La impunidad casi total que encubre a quienes matan y agreden periodistas en México –99.7 por ciento de los casos no llegan a un esclarecimiento, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)– obedece a un patrón de conducta de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la justicia en estos casos.
Las fiscalías y procuradurías correspondientes primero desacreditan a las víctimas, desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y protegen a los políticos involucrados. Por otra parte, los diversos mecanismos de protección que se han formado son inoperantes e incapaces de garantizar la labor periodística.