Con la liberación formal de Elba Esther Gordillo el martes 7, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufrió la puntilla por el uso político de la justicia. Al desastroso manejo del caso Ayotzinapa se sumó el fracaso de la venganza contra la exdirigente del poderoso sindicato de maestros y el enésimo señalamiento de que utilizó información hacendaria de forma ilegal. Para colmo, la familia de Gordillo se montó oportunamente en la ola lopezobradorista y ahora se presume que ella tratará de recuperar el dinero y las obras de arte y, sobre todo, el poder que intentó quitarle el derrotado mandatario saliente.
“¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, dijo Elba Esther Gordillo. Llevaba más de dos años presa y aprovechó una audiencia judicial para reivindicar su liderazgo y pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su verdugo en el Poder Judicial, el juez Alejandro Caballero Vértiz, que aplicaran la ley y no criterios políticos.
