Alfonso Durazo Montaño, quien en estos días dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para irse a competir por la gubernatura de su natal Sonora, asegura que ninguna zona del país, como sí ocurrió en el pasado, está dominada por el crimen organizado. También sostiene que no hay organización delictiva que tenga capacidad para retar al Estado, y defiende la política que en la materia aplica la presente administración: “nuestra estrategia no ha fallado.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, sostiene.

Las aprehensiones de seis  integrantes de la Guardia Nacional por su presunta participación en los hechos en Delicias, Chihuahua, en los que murió una mujer el mes pasado, demuestran que no habrá impunidad, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina subrayó que se castigará a los presuntos responsables de estos hechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó que enviará una iniciativa que será más polémica que la de extinción de fideicomisos: se trata de una reforma para terminar “con los abusos” de las empresas de outsourcing.

La polémica por la extinción de fideicomisos sigue abierta a pesar de su aprobación el pasado 21 de octubre, pues numerosas voces de la oposición e inclusive entre sus aliados, mantienen su desacuerdo y, aun con la previsión de lo que podría pasar con abordar ahora lo relativo al outsourcing, afirmó: “se tiene que corregir la situación porque es factor de corrupción”.

La Guardia Nacional (GN) aceptó la responsabilidad que tuvieron elementos de esa corporación en el incidente ocurrido el pasado 9 de septiembre en Delicias Chihuahua, cuando dispararon contra una pareja que regresaba a su ciudad después de participar en la toma de la presa La Boquilla. La mujer murió y su esposo resultó herido.

A través de su cuenta de Twitter la Guardia Nacional informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación correspondiente y “encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución”.

Como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño nunca tuvo el mando efectivo de la institución. No sólo la Guardia Nacional depende de un mando castrense, sino que instituciones estratégicas, como el Centro Nacional de Inteligencia y los Centros Federales y Protección Civil, dependen –con la anuencia del presidente– de las decisiones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, y el de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Aunque el gobierno federal ha presumido cifras de recuperación del trabajo formal a nivel nacional, cuatro entidades federativas -la Ciudad de México, Puebla, Colima y Guerrero- no han logrado contener la crisis de desempleo y continúan registrando cierres de fuentes de trabajo debido a la pandemia de COVID-19.

El gobierno ha señalado que a partir de agosto comenzó la recuperación laboral, tras la pérdida de más de 1 millón de empleos durante cuatro meses al hilo (de abril a julio). El IMSS reportó la creación de 92 mil 390 puestos de trabajo formal en agosto a nivel nacional, mientras que en septiembre se sumaron 113 mil 850 plazas adicionales, con lo que la cifra total de trabajadores asegurados ante el Seguro Social ascendió a 19.7 millones.

En septiembre se levantaron 20 mil 087 denuncias por violencia familiar, un delito que lleva ya cinco meses al alza, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) publicados este domingo.

Esta cifra es la segunda más alta del año, por debajo del máximo histórico registrado en marzo. Después de eso, hubo un desplome en las denuncias en abril, cuando se dictaron las medidas más severas de confinamiento social por la pandemia de COVID-19 e incluso muchos poderes judiciales cerraron sus puertas.

Los servidores públicos que realicen actos de campaña, deben ser denunciados pues sus conductas competen al terreno de lo penal, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó acarreo en un acto que debió acortar en Nuevo Laredo, Tamaulipas ayer, señalando que se transmitió desde el gobierno del estado que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con quien, dijo, tiene diferencias  que son de dominio público.

Ayer, en el Módulo Deportivo de la colonia Francisco Villa, en la mencionada ciudad fronteriza, el mandatario acudió a inaugurar obras de mejoramiento urbano como parte de su gira de trabajo por el noreste. Solo pronunció un breve mensaje en medio de protestas a su favor y en su contra.

Para el expresidente Felipe Calderón, el fallecimiento por covid-19 del senador de Morena, Joel Molina, se debió a “un capricho presidencial”, debido a que el legislador acudió a la maratónica sesión de 12 horas en el Senado de la República, el 20 de octubre pasado, donde se eliminaron 109 fideicomisos.

En su cuenta de Twitter, Calderón respondió a una columna de un periodista que se refirió a que al menos cuatro senadores tenían covid-19 y asistieron a la sesión en la sede alterna del Senado, en el Palacio de Xicoténcatl.

La intención de la Comisión de Justicia del Congreso de Guererro de presentar una iniciativa regresiva del aborto por violación “violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”, alertaron organizaciones y colectivos feministas peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado.

Las organizaciones acusaron que a pesar de que el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo (ILE) por causal excluyente de violación, las reformas que propondrían los legisladores serían regresivas.

Pobladores del municipio indígena de Maxcanú, Yucatán, evitaron el avance de maquinaria pesada encargada de desmontar los terrenos por los que atravesará el tramo 3 del Tren Maya y con la que, aseguraron, se destruirán al menos 10 viviendas y serán afectadas alrededor de 50 parcelas.

Los pobladores denunciaron que los trabajadores de la Constructora Barrientos iniciaron los trabajos para la construcción del tramo Calkiní-Izamal y derrumbaron las albarradas de sus predios y los árboles de limón en sus cultivos, sin hacer un levantamiento o evaluación de los daños.

En el inicio de la audiencia intermedia, la defensa de Rosario Robles solicitó a un juez de control el sobreseimiento o desechamiento de la causa penal que se le sigue por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omitir su obligación de dar parte a su superior jerárquico de conductas ilícitas cometidas por sus subalternos.

En una audiencia que debería ser pública, pero que se llevó a cabo a puerta cerrada por la epidemia de covid-19, los abogados defensores de la extitular de Sedesol y Sedatu argumentaron que tras la modificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el delito que se le imputan a Robles Berlanga dejó de existir y el juicio en su contra se quedó sin materia.

La Miscelánea Fiscal 2021 modificada y aprobada el miércoles 21 por la Cámara de Diputados aprieta más a los contribuyentes cautivos y, además, los criminaliza a priori ante el Código Fiscal de la Federación (CFF), advierten expertos consultados.

Por el contrario, no toca a quienes laboran en la informalidad, pues no hay ni una medida que los obligue a integrarse a la base tributaria, de acuerdo con lo impulsado en San Lázaro.

La Comisión Federal de Electricidad va a encargarse del rescate de restos de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, para lo cual tiene contemplado un monto “por arriba de los 2 mil millones de pesos” y se planea concluir en agosto 2024, indicó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

En entrevista para Aristegui en vivo, la funcionaria dijo que estamos en el inicio de una nueva etapa con miras al rescate, que además incluye una reparación integral.