En los últimos años se ha utilizado la criminalización en contra de líderes y autoridades comunitarias, defensores de derechos humanos y periodistas como un mecanismo para frenar su labor en defensa de los derechos y libertades ciudadanas.
La criminalización busca minar la credibilidad de una persona, acusándola de delincuente o transgresora de la ley, y puede darse a través de campañas de difamación y calumnia; denuncias judiciales a sabiendas de que no tienen fundamento (especialmente en el ámbito penal) o de la estigmatización. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH (Udefegua) documentó entre 2012 y 2017, 909 casos de criminalización a través de detenciones ilegales y arbitrarias, difamación y denuncias judiciales.
