Nula capacidad de respuesta ante catástrofes naturales. No se cuenta con rescatistas especializados ni instituciones concebidas para prevenir y reaccionar. Las autoridades civiles –rebasadas e incapaces– delegan a las militares las labores, a pesar de que violenten derechos humanos
La vulnerabilidad del país frente a sismos como los del pasado septiembre es casi total. La contención de la catástrofe responde más al azar y a la participación ciudadana espontánea que a la acción gubernamental. No hay cuerpos de rescate especializados, la intervención del gobierno no respeta los derechos humanos y los militares imponen la razón de Estado sobre la protección a la sociedad. Y en cada desastre ocurre lo mismo. No hay siquiera la capacidad de comenzar a corregir.
