Expertos y analistas advirtieron que la iniciativa ponía en riesgo la estabilidad del sistema financiero para el beneficio casi exclusivo de Banco Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, el cual tiene cientos de millones de dólares acumulados y no los puede enviar a Estados Unidos porque en ese país no tiene acceso a una banca en corresponsalía.

“No a la tortura, no a masacres, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción. No voy a dar nunca la orden para que se reprima al pueblo”, subrayó el primer mandatario en su conferencia desde Palacio Nacional.

Por lo pronto, el director Romero Oropeza ha solicitado la intervención de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado para atender lo más preocupante, el robo de combustible a la empresa, por lo que se lleva a cabo una investigación interna para descubrir a líderes sindicales y trabajadores supuestamente involucrados con bandas delincuenciales en la extracción, distribución y venta ilícita de gasolinas, con el propósito de cumplir la orden presidencial y frenar el huachicol desde las entrañas de Pemex.

Feministas que habían tomado las instalaciones del Congreso de Puebla, anunciaron la firma de entrega del inmueble en las próximas 48 horas, tras llegar a un acuerdo con legisladores.

Desde el 24 de noviembre, las manifestantes habían tomado el inmueble exigiendo una mesa interinstitucional sobre la Alerta de Violencia de Género, el aborto y la aprobación de la Ley de identidad sexogenérica.

También exigieron que se prohiba la diferenciación de salarios entre hombres y mujeres, investigar casos de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y pobres, así como más presupuesto para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Para la “protección social”, nuestro país adelantó el pago del programa para adultos mayores y personas con discapacidad en marzo y junio; además en diciembre se anunció el apoyo por 11 mil pesos para gastos funerarios de personas fallecidas por COVID.

El fiscal de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, informó que tras el asesinato en Puerto Vallarta del exgobernador priista, Jorge Aristóteles Sandoval, se han realizado una serie de cateos en los restaurantes donde fue el ataque, así como en los aledaños. 

También dijo que se siguen procesando indicios en el restaurante bar Distrito 5, sitio donde la madrugada de hoy mataron a Aristóteles Sandoval, y se procesaron pruebas de un par de hoteles de la zona.

La estadística se actualizó en noviembre a 32 mil 759 asesinatos, una cifra superior a lo que se contabilizaba para el mismo mes del año pasado, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportaban 32 mil 604 personas víctimas de homicidio doloso y se consideró el año más violento.

Así, los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son los más violentos desde que se registra la incidencia delictiva en el país, una tendencia iniciada desde el sexenio de Felipe Calderón que, sin embargo, plantea en el discurso oficial un “punto de inflexión” en la reducción del aumento de casos, es decir, sigue aumentando el registro de homicidios, pero menos respecto a los años previos.

El exgobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado en el municipio de Puerto Vallarta, en un restaurante al que fue a cenar e iba con escoltas. Según las primeras indagatorias, el mandatario habría asistido a Distrito 5, ubicado en una de las zonas hoteleras más concurridas del municipio costero, acompañado de una mujer de la que se desconoce su identidad.

Este viernes fueron ejecutados ocho hombres en los límites de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, presuntamente vinculado a la guerra que sostienen el Cártel de Sinaloa (CDS) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta hoy, en tres días de asesinatos y enfrentamientos armados, suman 42 personas ultimadas.

Sobre la carretera federal número 49, que conecta a ambas entidades, en el kilómetro 123 más 700, se encuentran los letreros limítrofes, de los municipios de Pánfilo Natera, Zacatecas y Salinas, San Luis Potosí. Ahí fueron acribillados ocho hombres, maniatados de pies y manos y vendados de los ojos. Junto a sus cuerpos, fue dejado además un mensaje del crimen organizado.

Al destacar el papel de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras, así como en áreas y programas de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, de no concluir los megaproyectos que se ha planteado, fracasaría su gobierno.

Oscar “N”, quien en redes sociales es identificado como ‘El Monstruo de Toluca’, luego de que el 1 de noviembre de 2019 se localizaron los cadáveres de tres mujeres en el inmueble que habitaba, obtuvo su cuarta vinculación a proceso, ahora por su posible participación en el homicidio calificado de un hombre.

Tiene otras dos vinculaciones a proceso por presunto feminicidio y una más por violación.

La fotografía del oscuro exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y de la Comisión Nacional de Seguridad se mueve en el pequeño círculo de la industria de las tecnologías de espionaje de Israel, que en la última década y media aprovechó la sed de espionaje de los gobiernos federal y estatales en México y vendió su material al por mayor, de manera opaca y a veces al borde de la ilegalidad.

Isaías Bertín Sandoval, secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, informó que como parte de la estrategia de seguridad en los 15 municipios del país que concentran más homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de seguridad visitarán Tijuana a inicios del próximo año.

El funcionario comentó durante la transmisión diaria del gobernador Jaime Bonilla que López Obrador recorrerá los municipios con mayor incidencia delictiva en el que “lastimosamente Tijuana lidera el primer lugar”.

Detalló que el mandatario y todo el gabinete de seguridad, visitarán este municipio a inicios del próximo año, sin destacar una fecha.

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, refieren que no se están haciendo las pruebas PCR correspondientes a los derechohabientes para detectar COVID-19, ya que de 10, 7 son destinadas al personal médico y solo 3 a los usuarios del servicio.

“Estamos muy mal. Ahora que empezó el frío cada vez viene más gente a tratarse por síntomas, pero no nos dejan hacer las pruebas, casi todas las dejan para el personal de salud, o sea, nosotros mismos, y muy pocos para los derechohabientes, pero son muy pocas las pruebas que se hacen”, dijo uno de los médicos de primera línea en la Clínica 27 del IMSS.