La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo, sostuvo la ONU México.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la sociedad en su conjunto a hacer frente a esta “otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia”.

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien tenía para entonces poco más de un mes de haber arribado a México y ser puesto en libertad, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo al Fiscal Alejandro Gertz Manero, el ex director de PEMEX acusaba directamente al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y al ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de haber dispuesto de unos 4.4 millones de dólares de los sobornos de la compañía brasieleña Odebrecht para la campaña presidencial de 2012. Además, que una vez en el poder, dispusieron de 5.3 millones de dólares, en la compra de votos de senadores y diputados para la aprobación de la reforma energética.

Hace unos días, el domingo 21 de noviembre, el abogado de Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agraria, informó a la prensa que su clienta, al igual que Lozoya, se acogería a la figura de testigo colaborador y que presentaría evidencia para demostrar que personajes con superioridad jerárquica a ella, habían orquestado el desvío de recursos del caso conocido como la Estafa Maestra, dinero que ilícitamente se habría destinado a las campañas del PRI en las elecciones intermedias federales de 2015, la estatal del Estado de México en 2017, y la presidencial en 2018 cuando el candidato de ese partido fue José Antonio Meade Kuribreña.

Discurrían los primeros días de marzo pasado. La COVID-19 se cernía mortal sobre Europa y se enfilaba hacia América. En el Gobierno de López Obrador se comenzaban a hacer cálculos sanitarios, la mayoría, sin información suficiente o adecuada. Durante una reunión, y después de algunos intercambios de opiniones, los asistentes se quedaron helados cuando AMLO les dijo, con aire de suficiencia:

*Es como una gripe… No hay que preocuparnos tanto…

Casi nueve meses después de aquella afirmación irresponsable e ignorante –ignorante por irresponsable-, México se erige, hoy por hoy, en uno de los países con mayor daño humano, médico, social, económico y sanitario, a nivel mundial. Las cifras no mienten. Y el dolor de millones de compatriotas, tampoco:

Derivado de la contingencia por el COVID-19, 75 por ciento de diversas empresas de todos los tamaños reconoció afectaciones en sus ventas. El 32 por ciento apuntó que de manera drástica, así lo arrojó la encuesta realizada por Atento -empresa especializada en atención al cliente-.

El descenso de las ventas se debe principalmente a una ralentización del consumo. Entre las principales causas, el 35 por ciento considera que se ha optado por no consumir su producto, el 29 por ciento considera que su servicio ya no es una necesidad para los consumidores y apenas un 8 por ciento piensa que ha habido una fuga de clientes a la competencia.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y ejidatarios de la zona oriente del estado participaron en una asamblea para decidir el “plan de acción” contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), luego de que la Guardia Nacional desalojara el plantón de Apatlaco que impedía se finalizaran las obras del acueducto que conectará al río Cuautla con la termoeléctrica de Huexca.

Los ejidatarios y defensores se reunieron en las afueras de las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) y aseguraron que continuarán por la vía jurídica para luchar contra la imposición y operación del PIM, pues recordaron que cuentan con 19 amparos.

Sin reducción en desaparición de mujeres ni en feminicidio, el gobierno de la Ciudad de México informó resultados sobre el primer año de su autodecretada Alerta de Violencia de Género (AVG). 

El gobierno de la CDMX presentó este 22 de noviembre el “Informe Anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres y las Niñas a un año de su implementación”.

Esta AVG se publicó oficialmente el 25 de noviembre de 2019, pero no corresponde con una decisión de la Secretaría de Gobernación (como es el caso del resto de AVG en el país), sino que fue autodecretada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de evitar la declaratoria oficial de una AVG que solicitaron las organizaciones civiles desde 2017 por feminicidio y desaparición, y cuya resolución permanece en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a espera de que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat prepare y presente un proyecto al respecto.

A pesar de la tendencia creciente hasta 2019, las denuncias por desaparición de personas en el país ha tenido una caída de 21.6 por ciento de marzo a octubre, informó Alejandro Encinas, subsecretario  de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. “Es una caída significativa, pero no resuelve el problema”, aseveró.  

Confió en que la tendencia se mantenga, aunque advirtió que el problema está teniendo comportamiento diferente en distintas regiones del país, donde la mayor parte de casos se concentran en cinco estados, particularmente Jalisco, con más de 23 por ciento de las denuncias de desaparición forzada en el país, y Guanajuato.  

Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la crisis de feminicidios que sufre el país se originó por la “pérdida de valores” derivada de las políticas neoliberales de Gobiernos anteriores.

Tras ser preguntado en una conferencia de prensa sobre si considera que los homicidios y los feminicidios tienen la misma causa, el mandatario respondió: “En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores”.

En una ocasión, hace 16 años, salieron por la puerta de atrás juntos, sin ser investigados. La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rosario Robles Berlanga y su cercano colaborador Ramón Sosamontes Herreramoro (Guerrero, 1951) renunciaron al partido en 2004 luego de la filtración de los llamado videoescándalos, donde en 2005 también se evidenció al político guerrerense intercambiar un maletín con un millón de dólares con Carlos Ahumada Kurtz, a quien a pesar de conocer íntimamente desde inicios del milenio y ser el “cupido” entre el empresario argentino y su jefa, lo desconoció cuando fue aprehendido.

Ahora, ambos autodenominados de izquierda, incluso comunistas, están involucrados en la Estafa Maestra, un instrumento con el que se le arrebató el dinero público de la Cruzada Nacional contra el Hambre a las personas en situación de pobreza alimentaria. Robles Berlanga lleva más de un año de los 40 que podría pasar presa, por lo que, ya debilitada de salud, ha decidido colaborar con la Fiscalía General (FGR) para brindar información sobre los involucrados en dicha triangulación de recursos públicos, entre ellos, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, quien habría planeado esos recursos para la campaña del Gobernador del Estado de México Alfredo del Maza en 2017 y del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en 2018, de acuerdo con su abogado Sergio Ramírez.

El gobierno federal anunció un apoyo de 11 mil 460 pesos para los familiares de personas fallecidas por COVID-19 en el país.

Este recurso, explicó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, es válido para quienes perdieron a algún familiar entre el 18 de marzo de 2019, y hasta el día en que se declare el fin de la emergencia sanitaria.

Miguel Vázquez Martínez, de 70 años, desapareció el 20 octubre en Tlapacoyan, Veracruz. La última vez que fue visto se encontraba subiendo al vehículo de unos desconocidos, que se lo llevaron, presuntamente, para ver un auto, ya que Vázquez Martínez es dueño de un taller y una refaccionaria.

Desde entonces su familia no tiene pistas sobre su paradero. Recibieron llamadas de sus supuestos captores para negociar por su libertad, pero no hubo acuerdos. Por recomendación de la Fiscalía General del Estado (FGE) guardaron silencio. Ahora, más de un mes después de que se lo llevaran, familiares y organizaciones ecologistas de la zona hacen público el secuestro: creen que su activismo en defensa del río esté detrás de su captura.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Morelos a Dionisio “N”,  alias “Nicho”, identificado como el padre de Óscar Andrés “N”, alias “El Lunares” y operador logístico y financiero de la organización delictiva La Unión Tepito; le decomisaron armas y droga.

Según trabajos de investigación de la policía capitalina, “Nicho" era el responsable de coordinar y organizar la venta y distribución de drogas, principalmente en el centro de la Ciudad de México, así como de reunir el dinero y pagar a los distribuidores y narcomenudistas.

Violaciones a derechos humanos y recorte presupuestal, entre otros agravios, forman parte del informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, realizado por la organización civil Documenta.

El amplio informe, que debe su título al argumento que dan encargados de pacientes psiquiátricos a medidas coercitivas como la sujeción mecánica, el encierro y el suministro de fármacos, alienta a un cambio de modelo de atención de la salud mental en el país, centralizada en la hospitalización, por uno que ponga en el centro la dignidad humana, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sumó otra denuncia penal en su contra por el manejo de la pandemia de covid-19.

En esta ocasión la denuncia fue interpuesta por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, una agrupación que aglutina a alumnos de distintas facultades de la UNAM, principalmente de la de Derecho.

Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director de Servicios Aéreos de la extinta PGR en la gestión de Jesús Murillo Karam, por la presunta adjudicación irregular de dos contratos por 615 millones de pesos para la compra de siete drones de uso militar.

Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Karam el malware espía Pegasus por 32 millones de dólares (alrededor de 450 millones de pesos de la época).