasado, Y si se compara el número de víctimas el incremento supera el 38 por ciento, destacó en su cuenta de Twitter el experto en temas de seguridad Alejandro Hope.

Estos datos confirman además una tendencia al alza en los homicidios que inició desde el 2015. En un periodo de tres años los asesinatos han repuntado más de 50 por ciento.

El nivel de violencia registrado en el primer mes de este año no se había visto ni aun en los peores años de la “guerra contra el narcotráfico” que arrancó en el sexenio pasado. En enero de 2011 (año con el mayor nivel histórico de homicidios) la cifra de asesinatos fue de mil 867 casos, que son 70 asesinatos menos que los contabilizados en enero de 2017.


Enero del año 2007 fue el mes de enero que ha registrado la menor cantidad de homicidios de los últimos 20 años en el país con 798 casos. En comparación con esa fecha, los homicidios dolosos a nivel nacional se han disparado más del 140 por ciento.


Doce mil homicidios más con EPN

El número de homicidios dolosos registrados en enero representa la tercera cifra mensual de asesinatos más alta delo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Solamente los meses de agosto y septiembre del año pasado se registró un mayor número de asesinatos con mil 950 y mil 982 casos respectivamente.

En promedio, en enero de este año cada día se registraron 62 casos de homicidio con 69 víctimas y cada hora entre dos y tres asesinatos.

La cifra de homicidios de enero de este año revierte además una ligera tendencia a la baja que se había conseguido desde octubre de 2016-

En total, durante todo el sexenio de EPN el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso asciende a 75 mil 475. Esta cifra es casi 20 por ciento superior frente a los 63 mil 94 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración presidente Felipe Calderón.


Es decir, en la administración actual se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.

Focos rojos y rojísimos

En el arranque de este año hubo estados del país que registraron un incremento inusitado dela violencia en comparación con sus propios niveles delictivos.

Los casos más graves son los de Aguascalientes y Baja California Sur, que arrojan un disparo del 500 por ciento en su nivel de homicidios dolosos. Aguascalientes pasó de registrar CERO homicidios en enero de 2016 a cinco casos en enero de 2017; mientras que en Baja California Sur la cifra subió de 7 a 42 casos en los referidos meses.

Otro caso grave es el Tabasco que en enero de 2016 reportó 11 homicidios dolosos mientras que en enero de 2017 la cifra fue de 28 casos, un incremento del 155 por ciento en este delito. Yucatán pasó de apenas dos asesinatos en  enero del año pasado a siete en el primer mes de 2015, un ascenso del 150 por ciento.

La lista de estados donde los homicidios subieron más del doble en el arranque de 2017 sigue: en Durango se incrementaron 143 por ciento, en Colima 130 por ciento, en Hidalgo 121 por ciento y en San Luis Potosí 100 por ciento.

A los entados anteriores se suman otros cuatro: Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que registran un incremento de homicidios superior al 50 por ciento.

El repunte de la violencia alcanzó también a la Ciudad de México. En enero de 2016 la capital del país registró 69 casos de homicidio dolosos y en enero de 2017 ascendieron a 97; esto es un incremento en la incidencia de casi 46 por ciento.

¿Cuáles fueron los estados en donde bajaron los homicidios? Solamente en Campeche, Coahuila y el estado de México. Guerrero se mantuvo casi al mismo nivel mientras que Nayarit y Quintana Roo registraron exactamente la misma cantidad de casos

Respecto a los estados con la mayor tasa de homicidios Colima tiene el primer lugar con un nivel de 9.23 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en segundo sitio Baja California Sur desplazó a Guerrero con 5.19, le sigue Guerrero con 4.57, Sinaloa con 3.82, Baja California con una tasa de 3.60 homicidios y Chihuahua con 3.20.

Para dimensionarla situación en dichas entidades, la tasa nacional de homicidios en enero de 2017 fue de 1.57 crímenes por cien mil habitantes.

¿Y la estrategia?

En septiembre del año pasado el Gobierno federal anunció el arranque de una nueva estrategia para reducir los homicidios en el país. La premisa, según lo que se anunció públicamente, era implementar acciones específicas en 50 municipios que concentraban más del 40 por ciento de todos los homicidios dolosos.

No se dieron detalles de en qué consistiría este plan pero Animal Político obtuvo vía transparencia un documento en el que se hace referencia a las acciones generales. El documento se publicó el pasado 30 de enero.

Llama la atención que en dicho plan no se establece ningún tipo de indicadores a corto o mediano plazo sobe resultados ni variables para medirlos, como por ejemplo la reducción de las averiguaciones por homicidio. La estrategia gubernamental se sostiene en dos tipos de acciones, llamadas “inmediatas y progresivas”, que incluyen despliegues de grupos tácticos, reuniones de trabajo, entre otros


En el primer mes de implementada esta estrategia los homicidios llegaron a un nivel record pero luego se registró una ligera tendencia a la baja que ya se revirtió en el arranque de este año.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-homicidios/

Denuncian desaparición de seis personas entre Reynosa y Monterrey

MONTERREY, NL: Al menos seis personas, entre familiares y amigos, desaparecieron cuando se transportaban juntas de la ciudad de Reynosa a Monterrey, sin que se conozca hasta ahora su paradero.


Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad estatal, informó que estas personas salieron del municipio de Apodaca el pasado 7 de febrero a una fiesta, pero el 9, cuando regresaban se perdió comunicación con ellos y hasta ahora no se sabe dónde están.

El funcionario señaló que familiares de las personas desaparecidas –integrantes de cuatro familias– presentaron tres denuncias tanto en Tamaulipas como en Nuevo León y, hasta donde se sabe, nadie los ha contactado para demandar el pago de algún rescate.

“Estamos en coordinación con las autoridades de los dos estados para la búsqueda y localización de estas personas. Lo único que sabemos es que desaparecieron el día 7, cuando venían para acá de Monterrey. Son seis personas, nadie ha pedido rescate. Los familiares estaban hablando con ellos y de repente se cortó la comunicación cuando venían de allá para acá”, explicó Fasci Zuazua.

El vocero se reservó los nombres de las personas desaparecidas; aunque comentó que se presume que desaparecieron en Tamaulipas, en algún punto de los 30 kilómetros que dividen la ciudad de Reynosa con el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Los familiares explicaron que dejaron pasar una semana con la esperanza de que los ausentes se reportaran, pero luego de que no dieron señales, denunciaron su desaparición por la vía penal.


Varios de ellos acudieron hoy a las instalaciones de la Procuraduría de Nuevo León a entregar muestras de sangre, para obtener pruebas de ADN que serán cotejadas con cadáveres no identificados que hayan encontrado las autoridades de los dos estados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
FECHA: 21 FEBRERO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475253/denuncian-desaparicion-seis-personas-reynosa-monterrey

SRE condena impedimento a Calderón para ingresar a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó, a través de su cuenta oficial de Twitter, la decisión del gobierno cubano de negar al expresidente Felipe Calderón la entrada a su territorio; enseguida, el panista agradeció a la Cancillería “por su solidaridad”.


Calderón denunció por la mañana que las autoridades cubanas no autorizaron su internación en el país y solicitaron a Aeroméxico que no le dejara documentar en el vuelo AM451. El exmandatario quería acudir a un homenaje a Oswaldo Payá, un disidente del gobierno de los hermanos Castro, agendado para este martes en La Habana.

El gobierno cubano también rechazó que Mariana Aylwin, la exministra de educación de Chile, entrara a su territorio. Aylwin, hija del expresidente Patricio Aylwin, iba a recibir a nombre de su padre un premio póstumo por la fundación presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano.


Pese a que el sexenio calderonista inició con una mejora en la relación entre México y Cuba –ambos gobiernos acordaron restructurar la deuda cubana y establecieron las bases de un acuerdo migratorio en 2008–, en 2009 el brote de gripe AH1N1 deterioró el diálogo entre Calderón y Raúl Castro.

El gobierno cubano suspendió durante un mes los vuelos comerciales en proveniencia de México y sometió a los mexicanos a revisión y seguimiento “clínico-epidemiológico”. En respuesta a estas medidas “discriminatorias”, Calderón suspendió su visita oficial a la isla.

El 11 de mayo de ese año, desde su habitual columna en Granma y Cubadebate “Reflexiones del compañero Fidel”, Fidel Castro acusó a Calderón de ocultar el brote epidémico para no estropear la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama. “Ahora nos amenaza con suspender su visita a Cuba (…)”, escribió.

El 11 de agosto de 2010, Fidel Castro arremetió de nuevo contra Calderón en la columna titulada “El gigante de las siete leguas”: el entonces expresidente de Cuba acreditó la tesis del fraude electoral del año 2006. Aseveró que el “imperio” no permitió a Andrés Manuel López Obrador “asumir el mando”, pese que ganó “la mayoría de los votos”.

Dos días después, la Cancillería expresó el “rechazo” del gobierno mexicano “a las afirmaciones formuladas por el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en las cuales pretende descalificar a las instituciones mexicanas y se hace eco de afirmaciones sin sustento sobre el país y su desarrollo”.

Ofendida, la administración calderonista añadió: “El gobierno de México hace votos para que pronto el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para elegir a sus representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla”.


Calderón finalmente concretó su visita en abril de 2012, pese a un nuevo golpe en la relación bilateral: semanas antes, durante la visita del entonces Papa Benedicto XVI, las autoridades cubanas detuvieron a cuatro católicos mexicanos quienes se habían comunicado con las Damas de Blanco, un grupo disidente conformado por esposas, madres y hermanas de presos políticos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/475228/sre-condena-impedimento-a-calderon-ingresar-a-cuba

Comando despoja e incendia camión de jornaleros en Navolato, Sinaloa

CUIDAD DE MÉXICO: Un grupo armado despojó e incendio un camión de jornaleros e impidió que salieran otras unidades que transportaban trabajadores del campo, en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, informó RíoDoce.


En su portal de noticias, detalló que alrededor de las 06:30 horas de este martes el comando –formado por varios vehículos— bloquearon las salidas a la sindicatura.

De acuerdo con los reportes oficiales, dijo, el autobús fue despojado en el campo San Nico, en la carretera que va de Villa Juárez a campo San Manuel, así como otro en la carretera 50 a la altura del campo Santa Teresa.


Hombres armados, que viajaban en varias camionetas, amenazaron al conductor y lo golpearon, bajaron a los jornaleros y se llevaron el autobús para prenderle fuego en una de las calles de Villa Juárez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475249/comando-despoja-e-incendia-camion-jornaleros-en-navolato-sinaloa-video