Desde hace dos años y medio el gobierno de la Ciudad de México cobra a las empresas Uber y Cabify un 1.5 % de cada viaje a cambio de permitirles que continúen operando. Dicho dinero debe usarse en beneficio de la movilidad y los peatones de la capital, sin embargo, hasta el momento la administración de Miguel Ángel Mancera lo ha mantenido guardado.
Y aunque públicamente el secretario de Movilidad de la ciudad, Carlos Meneses Flores dijo que lo recaudado superaría ya los 180 millones de pesos y que la Secretaría de Finanzas transparentaría la utilización del dinero, el gobierno negó vía transparencia dar cualquier detalle del monto oficial de dinero recaudado bajo el argumento de que el dinero está inmerso en un fideicomiso privado.