Si los famosos videos que harían cimbrar al país por las presuntas entregas millonarias de dinero en las que estarían involucrados y filmados, de manera directa, cinco senadores y un Diputado a cambio de aprobar la Reforma Energética peñista, resultan como el filtrado en redes sociales el lunes pasado: un par de achichincles recibiendo fajos de billetes en bolsas de plástico – lo cual, por supuesto, deberán explicar de quiénes los recibieron y a quiénes se los entregaron-, pues nos encontramos ante un caso Lozoya enmarcado más en el escándalo mediático que en una investigación bien respaldada en lo jurídico y legal.

De entrada, los videos exhibidos, más allá de la validez jurídica que puedan tener, son hasta ahora simples filtraciones brotadas de ese “pozo de las inmundicias” (Umberto Eco dixit) llamado redes sociales.

El Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 188/2020 a favor de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (Amohp), para que las Secretaría de Salud (Ssa) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y su Oficialía Mayor, protejan de manera “urgente” y “efectiva” a 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el abastecimiento de los medicamentos y tratamientos de quimioterapia.

En su edición 2285 de esta semana, la revista Proceso publicó el reportaje titulado: “El desabasto, una condena para niños con cáncer”, realizado por la organización Impunidad Cero, en el que documenta el amparo litigado por la organización Justicia Justa y los testimonios de más de una decena de familiares y médicos, quienes se han visto afectados por esta problemática desde 2019, agravándose a partir de marzo de este año.