Es una contradicción. El gobernante emanado del pueblo para el pueblo, está acabando poco a poco con los derechos obtenidos por la ciudadanía en los últimos 30 años.

Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de la República, quien se sirvió de las denuncias de corrupción que en el pasado hicieron medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, ahora reniega de ellos. Quien defendió los derechos humanos de los mexicanos, los tiene cooptados. Y quien tanto arengó contra gobiernos centralistas, encabeza uno encaminado preocupantemente a eso y en grado superlativo.

El padre de una adolescente de 14 años, quien murió durante una segunda operación de extracción de pus en pulmones, tomó los brazos del doctor Francisco Navarro, otro sujeto lo agarró de las piernas y ambos lo arrastraron hacia afuera de la clínica privada “Torres”, ubicada en Cuautitlán, Estado de México. En recepción, otras personas también lo golpearon, lo patearon y lo insultaron. La mesa con el árbol de Navidad y revistas cayeron. Dos patrullas que pasaban por la calle se detuvieron y los llevaron al Ministerio Público. El médico, víctima de agresión, fue encerrado durante tres días acusado de presunto homicidio.

“Nosotros dijimos que si se limpiaba la empresa, si llegaban nuevos accionistas, gente responsable, estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño, que nos devolvieran los 200 millones de dólares siempre y cuando la FGR lo recomendara al Gobierno”, dijo el Presidente. La administración federal recibiría 50 millones de dólares, que “ya llevaríamos en qué los ocupamos”.

María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Al menos 216 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México murieron en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, mientras que cerca de 2 mil 400 policías capitalinos contrajeron el virus. En promedio, nueve policías se contagian todos los días.

Datos oficiales de ambas instituciones obtenidos a través de solicitudes de transparencia por Animal Político, muestran que los decesos en las corporaciones capitalinas superan – hasta por tres veces en el caso de la fiscalía – a los de sus homólogas federales. Incluso las muertes superan a las registradas en el Ejército.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer hoy los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. En resumen: se les pagarán enormes cifras, pero ni los edificios de las prisiones le pertenecen al Gobierno.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.

El cierre temporal de seis líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por un incendio registrado el sábado pasado afectó al 53 por ciento de los usuarios del subterráneo capitalino. El siniestro sucedió en un contexto de recortes presupuestarios en los últimos cinco años, a los que se suman irregularidades no solventadas del periodo 2015-2018 por al menos 29 millones 314 mil 112.35 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En los últimos tres años, especialistas en infraestructura y fuentes del STC Metro han denunciado a SinEmbargo que el subterráneo de la Ciudad de México es un sistema que funciona “siempre a pérdida” porque tiene escasos ingresos para cubrir sus costos reales siendo que, aunque “a lo primero que se le echa mano es al mantenimiento”, su calidad decrece.

En un ambicioso ejercicio de diplomacia y geopolítica, México ha desplegado un amplio plan de vacunación nacional con antídotos de farmacéuticas de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, China y Rusia, para abaratar costos y llegar lo mas rápidamente posible a todos los rincones del país.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de rescindir el contrato que le adjudicó a la empresa Construcciones Aldesem para la construcción del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos.

Por unanimidad, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, quien propuso declarar infundados los argumentos de la empresa, ya que la autoridad fundó y motivó su resolución.

El magistrado señaló que el contratista no cumplió con el proyecto de protección de la obra de drenaje ubicada en el kilómetro 93, además, demoraron en iniciar los trabajos del encañizado del tubo y ocasionaron daños a las propiedades de terceros, sin que se hubieran hecho cargo de las reparaciones.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval, dijo hoy que este martes concluyó el traslado de las dosis a 828 de los 879 hospitales Covid que hay en el país, es decir, el 94 por ciento del total programado.

Señaló que las condiciones meteorológicas que prevalecieron en Chiapas y Oaxaca impidieron el vuelo de helicópteros para suministrar las dosis de la vacuna Pfizer a 51 hospitales en esas entidades.

A partir de hoy comenzará la vacunación masiva a más de 400 mil trabajadores de la salud que destinados a la atención de los hospitales Covid 19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que en las próximas semanas llegarán otros dos cargamento similares con lo que se pretende concluir la inmunización de este personal en este mes. De igual forma reiteró que una vez concluida esta etapa se comenzará, a finales de mes o principios de febrero a los adultos mayores.

Con reclamos por actos inconstitucionales y daños sociales, culturales, ambientales, sanitarios y patrimoniales, entre otros, la polémica megaobra acumula en su contra por lo menos una decena de demandas de amparo colectivas promovidas en juzgados federales de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Diez personas perdieron la vida en sendos ataques ocurridos en las ciudades de Irapuato y Celaya, la noche del 12 de enero dentro de una jornada que dejó por lo menos otras ocho personas asesinadas en diferentes puntos del Estado.

En Irapuato, los hechos se registraron cerca de las 19:00 horas, en la calle Anselmo Mosqueda de la Comunidad Carrizal, cercana al libramiento norte.

Las dos principales televisoras del país y un diario concentran el 66% del presupuesto que el gobierno federal destina a publicidad oficial.

En 2020, Televisa de Emilio Azcárraga Jean -con 17 contratos- recibió 147 millones de pesos, mientras que TV Azteca,  propiedad de Ricardo Salinas Pliego -con 24 contratos- obtuvo 141 millones de pesos.

La Jornada, con 51 contratos, obtuvo 144 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que haría públicos los contratos firmados con las farmacéuticas para recibir las vacunas contra la COVID-19, que habían sido clasificados como “confidenciales” por la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Minutos después, el propio canciller tuvo que matizar al mandatario: los convenios firmados con estas compañías incluyen restricciones que impiden que se hagan públicos aspectos como su precio. 

“Tenemos restricciones de información, que son contractuales. No es solo en México, todos los países que hemos firmado esos contratos tienen esa restricción. Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos”, dijo Ebrard, durante su intervención en la conferencia matutina desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegó un cargamento de 400 mil dosis de la vacuna de Pfizer.