México remitirá a Estados Unidos el expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró en el caso del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Lo hará sólo al equipo del presidente Donald Trump, dijo hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien además dijo que, hasta el momento de sus declaraciones, durante la conferencia de prensa matutina, no habían establecido comunicación con sus contrapartes en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional fue motivada por el caso que Estados Unidos abrió contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

La razón: la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), mantenía una investigación abierta desde 2013 sin haberlo dado a conocer al gobierno mexicano.

La víspera, la Fiscalía General de la República anunció que no ejercerá acción penal sobre el militar de alta graduación en retiro, el presidente López Obrador cuestionó las operaciones de las agencias estadunidenses y en su oportunidad dijo no ser “pelele de ningún gobierno extranjero”.

Si no lo iban a procesar, ¿por qué no dejaron al general Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos?, ¿tenían temor de lo que iba a declarar?, preguntó Mike Vigil, exdirector de Operaciones de la DEA.

Para él no fue sorprendente que la FGR haya decidido no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, “yo sabía muy bien que no lo iban a procesar”, pero remarcó que “sí es impunidad porque las pruebas contra el general son contundentes”. 

Sujetos armados secuestraron la noche del jueves a Elvira Gómez López, del colectivo de búsqueda Madres Luna de Tierra Blanca, en Veracruz, luego de haber protestado frente al palacio de gobierno de Xalapa para exigir que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reanude las reuniones con los padres de las víctimas y acelere la búsqueda de sus familiares.

Gómez López, quien desde 2013 busca a sus hijos Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, fue sacada a la fuerza de su domicilio por sujetos armados, quienes irrumpieron en el lugar y golpearon a la mujer.

Pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos y ambientales lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la constitucionalidad de la Ley Minera, a pesar de que no se consultó de manera libre, previa e informada a las comunidades ni se respetó su derecho a la libre autodeterminación y al control de los recursos naturales.

«Esta decisión significa dar un paso atrás en la construcción del Estado pluricultural en el país y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades», señalaron en un comunicado el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre otras organizaciones.

“Reactivar sin arriesgar” es el mecanismo que el gobierno capitalino empleará para reiniciar algunas actividades económicas, pero al aire libre, porque representan menores contagios. En los restaurantes será obligatorio el uso del código QR y sólo se podrá dar servicio en terrazas y mezas al exterior. Podrán ocupar terrazas propias; estacionamientos propios; banquetas; franjas de estacionamiento sobre el arroyo vehicular; carril sobre arroyo vehicular.

El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, informó que una Jueza de Miami fijó como fecha para la audiencia final del juicio de extradición del exgobernador del estado, César Duarte Jáquez, el próximo 26 de enero.

La Ciudad de México continuará en Semáforo Rojo, a pocos días de que se cumpla un mes de que se retornara en el semáforo epidemiológico, debido al incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por el nuevo coronavirus, según informó la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobierno de la ciudad precisó que tiene un 87.4 por ciento de ocupación hospitalaria de pacientes COVID.

La pandemia de Covid-19 mantiene un crecimiento acelerado en México. Ayer alcanzó un nuevo máximo de casos confirmados con 16 mil 468, con lo que un millón 588 mil 369 personas han tenido la enfermedad. Además, se agregaron 999 decesos al registro que ya acumula 137 mil 916 a escala nacional.

Ante el incremento en el número de enfermos, hasta ahora ha sido posible otorgar la atención médica a todas las personas que lo han requerido. Algunos hospitales han registrado niveles de saturación, sin quedar rebasados, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Los trabajadores del sector salud, primeros en recibir la vacuna contra Covid-19, son un grupo vulnerable frente a la enfermedad. Hasta ahora, 2 mil 580 han muerto por esta causa, de los cuales 47 por ciento eran médicos y 19 por ciento personal de enfermería.

Los números de casos y fallecimientos de personal médico a causa del coronavirus mantienen un incremento constante, pero respecto del total de individuos afectados por el padecimiento en el país, el porcentaje ha disminuido. En agosto, los casos activos entre doctores, personal de enfermería y otros empleados del sector representaban 16 por ciento, mientras para diciembre eran 8.6 por ciento.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, exoneró de toda posible relación con un grupo criminal dedicado al narcotráfico al General Salvador Cienfuegos Zepeda, además de liberarlo del cargo de presunto enriquecimiento ilícito, lo que provocó una oleada de críticas y pronunciamientos de un supuesto “pacto de impunidad” tanto en la FGR como en el Gobierno de la Cuarta Transformación o 4T.

El 15 de octubre del año pasado, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y luego fue ligado por fiscales de ese país con un cártel del narcotráfico en México, el H-2, al que supuestamente ayudó a cambio de sobornos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esta mañana que ese Gobierno “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México falla“, esto después de que se conociera la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en contra de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, confirmó esta información al periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento, el cual fue compartido a través de su cuenta de Twitter.

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación contra  el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, al señalar que “nunca” tuvo encuentro  o comunicación organizaciones delictivas, como le imputaron las autoridades de Estado Unidos.

La Fiscalía, que dijo haber realizado “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, concluyó que Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.