La propuesta busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños para obligar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de personas menores de edad o su utilización en conflictos armados, de acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de prensa del senador.
El boletín cita a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) para dimensionar el problema, pues de acuerdo con sus cifras entre 30 y 35 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales.