La inseguridad en México se convirtió en un negocio rentable. Empresas que se dedican a la tecnología de vigilancia y prevención saben que los estados con problemas de violencia pagarán sumas millonarias por sus productos y servicios, y prácticamente sin preguntar.
Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas.