Han pasado cuatro años desde que el Ejecutivo federal aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –la denominada “Ley Antilavado”-, sin embargo, en los hechos a quedado a deber ante la falta de capacidad de las autoridades para armar y sostener los casos, sostienen analistas consultados por SinEmbargo.
Los resultados oficiales lo corroboran. Al cierre del año pasado, sólo el 0.1 por ciento de las averiguaciones previas por delitos financieros terminaron en una sentencia penal por parte de un juez. Esto es, 0.8 puntos porcentuales menos que en 2013, refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
