Mediante un documento con observaciones preliminares en torno a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por los diputados del PRI y sus aliados, los relatores especializados de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten acerca de los enormes riesgos que entraña su inminente confirmación en el Senado mexicano. Entrevistados por Proceso, puntualizan que uno de esos peligros es el relativo a la libertad de expresión, pues ante las ambigüedades de la ley los militares podrían obstaculizar el trabajo de periodistas y comunicadores, e incluso someterlos a vigilancia.
La Ley de Seguridad Interior y la amenaza que representa para la libertad de expresión y el derecho a la información son algunas de las preocupaciones que saltaron a la vista de los relatores especializados de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, durante su visita de siete días por el país.
Ambos relatores para la libertad de expresión se sumaron a los cuestionamientos a dicha ley, aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados y que espera confirmación en el Senado antes de que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso. Las impugnaciones, provenientes de diversos organismos nacionales e internacionales, lograron aplazar, al menos por unos días, la operación fast track del ordenamiento que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Ambos relatores para la libertad de expresión se sumaron a los cuestionamientos a dicha ley, aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados y que espera confirmación en el Senado antes de que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso. Las impugnaciones, provenientes de diversos organismos nacionales e internacionales, lograron aplazar, al menos por unos días, la operación fast track del ordenamiento que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
