Hasta 2063, OHL México seguirá cobrando peaje en vialidades y autopistas para recobrar la inversión que hizo entre 2003 y 2014 en los estados de México y Puebla, así como en la capital del país. Según la empresa de origen español, la inversión base en siete proyectos de infraestructura pública fue de 70 mil 182 millones de pesos. Pese a que la constructora tiene ingresos promedio de 5 mil millones anuales por concepto de peaje, la deuda de los gobiernos estatales y federal, en lugar de reducirse, aumenta, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari. Para el integrante de Infraiber, la opacidad y la corrupción explican las carretonadas de dinero que OHL ingresa a sus bolsillos, con consecuencias negativas directas para el ciudadano (que paga peaje) y el erario público (que deja de recibir dinero que podría ser reutilizado en inversión de infraestructura pública). El caso de OHL tiene dos problemas de fondo, explicó el litigante. Primero, que no se sabe cuánto es lo que invirtió la compañía (lo que impide saber si la deuda es justa y si los plazos de la concesión son adecuados). Segundo, que no hay mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para controlar las amortizaciones de la inversión. Y como consecuencia, dijo, de aquí a 45 años seguiremos pagando los intereses de la corrupción.
Los mexicanos que alcanzaron la mayoría de edad en 2018, tendrán 63 años cuando concluya la última de las concesiones que la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) obtuvo entre 2003 y 2014 de manos del Gobierno federal. En 45 años, la empresa denunciada por despojo de tierras ejidales, además de abuso y colusión en el cobro de tarifas de peaje, seguirá cobrando en casetas de autopistas y vialidades.
OHL –ahora conocida ahora como Aleatica– anunció la semana pasada que, como parte de un acuerdo firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2011, las tarifas de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) aumentarían entre 5 y 10 por ciento (o de uno a nueve pesos, según el tramo y el tipo de vehículo).
El papa Francisco lo considera una “atrocidad”, un “crimen”.
