Ante el aumento de casos positivos de Covid-19 y hospitalizaciones en algunas entidades mexicanas como Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado el pasado 22 de octubre  para alertar sobre la situación de la pandemia en el país.

Señala que el número de casos confirmados y sospechosos por el virus alcanzó su punto máximo en todo el país a mediados de julio y comenzó una disminución que continuó durante nueve semanas. Este descenso se detuvo en la segunda semana de septiembre y se ha estancado o aumentado ligeramente desde entonces.

Todo indica que Alfonso Durazo Montaño dejará la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para cumplir su objetivo personal: ser candidato y posiblemente Gobernador de Sonora, su terruño.

De confirmarse su salida, Durazo deja muy malos números en materia de Seguridad Pública, además de que desde hace un año viene cargando serios cuestionamientos por la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, detenido en octubre de 2019 en medio de una fuerte crisis tanto política como de seguridad.

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que para él estar enfermo de COVID-19 ha sido como pasar por “una gripa” y ahora se siente “como si nada hubiera pasado”.

El presidente de Grupo Salinas, quien ha desafiado los llamados de las autoridades mexicanas a quedarse en casa por la pandemia, informó el 14 de octubre que dio positivo a COVID-19.

Esta mañana aseguró que solo presentó síntomas como dolor del cuerpo por dos días, por lo que está listo para seguir trabajando y jugar golf.

Desde su casa donde cultiva limones, el exautodefensa de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, dijo que durante el movimiento de autodefensas generado en 2013 como una respuesta desesperada contra la violencia del Cártel de Los Caballeros Templarios vio cómo el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto apoyaba al crimen organizado. Aunque celebra que hace una semana se detuviera al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por nexos con el Cártel del H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva, aseguró que el narcogobierno sigue presente en su entidad y que grupos de militares y policías siguen siendo omisos ante el crimen porque son parte de él.

Legisladores texanos de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de ese país, Donald Trump, para instar a una resolución con el gobierno mexicano para que se mantenga la certidumbre y certeza a inversiones de firmas estadunidenses en el mercado energético como se contemplan en la reforma de 2014, pues consideraron que las acciones de las autoridades mexicanas “amenazan” sus inversiones.

La misiva signada por 43 senadores y congresistas republicanos y demócratas, como Ted Cruz, John Cornyn y John Kennedy, señala que las medidas tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo “socavan el espíritu”, sino “la letra” del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “acuerdo entre cuyos principales objetivos se encuentra promover el crecimiento entre los países participantes”.

“El asunto de los niños con cáncer en México es un desafío para mejorar su sobrevida” y el abasto de medicamentos no es el único elemento que se debe mejorar, también muchos de los procesos que “estaban tomados por empresas privadas”, sistemas tecnológicos que “eran muy arcaicos” y la atención, aseguró el director del IMSS, Zoé Robledo. 

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, resaltó que el abasto de medicinas oncológicas es una de las prioridades del gobierno federal y todas las semanas hay reuniones de revisión “y de todos los medicamentos en general”. 

La Ciudad de México permanecerá otra semana en el Semáforo Naranja con alerta por la COVID-19.

Los últimos datos de la Secretaría de Salud muestran que en la capital han muerto 14 mil 554 personas por la enfermedad y se han confirmado 151 mil 917 casos, 10 mil 617 de ellos permanecen activos.

La estrategia del Gobierno de México para responder a la emergencia de Covid-19 empezó en los primeros días de enero tras conocerse de 44 casos de neumonía en China en la última semana de diciembre de 2019. La estrategia consideró desde el inicio que tendríamos una epidemia larga y lo hemos dicho siempre, expresó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia matutina, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó la diferencia entre estrategia, táctica y operación. En cuanto al primer concepto, indicó que tiene que ver con una intervención de larga duración porque son esfuerzos sistemáticos y estructurados que están encaminados a lograr un impacto con un amplio horizonte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si prevalece el interés económico o el interés público en el ordenamiento de la electricidad del país, y si es el primero desde el Ejecutivo se propondría al Congreso una reforma constitucional para que esto cambie, indicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, si es necesario, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, luego del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).

Autoridades de Salud reportaron 479 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 87 mil 894 defunciones confirmadas por la enfermedad.

También confirmaron 6,612 casos más, por lo que oficialmente 874 mil 171 personas han dado positivo a la enfermedad, desde el inicio de la epidemia.

La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General impuso la sanción, en cumplimiento con una sentencia del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Familiares de víctimas de desaparición y defensoras de derechos humanos denunciaron hostigamiento por parte de autoridades municipales y ministeriales como resultado de la exigencia para que busquen en dos presuntas fosas clandestinas a personas víctimas de desaparición forzada.

En la última semana, dos familiares de víctimas de desaparición han sido aprehendidos por policías municipales y ministeriales sin que se les lograra fincar ningún delito. Integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña a las víctimas, alertaron sobre posibles represalias y señalaron como responsable a la fiscalía general.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barilla, designó a tres funcionarios acusados de tortura y alteración de  expedientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y señalados por actos de corrupción y presuntos nexos con el narco, como responsables de la investigación del caso Ayelín, la adolescente de 13 años asesinada en Tixtla.

Reacio a la rendición de cuentas y a la colaboración con expertos internacionales, defensor a “ultranza de la relativa autonomía de las Fuerzas Armadas” y presto –motu proprio y por interpósitas personas– a descalificar a víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, son algunas de las actitudes que mantuvo el general Salvador Cienfuegos Zepeda frente a escándalos por violaciones graves a derechos humanos cometidos por personal castrense durante su gestión al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostiene Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). 

En 2019 las fiscalías del país reportaron la resolución de más de un millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito, desde robos o extorsiones, hasta homicidios. Pero, en promedio, solo 1 de cada 10 de esos casos fue enviado ante un juez para proceder contra el probable responsable.

A las denuncias restantes, los agentes del Ministerio Público les dieron carpetazo sin esclarecer lo sucedido, la mayor parte de ellas enviándolas a un archivo “temporal” hasta que pase algo que permita retomarlas. En otros casos se concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien, o se decidió simplemente no continuar con las indagatorias.