“Ya mata a ese perro. Mátalo”.
Don Elpidio Jiménez apunta con el dedo índice hacia un pedazo de tierra que está a unos cuantos pasos de la entrada de su pequeño rancho, y con voz trémula cuenta que ahí exactamente un policía estatal lo tiró al suelo de “un revés” en la cara.
Han pasado ya casi tres años de aquel 5 de abril de 2017 en Arantepacua, una comunidad ubicada en la Meseta Purépecha de Michoacán, de apenas 2 mil 700 habitantes.