Familiares de 65 mineros de Pasta de Conchos denunciaron que fueron excluidos de la visita que realizará este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva Rosita, Coahuila, para revisar los avances de los compromisos que hizo el pasado 14 de septiembre sobre el rescate de los restos atrapados en la mina desde 2006 y la reparación del daño a las víctimas.

El pasado 13 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a la asociación de Familiares de Mineros de Pasta de Conchos que acreditara a 37 familiares para el evento con el presidente.

La violencia que ha venido escalando en las semanas recientes tanto en San Luis Río Colorado, Sonora, como en la zona del Valle de Mexicali, Baja California, es, a decir de las autoridades federales, fuentes policiacas y expertos en el tema consultados, parte de la disputa por el control de la venta y tráfico de droga entre grupos de la delincuencia organizada que antes eran aliados con el Cartel del Pacifico (o Sinaloa) y que operan en estas dos ciudades fronterizas del noroeste de México.

Los asesinatos más recientes en esta zona forman parte de este historial de violentos reacomodos. Apenas el miércoles pasado por la noche fue asesinado el exagente de la Policía Municipal, Orlando Méndez, en San Luis Río Colorado, Sonora.

La estimación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre un costo de 8 mil millones de pesos en la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes, fue referida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un intento de influir en contra de su realización.

“Creo que se hizo un presupuesto –diría, antes de tiempo. Incluso la Corte no había validado la consulta, no la había declarado constitucional, y ya se había dado a conocer ese presupuesto --excesivo desde mi punto de vista-- un poco para tratar de influir y decir: no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es cara la democracia”, expresó el mandatario.

Pese a tener el respaldo de por lo menos 15 Iglesias evangélicas, el Partido Encuentro Solidario (PES) logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara su registro como partido político, por lo que ya podrá contender en los comicios del año próximo con un electorado compuesto principalmente por votantes evangélicos de clase media.

La Alianza Campo Justo exigió al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) que incluyan la propuesta de fijación de salario mínimo para los jornaleros mexicanos en sus sesiones de este año.

La Alianza, integrada por jornaleros promotores de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que es «urgente» que las políticas públicas orientadas a los jornaleros y sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, «pues las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran».

Colectivos feministas marcharon y exigieron justicia en Acapulco y Chilpancingo de manera alterna por la desaparición y feminicidio de la niña de 13 años de edad, Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, en el municipio de Tixtla.

Las mujeres organizadas convocaron desde el martes a través de redes sociales a estas marchas “debido a la situación actual en Guerrero, el contexto de violencias, desapariciones y feminicidios en el que nos encontramos las mujeres y por el reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Ayelin en Tixtla”, indicaron en la invitación difundida en redes sociales.

Ante el aumento de casos positivos de Covid-19 y hospitalizaciones en algunas entidades mexicanas como Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado el pasado 22 de octubre  para alertar sobre la situación de la pandemia en el país.

Señala que el número de casos confirmados y sospechosos por el virus alcanzó su punto máximo en todo el país a mediados de julio y comenzó una disminución que continuó durante nueve semanas. Este descenso se detuvo en la segunda semana de septiembre y se ha estancado o aumentado ligeramente desde entonces.

Todo indica que Alfonso Durazo Montaño dejará la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para cumplir su objetivo personal: ser candidato y posiblemente Gobernador de Sonora, su terruño.

De confirmarse su salida, Durazo deja muy malos números en materia de Seguridad Pública, además de que desde hace un año viene cargando serios cuestionamientos por la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, detenido en octubre de 2019 en medio de una fuerte crisis tanto política como de seguridad.

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que para él estar enfermo de COVID-19 ha sido como pasar por “una gripa” y ahora se siente “como si nada hubiera pasado”.

El presidente de Grupo Salinas, quien ha desafiado los llamados de las autoridades mexicanas a quedarse en casa por la pandemia, informó el 14 de octubre que dio positivo a COVID-19.

Esta mañana aseguró que solo presentó síntomas como dolor del cuerpo por dos días, por lo que está listo para seguir trabajando y jugar golf.

Desde su casa donde cultiva limones, el exautodefensa de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, dijo que durante el movimiento de autodefensas generado en 2013 como una respuesta desesperada contra la violencia del Cártel de Los Caballeros Templarios vio cómo el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto apoyaba al crimen organizado. Aunque celebra que hace una semana se detuviera al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por nexos con el Cártel del H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva, aseguró que el narcogobierno sigue presente en su entidad y que grupos de militares y policías siguen siendo omisos ante el crimen porque son parte de él.

Legisladores texanos de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de ese país, Donald Trump, para instar a una resolución con el gobierno mexicano para que se mantenga la certidumbre y certeza a inversiones de firmas estadunidenses en el mercado energético como se contemplan en la reforma de 2014, pues consideraron que las acciones de las autoridades mexicanas “amenazan” sus inversiones.

La misiva signada por 43 senadores y congresistas republicanos y demócratas, como Ted Cruz, John Cornyn y John Kennedy, señala que las medidas tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo “socavan el espíritu”, sino “la letra” del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “acuerdo entre cuyos principales objetivos se encuentra promover el crecimiento entre los países participantes”.

“El asunto de los niños con cáncer en México es un desafío para mejorar su sobrevida” y el abasto de medicamentos no es el único elemento que se debe mejorar, también muchos de los procesos que “estaban tomados por empresas privadas”, sistemas tecnológicos que “eran muy arcaicos” y la atención, aseguró el director del IMSS, Zoé Robledo. 

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, resaltó que el abasto de medicinas oncológicas es una de las prioridades del gobierno federal y todas las semanas hay reuniones de revisión “y de todos los medicamentos en general”. 

La Ciudad de México permanecerá otra semana en el Semáforo Naranja con alerta por la COVID-19.

Los últimos datos de la Secretaría de Salud muestran que en la capital han muerto 14 mil 554 personas por la enfermedad y se han confirmado 151 mil 917 casos, 10 mil 617 de ellos permanecen activos.

La estrategia del Gobierno de México para responder a la emergencia de Covid-19 empezó en los primeros días de enero tras conocerse de 44 casos de neumonía en China en la última semana de diciembre de 2019. La estrategia consideró desde el inicio que tendríamos una epidemia larga y lo hemos dicho siempre, expresó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia matutina, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó la diferencia entre estrategia, táctica y operación. En cuanto al primer concepto, indicó que tiene que ver con una intervención de larga duración porque son esfuerzos sistemáticos y estructurados que están encaminados a lograr un impacto con un amplio horizonte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si prevalece el interés económico o el interés público en el ordenamiento de la electricidad del país, y si es el primero desde el Ejecutivo se propondría al Congreso una reforma constitucional para que esto cambie, indicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, si es necesario, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, luego del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).