La detención y desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, además de todas las dudas que ha generado, dejó al descubierto los problemas que las y los jóvenes mexicanos enfrentan. No solo es la pobreza y la falta de oportunidades, es también la criminalización a la que son sometidos por su aspecto físico, sus actividades y los lugares en donde las realiza, así como su situación económica. El caso pone sobre la mesa lo que a diario enfrentan. Académicos y miembros de la sociedad civil coinciden en que esa población una carnada fácil para la policía, que se mostró como un aparato ignorante de protocolos y de sus propios márgenes de acción. “Me duele mucho decirlo: el hecho de que se abuse de los chavos pobres, o limitados económicamente hablando, es porque se les puede extorsionar fácilmente porque no son de una familia que pueda resolverlo todo fácil. Mientras haya corrupción y los problemas se resuelvan con dinero, vamos a estar metidos en esta dinámica”, dice Carlos Blanco, director de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey.
Marco Antonio Sánchez Flores fue detenido en El Rosario, Delegación Azcapotzalco, el pasado martes 23 de enero. No se supo más de él hasta que fue localizado el día de ayer en Tlalnepantla, Estado de México, a 26.6 kilómetros de distancia del punto en el que policías de la Ciudad de México lo subieron a una patrulla.
La persistencia de las redes de narcomenudeo en Ciudad Universitaria es producto de un esquema permisivo y de la incapacidad de las autoridades universitarias por imponer una solución y acabar, de una vez por todas, con este problema que cada vez se acerca peligrosamente más al conjunto de la comunidad universitaria y, concretamente, a la comunidad de la Facultad de Ingeniería.
