Un mes después de los trágicos acontecimientos del 7 y del 19 de septiembre pasado, la mayoría de los pobladores de las zonas afectadas de la Ciudad de México, de Chiapas, de Oaxaca y de Morelos, no saben qué esperar del gobierno federal y de los gobiernos locales, que en un principio parecieron tener cierta capacidad de reacción y que al paso de los días se han mostrado rebasados por la dimensión del desastre. Partes importantes del centro y sur del país y millones de mexicanos han pasado del dolor y el estupor ante la muerte y la destrucción, a la incertidumbre, el abandono y la desolación. Para infortunio de las estructuras gubernamentales y de la clase política, envuelta en el arranque de la campaña electoral, la hora del corte de caja del septiembre negro aún no llega…
Legisladores y urbanistas consideran que el Proyecto de decreto por el que se expide el programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, concebido por Miguel Ángel Mancera, sólo privilegia a las desarrolladoras urbanas. El problema no es tanto la redensificación que se propone, sino que, en el fondo, no se está repensando la ciudad, lo que puede conducirla a repetir los errores.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no conforme con otorgar a las grandes compañías desarrolladoras la construcción de los edificios que sustituirán a los inmuebles derrumbados y a los que se van a demoler, ahora pretende que la Asamblea Legislativa le autorice aumentar en 35% la densidad de construcción que tenían los inmuebles dañados antes del sismo del 19 de septiembre.