“Salario mínimo digno de 300 pesos para las personas jornaleras agrícolas”, demandó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) en San Quintín, Baja California, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

“Una cantidad menor sería un insulto y expresión de una visión discriminatoria y excluyente de los sectores gubernamental, patronal y obrero”, aseguró el SINDJA en un comunicado.

Los jornaleros aseguraron que su petición es “responsable” e incluso menor al salario promedio general de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 372.58 o 402.80 pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) efectuará este viernes un ensayo de la logística para el traslado y manejo de la vacuna contra el Covid-19.

En este ejercicio participarán los 150 elementos de Sanidad Militar que recibieron la capacitación especializada impartida el miércoles pasado, en el Centro de Convenciones Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se simulará la recepción de las vacunas, desde la Base Aérea Militar No. 19, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta las instalaciones del 81/o Batallón de Infantería, ubicado en el Heroico Colegio Militar.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, reveló que aún restan por ejecutar 15 órdenes de aprehensión contra de quienes participaron en la masacre de nueve integrantes (tres mujeres y seis niños) de las familias Langford, Miller y LeBarón.

Durante la conferencia de prensa organizada en el cuartel de la Guardia Nacional, en Bavispe, Sonora, el mando castrense también informó que en 13 meses de investigación se han cumplimentado 17 aprehensiones, entre ellas, la del presunto autor intelectual de los hechos, Roberto G. M., alias "El 32", supuesto miembro de La Línea.

Pese al aumento del 15% al salario mínimo, México apenas pasará del lugar 82 al 76 en cuanto a sueldos, por lo que calificó de insensato decir que este incremento afectará la economía, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿En la economía no cuentan los trabajadores? La economía es la conjunción de las inversiones de la actividad empresarial y del trabajo. Los trabajadores van a tener un incremento que a escala mundial todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el G20 en los países de más riqueza del mundo y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario? Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial”, señaló en la conferencia matutina.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el aumentó de 15% al salario mínimo vigente en 2021 arroja la carga del incremento sobre millones de microempresarios, lo que combinado con la crisis económica por la pandemia hace inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de aún más fuentes de trabajo.

Mediante un comunicado, el organismo empresarial acusó que los representantes del gobierno ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) despreciaron el valor del consenso, en referencia al voto en contra del incremento de 15% de los representantes de todas las organizaciones empresariales.

En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.

El INE acusó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, le ha impedido acceder a investigaciones abiertas en contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, lo que ha obstaculizado tareas de fiscalización de la autoridad electoral relacionadas con el presunto financiamiento ilícito de campañas.

El argumento utilizado por la FGR para negar al INE el acceso a la información es el “secreto ministerial”, es decir, que las investigaciones en contra de ambos personajes están en curso, o bien, que el árbitro electoral no tiene calidad de parte interesada en la carpeta de investigación.

Los tres años iniciales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2021) serán la peor primera mitad de un sexenio en resultados económicos en 86 años, indicaron hoy cifras y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  

En el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, divulgado este miércoles en Santiago de Chile, la Cepal señaló que sólo este año México registrará una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de -9.0%, la más pronunciada en el país desde 1932, como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Un juez federal negó a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un amparo en contra de su vinculación a proceso.

Con este recurso, el también exdiputado federal buscaba abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que está recluido desde el 31 de agosto, tras ser detenido en un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Envuelta en un nuevo escándalo de corrupción y sobornos, Pemex decidió ocultar contratos que ha firmado en la última década con la empresa suiza Vitol, al argumentar que la información es secreto comercial y debido a que algunos de los convenios fueron suscritos por filiales de Pemex en el extranjero que no están sujetas a la Ley de Transparencia.

Las Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los crímenes sufridos por los solicitantes de asilo en EU que fueron devueltos a México dentro del Programa de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El programa comenzó oficialmente en marzo de 2019 con la primera expulsión de un ciudadano hondureño a Tijuana, Baja California, y desde entonces más de 68 mil personas, según datos de la Universidad de Siracusa, fueron obligados a esperar en el norte de México.

Una iniciativa conjunta de Morena y PAN con el fin de sancionar con cárcel de seis meses a tres años a quienes tomen casetas y cobren peaje a los automovilistas, o bien dañen e interrumpan la construcción de vías de comunicación, fue aprobada por la Cámara de Diputados en una votación que dividió a la bancada mayoritaria.

Con el fin de aclarar que la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación –que se turnó al Senado– no será utilizada para criminalizar la protesta social, Morena planteó que la sanción será para quienes tomen las casetas “para obtener un lucro”.

Se trata de una reforma que generó amplio debate entre diputados de Morena y, al final, 96 legisladores de esa bancada votaron en contra, al argumentar que se facilita la criminalización de la protesta social e incluso de las movilizaciones de organizaciones afines a dicho movimiento.

Desde los primeros días de diciembre se sabía quiénes serían las ganadoras de las encuestas de Morena a diferentes candidaturas a gobernador. Lorena Cuellar en Tlaxcala, Layda Sansores en Campeche, Clara Luz Flores en Nuevo León y Marina del Pilar en Baja California.

Así lo decidieron en la cúpula de Morena y así se consignó en este mismo espacio el 2 de diciembre de 2020 con el título Las Morenas 2021. Falta una, Indira Vizcaíno Silva en Colima. Cinco candidatas mujeres del partido en el poder para las elecciones estatales del próximo año, cuando se renovarán quince gubernaturas.

La catástrofe humanitaria que vive México con una pandemia fuera de control y sus cifras de la muerte: 115 mil fallecidos y 1millón 260 mil contagiados, tienen una explicación fundamental: las mentiras y el consecuente fracaso del epidemiólogo que podrá ser buen científico, pero que es un mal ser humano. Hugo López-Gatell nos ha empujado a una tragedia mayor a la esperada y, hoy por hoy, él mismo está rebasado y exhibido por las circunstancias que ayudó a crear. Ese mote de “El Doctor Muerte” le quedó como anillo al dedo.

Porque no sólo han sido las frivolidades de López-Gatell. Sus desplantes. Sus burlas. Son sonrisitas. Sus altanerías. Su cinismo. Sus absurdos. No. Lo que más daño le hizo a un México que hoy navega sin rumbo en lo sanitario y que está catalogado como el “peor país” para vivir en tiempos de coronavirus, son los embustes y yerros del subsecretario de Salud.

Los retiros parciales por desempleo de las Afore sumaron 18 mil 281 millones de pesos de enero a noviembre, un 66.4 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Estos retiros, que son una prestación que tienen los trabajadores que cuentan con una Afore y que se puede ejercer una vez cada cinco años, incrementaron este 2020 como producto de la pandemia del coronavirus.