En México hay poco más de 131 mil policías estatales en activo, desplegados y la mayoría armados. Pero cerca de la mitad de todos ellos, 61 mil en total, carecen de la certificación que avala que están plenamente preparados para hacer este trabajo, y hay más de 8 mil que no tienen, siquiera, la formación inicial completa.

Detrás de la falta de capacitación y evaluación están las deficiencias en infraestructura. Hay cinco estados que carecen de campos de tiro para sus policías; otros cinco no cuentan con aulas de computo equipadas, y nueve que no cuentan con salas para entrenarlos si necesitan testificar en algún juicio.

Roberto Guadalupe González Martínez, de 52 años, es un hombre libre desde el pasado 15 de septiembre. Aquel día, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) retiró los cargos en su contra después de que un juez considerase que las pruebas que se habían presentado no eran válidas por haber sido violados derechos fundamentales en su obtención.

Ese mismo día abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Los Cabos, en Baja California Sur. Llevaba encerrado desde el 27 de julio de 2019 acusado de la muerte del empresario José Arredondo, de 58 años.

La crisis interna en Morena, el partido que fundó y lo llevó a la Presidencia, mereció una opinión de Andrés Manuel López Obrador: “que se pongan de acuerdo”.

Su deslinde de la disputa por la dirigencia nacional fue también deslinde del partido, pues para el mandatario, el movimiento que representa “fue amplio e incluyente”, un movimiento de ciudadanos y no de partido, afirmación que remató con el cuestionamiento:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos actualizó las acusaciones por narcotráfico que imputa a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. Se apoyó para ello en un alud de evidencias que engrosan un expediente de más de 189 mil páginas y que incluye registros financieros, videos y comunicaciones que le fueron interceptadas.

Una parte de esas evidencias las entregó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM).  Apoyados en dichas evidencias, los fiscales pretenden forzar una negociación con García Luna para que acepte ser un “testigo cooperante” que a su vez incrimine a sus cómplices coludidos con el Cártel de Sinaloa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los ingenieros militares se encargarán de construir los tramos 6 y 7 del Tren Maya, pero aún no inician esos trabajos porque están ocupados en las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, las sucursales del Banco del Bienestar y los cuarteles de la Guardia Nacional.

En su último día de gira por el sureste, en el que supervisó los avances del tramo 4 del Tren Maya, que recorre 245 kilómetros de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, y cuyas obras están a cargo de ICA, el mandatario agradeció a la directora de ese consorcio, Guadalupe Phillips, su colaboración en la cancelación de los contratos que tenían en el aeropuerto de Texcoco.

Del total de empleos registrados, el 86.1% son puestos permanentes mientras que el 13.9% son eventuales.

Esto significa que, en lo que va del año (enero-septiembre) la pérdida de empleos registrados por el IMSS es de 719 mil 250 puestos, de los cuales 81.1% corresponden a empleos permanentes.

Un grupo de mujeres que acusan a Porfirio Muñoz Ledo de acoso sexual tomaron la sede de Morena, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Al lugar también llegaron simpatizantes del político que señalan al también aspirante Mario Delgado de organizar este acto para impedir que Muñoz Ledo tome posesión del cargo.

Muñoz Ledo dijo que este lunes rendiría protesta como “presidente legítimo del partido”, pero lo canceló debido a la toma simbólica.

En el sureste del país, la naturaleza nos ha recordado en las últimas semanas su poderío, cada vez más intenso por la crisis climática. Olas de hasta tres metros, un río desbordado, árboles arrancados de la raíz, postes de luz y letreros derribados, casas o negocios inundados, pérdida de comunicación, infraestructura, muebles o autos, así como filas largas de personas desalojadas rumbo a refugios, dejaron los fuertes vientos y lluvias de los frentes fríos 4-5, la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta” en la Península de Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Esta misma semana, fue eliminado –junto con más de 100 fideicomisos– el Fondo para el Cambio Climático, creado en 2012 para mitigación y adaptación, y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), instrumento establecido a finales de la década de 1990 y que arrastra 21 mil millones de pesos de pasivos frente a los 6 mil millones de recursos que guarda, de acuerdo con las cifras de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, reprochó al Gobierno morenista querer desaparecer los fideicomisos públicos que fueron creados con reglas de operación y fines específicos, “para atender las necesidades esenciales de amplios sectores de la población”.

“Son fondos que pertenecen al pueblo de México y por eso hay que defenderlos. En Acción Nacional recurriremos a todos los recursos disponibles para luchar por la permanencia de los fideicomisos, porque con ello estamos protegiendo a millones de mexicanas y mexicanos que enfrentan en sus comunidades desastres naturales, a aquellos dedicados al desarrollo científico y tecnológico del país, a quienes buscan justicia para las víctimas de la violencia y luchan por la protección de los derechos humanos”, explicó en un comunicado.

Se definen como un “movimiento totalmente ciudadano y pacífico”, pero sus seguidores comparten en sus plataformas mensajes con un lenguaje agresivo y una combinación de verdades y mentiras, como cuando afirman que “AMLO acusó de ratas y mentirosos a los contagiados de COVID” o que el Presidente “quiere subir impuestos a cerveza, refrescos y cigarros”. Así es como el Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) va tomando fuerza en México bajo la batuta de 67 ciudadanos, entre ellos Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal.

Frena, que mantiene una protesta con casas de campaña en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, está integrado por 67 grupos que en los últimos meses ha celebrado protestas con vehículos en varias ciudades del país. Además, ha ganado adeptos que comparten un solo objetivo: quitar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de México.

En la última década han ingresado de manera ilegal a México entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego, y gran parte se encuentran en manos de las bandas del crimen organizado, asienta un diagnóstico realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El reporte muestra que 70 por ciento del arsenal ha entrado ilícitamente a nuestro país por Estados Unidos y 30 por ciento proviene de cinco países de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Rumania). Sin embargo, debido a "las normas laxas" en la materia del vecino del norte, ese armamento ingresó por la franja fronteriza norte de México, pese a haber sido fabricado en otro continente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay una investigación en curso por el robo de casi 38 mil medicamentos oncológicos, ocurrido el pasado 7 de octubre.

El mandatario detalló que los fármacos habían sido traídos de Argentina y que se encontraban en una bodega.

“Nos costó trabajo traer estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro y nos roban una bodega de medicamentos, entonces se está haciendo la investigación y no puedo hablar más del caso por sigilo”, refirió.

Se trata de Karina Yazmín Alducín, desaparecida en agosto de 2016 en Tehuacán y Roxana Saraí Sánchez, desaparecida en enero de 2017, quien también fue vista por última vez en un bar en la región. Además, a estas desapariciones se suma el feminicidio de Yanin Ramírez, ocurrido en septiembre de 2019; y, ahora, el de Miriam Pérez, perpetrado en septiembre de este año y confirmado en octubre, tras el hallazgo de sus restos.

El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación revisó 305 fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos. Sus hallazgos los plasmó en la auditoría 1722, la cual es contundente: la mayoría de esos fondos son opacos y con normatividad laxa, manejan dinero de manera discrecional, no reintegran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción por montos millonarios… En suma, señala el documento, “están fuera de control”.