Tres años atrás, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas. La noche puso en la misma calle a la gente, que se volcó y manifestó por los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en Iguala, Guerrero, las tierras gobernadas, en ese momento, por el perredista José Luis Abarca Velázquez.
“Los normalistas fueron privados de la vida. Es la verdad histórica”, dijo Jesús Murillo Karam. Sin embargo, y a tres años de distancia, sus palabras se sostienen en una investigación que contiene tortura, irregularidades y nada de credibilidad.
Por eso es que los padres y madres aún esperan verlos volver. Porque la versión oficial no los convence, y porque el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) así lo demostró con diversas pruebas científicas.
Por eso es que los padres y madres aún esperan verlos volver. Porque la versión oficial no los convence, y porque el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) así lo demostró con diversas pruebas científicas.
