Frente a la presencia de pozos exploratorios con fracking de Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde el 2013 dejó el agua turbia y sus casas fracturadas por sismos, habitantes de Los Ramones, en Nuevo León, presentaron una petición de aplicación efectiva de legislación ambiental (SEM-18-003) ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo internacional que surgió a partir del TLCAN, el cual sigue vigente con el T-MEC.

Salvador Cienfuegos Zepeda “está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas reales en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, y por ello “se rajó” y no lo llevó a juicio.

El Fiscal General anunció que solicitará un juicio internacional en contra de la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de todas aquellas las instituciones involucradas en el caso del exsecretario de Defensa Nacional para saber exactamente por qué se retiraron los cargos de los que se le señalaba.

Empleados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denuncian que han sido obligados por sus jefes directos a acudir a las oficinas, pese a que pueden cumplir con sus labores vía remota, lo que ha derivado en el contagio de COVID entre sus compañeros e incluso decesos.

Si bien durante mayo, cuando la Ciudad de México estuvo en semáforo rojo, los funcionarios trabajaban desde casa, comenzaron el regreso en julio pasado con horarios reducido de 10 am a 5 pm sin hora de comida sino sólo un ‘refrigerio’ en sus lugares, alternando una semana trabajo presencial, y otro, vía remota, pero en la práctica no se ha respetado, aseguran.

La organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad presentó formalmente ante un juez federal una solicitud de audiencia con la finalidad de que se revise la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no proceder penalmente en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con los registros judiciales, la solicitud se presentó esta mañana ante el juez administrador del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte a las 10:50 de la mañana por las abogadas Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba, apoderadas legales de la referida organización, en calidad de víctimas.

Doce personas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron tirados a mitad de una carretera en jurisdicción del municipio de Las Choapas, zona sur de la entidad, la noche del domingo.

De acuerdo con medios locales, previo al hallazgo de los cuerpos, alrededor de las 18:00 horas, se reportó un enfrentamiento armado en límites de los ejidos Emiliano Zapata y Tronconada.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz informó que, derivado del homicidio de 12 personas en Las Choapas, ha establecido puestos de revisión y patrullajes permanentes, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Más de trescientas organizaciones de la sociedad civil pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador remueva al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Lo anterior, por la decisión de la institución de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Invocan el artículo 102 constitucional, apartado A, fracción IV, que dice textualmente: El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

“Señor presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y confrontación nacional”, afirmó la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor, afín a la 4T y amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Edmundo Cázares para Índice Político, la ganadora del Premio Cervantes exclamó: “¡Es muy terrible y muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador divida a los mexicanos!”.

En dos años, Paloma Aguilar pasó de ser asistente del presidente Andrés Manuel López Obrador a ocupar un cago en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y ahora precandidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí.

Paloma Rachel Aguilar Correa ya fue candidata morenista a diputada local y federal, aunque no logró los votos para llegar al Congreso.

Organizaciones y colectivos en la Ciudad de México urgieron a las autoridades a decretar una moratoria de desalojos ante el aumento de casos por Covid-19 entre las familias afectadas, donde se han generado focos de contagio tras ser desalojadas “sin poder defenderse judicialmente” y “sin ninguna mediación de la autoridad”.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Red de desalojos, el Movimiento Urbano Popular y la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), denunciaron que en medio de la crisis sanitaria en la Ciudad de México alrededor de 100 policías y 50 cargadores desalojaron a los habitantes del edificio Puebla 261, en la colonia Roma, el pasado 30 de noviembre de 2020.

La transparencia del expediente estadunidense, remitido a México, sobre el general Salvador Cienfuegos era necesaria porque comprometía el prestigio del país y la autoridad moral del gobierno, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) por no ejercer acción penal y el casi inmediato respaldo presidencial, abrió una amplia polémica en el país en distintos temas, entre estos, un daño a la relación binacional a partir de que el gobierno de la República transparentó el expediente remitido por el Departamento de Justicia, un asunto que fue ampliamente abordado en la conferencia de prensa de este lunes.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar la investigación de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, causó la ira del gobierno de Estados Unidos que, vía Nicole Navas Oxman, vocera del Departamento de Estado, amenazó con reiniciar el enjuiciamiento.

La fiscalía de Brooklyn acusó al general mexicano de traficar drogas y lavar dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando presuntamente protegió al H-2, un capo surgido de las cenizas del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en declive desde 2010 tras la captura y muerte de sus líderes.

Un ataque a balazos se registró esta madrugada dentro de un establecimiento de lavado de autos, cuyas instalaciones son utilizadas como bar en este municipio.

En el ataque, dos hombres murieron y uno más resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como grave.

En conferencia de prensa, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, detalló que la renuncia de la doctora Veras se dio por motivos personales, y negó que la exfuncionaria hubiera dejado la Secretaría de Salud por hallarse en descontento con el operativo para aplicar la vacuna contra la COVID-19.

El Comité de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se deslindó de la candidatura para diputado federal de Felipe de la Cruz, quien acompañaba la lucha por la verdad en el Caso Iguala.

«Es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento, por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales», aseguró el Comité en un comunicado.