Al menos 66 mil personas han sido asesinadas en los primeros 23 meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las cuales, a 47 mil 300 las privaron de la vida con arma de fuego, de acuerdo con cifras oficiales.

Este 1 de diciembre se cumplen dos años de que la llamada Cuarta Transformación tomó posesión y entró al Gobierno federal. La administración de López Obrador recibió al país con una crisis de inseguridad y cifras récord de violencia con un total de 33 mil 742 víctimas de homicidio doloso tan sólo en el 2018, último año que gobernó el priísta Enrique Peña Nieto, con excepción de diciembre.

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México. ¿La causa? “Una congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que hoy es citado por el periodista Pablo Ferri en El País. Sin embargo, el hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR) denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja y las hijas de ella.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo año de Gobierno con 38 de sus compromisos cumplidos de los 100 que anunció el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. De esa lista, además, 10 están como no cumplidos, 23 mantienen en proceso y 29 no tienen elementos para evaluarse.

Esta revisión, que SinEmbargo realiza desde que el Presidente cumplió sus primeros 100 días al mando del país, arrojó cambios hasta este corte. Por ejemplo, algunos compromisos que se marcaron como no cumplidos tras ser publicada la Cuenta Pública de 2019. Pero la casilla que no mostró cambios respecto a la anterior medición –hecha por el Segundo Informe de Gobierno– es la de los compromisos que no pueden ser evaluados, lo que genera un reto para el actual Gobierno: dar pruebas de que efectivamente el ofrecimiento se cumplió.

Desde la mañana de este martes, los pueblos del Istmo se organizaron para movilizarse en solidaridad de los ejidatarios de Apatlaco, Morelos, que fueron desalojados de un plantón que evitaba se concluyeran las obras del acueducto del PIM.

En la tierra donde nació, creció, luchó y murió —asesinado a traición— Emiliano Zapata, más de 1.500 personas marcharon de manera unitaria el pasado sábado 28 de noviembre en defensa del agua del Río Cuautla, primordial para su subsistencia, y en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Coincidiendo con la conmemoración de los 109 años del Plan de Ayala de Zapata, campesinos y ejidatarios —campesinos con campos en propiedad—, además de cientos de habitantes, de comunidades y ejidos, tanto de Morelos pero también de Puebla y Tlaxcala, mostraron músculo ante lo que consideran el robo de sus recursos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alista una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

De acuerdo con un documento en poder de Proceso, la investigación realizada por la UIF encontró que sus ingresos a lo largo de su carrera política no se corresponden con los bienes que actualmente posee, ya que en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos.

Dos mujeres fueron ejecutadas en menos de 24 horas. Una de ellas, de 25 años, en esta capital, y la segunda, de 23 años, en una comunidad del municipio Benemérito de Las Américas, a ocho horas de esta ciudad, cerca de la frontera con Guatemala.

El primer caso ocurrió al amanecer del domingo 29. Vecinos reportaron gritos en el interior de una vivienda ubicada en la 4a sur, entre 4ª y 5ª. Poniente del Barrio San Pascualito de esta ciudad capital.

La alcaldesa priista de Xico, Gloria Galván Orduña, salió al paso de las críticas por la inauguración masiva de la Villa Navideña Iluminada: “si no mueren de una cosa, morirán de otra”. E insistió que fue la ciudadanía la que “rompió” los protocolos sanitarios y de prevención al covid-19.

En entrevista con medios locales, Galván Orduña justificó que empresarios, restauranteros y comerciantes de Xico exigieron hacer pública y masiva la inauguración de la Villa Navideña Iluminada, en aras de levantar una “economía a punto de colapsar”.

Como parte de su declaración ministerial, Emilio Zebadúa aseguró que, con el visto bueno de la Segob y de la Secretaría de Hacienda, la Sedatu desvió en 2018 un total de 400 millones de pesos por concepto de “ayuda social” para beneficiar a 190 personas que no eran propietarios de los los predios conocidos como Tlateles, en las inmediaciones del fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.

Un coronel del Ejército mexicano estaba en nómina del grupo criminal Guerreros Unidos cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según un testigo protegido cuya declaración forma parte de la causa penal 5/2020 que investiga los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

“Solo sé que su apellido es Rodríguez, de rango coronel, de aproximadamente un metro con setenta y cinco centímetros, moreno claro, nariz ancha, cabello corto, negro, delgado, cejas regulares”, dijo el declarante denominado como “Juan” en una comparecencia que tuvo lugar el 10 de febrero.

“Por instrucciones del Presidente, en algunos, casos hemos dado adelantos, es decir, les hemos dado lo que les corresponde y les hemos adelantado”, expresó Herrera. Las participaciones federales funcionan conforme al mecanismo que la Ley de Coordinación Fiscal establece y estas dependen de la recaudación de impuestos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si la Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso de extradición de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el hampa.

El asunto fue planteado al mandatario durante su conferencia de prensa de este lunes, y en respuesta se limitó a atajar:

La subcontratación, fórmula de empleo que ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es también utilizada por el gobierno que ahora se propone ofrecer empleos de base.

En el último día de conversaciones a puerta cerrada entre representantes del gobierno y de las cámaras y organismos empresariales, el mandatario fue insistente en que la subcontratación --coloquialmente llamada con el anglicismo outsourcing-- se ha utilizado para realizar fraudes fiscales y limitar los derechos de los trabajadores, una posición que ha mantenido desde el inicio de su administración y que por estos días pretende eliminar o regular a través de una serie de reformas.

“Es el segundo que se está poniendo en práctica que se está ejecutando con la participación del sector privado del país”, dijo el Presidente López Obrador sobre el proyecto presentado que tendrá la participación del 50 por ciento del sector privado. Salazar Lomelín adelantó que también generarán 400 mil empleos. “Es algo muy importante el que se esté uniendo el sector público el sector privado el sector social, para impulsar el crecimiento de nuestro país y haya bienestar”, planteó el mandatario federal.

Un señor de mediana edad acaba de abrir una lavandería en Plaza Tepeyac, ubicada en el norte de la capital de México. Espera a que lleguen los primeros clientes. Es una mañana de un jueves en pandemia, y por la mente de los pocos transeúntes no pasa la idea de que uno de los locales tiene un adeudo de millones de pesos al erario.

En esa dirección, en la que hay una lavandería, está registrado también el domicilio fiscal de más de nueve empresas ligadas a un matrimonio que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre los cuales ya reposa una denuncia en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, operación y protección de empresas defraudadoras, extorsión a contribuyentes, cobro de piso a Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Auditores, Revisores, Censores, Ejecutores y Notificadores  a su cargo.