Un grupo de al menos ocho personas armadas asaltó esta mañana la caseta de cobro ubicada en Tepoztlán, Morelos, en el libramiento La Pera-Cuautla.

Según los primeros reportes, entre los asaltantes había al menos tres mujeres, quienes amagaron a los guardias de seguridad y al personal de la caseta, luego de lo cual los sometieron a punta de pistola, los amarraron de pies y manos, y los encerraron en una oficina.

El gobernador Héctor Astudillo Flores acaparó la mayoría de lugares en la lista de 14 candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, e impuso a su hijo Ricardo Astudillo Calvo en un distrito de Acapulco, así como a alcaldes vinculados con el narco.

El reparto de las candidaturas entre priistas benefició al grupo del mandatario estatal, quien colocó nueve aspirantes, mientras que los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros se quedaron con dos posiciones, respectivamente, y el senador Manuel Añorve Baños puso a una persona, de acuerdo con el listado oficial que hoy se dio a conocer públicamente.

La violencia en México no cede. Pese al despliegue de casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional y a la desmovilización social y confinamiento ocasionados por la pandemia sanitaria, en 2020 los homicidios se mantuvieron en los mismos niveles récord de los últimos dos años, e incluso en once entidades crecieron los asesinatos.

Un exgobernador, seis periodistas, tres alcaldes en funciones, casi medio millar de policías, más de mil menores de edad y cerca de 3 mil 500 mujeres figuran en las largas listas de víctimas que perdieron la vida en circunstancias violentas de enero a noviembre de este año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el asesinato de 4 integrantes de una familia en el municipio de Astacinga, en la región de las montañas de esta entidad del sur de México.

La FGE dijo “que se tiene una línea de investigación que refuerza claramente una venganza familiar y se tienen plenamente identificados a los presuntos responsables”.

Yaz, la niña de siete años que ingresó al hospital La Margarita del IMSS, víctima de abusos y violencia intrafamiliar, falleció la tarde de ayer, luego de cuatro meses de permanecer en terapia intensiva, confirmó la Fiscalía General de Puebla. 

El caso de Yaz causó indignación en la entidad, no sólo por el grado de violencia que registraba su cuerpo --con un pulmón colapsado y quemaduras de cigarro en distintas partes--, sino porque se trató de la tercera ocasión que era atendida por ese tipo de violencia, sin que las autoridades de Puebla actuaran contra los responsables.

Lleno de angustia, Cauich le tomó signos vitales y datos de registro para su expediente: tenía diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal, neumonía, EPOC y una discapacidad. Además, era indígena, información que dejó  registrada en el expediente junto con el resto de información sobre su caso.

Las causas de fallecimiento y contagio tienen a Mexicali, capital del estado, al tope de ocupación de camas para pacientes de coronavirus: es de 100% en el Hospital General, y Tijuana llegó a 89.67%. Ensenada, la tercera ciudad más poblada de la entidad, tiene 84.62% de esas camas ocupadas. Mientras tanto, el IMSS está a 80%.

Con diversas huellas de violencia, al parecer, producidas por un arma punzo cortante, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en las inmediaciones de la colonia Presa Rodríguez, en Tijuana, la mañana de este martes 29 de diciembre. Con este hecho suman mil 990 homicidios en lo que va del año 2020.

De acuerdo al reporte diario de seguridad, en las últimas horas se registraron ocho asesinatos en Baja California, todos ellos en Tijuana.

“Es una radiografía muy clara de lo que estamos viviendo en Baja California y de dónde está la problemática que tenemos en este tema tan preocupante que es el de narcomenudeo y sus derivados, como portación de arma, homicidio, robo de vehículo; muchos de los vehículos que se roban se usan como instrumento para cometer los delitos por parte de la gente que se dedica a estas acciones”, declaró esta mañana Isaías Bertín Sandoval, secretario Técnico de la Mesa de Seguridad durante la transmisión del gobernador Jaime Bonilla.

César de Castro, abogado de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, dijo en un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Nueva York ayer lunes 28 de diciembre, que su cliente “no es ‘El Chapo'”, haciendo referencia al capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera.

Ello porque el litigante solicitó a la Corte ubicada en Brooklyn que los testigos que se presenten contra su cliente sean públicos, esto debido a que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron que sean protegidas sus identidades, porque temen que el ex funcionario federal mexicano o sus asociados puedan atentar contra sus vidas.

De acuerdo con el informe del tercer trimestre de 2020 del IFT, el operador que atendió el mayor porcentaje de inconformidades para servicios móviles fue Telcel.

Entre las quejas más recurrentes se encuentran las fallas en el servicio, con cinco mil 278 inconformidades; después los cargos, saldos o bonificaciones, con mil 021 casos; y los servicios de portabilidad, con 787 reportes.

La violencia en el Estado de Michoacán se encuentra en su punto más álgido de los últimos años ante el embate del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en cada vez más municipios. Grupos armados arriban a pueblos y balean edificios públicos como alcaldías, comisarías y escuelas. Además, rafaguean comercios y vehículos estacionados. En algunos casos se enfrentan a los rivales que buscan defender sus plazas, y en otros, atacan a cuerpos policiales o castrenses.

Es la nueva guerra que se vive todos los días en esa entidad, y que llega lo mismo desde Jalisco y Colima, que del propio territorio michoacano, de donde son originarios los más importantes líderes del CJNG que desean apoderarse del control total de los negocios ilícitos en Michoacán, desde el narcotráfico hasta el secuestro, robo de combustible y las extorsiones.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue hospitalizado ‘como medida preventiva’ en su tratamiento contra el coronavirus, que padece desde hace algunos días.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez dio a conocer que el estado de salud del gobernador es ‘estable’ pero que se encontrará en observación médica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 74/2020 a la alcaldía de Rosales, Chihuahua, por no haber aceptado un señalamiento que le envió en 2017 la Comisión Estatal del Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), relacionado con las agresiones sufridas por una persona con discapacidad a manos de policías de dicho municipio.

En un comunicado, el organismo público explicó que la víctima, un hombre con discapacidad músculo-esquelética, auditiva, intelectual, de lenguaje, neuromotora y visual, interpuso una queja ante la CEDH el 30 de junio de 2016 en la que expuso que dos días antes había sido agredido por agentes de vialidad y tránsito de Rosales.

Aun cuando la tendencia general de la epidemia de Covid-19 es hacia la “reducción”, el secretario de Salud, Jorge Alcocer pidió a la población redoblar los esfuerzos para evitar contagios ante la inminencia de la celebración del año nuevo y los reyes magos. A su vez, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell comentó que con las primeras informaciones del comportamiento de la epidemia alcanzó el máximo pico en la semana 50 pero a partir de la 51 hay una reducción del 13 por ciento en la incidencia,

Durante la presentación de la situación de la epidemia, López-Gatell sostuvo que en la valoración a nivel nacional, “vemos por primera vez desde que empezó octubre- cuando comenzó un nuevo incremento en los casos - la curva epidémica y las personas con contagios se ha reducido pero no en el número de fallecimientos ni hospitalizadas en este momento”. Reconoció que la mortalidad ha estado al alza a partir de octubre, pero en la actualidad hay seis entidades con una situación complicada al alza.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que los gobiernos anteriores firmaron contratos con privados para entregarles las cárceles, y que incluso antes de que no hubiera un solo preso se les empezó a pagar. Anunció que estos contratos serán revisados pero que, por lo pronto, los mexicanos ya pagamos a esos empresarios “miles de millones” equivalentes a 2019 y 2020 –su sexenio–, y, por supuesto, todo lo que ya erogaron las administraciones pasadas.

El mandatario federal expuso que estas prácticas surgieron con gobiernos anteriores y que buscaron la privatización de las cárceles de México para que el Gobierno “sólo pague una renta” a los privados por el uso de los reclusorios.