Autoridades locales y federales recuperaron varias botellas de licor relacionadas con el robo y homicidio del empresario Baptiste Jacques Daniel Lormand y de uno de sus socios.

La Fiscalía capitalina informó que tras dos cateos realizados en inmuebles ubicados en la alcaldía Magdalena Contreras, se encontraron botellas de licor “de alta gama”, con un precio comercial cercano a los 70 mil pesos.

A siete meses de la aprobación exprés de la Ley de Amnistía con la que supuestamente se ayudaría a despresurizar los penales y reducir los contagios de COVID-19, el gobierno federal acumula 762 solicitudes formales de reos que quieren acceder a dicho beneficio, sin que hasta ahora se haya podido resolver alguna.

Mientras tanto la cifra de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país ha continuado en ascenso y el numero de cárceles con problemas de sobrepoblación ya es del 43%. El nuevo virus ha contagiado a 2 ,774 reos y ha matado a 234.

José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga estrecharon manos el 27 de agosto de 2015. Ese día, Meade Kuribreña recibió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Robles Berlanga la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Dos dependencias a través de las cuales hubo millonarios desvíos de recursos para favorecer campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la carrera presidencial de Meade en 2018.

La triangulación de recursos de programas sociales –sobre todo de Sedesol y Sedatu– ocurrió durante casi todo el sexenio pasado y abarcó esquemas de defraudación como la llamada “Estafa Maestra”, que entre 2013 y 2014 causó daños al erario público por al menos 7 mil 670 millones de pesos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, consideró este lunes que era posible que esta semana alcancen un acuerdo con el Gobierno mexicano sobre la regulación del “outsourcing” o subcontratación laboral.

El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 por ciento de reducción de costos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) aprehendió a tres presuntos implicados en el asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio, Luis Orozco. Los detenidos habrían matado al empresario para robarle al menos cinco botellas de bebidas alcohólicas con un valor de un millón de pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, las detenciones se realizaron derivadas de dos órdenes de cateo que se ejecutaron de manera conjunta entre la SSC, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad y la Secretaría de Marina (Semar), en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Marco Elizalde espera sentado en una banca del camellón que está justo enfrente de la puerta de urgencias del Hospital GEA González en la Ciudad de México (CDMX). Es el segundo hospital al que intenta ingresar a su padre, este 30 de noviembre. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) no quisieron recibirlo. El hombre, de 54 años, tiene síntomas evidentes de COVID, le cuesta respirar.

“Solo le hicieron una valoración. Me dijeron que necesita intubación. Trae 86 de oxigenación en sangre. Pero que ahí no lo pueden ingresar porque están llenos, que lo trajera acá al GEA González, y pues aquí lo están valorando, pero ya me dijeron que tampoco hay lugar, que van a ver nada más si es candidato para mandarlo con oxígeno a casa”, cuenta el joven a Animal Político.

En lo que va de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha reportado de manera oficial cuántos casos de COVID se han registrado en sus centros de detención. Incluso, en foros públicos negó la existencia de contagios aún cuando estos ya se estaban produciendo. 

Sin embargo, documentos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia revelan que van al menos 52 migrantes a los que se les detectó el coronavirus al interior de estaciones migratorias y que la transmisión al interior de las estaciones migratorias comenzó en junio, cuando la institución que dirige Francisco Garduño negaba en público los casos. 

Al menos 66 mil personas han sido asesinadas en los primeros 23 meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las cuales, a 47 mil 300 las privaron de la vida con arma de fuego, de acuerdo con cifras oficiales.

Este 1 de diciembre se cumplen dos años de que la llamada Cuarta Transformación tomó posesión y entró al Gobierno federal. La administración de López Obrador recibió al país con una crisis de inseguridad y cifras récord de violencia con un total de 33 mil 742 víctimas de homicidio doloso tan sólo en el 2018, último año que gobernó el priísta Enrique Peña Nieto, con excepción de diciembre.

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México. ¿La causa? “Una congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que hoy es citado por el periodista Pablo Ferri en El País. Sin embargo, el hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR) denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja y las hijas de ella.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo año de Gobierno con 38 de sus compromisos cumplidos de los 100 que anunció el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. De esa lista, además, 10 están como no cumplidos, 23 mantienen en proceso y 29 no tienen elementos para evaluarse.

Esta revisión, que SinEmbargo realiza desde que el Presidente cumplió sus primeros 100 días al mando del país, arrojó cambios hasta este corte. Por ejemplo, algunos compromisos que se marcaron como no cumplidos tras ser publicada la Cuenta Pública de 2019. Pero la casilla que no mostró cambios respecto a la anterior medición –hecha por el Segundo Informe de Gobierno– es la de los compromisos que no pueden ser evaluados, lo que genera un reto para el actual Gobierno: dar pruebas de que efectivamente el ofrecimiento se cumplió.

Desde la mañana de este martes, los pueblos del Istmo se organizaron para movilizarse en solidaridad de los ejidatarios de Apatlaco, Morelos, que fueron desalojados de un plantón que evitaba se concluyeran las obras del acueducto del PIM.

En la tierra donde nació, creció, luchó y murió —asesinado a traición— Emiliano Zapata, más de 1.500 personas marcharon de manera unitaria el pasado sábado 28 de noviembre en defensa del agua del Río Cuautla, primordial para su subsistencia, y en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Coincidiendo con la conmemoración de los 109 años del Plan de Ayala de Zapata, campesinos y ejidatarios —campesinos con campos en propiedad—, además de cientos de habitantes, de comunidades y ejidos, tanto de Morelos pero también de Puebla y Tlaxcala, mostraron músculo ante lo que consideran el robo de sus recursos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alista una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

De acuerdo con un documento en poder de Proceso, la investigación realizada por la UIF encontró que sus ingresos a lo largo de su carrera política no se corresponden con los bienes que actualmente posee, ya que en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos.

Dos mujeres fueron ejecutadas en menos de 24 horas. Una de ellas, de 25 años, en esta capital, y la segunda, de 23 años, en una comunidad del municipio Benemérito de Las Américas, a ocho horas de esta ciudad, cerca de la frontera con Guatemala.

El primer caso ocurrió al amanecer del domingo 29. Vecinos reportaron gritos en el interior de una vivienda ubicada en la 4a sur, entre 4ª y 5ª. Poniente del Barrio San Pascualito de esta ciudad capital.

La alcaldesa priista de Xico, Gloria Galván Orduña, salió al paso de las críticas por la inauguración masiva de la Villa Navideña Iluminada: “si no mueren de una cosa, morirán de otra”. E insistió que fue la ciudadanía la que “rompió” los protocolos sanitarios y de prevención al covid-19.

En entrevista con medios locales, Galván Orduña justificó que empresarios, restauranteros y comerciantes de Xico exigieron hacer pública y masiva la inauguración de la Villa Navideña Iluminada, en aras de levantar una “economía a punto de colapsar”.