El sorteo alusivo al “avión presidencial” generó ganancias por poco más de 264 millones de pesos, de acuerdo con el reporte oficial que considera un 96% de utilidad de beneficio social.

Hoy, durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación que diferentes servidores públicos hicieron respecto a lo que ha insistido en llamar “la rifa del avión”, en realidad, el sorteo alusivo a este con premios equiparables a su costo.

Las cifras fueron expuestas durante la presentación del balance de actividades de los últimos dos años de la subsecretaría que dirige Encinas. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el funcionario anunció la puesta en marcha de un Programa Nacional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y cuyo contenido está previsto que se haga público la próxima semana.

En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.

Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización internacional Artículo 19 exigieron a las autoridades de Zacatecas que investiguen y den con los responsables de haber asesinado al fotoperiodista Jaime Daniel Castaño Zacarías, quien fue atacado a balazos después de cubrir el hallazgo de dos cadáveres, en una carretera a la altura del municipio de Jerez.

“Exhortamos a las autoridades de procuración de justicia del estado de #Zacatecas a esclarecer con celeridad el asesinato del fotoperiodista #JaimeDanielCastaño, ocurrido este miércoles 10 de diciembre en el municipio de Jerez. #DefendemosAlPueblo”, publicó la CNDH en su cuenta de la red social Twitter.

La empresa Alianza Minerometalurgica Internacional, que compró 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora de Altos Hornos de México, se comprometió a pagar al Gobierno federal el sobreprecio de la venta de la planta de Agronitrogenados.

El sobreprecio de la planta se ha estimado en 200 millones de dólares, dinero que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reclamado en distintas ocasiones por la compra que hizo Petróleos Mexicanos en 2013, con Emilio Lozoya como titular y Alonso Ancira como presidente de Altos Hornos.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que las autoridades nacionales están realizando una investigación los sobornos que Vitol realizó entre 2015 y 2020 a directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado 3 de diciembre, la compañía Vitol aceptó el pago combinado de 135 millones de dólares (algo más de 110 millones de euros al cambio actual) para resolver la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con varios casos de sobornos millonarios en Brasil, México y Ecuador.

El Gobierno de México y el de Estados Unidos determinaron extender hasta el 21 de enero de 2021 las restricciones de tránsito no esencial en su frontera común. Debido al desarrollo y propagación de la COVID-19, el corte que inició el 20 de marzo continuará hasta el primer mes del nuevo año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que después de revisar el desarrollo de la propagación de los contagios del nuevo coronavirus “y debido a que diversas entidades se encuentran en color Naranja del Semáforo Epidemiológico”, la administración federal planteó al Gobierno estadounidense extender 30 días más el límite al tránsito terrestre no esencial.

Pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, denunciaron un “montaje” encabezado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien inauguró un pozo de agua, de 4.7 millones de pesos, para atender el abasto suspendido desde 2017, luego del despojo del manantial por un grupo armado de la comunidad de Tamazulápam.

El pasado 04 de diciembre autoridades estatales inauguraron el pozo, que contará además con una red de suministro y una planta tratadora, según las propias autoridades; sin embargo, esta acción fue desestimada por los pobladores, quienes afirmaron que la demanda principal “es la reconexión al manantial”.

Hay «una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades» para atender las violaciones y vulneración de los derechos humanos e indígenas en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas, denunció la Misión Civil de Observación conformada por organizaciones defensoras en la entidad.

Explicaron que las principales violaciones a los derechos en las comunidades indígenas son desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización hacia los defensores y la presencia de grupos paramilitares que atentan contra los pueblos de las tres regiones.

La Navidad y el Año Nuevo están muy lejos de ser las fechas para estar en armonía y en paz con la familia. El año 2020 vino también a modificar eso y las convirtió en un foco rojo de contagios por COVID-19. Al menos por esta ocasión, los llamados no serán a disfrutar de estas fiestas con la familia, sino todo lo contrario: el llamado de las autoridades es a no reunirse en espacios cerrados.

El referente de los efectos de las fiestas de fin de año es Estados Unidos. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, alertó que las fiestas de Acción de Gracias –que tuvieron lugar la última semana de noviembre) podrían provocar un “repunte sobre el repunte” porque es normal que en fechas entrañables las medidas de seguridad se relajen.

Rafael Méndez, un joven que llevaba gran parte de su vida adulta preso y que fue víctima de tortura, salió en libertad esta madrugada, a las 3:30 horas. Lo informó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él mismo intervino ante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El joven fue detenido en 2008, en Valle de Bravo, Estado de México. Su madre estuvo en dos conferencias de prensa y presionó por su libertad. Ayer jueves reclamó, durante la “mañanera”, que el Poder Judicial no había permitido su liberación, a pesar de que ya cumplió con la sentencia de 10 años impuesta por delincuencia organizada.

Ante dicha situación, López Obrador dijo que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que revisara la actuación de los jueces en el caso.

El gobierno español decidió la entrega a México del empresario Alonso Ancira Elizondo, señalado de participar en la venta de una planta inservible de fertilizantes a Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata de un caso que involucra también a Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa petrolera.

La información fue conocida en el marco de la negociación por la cual la familia Ancira finalmente aceptó este jueves dejar la propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA). La firma acerera pasará al control de Grupo Villacero, del empresario Julio Villarreal, quien se comprometió a reparar el daño causado por la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Pemex en 2014.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) convocaron a la quinta asamblea nacional del CNI ante el recrudecimiento de la represión contra los pueblos que resisten a los megaproyectos y la violencia hacia las comunidades autónomas.

Los zapatistas denunciaron que tanto la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización contra las comunidades que resisten a los megaproyectos, como el Proyecto Integral Morelos, así como «la guerra en contra de las comunidades autónomas» en Chiapas, forman parte del plan de «miedo y terror» del gobierno federal para «quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos».

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al juez de Distrito responsable del proceso penal que se sigue contra la activista Kenia Inés Hernández Montalván, del Colectivo Zapata Vive, respetar los principios del debido proceso y plazo razonable.

El organismo recordó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guerrero que el tiempo razonable para la duración del proceso debe medirse en relación con la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso, de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.