El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en un “un buen ambiente de diálogo con los representantes empresariales” sobre la subcontratación laboral, se acordó que ellos “no protegerán a quienes abusan de este mecanismo” y se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa de ley para convencer sobre qué hace falta y, en el caso de que se tenga razón, hacer modificaciones; tener capacidad de rectificar, no caer en la autocomplacencia”.  

En la conferencia matutina del martes, indicó que los líderes empresariales están en el plan de “ayudar, no están en contra de los trabajadores, que haya justicia. Les preocupa que vaya a significar tener que contratar de manera directa, permanente a trabajadores, y que pueda haber sanciones, sobre todo que se apliquen de manera discrecional, autoritaria. Les garantizamos que eso no va a suceder y que se está dialogando y se va a llegar a un acuerdo”. En todo esto siempre son pocos los que actúan mal con todo, aseguró. 

El tramo final de la declaración de Emilio Zebadúa González aborda otro caso que retrata la manera en cómo se manejó el dinero en la Secretaría de Rosario Robles Berlanga, en este caso, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con el documento, los actos ilícitos relacionados con el manejo de recursos públicos también llegaron hasta el proyecto de infraestructura más importante de la administración de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El abogado de Rosario Robles Berlanga dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “testigo colaborador” señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

En una declaración hecha a medios, el licenciado Sergio Arturo Ramírez reveló que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior Presidente de México.

Una periodista pidió ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para resolver el feminicidio de su hija en Oaxaca, además de entregar una carta con más de 18 mil firmas de madres que piden un “alto al feminicidio”.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente AMLO aseguró que le brindaría ayuda a la periodista Soledad Jarquín, luego de que ésta expusiera que su hija había sido víctima de feminicidio en Oaxaca y que llevaba una carta con firmas de madres que pasaban por la misma situación para que se les atendiera.

El exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ahora es el fugitivo más buscado por la Administración de Control de Drogas​ de los Estados Unidos (DEA), quien ofrece hasta 20 millones de dólares por información que ayude a capturarlo.

Caro Quintero también es buscado por el FBI, quien en 2018 aumentó la recompensa por su captura, pues lo busca por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) presuntamente simuló, en 2014, una licitación con varias empresas para transferir más de 77 millones de pesos que había recibido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El aparente concurso – que luego quiso ocultar en una auditoría – fue el primer paso de un mecanismo organizado para lavar dinero desviado bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

Así lo señala la acusación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante un juez federal para obtener once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres de estas órdenes son en contra de exfuncionarios de la referida casa de estudios, entre ellos el que fuera rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes hoy están prófugos.

La colectiva Luchadoras ha acompañado, de enero a noviembre de este año, 402 casos de violencia digital, de los cuales 90% de las víctimas han sido mujeres, situación que refleja la gravedad del fenómeno que hasta ahora no ha contado con la suficiente atención de las autoridades.

“Las mujeres cumplen denunciando, pero las autoridades les han fallado”, consideró Lulú Barrera, directora de Luchadoras, durante la presentación del informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”.

La senadora Kenia López Rabadán presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público por la decisión de inundar a los más pobres de Tabasco, para no afectar la capital, Villahermosa.

A nombre de su grupo parlamentario, la senadora denuncia que el Ejecutivo federal contaba con la información de los patrones hídricos de la zona del estado de Tabasco, conocía los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la problemática que ha padecido históricamente la entidad por las inundaciones, y aun así decidió irresponsablemente inundar zonas donde se sabía que, debido a las condiciones y características étnicas y socioeconómicas de la población local, se afectaría en mayor grado.

Francisco Murillo, fiscal general de Justicia del estado, informó que la niña Sofía Alejandra, quien ayer apareció sin vida en un lote baldío, con huellas de tortura, fue secuestrada desde el pasado miércoles 11.

Ese día, la niña y su abuela salieron juntas a una tienda de conveniencia a realizar algunas compras. Cuando regresaron a casa, Sofía entró a su habitación y poco tiempo después la abuela se percató de que no estaba.

Trabajadores de la Secretaría de Salud federal denuncian que son obligados a trabajar presencialmente pese al brote de COVID registrado en las oficinas de la Dirección de Programación y Presupuesto.

En entrevista para Animal Político, empleados de dicha área señalaron que en las últimas dos semanas se han confirmado al menos 20 casos de COVID-19, entre los 100 trabajadores que laboran allí. Es decir, casi una cuarta parte del personal.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer multas contra 9 farmacéuticas y empresas del sector Salud, por un total de 18 millones de pesos, así como inhabilitaciones por hasta más de tres años, al considerar que incumplieron contratos y presuntamente dieron información falsa. 

Se trata de las empresas Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, quienes acordaron venta de productos y servicios con los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Elementos de la Guardia Nacional desalojaron esta madrugada el plantón de campesinos instalado en Apatlaco, que mantenía bloqueada la conexión del acueducto que alimentará de agua la termoeléctrica de Huexca, en el oriente de Morelos, y de inmediato ingresaron las máquinas para concluir los trabajos, a pesar de que existen amparos para impedirlos.

Después de las 2:00 de la mañana, unos 300 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines se agruparon en los límites entre los municipios de Cuautla y Ayala. De inmediato realizaron cortes carreteros y enseguida se enfilaron hacia el campamento que se mantenía desde hace cuatro años impidiendo los trabajos del acueducto para la termoeléctrica.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es la instancia que recibió en México el expediente elaborado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con el que se pretendía enjuiciar en una Corte de Distrito de Nueva York al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), un fiscal de SEIDO fue el encargado de notificar al general sobre el inicio de la carpeta de investigación en su contra por los señalamientos que le hizo la DEA tras su detención en California, Estados Unidos.

Desde el inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se tuvo una estrategia general, tanto social como político-electoral, en las que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno, afirmó Emilio Zebadúa González, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu).

“Desde un inicio, y a lo largo del sexenio se privilegió aquellos estados del país con procesos electorales en marcha o por venir”.

Los recortes presupuestales, la ausencia de políticas de Estado que contribuyan a garantizar el bienestar de la población infantil y las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, agravaron las condiciones pre-existentes de desigualdad y pobreza en la que vive niñez y adolescencia en Chiapas, aseguraron organizaciones civiles.

La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, integrada por la Alianza por la Salud, Alimentación y nutrición, Aldeas Infantiles SOS Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Melel Xojobal, Vientos Culturales, y World Vision Chiapas, advirtieron que a 31 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, aniversario que se conmemora este 20 de noviembre, se incrementó la desigualdad y las brechas en el acceso a derechos de la niñez y adolescencia en aquel estado.