La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) presuntamente simuló, en 2014, una licitación con varias empresas para transferir más de 77 millones de pesos que había recibido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El aparente concurso – que luego quiso ocultar en una auditoría – fue el primer paso de un mecanismo organizado para lavar dinero desviado bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

Así lo señala la acusación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante un juez federal para obtener once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres de estas órdenes son en contra de exfuncionarios de la referida casa de estudios, entre ellos el que fuera rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes hoy están prófugos.

La colectiva Luchadoras ha acompañado, de enero a noviembre de este año, 402 casos de violencia digital, de los cuales 90% de las víctimas han sido mujeres, situación que refleja la gravedad del fenómeno que hasta ahora no ha contado con la suficiente atención de las autoridades.

“Las mujeres cumplen denunciando, pero las autoridades les han fallado”, consideró Lulú Barrera, directora de Luchadoras, durante la presentación del informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”.

La senadora Kenia López Rabadán presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público por la decisión de inundar a los más pobres de Tabasco, para no afectar la capital, Villahermosa.

A nombre de su grupo parlamentario, la senadora denuncia que el Ejecutivo federal contaba con la información de los patrones hídricos de la zona del estado de Tabasco, conocía los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la problemática que ha padecido históricamente la entidad por las inundaciones, y aun así decidió irresponsablemente inundar zonas donde se sabía que, debido a las condiciones y características étnicas y socioeconómicas de la población local, se afectaría en mayor grado.

Francisco Murillo, fiscal general de Justicia del estado, informó que la niña Sofía Alejandra, quien ayer apareció sin vida en un lote baldío, con huellas de tortura, fue secuestrada desde el pasado miércoles 11.

Ese día, la niña y su abuela salieron juntas a una tienda de conveniencia a realizar algunas compras. Cuando regresaron a casa, Sofía entró a su habitación y poco tiempo después la abuela se percató de que no estaba.

Trabajadores de la Secretaría de Salud federal denuncian que son obligados a trabajar presencialmente pese al brote de COVID registrado en las oficinas de la Dirección de Programación y Presupuesto.

En entrevista para Animal Político, empleados de dicha área señalaron que en las últimas dos semanas se han confirmado al menos 20 casos de COVID-19, entre los 100 trabajadores que laboran allí. Es decir, casi una cuarta parte del personal.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer multas contra 9 farmacéuticas y empresas del sector Salud, por un total de 18 millones de pesos, así como inhabilitaciones por hasta más de tres años, al considerar que incumplieron contratos y presuntamente dieron información falsa. 

Se trata de las empresas Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, quienes acordaron venta de productos y servicios con los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Elementos de la Guardia Nacional desalojaron esta madrugada el plantón de campesinos instalado en Apatlaco, que mantenía bloqueada la conexión del acueducto que alimentará de agua la termoeléctrica de Huexca, en el oriente de Morelos, y de inmediato ingresaron las máquinas para concluir los trabajos, a pesar de que existen amparos para impedirlos.

Después de las 2:00 de la mañana, unos 300 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines se agruparon en los límites entre los municipios de Cuautla y Ayala. De inmediato realizaron cortes carreteros y enseguida se enfilaron hacia el campamento que se mantenía desde hace cuatro años impidiendo los trabajos del acueducto para la termoeléctrica.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es la instancia que recibió en México el expediente elaborado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con el que se pretendía enjuiciar en una Corte de Distrito de Nueva York al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), un fiscal de SEIDO fue el encargado de notificar al general sobre el inicio de la carpeta de investigación en su contra por los señalamientos que le hizo la DEA tras su detención en California, Estados Unidos.

Desde el inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se tuvo una estrategia general, tanto social como político-electoral, en las que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno, afirmó Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu).

“Desde un inicio, y a lo largo del sexenio se privilegió aquellos estados del país con procesos electorales en marcha o por venir”.

Los recortes presupuestales, la ausencia de políticas de Estado que contribuyan a garantizar el bienestar de la población infantil y las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, agravaron las condiciones pre-existentes de desigualdad y pobreza en la que vive niñez y adolescencia en Chiapas, aseguraron organizaciones civiles.

La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, integrada por la Alianza por la Salud, Alimentación y nutrición, Aldeas Infantiles SOS Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Melel Xojobal, Vientos Culturales, y World Vision Chiapas, advirtieron que a 31 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, aniversario que se conmemora este 20 de noviembre, se incrementó la desigualdad y las brechas en el acceso a derechos de la niñez y adolescencia en aquel estado.

Durante la protesta se denunció que las autoridades eran responsables de la inseguridad en el municipio y del feminicidio de Sofía, pues fueron incapaces de encontrarla en más de diez días desde que se reportó como desaparecida.

En un contexto de crisis climática, “es inaceptable” la Ley Mata-Flores que se planea votar este miércoles en la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados para mantener el status quo de la Ley de Aguas Nacionales, alertaron colectivos que llevan desde diciembre de 2012 impulsando una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas y exigieron que se respete el consenso alcanzado.

La realidad de las mujeres en cuanto a violencia no es adversa únicamente en cuanto al riesgo de caminar solas por la calle. La violencia está presente y es aguda en el acceso a un trabajo y salario dignos.

De acuerdo con el reporte especial sobre “Exclusión económica y de la precariedad laboral de las mujeres”, elaborado por el Colectivo Acción Ciudadana frente a la pobreza, la exclusión laboral y económica son condiciones que llevan a las mujeres a la vulnerabilidad y las expone a la violencia, ya que las mujeres enfrentan barreras para llegar al ejercicio de las libertades y tener una vida digna.

El mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, es el criminal más buscando por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Quintero es buscado por el secuestro y asesinato del Agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. La agencia estadounidense señala que además de cometer delitos violentos, es cómplice de otros criminales.

Ante las críticas sobre el impacto en los empleos que tendría la iniciativa para regular la práctica de outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: ¿para qué vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, El salvador sea más elevado. Criticó que durante todo el periodo neoliberal, cuando se avalaron las reformas que hicieron proliferar estas prácticas, se redujo el salario.

Al ser cuestionado sobre los pormenores de esta iniciativa, dijo que el gobierno conversará con el sector empresarial para determinar en cuáles casos se podría operar el outsourcing sin que se registren abusos, anticipando que en el sector público federal esta práctica ya no se va a repetir.