La abogada colombiana Ángela María Buitrago está convencida de que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y al que ella perteneció– fue permanentemente obstaculizada por altos funcionarios del gobierno mexicano y colaboradores muy cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.
“Esa es la información que recibimos, que personas que estaban en Los Pinos o en oficinas de la Presidencia paraban solicitudes nuestras y daban contraórdenes a la gente de la Procuraduría General de la República que tenía que facilitarnos nuestra labor”, afirma Buitrago en entrevista.