La oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en el distrito este de Nueva York y la defensa del General Salvador Cienfuegos Zepeda pidieron al Juez que amplíe el plazo de la apertura del juicio para preparase pero, además, porque es posible que “las negociaciones resulten en que el caso se resuelva sin juicio”, dice este jueves Pablo Ferri, periodista de El País.

De acuerdo con este reporte, la Fiscalía y la defensa de Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los seis años de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, argumentan que el caso es muy complejo y necesitan tiempo adicional para prepararse, de cara a la audiencia que está programada para el 18 de noviembre.

Este viernes 13 de noviembre, de manera extraoficial, se dio a conocer que un juez de control liberó una orden de aprehensión en contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, entre otros; pero no se ha logrado su captura porque se encuentra en calidad de ilocalizable.

Por esta situación la Fiscalía General del Estado de Nayarit solicitó que la Interpol colabore para su búsqueda en el mundo.

El pueblo zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, junto con sus autoridades, congregaciones pacíficas en resistencia y el colectivo Matzá, logró que el gobierno federal negara la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental a la empresa minera Minaurum Gold, que pretendía explorar y explotar el polígono de 7 mil 310 hectáreas denominado “Santa Marta”.

A través de un comunicado, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCH) felicitó al pueblo de San Miguel Chimalapa por haber logrado frenar a la minera canadiense, así como agradeció al cabildo comunal de Santa María Chimalapa y a sus congregaciones de la zona oriente, a ejidos y comunidades del municipio de Zanatepec y a las organizaciones del Istmo de Tehuantepec por el apoyo “a esta justa lucha en defensa de la Madre Tierar y de la vida”.

El Presidente López Obrador aseguró que la entrega de recursos, como reparación del daño para las familias de los 65 mineros que murieron en la explosión de la mina, se hará en próximas fechas. El 14 de septiembre el Gobierno federal acordó con los familiares de los mineros fallecidos iniciar el rescate de los cuerpos de manera inmediata, así como una indemnización y un memorial a las víctimas.

La inspección y vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los concesionarios del agua, como empresas y ejidatarios, con la imposición de sanciones para la mejora en la administración del recurso hídrico, fue limitada durante 2019, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para actividades de regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico que, por ejemplo, eviten descargas ilegales de aguas residuales, violaciones de vedas o de derechos de núcleos agrarios, se le asignó para 2019 un monto por 6 mil 591 millones de pesos. Pero, observó el órgano en la Cuenta Pública 2019, aunque efectuó las visitas de inspección y de medición, no otorgó ni inscribió en el Registro Público de Derecho al Agua (REPDA) la totalidad de los títulos de concesión y asignaciones que recibió, no cumplió su programa de vigilancia y tampoco impuso las sanciones a los infractores por insuficiencias en la calificación de las actas derivadas de las inspecciones y verificaciones.

Zacatecas regresó este jueves al semáforo rojo de alerta epidemiológica (en ese nivel de riesgo se ubican también Durango y Chihuahua), luego de que la Secretaría de Salud del estado reportó en un solo día una cifra récord de 222 contagios y 23 personas fallecidas por Covid-19, entre ellas dos médicos: Carlos Eduardo Medina Jara y Adaín Octavio Girón Landeros.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna hizo públicas sus condolencias por las 23 personas fallecidas y lamentó "que continúen en aumento las defunciones en la entidad", por lo que exhortó a la población a incrementar las medidas sanitarias a fin de disminuir el número de contagios.

La iniciativa de reforma para "ordenar" el outsourcing, firmada ayer por el Presidente de la República, prohíbe el traspaso de personal de una empresa subcontratante a otra y limita los servicios especializados, a fin de evitar la pérdida de derechos laborales y defraudación al fisco por esa vía.

Asimismo, la propuesta enviada a la Cámara de Diputados incluye mayores sanciones para quien abuse o cometa actos de simulación, y se procesará a los responsables por delitos fiscales.

Durante la presentación del proyecto de reforma –en Palacio Nacional–, se indicó que actualmente la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes, de más de 250 trabajadores, y que esa práctica muestra desde 2003 un crecimiento anual de 200 mil empleados; también se detectó un grupo que tiene contratados a 250 mil y se dedica a transferir personal para evadir responsabilidades.

Poco después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentaran la iniciativa para regular el outsourcing, el líder del sindicato de patrones más grande de México acusó al Gobierno federal de traición porque no les consultó. Pero la reforma que propone el Ejecutivo federal es para frenar el abuso que comenzó desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que por años realizaron miles de patrones, utilizando esta figura de contratación para “estafar“ a los trabajadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario que es un abierto opositor al Presidente López Obrador, aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado contra la autorización de la extradición a territorio mexicano del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en el país azteca.

El pasado mes de julio el industrial depositó una fianza de un millón de euros que le impuso el Juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba su entrega.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la capital del país continuará en Semáforo Naranja con Alerta debido al incremento de la última semana en el número de hospitalizaciones por COVID-19.

“El Gobierno de México en su semáforo epidemiológico para toda la República nos colocó todavía en Semáforo Naranja, y como saben, nosotros hemos puesto Semáforo Naranja con Alerta, con algunas adiciones que vamos a hacer el día de hoy”, anunció durante su videoconferencia sobre el reporte de coronavirus.

Con el voto de la mayoría morenista, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó, una tras otra, las reservas que diputados de oposición, pero también miembros de su propia bancada, plantearon para modificar artículos del proyecto de Presupuesto para el próximo año en materia de seguridad, igualdad de género, infancia y ciencia.

Los diputados agendaron más de mil reservas y enlistaron más de 200 oradores, en su mayoría, para tratar de revertir los recortes ya perfilados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, investigado por lavado de dinero y otros delitos relacionados con la “Estafa Maestra”, y quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido, pelea al mismo tiempo en tribunales que no le decomisen sus cuentas bancarias ni propiedades.

Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación para impugnar que el Máximo Tribunal del país ejerciera su facultad de atracción para revisar un amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público.

El amparo de la UIF impugnaba la resolución de un tribunal federal que concedió a la defensa de Duarte de Ochoa la posibilidad de apelar su condena de 9 años de cárcel, con el argumento de que el propio Duarte había aceptado su responsabilidad penal en un procedimiento abreviado.