Por más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exprese y reitere que en su Gobierno se acabó la corrupción, lo cierto es que ésta prevalece en su Gobierno. La escoba con la que ofreció barrer las escaleras del aparato público ha fallado porque al parecer falta voluntad política para extirpar esa práctica que tanto daño le ha hecho al país y que ha sido –y es– la bandera que el tabasqueño ha ondeado por todo el país.

El discurso oficial, como se ve, es exagerado por donde se le mire: en su segundo informe de Gobierno López Obrador se atrevió a decir una barbaridad: que en el país ya no había masacres ni delincuencia organizada.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, convocó este jueves,a los mandatarios estatales, incluidos a los que conforman la Alianza Federalista, a revisar el pacto fiscal, mientras que los 10 gobernadores que integran alianza celebraron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya aceptado su invitación a dialogar.

La vigilancia sobre las reuniones y fiestas se intensificará pues se recomienda no realizarlas con un número de asistentes mayor a 10 personas. En caso de seguirse incrementando el número de hospitalizaciones durante la próxima semana estaríamos anunciando, para el próximo viernes, ya medidas de restricción de horarios”, adelantó la Jefa de Gobierno.

Autoridades comunitarias de los pueblos de Oaxaca, organizaciones indígenas, académicos y activistas exigieron al gobierno federal y estatal el respeto a sus derechos territoriales y un alto a la imposición de proyectos extractivos, la persecución y el «hostigamiento a las comunidades que defienden la vida, la tierra y el territorio».

Denunciaron que, «ante la ambición del capital», se han aprobado decretos y legislaciones que facilitan el despojo de los territorios indígenas reflejado en las concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, supercarreteras, pagos por servicios ambientales y amenazas a las semillas nativas, «que hasta la fecha están sin ninguna protección especial como lo refieren los Convenios y Tratados Internacionales».

La organización Propuesta Cívica “revivió” a través de la tecnología al periodista Javier Valdez Cárdenas, quien en un video exige al Presidente Andrés Manuel López Obrador justicia para él y todos los periodistas asesinados, desaparecidos y desplazados en México.

“Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor, el 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué, pero aquí estoy, como ve hablándole”, menciona.

Las detenciones de Genaro García Luna y el General Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos evidencian a un Estado mexicano corrompido desde hace varias décadas, incapaz de juzgarse a sí mismo por las redes de complicidad y simulación, donde la única solución es crear una gran Comisión de la Verdad que llame a cuentas a servidores públicos, consideró el poeta y activista Javier Sicilia Zardain.

“Necesitamos una gran Comisión de la Verdad con el apoyo internacional, como se ha hecho en otros países, y alinear todo el Estado en función de esta Comisión para que termine en procesos judiciales”, dijo en entrevista con SinEmbargo. “La justicia transicional es el traslado de un Estado criminal a uno de Derecho. No basta con la buena voluntad del Presidente y su discurso”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Rosa Icela Rodríguez Velázquez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para cubrir el puesto que dejó Alfonso Durazo.

David Colmares Páramo, Auditor Superior de la Federación, presentó hoy a la Cámara de Diputados la revisión de la Cuenta Pública de 2019, el primero de la administración federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, e informó que se detectó un monto de 25 mil millones de pesos que son susceptibles a aclaraciones por las entidades fiscalizadas.

El Senado de la república eliminó las facultades que se le habían otorgado al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya que todas las fuerzas políticas consideraron como “terrorismo fiscal”, además acordaron de disminuir el impuesto al transporte y comercio de mercancías a través de empresas digitales y reducir el pago de derechos en las visitas turísticas a las áreas naturales protegidas del sureste del país.

Ello, durante la discusión del Paquete Económico del 2021, en la que luego de una sesión de más de ocho horas, la totalidad de los grupos parlamentarios, con Morena a la cabeza, propuso los cambios al Código Fiscal de la Federación para suprimir que en las visitas de inspectores del SAT a los domicilios se pudieran tomar fotografías o videos de los bienes de los contribuyentes.

Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, obtuvo un amparo de un juez federal que ordena a un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR), responda por qué realizó una declaración de manera “ilegal” a España, dentro del proceso de extradición.

Por su parte, la FGR precisó que la resolución judicial no afecta "en nada" el proceso de extradición en contra de Alonso Ancita y que la Corte Española resolvió en su momento que la extradición procedía y esa determinación se encuentra en recurso de súplica (apelación a su extradición).

Vía una reforma estatutaria, los líderes del Partido del Trabajo (PT) pretendieron prolongar sus periodos al frente de esa fuerza política hasta 2035, con lo que hubieran completado hasta 45 años de dirigencia.

El PT, aliado de Morena en su llamado bloque de la Cuarta Transformación, reformó su estatuto en plena pandemia, en agosto pasado, supuestamente para incluir el combate a la violencia política contra las mujeres, pero de paso buscó eternizar a sus líderes.

Para atender los estragos de la pandemia por covid-19, en cinco meses el gobierno del Estado de México ha destinado 5 mil 300 millones de pesos, precisó Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas, al comparecer ante el pleno de la Legislatura mexiquense por la glosa del tercer informe de Alfredo del Mazo.

Esta cifra, sin embargo, representa apenas 1.76% del presupuesto total de este año, establecido en más de 301 mil millones de pesos.

Decenas de activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos realizaron este jueves una caravana para entregar ayuda humanitaria a dos comunidades zapatistas, que en las últimas semanas han sido atacadas y amenazadas por integrantes de una organización social que antaño formó parte de las bases de apoyo del EZLN.

 

Miembros del Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI),  Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR), Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Rebeldía y Resistencia, Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (Sadec), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C. y otros colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), arribaron a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas.

Morena, PT, PVEM y PES usaron su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma al artículo 77 de la Ley General de Salud, que le permitirá al gobierno federal llevarse 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes de Gastos Catastróficos, al flujo de la Tesorería, presuntamente para pagar la vacuna de COVID. También usaron esa mayoría para no admitir un solo candado que asegure que tales recursos de verdad se gastarán en eso.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano propusieron varios cambios y agregados, conocidos como reservas, antes de aprobar en lo general y en lo particular la iniciativa, pero el bando contrario, Morena y sus aliados, desecharon la discusión en el pleno de cualquier propuesta, hasta la de una de sus propias compañeras, la de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, que pedía modificar la redacción de la iniciativa para no dejar el estimado de recursos solo con base en el periodo fiscal 2020.

La transferencia de 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas contra el coronavirus aprobada ayer por la Cámara de Diputados, es la segunda maniobra para ocupar los recursos de una bolsa que sólo se dedicaba a atender enfermedades graves y caras como cáncer o VIH, en los casos de pacientes sin seguridad social.

Desde 2019, la Secretaría de Salud utilizó 2 mil 108 millones de pesos de dicho Fondo para comprar ranitidina, jarabes, agujas y hasta biberones, todos insumos del nivel básico de atención, como parte de las compras consolidadas de medicamentos encabezadas por la Secretaría de Hacienda.