El fiasco en que terminó la adquisición de 37 frecuencias radiofónicas por la hasta entonces misteriosa empresa Tecnoradio puso en evidencia las grandes lagunas en la regulación de las telecomunicaciones por el Estado. De igual manera, mermó la recaudación calculada por el gobierno federal por las señales licitadas y atizó la preocupación de los concesionarios por la transparencia de los procedimientos oficiales y la igualdad de las reglas para todos los participantes.
CIUDAD DE MÉXICO: Considerada como la licitación de frecuencias de radio más grande en los últimos 20 años por estar en juego un total de 257 estaciones en FM y en AM, la subasta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió la caja de Pandora sobre las trampas entre los grandes grupos radiofónicos privados en México y ventiló la sospecha de la participación de funcionarios del actual gobierno federal como posibles “prestanombres” de consorcios radiofónicos.
Además, el procedimiento de adjudicación exhibió un papel débil de los órganos reguladores, como el propio IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que acabó lavándose las manos en medio de una agria polémica.
Además, el procedimiento de adjudicación exhibió un papel débil de los órganos reguladores, como el propio IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que acabó lavándose las manos en medio de una agria polémica.
